Ángel Jose Mejía Cabrera
Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ángel Jose Mejía Cabrera
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana y, en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del oficio por medio del cual se le remitieron los autos originales que integran el presente juicio de amparo; asimismo, comunica que aceptó la competencia planteada por este Juzgado en el juicio de amparo 1058/2023 de nuestro índice, el cual se radicó en ese órgano jurisdiccional con el número 1365/2023-I. En ese tenor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que se trata de un expediente en el que se declaró la incompetencia, por lo que se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el siete de mayo de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Fernando Cobos González, secretario con quien actúa y da fe.
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Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta Xalapa, con anexos que acompaña, mediante el cual remite copia electrónica de la sentencia dictada en el recurso de queja 269/2023, en la que en su único punto resolutivo estableció: ".ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Silvestre Alcántara Martínez, contra la interlocutoria dictada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1038/2022 de su índice." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes y, acúsese de recibo al referido tribunal...
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Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido vía correo institucional procedente del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, mediante el cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinde su informe respecto a la suspensión de plano concedida en este asunto, con su contenido dese vista a las partes, para los efecto legales a que haya lugar y, una vez que se tenga conocimiento a qué Juzgado por razón de turno correspondió conocer de la competencia declinada, se acordará lo conducente. Notifíquese.
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Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada en línea por Sara María Vega Salas, en favor de Ángel José Mejía Cabrera (quien dice es de nacionalidad Guatemalteca); fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 1058/2023, y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente señala como actos reclamados la detención, presentación y privación de la libertad del que el quejoso ha sido objeto, sin que haya cometido delito alguno y fuera de todo procedimiento administrativo, sin que se cumpla con las formalidades esenciales, ya que no fue llamado a juicio, ni emplazado, y sin la menor provocación o justificación ha sido privado de su libertad; deportación, expulsión o repatriación, el posible traslado a la Estación Migratoria en la Ciudad de México o bien a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco; asimismo, señala como autoridades responsables al Representante del Instituto Nacional de Migración y al Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, ambos con domicilio conocido en Boulevard Esmeralda sin número, Fraccionamiento La Esmeralda, código postal 22640, Tijuana, Baja California. Ahora, la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia, de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del directo quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). En ese orden, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Ángel José Mejía Cabrera (quien dice es de nacionalidad Guatemalteca); para que de inmediato cese cualquier acto de incomunicación, de privación de la libertad fuera de procedimiento, actos de tortura y golpes, intimidación o cualquier acto que afecte la vida, la salud o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, las autoridades responsables deberán hacerle saber a la parte quejosa el derecho que tiene a comunicarse con quien estime conveniente. Por ende, en cuanto a la privación de la libertad fuera de procedimiento, se concede la medida cautelar para el efecto de que la autoridad que lo tenga a su disposición lo ponga en inmediata libertad. De igual manera, se concede la medida cautelar, para que, mientras el directo quejoso esté alojado en alguna estancia migratoria se le garanticen los derechos previstos en el artículo 109 de la Ley de Migración. Ello, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos del directo quejoso, y dado que en el presente asunto se trata de persona extranjera, su detención no es un acto restrictivo de libertad con efecto de una sanción de carácter punitivo, sino un acto de naturaleza administrativa regulada por la Ley de Migración que persigue el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional, de ahí que de conformidad con el artículo 106 del citado ordenamiento en ninguna circunstancia se podrá establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, o reclusión. Asimismo, no se pierde de vista que la finalidad del alojamiento temporal de los extranjeros que no acreditan su situación migratoria es con la intención de regularizar su estancia en el país o la asistencia para su retorno; por lo que su detención no implica la comisión de alguna conducta antijurídica, pues de ser así, la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a dar a conocer la filiación del extranjero que se está sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien que cuente con una orden de presentación, aprehensión o vinculación a proceso en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables, lo cual se encuentra previsto en los artículos 99, 100 y 103 de la Ley de Migración. También, para el caso de que el directo quejoso se encuentre a disposición de algún Agente del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la presente medida para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente; en el entendido que cuando se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, dicho plazo contará a partir de que sea puestos a disposición; en cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la parte quejosa, para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Si la privación de la libertad se relaciona con algún procedimiento del orden penal iniciado en su contra o que no deba ser privado de dicha libertad, por no ser un ilícito de los considerados como de prisión preventiva oficiosa en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Amparo, quedará a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que debe juzgarlo, para la continuación del procedimiento respectivo. