Angel Jorge Carrera Velazquez

Expediente 792/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
792/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
25/10/2017

Partes del expediente

  • Angel Jorge Carrera Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, por el que remite un legajo de copias certificadas del expediente en que se actúa, y adjunta la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 131/2017, dictada el once de octubre de dos mil diecisiete, interpuesto por la parte quejosa, que en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III del acuerdo en cita el legajo de copias certificadas del expediente en que se actúa, que fue remitido por la alzada, deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude tal punto. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra la determinación de veinticuatro de agosto pasado, en que se desechó la demanda de amparo, el que se registró con el número 131/2017 de su índice.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por ********, mandatario judicial del quejoso *********, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra la determinación de veinticuatro de agosto del año en curso, en la que se desechó su demanda de amparo. Consecuentemente, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Decimosexto Circuito, el escrito de expresión de agravios, así como copias certificadas de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto.

  4. Principal

    A sus autos el escrito signado por ************, mandatario judicial del quejoso ************, mediante el cual se le tiene cumpliendo en tiempo y forma la prevención formulada el dieciocho de los actuales; por tanto, con el escrito inicial de demanda y escritos aclaratorios, se provee: El numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y en su caso, los escritos aclaratorios y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Para lo anterior, se hace importante destacar que el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad señaló como antecedentes del acto reclamado los siguientes: 1. El quince de noviembre de dos mil dieciséis, en auto dictado por la Juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, se tuvo al ahora quejoso ************, promoviendo medida preparatoria a juicio ordinario civil, ordenándose formar el expediente respectivo bajo el número ***. 2. En dicha determinación la autoridad judicial desechó las medidas consistentes en:  "Solicitud de Prueba de Reconocimiento Médico y/o Clínico, para los efectos de conocer las condiciones físicas de linaje, filiación, identidad genética y de relación biológica de parentesco de la C. ************, ya sea de paternidad o maternidad, con los señores ************  "Solicitud de Prueba de Reconocimiento Médico y/o Clínico, para los efectos de conocer las condiciones físicas de linaje, filiación, identidad genética y de relación biológica de parentesco de la ************, ya sea de paternidad o maternidad, con los señores ************Además de no proveer de conformidad su petición consistente en girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, a efecto de realizar la inspección judicial a la sección de libros de testadores para que se de fe del contenido de todos los testamentos otorgados por ************y que al momento de dicha diligencia expidiera copia certificada de todos los documentos a su costa. 3. Contra la determinación detallada en el punto anterior, la parte quejosa interpuso recurso de apelación en ambos efectos, mismo que se admitió en auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis. 4. Medio de impugnación que fue resuelto por el Magistrado Propietario de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, fallo en el que determinó modificar el auto apelado, para el efecto de admitir la medida preparatoria consistente en la inspección judicial a la sección de libros de testadores para que se de fe del contenido de todos los testamentos otorgados por ************, así como la obtención de copias. 5. En auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se acordó el escrito presentado por ************, dentro de las medidas preparatorias de origen, en el que se estableció que no existían partes formales y se autorizó a favor del promovente la expedición de copias certificadas de la totalidad de las actuaciones contenidas en el expediente de mérito. 6. Inconforme con lo anterior, el ahora quejoso interpuso recurso de revocación el uno de febrero de dos mil diecisiete. 7. En auto de siete de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a ************, promoviendo incidente de oposición de exhibición de documentos, ordenado dar vista al actor, la que se tuvo por contestada en auto de catorce de febrero del año en curso. 8. El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el incidente promovido por ************, en la que la Juez Cuarto Civil de Partido en esta ciudad, determinó declarar infundada la oposición realizada. 9.- Contra dicho fallo la parte quejosa, promovió recurso de apelación, del que conoció la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato bajo el toca ***, donde en resolución de treinta de junio del año en curso, determinó confirmar la resolución incidental de dieciocho de mayo pasado, sin fijar la respectiva condena en gastos y costas. (Acto reclamado). Precisado lo anterior, se hace importante puntualizar que todas estas actuaciones relatadas, incluido el acto que se reclama, acontecieron en una medida preparatoria a juicio, es decir, consisten en diligencias que como su nombre lo indica preparan la acción para promover el juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, si lo preparan, sobre todo en su eficacia. En ese contexto, los actos prejudiciales son aquellos que anteceden o preceden al juicio; esto es, los que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso que, en su caso, se promoverá. Sin embargo, dicha etapa se desarrolla como un procedimiento en sí mismo, es decir, el que no