Angel Huerta Valencia
Expediente 1149/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- ANGEL HUERTA VALENCIA y Otros.
- Angel Huerta Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que los quejosos JOSÉ ÁNGEL HUERTA VALENCIA y FERNANDA GRANJA AGUILAR no interpusieron recurso de queja, dentro del término legal contra los autos de diez de agosto de dos mil quince y seis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante los cuales se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos la copia del oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual, en atención a la vista ordenada en acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciséis, informa haber realizado las gestiones necesarias para que se indaguen los hechos alegados por el quejoso, posiblemente constitutivos del delito de tortura.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de uno de septiembre de dos mil quince, se suspendió por un año el procedimiento en el presente juicio de garantías, término que ya transcurrió como se desprende de la certificación de cuenta; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías, respecto la quejosa Fernanda Granja Sánchez. Por otra parte, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa pudo haber sufrido golpes y malos tratos por parte de las autoridades aprehensoras; de oficio, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1º, 3º, 6º y 8º, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1º, 3º y 11º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, mediante oficio, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado Federal para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, sobre los hechos alegados. Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura".
- Principal
SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO, Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN AÑO, SIN QUE NADIE SE APERSONE AL PRESENTE JUICIO, EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DIRECTA QUEJOSA SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA.
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