Ángel Iván León Mendoza
Expediente 644/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ángel Iván León Mendoza
Actuaciones
- Principal
MESA IV Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación de veintiocho de julio del año en curso, por la que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a la parte quejosa, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, tómese conocimiento de la certificación relativa a que todas las constancias que integran esta comunicación oficial se encuentra digitalizadas en términos del artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, se encuentra en la hipótesis que establece el numeral 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; consecuentemente, es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurra el plazo de tres años que se estipula; hágase constar en la carátula que carece de relevancia documental, y que no obran documentos originales.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por *** quien se ostenta como defensor particular de ***, contra actos del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Doce, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 644/2023. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto transcrito autoriza a quien resuelve a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda, así como de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (...)". Para evidenciar lo anterior, se considera necesario citar el contenido de los numerales 17 y 18 de la legislación reglamentaria; a saber: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Pues bien, la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A aquel en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Bajo esa interpretación, para verificar la temporalidad en la presentación de la demanda, no es necesario que exista constancia de notificación a la parte quejosa del acto reclamado o de sus actos de ejecución, pues basta que en aquélla se haga referencia a la fecha en que se tuvo conocimiento de las actuaciones combatidas, para poder establecer la oportunidad con que se instó la acción constitucional de amparo, en tanto ello constituye una confesión, únicamente en lo atinente a ese presupuesto. Como se observa, con los datos proporcionados en la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado (imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa) desde el cuatro de febrero de dos mil veintitrés; data en que se ejecutó aquélla. Bajo esa tesitura, el plazo genérico de quince días transcurrió en exceso, en tanto la demanda fue presentada el veintiséis de julio de dos mil veintitrés. De esta forma, es inconcuso que tal acto reclamado fue consentido tácitamente. Sin que se encuentre comprendido en los casos de excepción apuntados previamente. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo; de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal citado, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por *** quien se ostenta como defensor particular de ***. (...)
- Principal
MESA IV.- Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Juez de Control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Doce, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 644/2023. DESECHAMIENTO... Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo; de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal citado, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Miguel Ángel González Jaimes quien se ostenta como defensor particular de ÁNGEL IVÁN LEÓN MENDOZA. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Dese intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos del artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia.
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