Ángel Herrera Moreno
Expediente 885/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ángel Herrera Moreno
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo con que se da cuenta, por medio del cual la parte quejosa ÁNGEL HERRERA MORENO, solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal; se ordena asignarle el número de registro de amparo 885/2017-V-A; asimismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, para su control respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente asunto el aquí quejoso ÁNGEL HERRERA MORENO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por considerarlos violatorios de los artículos, 1, 14, 16, 107 y 123 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- Lo es el auto emitido por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete y notificado en fecha diecinueve del mismo mes y año, el cual ordena se cancele un embargo realizado en fecha quince de marzo de dos mil diecisiete y se deje sin efecto todo lo actuado dentro del procedimiento de ejecución de laudo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (sic) en el expediente C.D.T. 559/2013-9 y acumulados C.D.T. 514/2014-9 y C.D.T. 1095/2014-9." Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Atento a lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que se reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" El precepto y fracción citados son claros al establecer la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos que se reclamen contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, actuando como Órgano Colegiado, siendo que en el caso concreto, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, en el numeral siete (7) que: ".una vez que fue emitida la resolución que dio fin al juicio de Amparo Directo en los términos precisados en el punto anterior, en fecha once de septiembre del presente año, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo por demás violatorios de mis garantías."; asimismo, en el capítulo de Conceptos de Violación, manifiesta: ".a consecuencia de la diligencia de requerimiento y embargo de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, no obstante lo anterior la presidenta de la junta en una acción por demás injusta y atentando contra toda lógica legal, emite el multicitado acuerdo de fecha once de septiembre del año en curso, supuestamente tomando en cuenta lo asentado en la ejecutoria de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete dentro del juicio de amparo directo número D-138/2017 emitida por el Tribunal colegiado de circuito, pero que cabe señalar y hago especial mención, que en ninguno de sus resolutivos ordena dejar sin efecto el procedimiento de embargo."; por tanto, dicha circunstancia se traduce en que no puede intentarse el Juicio de Amparo en contra de resoluciones dictadas en ejecución de un juicio de amparo, como en el presente asunto acontece, toda vez que se derivan del cumplimiento al juicio de amparo directo D-138/2017, como lo señala el propio quejoso. Lo anterior obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado; por lo que, sus resoluciones o actos en ejecución al respecto no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la interposición del juicio de amparo, o como en el caso acontece, respecto a la determinación emitida por la autoridad señalada como responsable en cumplimiento a la ejecutoria del citado Amparo Directo. De lo que se sigue, que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que se analiza es improcedente, pues en ella la parte inconforme se duele del auto emitido por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete y notificado en fecha diecinueve del mismo mes y año, en cumplimiento a la ejecutoria del Juicio de amparo D-138/2016-C, del índice del Tribunal Colegiado de Circuito; lo que sin lugar a dudas trae como consecuencia la actualización del motivo de improcedencia citado, dado que el acto reclamado por el quejoso fue dictado por la autoridad responsable en cumplimiento a una ejecutoria de Amparo Directo (actuando como órgano de constitucional), por tanto, dicho acto se encuentra sujeto al control constitucional emitido por el Tribunal Colegiado, debido a que precisamente el mismo ejerce dicha función, como órgano de amparo, al vigilar el cumplimiento de sus ejecutorias. Esto es así, debido a que la determinación reclamada fue dictada con el fin de dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, toda vez que el Órgano Colegiado es competente para conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, así como de su debido cumplimiento y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley. Bajo esa óptica, por la función de control constitucional que este Juzgado Federal desempeña, de analizarse actos que sean materia de las ejecutorias de otros órganos jurisdiccionales federales, se desnaturalizaría la vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control de constitucionalidad sobre otro derivado de un diverso control constitucional. En consecuencia, es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en la presente instancia constitucional es en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo emitida por un órgano de control constitucional (Tribunal Colegiado de Circuito); por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia anotada; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto del citado funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado en su escrito de cuenta; y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que designa, en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo con que se da cuenta, por medio del cual la parte quejosa ÁNGEL HERRERA