Ángel Israel Orduño Urrea

Expediente 398/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
398/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • Ángel Israel Orduño Urrea

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Y TODA VEZ QUE EL QUEJOSO ******, ASÍ COMO SUS AUTORIZADOS ****, NO ATENDIERON LOS CITATORIOS QUE LES FUE DEJADO EL 23 DE MAYO DE 2019, SE LES HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN LOS MISMOS Y SE LES NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS EL AUTO QUE ENM LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otros, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 398/2018. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Improcedencia. Una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor; lo anterior por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [. . .]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Énfasis añadido) Como se advierte, conforme a la naturaleza jurídica del acto reclamado, la demanda de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, conforme a las reglas instituidas en los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, del contenido de los mencionados preceptos, se advierte que para el cómputo del plazo de quince días, el legislador previó tres supuestos excluyentes entre sí, a saber: a) Un primer supuesto que se refiere al de la notificación formal del acto reclamado, en cuyo caso el plazo se computará a partir del día siguiente de aquél al en que surta efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, para lo cual se atenderá a la ley que rigió el procedimiento del juicio natural y que se encontraba vigente al momento de la notificación; b) Un segundo supuesto relativo a que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento completo de la resolución o acuerdo que reclame por un diverso medio al de su notificación formal, para lo cual el plazo referido se contará a partir del día siguiente al en que ello ocurra; o bien, c) Un tercer supuesto que podrá actualizarse cuando el quejoso se ostente sabedor de la resolución o acuerdo reclamados, o de su ejecución, en cuyo caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquél al en que manifieste haber conocido el acto reclamado. De igual forma, del último de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa reclama diversos artículos de la Ley General de Salud, en particular los numerales 234, 235, 237, 245, 247, 290, 368, 476, y 479, así como la determinación emitida por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contenida en el oficio ******* de siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante la cual no acuerda de conformidad la solicitud del hoy quejoso, relativa a actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos. Asimismo, el promovente del amparo aduce que: "Los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 290, 368, 476, y 479 todos de la Ley General de Salud y las consecuencias de su ejecución, en el caso, la negativa a mi solicitud, establecen una "política prohibicionista" respecto del consumo individual de marihuana, misma que limita indebidamente, entre otros, mis derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, todos en relación con el principio de dignidad humana." De lo anterior se tiene que el quejoso reclama las normas que tilda de inconstitucionales con motivo de su aplicación. Precisado lo anterior, tanto de lo manifestado por el promovente en su escrito inicial, como de acuerdo a las constancias que acompañó al mismo, se desprende que el oficio ***** que reclama y que a su vez vincula con los preceptos combatidos, le fue notificado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Ahora bien, de la lectura del citado documento se advierte que la notificación correspondiente al citado oficio se realizó en términos, entre otros, del artículo 38 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el cual dispone lo siguiente. "Artículo 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. [.]" Dicha afirmación del promovente del amparo, en cuanto a la fecha en que manifestó haber conocido del acto reclamado, constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a la cual es dable otorgar valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del mismo código. [.] Cabe señalar que dicho criterio es aplicable en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, por lo que continúa su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Por tanto, si la parte quejosa confesó expresamente que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, y conforme con el artículo 18 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que rige el procedimiento del cual derivó la determinación que ahora combate, las notificaciones personales surten efectos al día siguiente en que se hubieran realizado; por tanto, la notificación del oficio en cita surtió efectos el veinticinco de abril de dos mil diecinueve; así, el término de quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para combatir tanto el oficio en comento, como las normas que tilda de inconstitucionales, transcurrió del veintiséis de abril al diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, sin contar los días veintisiete y veintiocho de abril, uno, cuatro, cinco, once, doce, de mayo todos del año en curso, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y "ACUERDO GENERAL 18/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL DIVERSO ACUERDO GENERAL 10/2006, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS INHÁBILES Y LOS DE DESCANSO; ASÍ COMO EL QUE REGLAMENTA LA CARRERA JUDICIAL Y LAS CONDICIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES." Expuesto lo anterior, se tiene que de la boleta de turno se desprende que la demanda de amparo en estudio fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el lunes veinte de mayo de dos mil diecinueve, siendo recibida por este Juzgado de Distrito el veintiuno de mayo de la anualidad. En consecuencia, es incuestionable que el juicio de amparo fue instaurado extemporáneamente, al haber transcurrido con exceso el término de quince días con que se contaba para la presentación de la demanda relativa, a partir de que surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, conforme a la ley que rige dicho acto y que en el caso lo es la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. De ahí que, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia ley. Consecuentemente, lo procedente desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Determinación que, indudablemente, comprende a las normas que combate, pues respecto al acto de aplicación con el cual se les vincula resultó improcedente, más aun que dichos preceptos legales no fueron combatidos como autoaplicativos, de ahí que, invariablemente el amparo contra los mismos debe sujetarse al término de quince días y no así de treinta días. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, toda vez que sí se encontró registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que propone, por no encontrarse registrada su cedula profesional en el referido Sistema. Requerimiento. Por lo anterior, requiérase a ******, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, mediante escrito acepte y proteste el cargo conferido; ello a fin de que éste órgano de control constitucional le tenga por reconocido dicho carácter, dado que no firma el ocurso de cuenta, como señal de aceptación de tal mandato. [.] Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el plazo señalado, se revocará la autorización precisada con antelación de ***** y, solo se le tendrá como autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de la Materia. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano