Angel Gonzalez Juarez

Expediente 760/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
760/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • Angel Gonzalez Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA X.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por******************** en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. MAA

  2. Principal

    CITATORIO MESA X.- SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN SINTESIS DICE.- Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el escrito de Ángel González Juárez, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 760/2020-X, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico Ahora, del capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo, se advierte concretamente que la parte quejosa señala como acto destacado: ? La orden de investigación en su contra, así como su individualización e identificación. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, si lo que en esencia reclama el aquí quejoso es la orden de investigación, así como su individualización e identificación , esto es, que las autoridades responsables al tener noticia de la probable comisión de hechos delictuosos, iniciaron las gestiones correspondientes para determinar si tales hechos eran o no constitutivos de delito, gestiones que toman cuerpo bajo la figura de carpeta de investigación, punto de partida y primera etapa del proceso penal, que precisamente, es la fase en que el representante social ".practicará u ordenará todos los actos de investigación necesarios para obtener las evidencias e indicios indispensables para el esclarecimiento de los hechos, materia de la denuncia o querella." En efecto, debe señalarse que la investigación del delito, en todas sus vertientes, dentro de una carpeta de investigación o causa penal, resulta necesario señalar que constituye una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, pues tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses de éste y la sociedad; esto es, a dicha institución le corresponde, conforme a lo establecido por el numeral 21 de nuestra Carta Magna, iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período a la investigación de los elementos del tipo descriptivo penal y datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto en la comisión del ilícito o delito, para que esté en posibilidad legal de realizar imputación ante la autoridad competente y posteriormente solicitar la vinculación a proceso, si procediere, siempre que, como se dijo, existan elementos para ello, derivándose así sus dos funciones, una como autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos denunciados, quien al judicializar la investigación pierde dicho carácter, y otra como parte en el proceso, siendo esta su otra función y la etapa procesal en la que interviene, advirtiéndose la investigación de los delitos es una facultad constitucional de la responsable que no es sujeta de control constitucional, para no entorpecer esa facultad. Es de señalarse que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, lo que tiene como consecuencia que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. Por ende, las actuaciones realizadas por dicho representante social en el ejercicio de ese derecho, especialmente aquéllas que van encaminadas a la integración de la carpeta de investigación, a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona o personas contra las cuales se dirigió la denuncia o querella, aun cuando fueren indebidas, no pueden constituir violación a las garantías individuales, y por ende, el amparo promovido en su contra, es improcedente. Aunado al hecho que la carpeta de investigación o causa penal, no importa, en sí misma, un mandato para que se prive al peticionario de su libertad, posesiones o derechos, ya que la investigación sólo tiene como finalidad solicitar al Juez respectivo, la formalización de la imputación y con posterioridad su vinculación a proceso, en contra de aquéllas personas que aparecen como presuntos responsables dentro de la indagatoria que se instruyó con motivo de determinados hechos que al concluir la integración de la investigación, se consideraron constitutivos de delito. Resultando claro que, el procedimiento de integración de la carpeta de investigación o causa penal respectiva, no agravia de manera alguna el interés jurídico del quejoso, (investigación e individualización), pues como ya se acotó, en líneas atrás, su trámite y ejercicio no se traduce en la privación de su libertad, de sus posesiones o derechos, por lo que, en todo caso, sería la resolución que en un momento dado pronuncie el Juez del proceso al decidir sobre la petición del Ministerio Público, la que podría trastocar su esfera jurídica, haciendo con ello procedente la vía de garantías, y no el referido acto del investigador. Así las cosas, resulta inconcuso que la orden de investigación, individualización e identificación, ordenada por la responsable que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, reúne el conjunto de actos consecuentes a la denuncia formulada ante dicho representante social y, en esa medida, es un acto que por sí mismo no genera afectación alguna, en tanto consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad indagadora en cumplimiento a un mandato constitucional ineludible, con el objeto de reunir elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito y apuntar a quienes pudieran resultar probable responsable en su comisión; actuación que no causa perjuicio, y por tanto, no requiere tutela constitucional en tanto no produce consecuencias lesivas. De ahí que la orden de investigación, no le causa violación a sus derechos constitucionales, debido a que la práctica de las diligencias de investigación tiene su origen en lo establecido en el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto investigar si los hechos denunciados son o no constitutivos de un hecho delictivo. Como se aprecia de ese marco jurídico, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el ejercicio de la acción penal o no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado, y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, conforme lo establecido en el artículo 21, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha la demanda de amparo promovida por Ángel González Juárez. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio procesal el que señala en la demanda de amparo y por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere toda vez que no proporcionan los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la ley de la materia, el cual dispone: HABILITACIÓN ACTUARIOS De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes.

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