MORENO, solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal; se ordena asignarle el número de registro de amparo 885/2017-V-A; asimismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, para su control respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente asunto el aquí quejoso ÁNGEL HERRERA MORENO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por considerarlos violatorios de los artículos, 1, 14, 16, 107 y 123 apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- Lo es el auto emitido por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete y notificado en fecha diecinueve del mismo mes y año, el cual ordena se cancele un embargo realizado en fecha quince de marzo de dos mil diecisiete y se deje sin efecto todo lo actuado dentro del procedimiento de ejecución de laudo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (sic) en el expediente C.D.T. 559/2013-9 y acumulados C.D.T. 514/2014-9 y C.D.T. 1095/2014-9." Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Atento a lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se advierte que respecto del acto que se reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" El precepto y fracción citados son claros al establecer la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos que se reclamen contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, actuando como Órgano Colegiado, siendo que en el caso concreto, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, en el numeral siete (7) que: ".una vez que fue emitida la resolución que dio fin al juicio de Amparo Directo en los términos precisados en el punto anterior, en fecha once de septiembre del presente año, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo por demás violatorios de mis garantías."; asimismo, en el capítulo de Conceptos de Violación, manifiesta: ".a consecuencia de la diligencia de requerimiento y embargo de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, no obstante lo anterior la presidenta de la junta en una acción por demás injusta y atentando contra toda lógica legal, emite el multicitado acuerdo de fecha once de septiembre del año en curso, supuestamente tomando en cuenta lo asentado en la ejecutoria de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete dentro del juicio de amparo directo número D-138/2017 emitida por el Tribunal colegiado de circuito, pero que cabe señalar y hago especial mención, que en ninguno de sus resolutivos ordena dejar sin efecto el procedimiento de embargo."; por tanto, dicha circunstancia se traduce en que no puede intentarse el Juicio de Amparo en contra de resoluciones dictadas en ejecución de un juicio de amparo, como en el presente asunto acontece, toda vez que se derivan del cumplimiento al juicio de amparo directo D-138/2017, como lo señala el propio quejoso. Lo anterior obedece a que los órganos de amparo ejercen la facultad de control constitucional de los actos dictados por las autoridades del Estado; por lo que, sus resoluciones o actos en ejecución al respecto no pueden ser cuestionadas por otro órgano de control constitucional, mediante la interposición del juicio de amparo, o como en el caso acontece, respecto a la determinación emitida por la autoridad señalada como responsable en cumplimiento a la ejecutoria del citado Amparo Directo. De lo que se sigue, que la acción constitucional ejercida mediante la demanda de amparo que se analiza es improcedente, pues en ella la parte inconforme se duele del auto emitido por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete y notificado en fecha diecinueve del mismo mes y año, en cumplimiento a la ejecutoria del Juicio de amparo D-138/2016-C, del índice del Tribunal Colegiado de Circuito; lo que sin lugar a dudas trae como consecuencia la actualización del motivo de improcedencia citado, dado que el acto reclamado por el quejoso fue dictado por la autoridad responsable en cumplimiento a una ejecutoria de Amparo Directo (actuando como órgano de constitucional), por tanto, dicho acto se encuentra sujeto al control constitucional emitido por el Tribunal Colegiado, debido a que precisamente el mismo ejerce dicha función, como órgano de amparo, al vigilar el cumplimiento de sus ejecutorias. Esto es así, debido a que la determinación reclamada fue dictada con el fin de dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, toda vez que el Órgano Colegiado es competente para conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, así como de su debido cumplimiento y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley. Bajo esa óptica, por la función de control constitucional que este Juzgado Federal desempeña, de analizarse actos que sean materia de las ejecutorias de otros órganos jurisdiccionales federales, se desnaturalizaría la vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control de constitucionalidad sobre otro derivado de un diverso control constitucional. En consecuencia, es indudable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en la presente instancia constitucional es en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo emitida por un órgano de control constitucional (Tribunal Colegiado de Circuito); por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria, procede desechar la demanda de amparo que se analiza, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia anotada; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto del citado funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado en su escrito de cuenta; y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que designa, en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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