Ángel Jinezz Velázquez
Expediente 899/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ángel Jinezz Velázquez
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 16676/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó el proveído de nueve de noviembre pasado y se le remitieron dos tomos de pruebas. Por otra parte, respecto a su solicitud en el sentido de que se le devuelvan los documentos que anexó a la comunicación 2353 de su índice, mediante la cual rindió su informe justificado; al respecto se acuerda: Hágase del conocimiento del oficiante que mediante providencia de veintiséis de octubre pasado, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, entre otras cosas, remitiendo el original de la demanda de amparo, así como una copia simple de la misma, copia certificada del oficio 2353, las comunicaciones 2217 y 2218, un legajo de constancias (emplazamiento), el toca original 427/2018 (en un tomo) del índice de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y el expediente C006/2017 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, circunstancia que se corrobora con la documentación descrita en el oficio 4321 y en el sobre de correspondencia que remitió la Superioridad, del cual se anexa copia certificada. Motivo por el cual, este órgano jurisdiccional no cuenta con la documentación a la que hace referencia, por lo cual deberá gestionar lo conducente ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe remitió la Magistrada responsable, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por proveído de diecinueve de octubre del año en curso, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, por conducto de su apoderada legal **********; contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otra autoridad; remite: el original de la demanda de amparo, así como una copia simple de la misma, copia certificada del oficio 2353, las comunicaciones 2217 y 2218, un legajo de constancias, el toca original 427/2018 (en un tomo) del índice de la estadística de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y el expediente C006/2017 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 899/2018-I; acúsese el recibo de estilo correspondiente. b) Tomando en consideración que el acto reclamado no es de aquellos que hace procedente el juicio de amparo directo, con apoyo en los artículos 38 y 45 de la Ley de Amparo, comuníquese a la Superioridad que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos meramente adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución de quince de agosto de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 427/2018, por la cual se revoca la diversa emitida en el juicio ordinario civil C-6/2017 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta localidad, para efecto de reponer el procedimiento a fin de que sea emplazado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y una vez que se encuentre el asunto en estado de dictar sentencia dicho juicio, con plenitud de jurisdicción proceda el juez de origen a dictar la resolución correspondiente. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio ordinario civil del que emana el acto reclamado, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla por el medio ordinario legal de defensa que le otorgue la ley de la materia para impugnarla, así como en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de las fracción XII del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia definitiva favorable en el juicio de origen. No pasa desapercibido para el suscrito la tesis de jurisprudencia 1a./J. 106/2004, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; sin embargo, se considera inaplicable al presente caso de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio, en virtud de que conforme a la corriente establecida en la Ley de Amparo abrogada, el juicio de amparo biinstancial era procedente contra actos en el juicio que afectaran a las partes en grado predominante o superior; lo que de acuerdo con la Ley de Amparo vigente ya no resulta válido, puesto que el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia es claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase a la promovente señalando como domicilio la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, ya que de la interpretación de los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, se establece que la lista de acuerdos que se fija en los estrados no son un domicilio procesal, sino que a falta de éste, las notificaciones personales se harán por medio de las listas que se fijen en los estrados del órgano de control constitucional correspondiente, lo que faculta a los solicitantes de amparo para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) la lista de acuerdos que se fija en los estrados del Tribunal o Juzgado que por turno conozca del asunto; lo que lleva a considerar que la gestionante del amparo quiso señalar la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto; empero, ello no significa que por dirigirse la demanda a un Juzgado con domicilio en la ciudad de Guanajuato, capital, se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados del tribunal al que inicialmente tocó conocer de la demanda, sino los estrados del que conoce de la demanda de amparo. De igual manera, téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, a María José Jiménez Martínez, al contar con cédula profesional número 09135261, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a la diversa persona que menciona al no encontrarse en ese supuesto. Por otro lado, dado lo voluminoso de las constancias que anexaron como sustento a su informe justificado las autoridades responsables, se ordena formar dos tomos de prueba para mejor manejo del expediente, en la inteligencia que se seguirá actuando en el presente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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