se consideran actos dentro del juicio natural porque su finalidad es preparar la acción que habrá de ejercitarse en el juicio que corresponda, no significa que las actuaciones ahí acontecidas no se sujeten a las reglas legales que operan en todo procedimiento judicial. En tal virtud, este juzgado estima que no es suficiente para acudir a la presente instancia con que el acto reclamado se trate una actuación dictada por un tribunal judicial fuera de juicio, como lo establece el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, en relación con la diversa fracción V, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" En ese tenor, debe de tratarse de la última resolución dictada dentro dichos medios preparatorios o contra actos intermedios que sean de imposible reparación, y se estima que en la especie no se actualiza ninguno de los dos supuestos. Así se analizara, en el caso concreto las dos hipótesis de referencia: 1.- Que se trate de la última resolución. 2.- Actos intermedios que sean de imposible reparación. Por cuanto hace al primero -la última resolución dictada dentro de los medios preparatorios-, se hace evidente que el acto aquí reclamado no pone fin a dicha etapa procesal, tomando en cuenta su naturaleza, además de que no existe un pronunciamiento respecto a si las medidas preparatorios objeto de dicha etapa procesal, resultan procedentes o no, como lo establece el artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Ahora, respecto a que lo reclamado sea un acto intermedio de imposible reparación, se precisa lo siguiente: De los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Es decir, los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de un fallo definitivo favorable en el juicio natural. Cabe destacar que el quejoso se duele de la resolución relativa al recurso de apelación, dictada por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 418/2017, en la que confirmó la determinación de dieciocho de mayo del año en curso, pronunciada por el Juez Cuarto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, atinente al incidente de oposición de exhibición de documentos interpuesto por ************, puesto que refiere que la autoridad responsable fue omisa en hacer la respectiva condena en costas, al haber sido improcedente el incidente que promovió. De lo anterior, es patente que en el caso no se está ante un acto que tenga autonomía en su ejecución, dado que no dio por terminado dicho procedimiento. Abonando a lo anterior, los actos de imposible reparación han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal -y en el marco constitucional actual también los reconocidos en los tratados internacionales en que México sea parte, como lo prevé la fracción V, del artículo 107 de la vigente la Ley de Amparo-. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Registro 2006589; cuyo rubro y texto dicen: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esa tesitura, la actuación reclamada no constituye acto que tenga sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, ni puede combatirse, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria, a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Lo anterior toda vez que las violaciones de carácter procesal, aun las que se consideraban exorbitantes o superiores, ya no son materia del juicio de amparo indirecto, por disposición expresa de la Ley de Amparo. Con dicha disposición, se advierte que se cumple con la administración de justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues tal precepto legal busca que no se entorpezcan los procedimientos judiciales a través de técnicas dilatorias y además, el estudio sistemático de la nueva ley permite inferir que no se ha dejado a las partes en estado de indefensión para hacer valer las violaciones contra aquellos actos que, en su criterio, infrinjan sus derechos en el juicio, porque las violaciones procesales pueden terminar por carecer de relevancia si al dictarse la resolución en el juicio, se resolviera a favor del particular que se sintió agraviado en sus derechos procesales, ya que dicha afectación desaparecería. Y en caso contrario, de obtener resolución desfavorable, podrá impugnarla, ahora sí, en el juicio de amparo. En los conducente, sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2003301, Décima Época, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Página: 744, que es de contenido literal siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Es así, que en los medios preparatorios de juicio no se establecen situaciones de firmeza procesal, pues conciernen a actos o requisitos jurídicos que puede o debe realizar una de las partes a fin de poder iniciar posteriormente un proceso. En ellos, además, la autoridad judicial se constriñe a atender la petición del particular que pretende preparar el ejercicio de cierta acción, para lo cual aquél decreta el desahogo de las diligencias que le solicite el promovente. Por tanto, las irregularidades que ahí se cometan sólo trascenderán hasta la resolución que las declare o no procedentes o en su caso, en el juicio definitivo, puesto que la base de éste serían precisamente dichos medios preparatorios. En efecto el acto reclamado en esta instancia no produce una afectación de imposible reparación por transgredir derechos sustantivos del promovente; pues se reitera, la resolución de la Sala responsable tiene una naturaleza formal, que puede ser reparada en el fallo definitivo de dichos medios preparatorios. De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, primer párrafo, en relación con la diversa fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda. No es óbice para lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", en donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 2007389, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Página: 2461 que es de rubro literal siguiente: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto.

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