Ángel José Petit Arrieta
Expediente 956/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángel José Petit Arrieta
Actuaciones
- Principal
...AGRÉGUESE el oficio 4421/2022 de la Subdirectora de Juicios de Amparo del Instituto Nacional de Migración, residente en la Ciudad de México, a través del cual, en atención al requerimiento de diez de agosto del año en curso, rinden informe en relación a la suspensión de plano decretada a favor del menor de edad ********************, refiriendo, el acatamiento de la misma; asimismo, que no han ejecutado los actos que se les reclaman. Con fundamento en el numeral 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que nombran las mencionadas autoridades. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY....
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...AGRÉGUESE el oficio 6430/2022 del representante local del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, residente en Tapachula, a través del cual, en atención al requerimiento de diez de agosto del año en curso, rinden informe en relación a la suspensión de plano decretada a favor del menor de edad Ángel José Petit Arrieta, refiriendo, el acatamiento de la misma; asimismo, que no han ejecutado los actos que se les reclaman. Con fundamento en el numeral 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que nombran las mencionadas autoridades. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda promovida por William Omar Petit Rosales, en nombre de menor de edad Ángel José Petit Arrieta, contra actos del Comisionado Nacional de Migración y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 956/2022. Suspensión de Plano De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente William Omar Petit Rosales, señala como actos reclamados la privación de la libertad fuera de procedimiento, orden de deportación, incomunicación y tortura psicologica, en contra de menor de edad Ángel José Petit Arrieta. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos de incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que estos CESEN DE INMEDIATO. Por otra parte respecto de los actos que hace consistir en la orden de deportación, y retención se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos reclamados, para lo siguiente: a) Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentra y no se ejecute la deportación del país en contra del quejoso, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo. b) Sea puesto en libertad de inmediato. c) Para el caso que el directo agraviado se encuentren detenidos por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del Agente del Ministerio Público. d) Que la autoridad responsable dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, a fin de asegurar que el directo agraviado no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sean exigidas. En el entendido de que el agraviado deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria o municipio conurbado, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, por lo que, de no hacerlo así, la presente medida cautelar quedará sin efectos. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrados por el promovente, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo, o que se trate del resultado de un procedimiento en el que se hubiere definido la situación migratoria del quejoso. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Lo anterior, toda vez que, el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. En el entendido, que las autoridades responsables deberán informar dentro del plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a dicha medida y remitir las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo, en términos del artículo 237 fracción I5, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, a cada una se le impondrá, multa de cien unidades de medida y de actualización (UMA), que asciende a un monto de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL ($9,622.00 M. N.) Además, se procederá en los términos previstos en el artículo 262, fracción III7, en relación con el diverso 1588 de la Ley de la materia. Cabe destacar que, sobre el tema, similares efectos fueron decretados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 53/2021, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintiuno. Por lo anterior, conviene indicar que en la especie resulta improcedente tramitar el incidente la suspensión de los actos reclamados. Incompetencia. En el caso, una vez analizado el contenido integro de la demanda de amparo, este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, determina que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por los quejosos, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Por tal motivo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, es que se actualiza la primera de las hipótesis que prevé el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, en el lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto combatido. En el caso, el promovente señala como actos reclamados la privación de la libertad fuera de procedimiento, orden de deportación, incomunicación y tortura psicologica, en contra de menor de edad Ángel José Petit Arrieta, mismos que le reclama Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Chiapas y Encargado o Titular de La Estación Migratoria en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula; asimismo, del capítulo los hechos y abstenciones el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veintinueve de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la detención y traslado del quejoso a la Estación Siglo XXI, la cual se encuentra en Tapachula, Chiapas. De ahí, que debe atenderse al lugar en que se ejecutan los actos reclamados, a saber, el de las autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración Chiapas y Encargado o Titular de La Estación Migratoria en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, el cual se ubica en la circunscripción territorial de Tapachula, Chiapas; por lo que, en el presente caso, la competencia para conocer de la demanda se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno. Es así, porque el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este último, dispone: "XX. VIGESIMO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa y los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acala, Aldama, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Angel Albino Corzo, Benemérito de las Américas, Berriozábal, Bochil, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larrainzar, La Concordia, La Independencia, La Libertad, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Maravilla Tenajapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Montecristo de Guerrero, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, San Juan Cancuc, San Lucas, Santiago el Pinar, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón y Zinacantán. Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán." Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno. En ese sentido, remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Tapachula, Chiapas; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. Asimismo, ya que la demanda de amparo se recibió directamente en este Juzgado, solicítese mediante oficio vía correo electrónico a la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta localidad, realice el registro y la compensación correspondiente. Autorizados Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que menciona por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, en términos de los artículos 3, 24 y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como, 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza al usuario iba_abogados, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE]. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones que lo ameriten, de manera electrónica en el usuario ante referido. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez, que la este juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca Fidel Gallegos Figueroa, con el Secretario, Marcos Rodrigo Sánchez Díaz, quien autoriza y da fe.
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