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la legislación en comento, el cual contempla que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Por tanto, la suspensión no puede tener por efecto que dichas autoridades dejen de acatar lo mandatado por la norma, pues ésta conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual la autoridad o autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violentados. De igual manera, se deberá girar oficio a las autoridades ejecutoras o a la autoridad a donde el directo quejoso esté privado de su libertad o haya sido trasladado para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o sustituya en sus funciones. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de deportación, expulsión, retorno asistido y/o la orden de salida del país con fines de obligar al directo quejoso a abandonar territorio nacional por parte de las autoridades responsables; con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero y 160 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso Ángel José Mejía Cabrera (quien dice es de nacionalidad Guatemalteca); quede en el lugar donde se encuentre, a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción 1, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa , pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación , manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción 1, de la Ley de Amparo." De igual forma, se cita la jurisprudencia PC.X. J/15 K (1Oa.), emitida por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la página 879, tomo 1, septiembre 2020, Libro 78, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2022090, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración". En otro orden, del alojamiento reclamado es dable señalar que en caso de que éste derive del procedimiento administrativo migratorio, no procede conceder la suspensión de plano en este momento; en virtud de que el artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede para el caso de que el quejoso esté sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de treinta y seis horas, contadas a partir de que ingreso en la estación, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro del denominado procedimiento administrativo migratorio. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Migración, se precisa que la presentación de la parte quejosa en caso de encontrarse en situación migratoria irregular, no podrá exceder de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición y una vez cumplidas no podrá ser retenido. En el entendido, que las autoridades migratorias deberán actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos de la persona detenida (alojado) en la estación migratoria de referencia con motivo del procedimiento migratorio, cuidar que sea tratado con respeto a la dignidad inherente al ser humano, proporcionarle condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, garantizarle el derecho a la alimentación, a la salud y propiciar actividades de recreación. En la inteligencia, que la suspensión de plano otorgada no implica que el directo quejoso deambulen o transite de manera libre por el territorio nacional, sino únicamente es para efecto de que, en su caso, se le permita realizar el trámite respectivo a su situación migratoria ante las autoridades migratorias con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, en libertad. Sustenta lo anterior, la tesis con registro digital 2026673; Instancia Plenos Regionales de la undécima época, Materia Común, Penal Tesis: PR.P.CN. J/5 P (11a.), Fuente Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad". Cabe precisar que, de la demanda de amparo se advierte que el diez de octubre del año en curso, fue intervenido el directo quejoso por agentes adscritos a la Representación Local del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California; por tanto, hasta este momento no ha transcurrido el plazo de treinta y seis horas contadas a partir de que se verificó el ingreso de dicho impetrante a la estación migratoria de Tijuana, Baja California. No obstante, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables brinde al directo quejoso agua, alimentos adecuados y proporcionen condiciones dignas propias a su naturaleza humana, en el lugar en el que se encuentra a su disposición, lo que implica que le de acceso a un baño para su aseo personal y necesidades fisiológicas, así como un lugar para dormir; y se le permita las asistencias técnicas de un abogado, en términos del artículo 70 de la Ley de Migración; lo anterior, a fin de salvaguardar su integridad física y en atención a la condición de vulnerabilidad en la que puede encontrarse dada su calidad de inmigrante; todo ello hasta en tanto transcurra el plazo de las 36 horas anteriormente precisado. De igual forma, las autoridades responsables deberán tomar las medidas necesarias y realizar los trámites conducentes para salvaguardar su integridad física y la vida del directo quejoso, lo que incluye primigeniamente conocer cuál es el estado de salud, por lo que quedan bajo su más estricta responsabilidad las medidas que tome en acatamiento de la medida cautelar. Se precisa que la presente medida cautelar no implica suspender la tramitación del procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria del directo quejoso, toda vez que dicho procedimiento resulta una cuestión de orden público e interés social; solo tiene por objeto que la autoridad migratoria responsable mantenga las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, que se abstenga de trasladar al quejoso a otro lugar u obligarlo a abandonar materialmente el territorio nacional. En mérito de lo