Ángel Humberto Chávez Gastelum
Expediente 955/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 955/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2021
Partes del expediente
- Ángel Humberto Chávez Gastelum
Actuaciones
- Principal
.Toluca, Estado de México; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Del estado de autos, se advierte que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se señalaron las doce horas con quince minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia prevista en el numeral 208, fracción II de la Ley de Amparo; sin que la misma se llevara a cabo dada la suspensión de actividades laborales y en virtud de que se ha ordenado su reanudación, se señalan las doce horas con quince minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por *****, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 955/2020-V. Desechamiento de la demanda. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. En el caso, el quejoso reclama: La omisión de haberle notificado por citatorio la fecha y hora de la audiencia de ocho de diciembre del presente año, en la que sería sancionado, ya que no pudo hacer del conocimiento la misma a sus abogados y, como consecuencia de tal omisión, la imposición de una sanción administrativa, consistente en la reducción a una hora de visita solamente por locutorios, cada siete días. De lo anterior se tienen que el acto reclamado por el quejoso tiene su origen en el procedimiento disciplinario previsto en los artículos 46 y 47 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 46. Debido proceso Los procedimientos disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad. Artículo 47. Notificación de sanción El Comité Técnico deberá notificar por escrito a la persona privada de la libertad sobre la sanción impuesta, el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como su derecho a impugnarla." Por otro lado, del artículo 48 del propio ordenamiento, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante el Juez respectivo, las sanciones que les sean impuestas a partir del procedimiento disciplinario. De manera específica, el artículo 48 de la ley referida establece lo siguiente: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario" En esa línea, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa ordinario, a través del cual los internos, pueden reclamar la imposición de sanciones disciplinarias por parte del Comité Técnico, a través del cual una autoridad jurisdiccional está en posibilidad de revisar y en su caso modificar o revocar la resolución sancionatoria. Además, es menester resaltar que, en el caso de la imposición de una sanción disciplinaria, el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no solo prevé la posibilidad de impugnarlo, sino también la suspensión de sus efectos (ejecución de la sanción) sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la persona legitimada, impugne la resolución, caso en el cual, el Juez de Ejecución de oficio la suspenderá de inmediato y hasta que se resuelva el caso en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario. Mientras que en los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reprochado, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. Por ende, es claro que el quejoso tenía la posibilidad de acudir ante el juez de ejecución de sentencias, el cual además, establece que la simple interposición del recurso trae como consecuencia la paralización o la suspensión de las sanciones impuestas por el Comité Técnico. De esa forma queda en evidencia, el acto combatido en esta instancia constitucional, necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, ya que en específico se trata de la imposición de una sanción disciplinaria por el Comité Técnico del centro penitenciario responsable. En esas condiciones, si el acto reclamado se suscitó en el marco del procedimiento de sanciones disciplinarias dentro del de ejecución penal; es evidente que no puede ser combatido en la vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede revisar su imposición, a través del recurso ante el Juez de Ejecución de Penas previsto en el artículo 48 del ordenamiento referido. Por ello, si en contra del acto reclamado en la especie que es una sanción disciplinaria consistente en la reducción de horas de visita, contra la cual no se agotó el recurso aludido, es patente que el presente juicio de amparo es improcedente. Lo anterior, también encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 230, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Registro: 2018548, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Ángel Humberto Chávez Gastelum, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional, en virtud de que no señaló domicilio y designó autorizado. En efecto, cuando una persona privada de su libertad nombra autorizados y no designa domicilio o señalan las listas para que se realicen las notificaciones correspondientes, incluso las que en principio debieran realizarse de manera personal, debe atenderse a lo solicitado; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán los autorizados los que, en cumplimiento a la designación efectuada, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al recurrente que los nombró, siempre y cuando no exista una revocación a tal autorización. Similar criterio sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 430/2020, el uno de julio de dos mil veinte, derivado del incidente de nulidad de notificaciones intentado en el Amparo directo en revisión 5422/2020. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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