Angel Josue Alayon Crespo
Expediente 121/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Angel Josue Alayon Crespo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, mediante el cual, en ejercicio de la intervención que legalmente le corresponde, de acuerdo a lo previsto por los numerales 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, sin que sea el caso acordar favorablemente su petición, toda vez que mediante acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Sin que sea el caso acordar favorable la solicitud de copia certificada de la sentencia que se llegará a dictar en el presente asunto, ya que al emitirse un acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, el mismo se dio por concluido sin tener que dictarse una sentencia.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintitrés de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintidós de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Juicio Oral del Estado actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual remite copia certificada del auto de vinculación a Proceso de catorce de marzo de dos mil diecisiete dictado contra el aquí quejoso Ángel Josué Alayón Crespo, así como los registros de audio y video de la audiencia de vinculación a proceso y medida cautelar de catorce de marzo del presente año, relativa a la carpeta administrativa número 36/2017, contenida en un medio óptico (Disco Versátil Digital). Documentales que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se les otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Respecto a la documental relacionada, contenida en el disco versátil digital (DVD), a efecto de una mejor conservación de la misma, resguárdese por separado en la Secretaría de este Juzgado, quedando a disposición de las partes para su libre consulta. En ese orden de ideas, tal y como consta del contenido del oficio y anexos de cuenta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, toda vez que dentro de la causa penal 314/2015, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, determinó lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO.- Siendo las veinte horas con treinta minutos, es decir ocho treinta de la noche SE DECRETA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra del señor ÁNGEL JOSUÉ ALAYÓN CRESPO por su probable participación en los hechos delictuosos consistentes en LESIONES CALIFICADAS CON VENTAJA, descritas y sancionadas por el artículo 98 y 100, fracción II, 106 fracción I párrafo segundo en relación al artículo 14, párrafo segundo, y 16 Fracción Primera todos del Código Penal Vigente en el Estado, cometidos en agravio de SERGIO BARRIOS ÁLVAREZ. SEGUNDO.- Se ordena girar el oficio correspondiente al Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, informándole lo resuelto en la presente resolución para los efectos legales a los que haya lugar. TERCERO.- Se le hace saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente resolución es apelable, en caso de inconformarse con la misma. CUARTO.- Se ordena la inmediata transcripción del presente proveído, en virtud de tratarse de un acto de molestia, en términos de lo que dispone el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que exceda el término de veinticuatro horas. QUINTO.- Se encuentran legal y debidamente notificados del presente auto las partes comparecientes, de conformidad con el articulo 63 y 82 fracción I inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así lo resolvió en audiencia y firma el Maestro en Derecho Daniel Esteban Farah Godoy, Juez de Control del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.". Ahora, conviene precisar que el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. a).- De las autoridades (sic) ordenadoras se reclama la emisión de una orden de aprehensión o detención, emitida al suscrito. b).- De las autoridades ejecutoras se reclama el cumplimiento de la citada orden de Aprehensión o detención en contra del suscrito." Establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Al respecto, el Juez de Control y de Juicio Oral del Estado actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la orden de aprehensión reclamada (foja 24), ya que manifestó que la misma fue dictada en la carpeta administrativa 36/2017 de su índice. De ese modo, se acredita la existencia de la orden de aprehensión reclamada en esta vía. Empero, del oficio y anexo de cuenta, como ha quedado establecido, se advierte que el Juez responsable, en los autos de la carpeta administrativa 36/2017, en la que giró la orden de aprehensión reclamada, dictó auto de vinculación a proceso y medida cautelar en contra del aquí quejoso Ángel Josué Alayon Crespo. Por lo anterior, es que se actualiza la citada causal de improcedencia porque válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando durante la tramitación del mismo promovido en contra de una orden de aprehensión, se dé un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la misma, pues las violaciones que contra ella pudieran alegarse, quedaron consumadas irreparablemente con el dictado del auto de vinculación a proceso y medida cautelar. En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de un cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 95/2007, que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, tomo XXVI, agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". La determinación que antecede se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la orden de aprehensión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 232437, de la Séptima Época, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Página: 134, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propio.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Incidental
R E S U E L V E ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, contra el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión o detención reclamada a las autoridades Juez de Control y de Juicio Oral del Estado de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, y otras autoridades y por los motivos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución.
- Incidental
AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el diecisiete de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica la resolución de dieciséis de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: R E S U E L V E ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, contra el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión o detención reclamada a las autoridades Juez de Control y de Juicio Oral del Estado de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, y otras autoridades y por los motivos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución
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