expuesto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta medida suspensional, para que bajo su más estricta responsabilidad la acaten inmediatamente, entiéndase que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído es de orden público y debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el Título Quinto de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 24, 126 y 158 del mismo ordenamiento; preceptos que establecen que la medida cautelar debe ser cumplida de inmediato, cuando la naturaleza del acto, así lo permita, circunstancia por la cual las autoridades responsables, como se dijo, de inmediato deben cumplir esta determinación. Se precisa a la responsable que la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a las autoridades a un "hacer", éstas deben de informar en el término preestablecido, las providencias que dicten para dar estricto cumplimiento de la medida suspensional, o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para hacerlo. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase lo anterior del conocimiento de las responsables para que lo acaten bajo su más estricta responsabilidad, quienes, además dentro del término de veinticuatro horas, deberán comunicar a este Juzgado el cumplimiento a dicha medida cautelar, lo que podrá hacer enviando su informe al correo electrónico oficial 3jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número (229) 9236720 extensión 1101. Dicho requerimiento conlleva el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 158, 237, fracción I, 238 y 259, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se informará al Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, se enfatiza a las autoridades responsables, que el incumplimiento a una suspensión de plano actualiza el supuesto previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" Y en ese caso, se otorgaría vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por la probable comisión de un delito, con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, se deberá girar oficio a las autoridades ejecutoras o a las autoridades a donde el directo quejoso esté privado de su libertad o haya sido trasladado para que se notifique la suspensión concedida, o en su caso, a la autoridad que en ese momento lo represente o sustituya en sus funciones. INCOMPETENCIA De la demanda de amparo origen del presente juicio, se advierte que el directo quejoso abordo un vuelo nacional de la Ciudad de México, con destino a la Ciudad de Tijuana, Baja California, en donde fue intervenido por agentes adscritos a la Representación Local del Instituto Nacional de Migración residente en la aludida Ciudad, por lo que fue detenido y posteriormente trasladado a la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. Asimismo, de dicha demanda de amparo se advierte que de manera medular el directo quejoso señala como acto reclamado su detención, así como su alojamiento en la Estación Migratoria localizada en dicha Ciudad, lo cual es dable afirmar dado que señaló como acto reclamado el que se encuentra detenido, retenido, bajo custodia, encarcelado o como las responsables quieran denominar su condición legal en la citada estación migratoria. En ese tenor, quien esto suscribe estima que en el particular, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. Cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral citado se desprenden tres reglas de competencia en materia de amparo indirecto, las cuales son: a) Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o requiera ejecución material, lo será el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado sea de tracto sucesivo y pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se aprecia, el precepto aludido, para determinar la competencia por territorio en materia de amparo, se ciñe a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio, debe calificarse aquél a fin de establecer si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. Y, en caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, analizarse las características de ésta. Este análisis de la ejecución, debe llevarse a cabo al vincular los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se encuentre en juego y considerar las consecuencias directas que produce. Así, en el caso particular, se advierte que en la demanda de amparo que dio origen a este asunto, como se indicó, los actos reclamados se constriñen en su detención y su alojamiento en la Estación Migratoria localizada en Tijuana, Baja California, por lo que cierto es que la detención del directo quejoso se continúa ejecutando en Tijuana, Baja California, lugar en donde éste se encuentra alojado. Por tanto, debe decirse que los actos reclamados en este expediente, tienen efectos positivos, los cuales se están ejecutando en la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que resulta incuestionable que los actos reclamados en la demanda tienen ejecución material en dicha ciudad, pues fue ahí en donde se llevó a cabo su detención y se está ejecutando su alojamiento en la Estación Migratoria localizada en dicha ciudad, por lo que corresponde conocer de la demanda al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en esa circunscripción territorial, conforme con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Con independencia de lo expuesto, es importante destacar que ni la detención ni el lugar en donde se lleva a cabo su alojamiento, se verifica dentro de la jurisdicción de este juzgado. En ese contexto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana, toda vez que, como se estableció en líneas precedentes, los actos reclamados tuvieron ejecución material en esa ciudad. Apoya a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, registro digital 189167, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la diversa I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 2288, tomo XXXIII, marzo de 2011, registro digital 162635, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Por tanto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana, en turno, el expediente en que se actúa; toda vez que ahí es donde se materializan los efectos de los actos reclamados por los motivos antes indicados; solicitando comedidamente comunique si admite la competencia que le es declinada y acuse recibo vía interconexión. Cabe señalar que a pesar de que en el caso la demanda de amparo fue promovida por Ángel José Mejía Cabrera (quien dice es de nacionalidad Guatemalteca); no resulta dable prevenir al quejoso que manifieste si desea ratificar dicho ocurso, como lo contempla el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; pues al haberse declinado la competencia para conocer del presente asunto a favor de un Juez de Distrito con residencia en Baja California, con sede en Tijuana, será el juez a quien corresponda conocer del asunto, quien en su caso deberá proveer lo conducente. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO A AUTORIDADES RESPONSABLES Ahora, ya que constituye un hecho notorio para el que suscribe que en diversas ocasiones el Módulo de Correos de México, devuelve las piezas postales por inconsistencias no justificables en las razones que se asientan en éstos, además, de ponderar de que el juicio de amparo se trata de un asunto en materia administrativa derivado de asunto de migrantes en el que está de por medio la integridad de los directos quejosos, además de que se está concediendo la suspensión de plano de los actos reclamados, como caso extraordinario, y al encontrarse el domicilio de las responsables fuera de la sede territorial de este Juzgado de Distrito y para mayor celeridad, con fundamento en lo previsto por los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana, para que en auxilio de las labores de este juzgado, realice lo siguiente: a) Notificar el presente proveído a las autoridades señaladas como responsables con sede en Tijuana, Baja California, esto es, al Representante del Instituto Nacional de Migración y al Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, ambos con domicilio conocido en Boulevard Esmeralda sin número, Fraccionamiento La Esmeralda, C.P. 22640, Tijuana, Baja California; debiendo entregar los oficios correspondientes con copia de la demanda de amparo. Con el fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta a cualesquiera de los actuarios de la adscripción del juzgado auxiliar para que, en los oficios librados a las autoridades responsables locales, puedan testar y corregir las denominaciones de las autoridades a las que se encuentran dirigidos, esto es así, si al constituirse en el domicilio oficial sean informados que la denominación es incorrecta y sea proporcionada la correcta o, dada las funciones que realizan propias a su puesto, es de su conocimiento la denominación correcta de las autoridades a las que se dirigen las misivas. Así también, se otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado para la práctica de la diligencia encomendada, habilite días y horas a efecto de desahogarla, en caso de dificultad de encontrar a los buscados en horas hábiles; realice cualquier acto tendiente al desahogo de la comunicación oficial de que se trata, acuerde todo tipo de promociones, girar los oficios que sean necesarios, expedir copias, dejar citatorios e imponer medidas de apremio a fin de completar y perfeccionar la diligencia que se soliciten e intentar cuantas veces sea necesario el desahogo de la diligencia para lograr su realización. A fin de cumplimentar lo anterior, se informa respetuosamente al juez exhortado que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se le faculta para que habilite días y horas inhábiles, para que se esté en posibilidad de llevar a cabo la diligencia encomendada. Envíese el exhorto de mérito a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 79 al 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo; de igual modo, pídase al órgano jurisdiccional al que por razón de turno corresponda diligenciar los exhortos referidos, que una vez desahogada la solicitud, remita la totalidad de la comunicación oficial únicamente mediante el sistema en comento. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SOLICITUD REALIZADA EN EL PETITORIO DÉCIMO DEL OCURSO DE CUENTA. Por otro lado, respecto a lo que solicita la promovente en el sentido de que al momento de que se le recabe la firma de ratificación a la parte quejosa, le sea otorgada una copia simple del acuerdo de la suspensión que se emita; dígasele que ello no es posible, debido a que, como en líneas precedentes se destacó, no se ordenó la ratificación que índica. Sin que ello implique afectación alguna al quejoso, dado que como también se precisó en el apartado relativo al exhorto que se ordena girar, se indica puntualmente al juez exhortado que realice la entrega de los oficios correspondientes a las autoridades señaladas como responsables, para que acaten la medida cautelar de plano concedida, con los apercibimientos respectivos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sara María Vega Salas, pues acreditó estar legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho a través de su alta de cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. USUARIO, CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita la promovente, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 37, 38, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza a los usuarios "HTG2563" y "SVS071122", para el ingreso, consulta y notificaciones electrónicas de los acuerdos correspondientes a este expediente a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar a los usuarios "HTG2563" y "SVS071122", para que puedan ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, serán utilizados únicamente como medios de contacto tratándose de comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, a partir de ahora únicamente les serán notificadas por oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx puede(n) realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese, vía electrónica al promovente y vía exhorto a las autoridades responsables, mediante los oficios anexos a la comunicación oficial correspondiente. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.AMH/mekd
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