Ángel Jiménez Solis
Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ángel Jiménez Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a los que haya lugar, el oficio signado por la Auxiliar de Notificador adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, en atención a sus manifestaciones se provee lo siguiente: Infórmese a la autoridad oficiante lo siguiente: Con fecha once de agosto de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la justicia al Quejoso Ángel Jiménez Solís. Con fecha veinticinco de octubre de la presente anualidad, causo estado la sentencia dictada con fecha once de agosto de la anualidad, ordenándose el archivo como asunto concluido. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintidós Se ordena agregar s los autos para que surta sus efectos legales a los que haya lugar el escrito signado por el quejoso, Ángel Jiménez Ortiz, atento a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila el anexo que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. De autos se advierte que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N913769, que ampara la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.); para garantizar la suspensión provisional concedida en autos; por lo tanto comuníquese a la parte quejosa que cuenta con un plazo de dos años, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que comparezca personalmente a este Juzgado de Distrito, debidamente identificado, con la finalidad de que se le devuelva el billete de depósito antes precisado, apercibido que de no hacerlo, se declarará la prescripción del mismo a favor del Erario Federal; lo anterior, de conformidad con el ordinal 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación que al letra dice: ".Artículo 50.- Los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en dinero o en valores, inclusive los intereses que en su caso generen, prescribirán a favor del Fisco Federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante.". Por último, agréguese a los autos el oficio enviado por la Titular de la Célula lV-3 Piedras Negras en el Estado de Coahuila de Zaragoza y hágase del conocimiento que con esta fecha causa ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y en la misma fecha ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Ángel Jiménez Solís solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón. ° Director de la Policía Ministerial Federal Investigadora del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La orden de aprehensión dictada en mi contra para hacerme comparecer a la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal 345/2021.". SEGUNDO. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 66/2022, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la orden de aprehensión dictada para hacerlo comparecer a la audiencia de formulación de impugnación dentro de la causa penal 345/2021, índice de la autoridad judicial señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado la autoridad judicial señalada como responsable; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. /J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Materia Común, Penal, Décima Época, literalmente dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Cabe precisar que los discos ópticos dvd's exhibidos, al consistir en elementos informáticos aportados por la ciencia, son equiparables a la prueba documental en términos del numeral 217 de la citada legislación adjetiva; de ahí que se reconozca valor probatorio pleno a su contenido. Sin que obste que la autoridad responsable Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos, haya negado la existencia del acto reclamado, en virtud de que a la misma les asiste el carácter de ejecutora y por tanto está supeditada a lo que diga la ordenadora, misma que aceptó el acto reclamado, por lo que se le tiene por cierto dicho acto. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y, al no advertir causa de improcedencia ni diverso argumento que contestar en ese sentido, se procede al estudio de fondo sobre la constitucionalidad de los actos reclamados al tenor de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su demanda de amparo. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". En ese sentido, la parte quejosa Ángel Jiménez Solís en sus conceptos de violación aduce esencialmente que la orden de aprehensión reclamada viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues considera que dicha orden girada en su contra carece de fundamentación y motivación, en virtud de que la misma no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora bien, el estudio del acto reclamado se analizará a la luz del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera específica, rigen el dictado de una orden como la que constituye el acto reclamado en la presente controversia de derechos fundamentales. Al respecto, el artículo 16, primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Por su parte, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.". Lo resaltado es propio. De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, así como de lo precisado en párrafos precedentes, se advierte como requisitos generales de procedencia para la emisión de una orden de aprehensión, los siguientes: 1. Ser emitida por una autoridad judicial. 2. Exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito (hecho delictuoso). 3. Dicho ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad. 4. El Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De igual manera, se obtiene que la norma adjetiva penal prevé cuatro supuestos de procedencia para la emisión de una orden de aprehensión, a saber: 1. Cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela. 2. Cuando el imputado resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. 3. Se declare al imputado sustraído de la acción de la justicia; y, 4. El imputado incumpla con alguna medida cautelar. Conforme lo anterior, cuando se actualiza alguno de los supuestos mencionados, procede emitir una orden de aprehensión. Cabe destacar que los supuestos para emitir una orden de aprehensión de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen distintas finalidades. Los supuestos que se indicaron con los numerales 1 y 2, tienen como fin específico llevar a cabo la audiencia inicial, en la cual el Agente del Ministerio Público formulará imputación, esto es, como una forma de conducción del imputado al proceso. En términos del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez de control, de que se desarrolla una investigación en su contra, respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Mientras que la orden de aprehensión solicitada porque se declaró al imputado sustraído de la acción de la justicia (punto 3), tiene como fin, volver a someterlo a la jurisdicción del juez, hacerlo comparecer a alguna audiencia, como podría ser la audiencia de debate, continuación de la audiencia inicial de formulación de la imputación, de suspensión condicional del proceso o intermedia, o volverlo a internar en el lugar en el que se encontraba, según sea el caso. Por último, en el supuesto indicado en el numeral 4, la orden de aprehensión tiene como fin la revisión de la medida cautelar impuesta, ante el incumplimiento por parte del imputado, siempre que sea