Ángel Isaías Barrios López

Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
186/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Ángel Isaías Barrios López

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.186/2018-5B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. ...se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. ... archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de tal característica, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. ...

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil dieciocho. Cumplimiento de prevención. Glósese el escrito del quejoso Ángel Isaías Barrios López, mediante el que cumple con la prevención formulada en auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho; al respecto, precisa que reclama la falta de emplazamiento al juicio laboral 1301/2015(3) del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado; asimismo, exhibe una copia de su demanda de amparo y tres tantos de su anexo. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la misma ley. En el caso, del análisis de la demanda de amparo y del escrito de aclaración, se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Dicho precepto prevé la improcedencia por falta de interés jurídico del quejoso, respecto de la cual, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.." Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Asimismo, se advierte que cuando el acto reclamado verse o derive de un procedimiento jurisdiccional, como en el caso, la parte quejosa debe demostrar su interés jurídico, el cual se actualiza cuando se satisfacen los siguientes requisitos: La titularidad de un derecho. b) Que ese derecho sea desconocido o transgredido por un acto de autoridad. El primer elemento existe cuando una norma (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho a un gobernado y le otorga legitimación para hacerlo valer frente a cualquier autoridad. El segundo requisito se refiere a la afectación que sufre ese derecho; es decir, al menoscabo o perjuicio que resiente el patrimonio (en sentido amplio) del particular con el acto de autoridad. 2.1 Desechamiento de la demanda. En esa tesitura, es necesario precisar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional en su carácter de tercera extraña a juicio en estricto sentido. Se afirma lo anterior, en virtud que de las constancias que acompaña a su demanda de amparo se advierte que el juicio laboral 1301/2015(3), del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (base del acto reclamado), fue promovido por Roberto Hernández Amaya contra Ramiro Ojeda García y Alma Leticia Nolasco Cortés, a quienes les demandó el pago de diversas prestaciones -foja 21-. Es decir, el quejoso Ángel Isaías Barrios López es ajeno al referido procedimiento, pues no se advierte que sea parte formal ni material del citado juicio laboral. Por tanto, es incuestionable que la falta de emplazamiento al juicio laboral 1301/2015(3), del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, ya que es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, por lo que la falta de llamado al referido juicio no le ocasiona perjuicio alguno. Apoya lo anterior la jurisprudencia con registro 177719, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Asimismo, por las razones que contiene, es aplicable la tesis con registro 197739, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, del tenor siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 5, fracción I, 117, fracción I y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ángel Isaías Barrios López. Precisión. Finalmente, es importante señalar que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Aclaración de domicilio. En otro contexto, se tiene a la parte quejosa aclarando el domicilio que señaló para recibir notificaciones. Sin que sea procedente hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que en auto de dos de este mes se acordó sobre dicha circunstancia -foja 133-. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Fermín Santiago Santiago, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 186/18 5-B% San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil dieciocho. Aclaración de domicilio. Vista la diligencia de notificación de veintiocho de este mes, se advierte que la autorizada de la parte quejosa manifestó que el domicilio correcto para recibir notificaciones es el ubicado en ********************, no como se asentó en la demanda de amparo (calle Tulipanes número 106, fraccionamiento Lomas de Antequera, Centro, Oaxaca). Por tanto, se ordena al actuario de la adscripción realizar las notificaciones que correspondan a dicha parte en el domicilio ubicado en ********************. Notifíquese...

  4. Principal

    PRAL. 186/18 5-B% San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente...

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