Angel Jafet Castañeda Pacheco
Expediente 871/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Angel Jafet Castañeda Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
III. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el siete de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
III. Agréguese a estos autos los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña la primera autoridad, del que se advierte que el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la partes actora y demandada, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y el diverso acuerdo de veintiuno de junio último, en el que se fijó fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), que constituye la denegación de que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco. Ahora bien, tomando en consideración que la materia del asunto es en esencia, la denegación de justicia de que está siendo objeto la parte quejosa, esto es, la abstención de notificar el laudo emitido el uno de febrero del año en curso, a la parte actora y demanda, así como, la misión de ejecutar el laudo aun cuando ya ha transcurrido tiempo excesivo y suficiente para procurar la misma, por parte de la autoridad responsable, siendo el caso que de las constancias que remitió la Presidenta de la citada Junta responsable, en el expediente 950/2017, se advierten las notificaciones hechas a las partes actora y demandada, respecto del laudo emitido, así como del acuerdo en el que se señaló fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la abstención de notificar el laudo emitido el uno de febrero del año en curso, a las partes en el juicio, así como la omisión de proveer lo relativo a la ejecución del laudo, aun cuando ya ha transcurrido tiempo excesivo y suficiente para procurar la misma, apreciándose de las constancias que remitió la responsable, que el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la parte actora y demandada, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y en fecha veintiuno de junio último, emitió un acuerdo en el que señaló fecha y hora, trece de agosto del año dos mil diecinueve, a las once hora, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), mismo que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco, en el expediente laboral 950/2017. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la parte actora y demanda, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y en fecha veintiuno de junio último, señaló fecha y hora, trece de agosto del año dos mil diecinueve, a las once hora, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), mismo que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco, en el expediente laboral 950/2017; volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
III. Agréguese a estos autos los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña la primera autoridad, del que se advierte que el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la partes actora y demandada, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y el diverso acuerdo de veintiuno de junio último, en el que se fijó fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), que constituye la denegación de que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco. Ahora bien, tomando en consideración que la materia del asunto es en esencia, la denegación de justicia de que está siendo objeto la parte quejosa, esto es, la abstención de notificar el laudo emitido el uno de febrero del año en curso, a la parte actora y demanda, así como, la misión de ejecutar el laudo aun cuando ya ha transcurrido tiempo excesivo y suficiente para procurar la misma, por parte de la autoridad responsable, siendo el caso que de las constancias que remitió la Presidenta de la citada Junta responsable, en el expediente 950/2017, se advierten las notificaciones hechas a las partes actora y demandada, respecto del laudo emitido, así como del acuerdo en el que se señaló fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la abstención de notificar el laudo emitido el uno de febrero del año en curso, a las partes en el juicio, así como la omisión de proveer lo relativo a la ejecución del laudo, aun cuando ya ha transcurrido tiempo excesivo y suficiente para procurar la misma, apreciándose de las constancias que remitió la responsable, que el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la parte actora y demandada, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y en fecha veintiuno de junio último, emitió un acuerdo en el que señaló fecha y hora, trece de agosto del año dos mil diecinueve, a las once hora, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), mismo que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco, en el expediente laboral 950/2017. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la parte actora y demanda, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y en fecha veintiuno de junio último, señaló fecha y hora, trece de agosto del año dos mil diecinueve, a las once hora, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), mismo que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco, en el expediente laboral 950/2017; volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
III. Agréguese a estos autos los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña la primera autoridad, del que se advierte que el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la partes actora y demandada, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y el diverso acuerdo de veintiuno de junio último, en el que se fijó fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), que constituye la denegación de que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco. Ahora bien, tomando en consideración que la materia del asunto es en esencia, la denegación de justicia de que está siendo objeto la parte quejosa, esto es, la abstención de notificar el laudo emitido el uno de febrero del año en curso, a la parte actora y demanda, así como, la misión de ejecutar el laudo aun cuando ya ha transcurrido tiempo excesivo y suficiente para procurar la misma, por parte de la autoridad responsable, siendo el caso que de las constancias que remitió la Presidenta de la citada Junta responsable, en el expediente 950/2017, se advierten las notificaciones hechas a las partes actora y demandada, respecto del laudo emitido, así como del acuerdo en el que se señaló fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo; en tal virtud, se impone considerar la pertinencia de decretar el sobreseimiento del presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con las razones siguientes: Cabe acotar que diversas tesis integradas por órganos del Poder Judicial de la Federación sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes tales como: 1) El desistimiento; 2) La muerte del quejoso; 3) La cesación de los efectos del acto reclamado, y; 4) El cambio de situación jurídica. Teniéndose en cuenta que la actualización de alguna de las anteriores hipótesis debe ser tan evidente que ni aún en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, por lo que en consecuencia, el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno entre la sustentada en la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 81 fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior, se desprende que cuando la causa de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá a su estudio. En la especie el motivo de inconformidad materia del presente juicio, lo constituye la denegación de justicia por parte de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la abstención de notificar el laudo emitido el uno de febrero del año en curso, a las partes en el juicio, así como la omisión de proveer lo relativo a la ejecución del laudo, aun cuando ya ha transcurrido tiempo excesivo y suficiente para procurar la misma, apreciándose de las constancias que remitió la responsable, que el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la parte actora y demandada, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y en fecha veintiuno de junio último, emitió un acuerdo en el que señaló fecha y hora, trece de agosto del año dos mil diecinueve, a las once hora, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), mismo que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco, en el expediente laboral 950/2017. En ese contexto y tomando en consideración que dicha documental tiene valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la ley de la materia, que a la letra establece, "que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", ya que la autoridad responsable el treinta de mayo y veinticinco de junio, ambos del presente año, notificó a la parte actora y demanda, del proyecto de resolución de veintidós de enero y la elevación a la categoría de laudo de uno de febrero, ambos de dos mil diecinueve, y en fecha veintiuno de junio último, señaló fecha y hora, trece de agosto del año dos mil diecinueve, a las once hora, para llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo, hasta por la cantidad de 169,333.86 (son: ciento sesenta nueve mil, trecientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.), mismo que se duele el aquí quejoso Ángel Jafet Castañeda Pacheco, en el expediente laboral 950/2017; volviendo las cosas a su estado normal como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Sirve de sustento a las consideraciones anteriores, la tesis jurisprudencial que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como la diversa jurisprudencia que aparece en el que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que en el particular opera de manera notoria, plena e indubitable, una cesación de efectos del acto reclamado originalmente, que no podría ser desvirtuada ni aún en la audiencia constitucional. Por lo anterior queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el presente acuerdo día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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