Ángel Guadalupe Hernández Barrientos

Expediente 306/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
306/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Ángel Guadalupe Hernández Barrientos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 71 a 75), en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables para la interposición del recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que en la sentencia se determinó sobreseer en el juicio de amparo y, por ende, no les causa perjuicio alguno, en términos del artículo 87 del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 183709, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". Del mismo modo, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en la que sobreseyó en el juicio, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    se R E S U E L V E: ÚNICO: Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 306/2019-III, promovido por ***, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de los razonamientos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, el titular de este juzgado de distrito se encuentra ausente temporalmente y por ello actúa un secretario encargado del despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que sólo prevé facultades para practicar diligencias y providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente. En esas condiciones, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el telegrama de cuenta, remitido por el Coordinador de Apoyo Legal en suplencia del Director General de Métodos de Investigación, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, por el cual cumple el requerimiento de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (foja 35) y al efecto aclara su informe respecto al nombre correcto del quejoso; por tanto, se tiene por rendido su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante acuerdo de dos de septiembre del año en curso (foja 44), se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente cuaderno principal; no obstante, toda vez que en el presente proveído se proveyó lo conducente en párrafos que anteceden respecto del informe justificado del Coordinador de Apoyo Legal en suplencia del Director General de Métodos de Investigación, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí; de ahí que resulte inconcuso que entre la notificación del presente auto y la fecha en mención no trascurrirán los ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido de dicho informe, a efecto de que estén en aptitud de manifestar lo que a sus intereses convengan. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. ....Notifíquese, y personalmente al quejoso.

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