Angel Inocencio Martínez Vargas

Expediente 1065/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1065/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Angel Inocencio Martínez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Ángel Inocencio Martínez Vargas, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. SE ATIENDE ESCRITO. Se tiene al quejoso Ricardo Crespo Arroyo, reiterando la autorización de profesionista para oír y recibir notificaciones. Asimismo, el quejoso proporciona el siguiente número telefónico: 5526722125. En el entendido que dicho medio de comunicación no sustituye el domicilio procesal, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente es el medio para tener comunicación no procesal. Finalmente se tienen por hechas las manifestaciones del quejoso, en relación con el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable. ...II

  3. Principal

    Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el/la auto/resolución de VEINTICINCO de AGOSTO de 2021, en el/la que se determinó:...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Inocencio Martínez Vargas, contra un acto del Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el cuaderno respectivo, y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1065/2021-VII-A. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de amparo promovida por Ángel Inocencio Martínez Vargas, ya que se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. Al caso encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." 2 En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El numeral transcrito establece que el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de definitividad, que obliga a los gobernados previamente a instarlo a agotar los recursos o 3 medios de defensa previstos en la ley que rige el acto para remediar los vicios que se adviertan de los actos de autoridad; lo que implica que, por regla general, la acción constitucional sólo será procedente contra actos definitivos, esto es, respecto de aquellos que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación a través de algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda hacerse valer ante los tribunales ordinarios. Ahora bien, el principio de definitividad debe observarse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; es decir, éste es un medio extraordinario sui generis, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a instar la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. 4 En ese tenor, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotó el medio de impugnación ordinario por el cual la resolución reclamada pudo haber sido reparada por la propia autoridad que lo emitió. En el caso, el quejoso reclama la resolución de veintidós de julio de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y no pagadas derivado del expediente familiar 251/2019, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. En efecto, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad narra el accionante del amparo, se advierte que el quejoso es parte dentro del juicio familiar ventilado ante el Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, entre Verónica Pérez Gómez y el aquí quejoso Ángel Inocencio Martínez Vargas. Posteriormente, al haberse agotado todas sus etapas procesales, fue dictada sentencia definitiva que decretó la disolución del vínculo matrimonial entre los antes mencionados. Luego, Verónica Pérez Gómez promovió incidente de liquidación de pensiones alimenticias y no pagadas, el cual fue resuelto el veintidós de julio del año en curso, y se impuso al quejoso el pago de una cantidad por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hija de iniciales G.M.P. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, debe señalarse que contra determinación procede el recurso de queja, de conformidad con los artículos 290, 417, fracción II, y 419 todos del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que disponen: "Artículo 290. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, 5 la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. El Juez fallará en igual término sobre la cantidad acreditada. Esta resolución admite el recurso de Queja conforme a lo dispuesto por el Artículo 417 de este ordenamiento." "Artículo 417. El recurso de queja tiene lugar: (.) II. Respecto a las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencias; (.)" "Artículo 419. El recurso de queja contra resoluciones del juez, se interpondrá ante éste, dentro de los tres días siguientes al acto reclamado, expresando los motivos de inconformidad. Dentro del tercer día en que se tenga por interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación, y acompañará, en su caso, las constancias procesales respectivas. El superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. La falta de remisión del recurso de queja e informe con justificación fuera del término de tres días por parte del juez al superior, dará lugar a la imposición de una corrección disciplinaria por parte del superior, de oficio o a petición del quejoso." Del contenido de los numerales descritos se advierte que, contra la resolución interlocutoria dictada en ejecución de sentencia para determinar la liquidación de la misma, procede el recurso de queja, el cual se interpondrá ante el juez de primera instancia quien deberá remitirlo a la superioridad, y ésta decidirá lo que corresponda; medio de impugnación que el solicitante de amparo no agotó antes de acudir a esta instancia constitucional. De esta forma, el citado medio de impugnación es procedente contra el acto aquí reclamado, porque se trata de una resolución interlocutoria emitida en ejecución de sentencia por el juez señalado como responsable para resolver el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y no pagadas antepuesto por la tercera interesada Verónica Pérez Gómez, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la 6 procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda combatirse ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la queja contra las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencias, sin incluir expresamente la resolución emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y adeudadas, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Por lo que, atendiendo al principio de impugnación, por regla general, todos los autos y sentencias son recurribles o impugnables, siendo la única excepción aquellos casos expresos en los que el legislador, por razones de orden público e interés social, determine que no es procedente ningún recurso. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 142/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 137, del Tomo XXII, Diciembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dispone: "COSTAS. LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SU LIQUIDACIÓN EN LA ETAPA EJECUTIVA DE UN JUICIO SUMARIO ES RECURRIBLE A TRAVÉS DE LA QUEJA Y, POR TANTO, DEBE INTERPONERSE ÉSTA ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO VIGENTE HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 1995). El artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 31 de diciembre de 1994 y que entró en vigor el 1o. de marzo de 1995, establece que contra la resolución que resuelve el incidente de liquidación de costas se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en que se encontrare el juicio y según la cantidad que importe la total regulación. Ahora bien, de la interpretación armónica de dicho precepto, en relación con otros artículos del mismo cuerpo legal acerca de los requisitos de procedencia de las diferentes vías de defensa, se concluye que contra la interlocutoria de liquidación de costas derivada de un juicio sumario no procede el recurso de apelación ni el de revocación, pero sí el de queja. En efecto, el recurso de apelación es improcedente porque la referida hipótesis no está contemplada en el artículo 639 del citado código, que 7 fija taxativamente los casos en que procede la apelación contra sentencias interlocutorias emanadas de juicios sumarios. Por otro lado, tampoco procede el recurso de revocación porque su naturaleza es la de sentencia interlocutoria, y el artículo 423, interpretado conjuntamente con el 422de dicho código, prohíbe expresamente a los juzgadores la revocación de sus sentencias, sean definitivas o interlocutorias, o provengan de un juicio sumario o de uno ordinario. Sin embargo, contra la resolución aludida procede el recurso de queja en tanto que el artículo 463, fracción II, del mencionado código establece su procedencia, entre otros casos, contra las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia, y el artículo 501 del mismo ordenamiento prevé que las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no admiten más recurso que el de responsabilidad, pero que cuando se trate de interlocutorias procederá la queja ante el superior. Consecuentemente, a fin de respetar el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de ampro, conforme a la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, previamente debe interponerse el recurso de queja." Bajo esas premisas, como en el caso, el peticionario de amparo tilda de ilegal la resolución de veintidós de julio de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias y no pagadas derivado del expediente familiar 251/2019, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, es necesario que antes de acudir a esta instancia constitucional se impugnara dicha determinación a través del medio ordinario de defensa, y al no hacerlo dejó de observar el principio de definitividad. Da sustento a lo antes citado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe 8 contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, se invoca la jurisprudencia P./J.11/2018, emitida por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Cabe señalar que, conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente 9 independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso dispositivo 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ángel Inocencio Martínez Vargas, al no haber agotado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: 10 "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle 12 de Octubre número 201, colonia Maestranza, en esta ciudad. AUTORIZADOS. De igual manera, se tiene al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Baldemar Aldana Aldana, Fidel Téllez Mejía y Luis Fernando Piña Tovar, y únicamente para recibir notificaciones a David Téllez Montiel, Jesús Ulises García Soto y José Pablo Sánchez García, por no acreditar que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; además, no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita 11 correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca 12 contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo y d) solicitud de copias (por estar autorizadas desde este auto). 13 EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podra´n generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario....VII

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