distinta a la prisión preventiva o garantía económica. Del artículo 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que, ante el incumplimiento de la medida cautelar, el Ministerio Público puede solicitar la comparecencia del imputado ante el juez para la revisión de la medida impuesta. En el caso, se está en presencia de la hipótesis establecida en el párrafo cuarto del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, por haberse declarado al imputado sustraído de la acción de la justicia. Ahora bien, como se observa de la anterior relación de constancias, así como de lo determinado en la audiencia de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la cual se dictó la orden de aprehensión en contra de la impetrante Ángel Jiménez Solís se estima que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que contiene las circunstancias y fundamentos que se tomaron en cuenta para la emisión del acto. Esto es así, pues la autoridad judicial actuó conforme a derecho al dictar la respectiva orden de aprehensión en su contra, bajo la consideración de que el imputado no acudió a la continuación de la audiencia inicial dentro de la causa penal que se le instruye, no obstante que fue requerida y notificada para ello tal y como se desprende de la fecha en que se desahogó la audiencia inicial del once de enero de dos mil veintidós, derivado de la solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, de hacerle del conocimiento las prevenciones y que el juez acordó al respecto, en el sentido de que ya tenían conocimiento a través de su abogado al ser un profesionista del derecho, y por tanto de esa forma tenían conocimiento de las consecuencias para el caso de su incomparecencia, por lo que de conformidad con el ordinal 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedaron debidamente notificados, tanto el profesionista designado como defensa y el propio quejoso. Lo anterior por cumplir con los siguientes requisitos: En primer requisito de que sea dictada por autoridad competente se encuentra establecido ya que el Juzgado de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón es competente para resolver la solicitud, pues los hechos acontecieron en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Municipio de Torreón y dicho municipio es parte del Octavo circuito judicial donde este Tribunal de enjuiciamiento tiene como adscripción y se afirma que los hechos acontecieron en ese lugar, porque fue un juez de Distrito de control adscrito al referido Centro quien en su momento señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia inicial y en la misma decretó su continuación para resolver la situación jurídica de los imputados en la primera mencionada, juez que diera origen a la causa penal 345/2021. El segundo es que preceda en este caso denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito que tenga señalada pena privativa de libertad, no es necesario hacer mayor pronunciamiento, pues, nuevamente, resulta evidente que hay una denuncia de un hecho que la ley señala como delito, tanto es así que se formuló imputación al hoy quejoso en la audiencia inicial de once de enero de dos mil veintidós, y se dio origen a la causa penal que nos ocupa, además el hecho que la ley señala como delito de tráfico de personas de origen extranjero, hecho típico que tiene señalada pena privativa de libertad por lo que se encuentra satisfecho este segundo requisito. El tercero es que obren datos que permitan establecer que sea cometido ese hecho y que en su caso sea probable que el indiciado, Ángel Jiménez Solís los cometió o participó en su comisión y en términos de lo ya referido es innecesario que se haga un análisis exhaustivo de estos elementos, ya que hay datos que permitieron establecer que se cometió un hecho con apariencia delictiva, por lo que se encuentra satisfecho este requisito. Por último efectivamente dentro de la continuación de audiencia inicial, dentro de la causa penal 345/2021, el agente del Ministerio público solicitó se declarara sustraído de la acción de la justicia a Ángel Jiménez Solís como probable responsable del delito que la ley tipifica como tráfico de personas de origen extranjero, por lo que se dio uso de la voz a la defensa particular del imputado quien manifestó desconocer las razones de la incomparecencia del imputado a la continuación de la audiencia, no obstante que le hizo del conocimiento de las consecuencias de su actuar. Ahora bien, a pesar de que era conocedor de la fecha y hora en qué se verificaría la continuación de la audiencia inicial afirmándolo así, lo cual se le hizo del conocimiento en la propia audiencia del once de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa citada en el párrafo que antecede, quien quedó notificado de conformidad con el ordinal 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto en la continuación de la audiencia inicial se decretó la sustracción de la justicia de Ángel Jiménez Solís, por no haberse presentado a la continuación de la audiencia inicial a la cual fue debidamente notificado. Cabe precisar que el juzgador responsable fundó y motivó su determinación en el hecho de que el quejoso no había acudido a la mencionada audiencia que fue ordenada en autos, sin que se advirtiera alguna causa justificada para ello, por lo que a petición del Ministerio Público, lo declaró sustraído de la acción de la justicia, lo cual, a juicio de este Órgano Jurisdiccional resulta correcto, toda vez que el numeral 141, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece expresamente la facultad del juzgador de emitir una orden de aprehensión en dicho supuesto, máxime que el delito que se le instruye merece pena privativa de libertad. En ese contexto, se concluye que el Tribunal responsable, no infringió en perjuicio de la demandante de amparo los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que al decretarse la orden de aprehensión, se hizo con base en la inobservancia por parte de la quejosa de acudir a la continuación de la audiencia inicial, derivado de la petición del imputado para que resolviera su situación jurídica en la duplicidad del plazo constitucional, motivo por el cual, al haber incumplido tal obligación, a petición del Ministerio Público, la declaró sustraído de la acción de la justicia y ordenó su captura, la cual fue dictada conforme a derecho. En mérito de lo anterior, se concluye que el acto reclamado cumple con los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de legalidad que rigen el proceso penal, al contener los requisitos para justificar su libramiento, el cual debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal. Consecuentemente, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el accionante de amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, en virtud de que tiene tal carácter y el acto que se le atribuye no es por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: UNICO. La Justicia de la Unión NO ampara ni protege al quejoso Ángel Jiménez Solís, en contra el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en atención a los razonamientos expuestos en la presente sentencia en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy once de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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