Ángel Gómora Reza

Expediente 979/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
979/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Ángel Gómora Reza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    II.-Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio sin numeró signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el cual solicita se tenga por no presentada la demanda que dio origen al presente sumario dada la imposibilidad de obtener dato objetivo y cierto que identifique a la persona y domicilio del quejoso, máxime que en la institución a la que pertenece no existe denuncia por el delito de desaparición forzada en la persona del quejoso. En primer lugar cabe precisar que en observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmado por México el seis de febrero de dos mil siete y ratificado el dieciocho de marzo de dos mil ocho) y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (firmado por México el cuatro de mayo de dos mil uno y ratificada el veintiocho de febrero de dos mil dos), que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también rigen el orden jurídico de nuestro país conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano de control constitucional, oficiosamente ordenó tanto a las autoridades señaladas como responsables como a diversas practicaran las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del quejoso y les requirió toda la información para ello, de igual forma se solicitó a diversas dependencias, las cuales tienen cuentan con facultades para tener en su poder los domicilios de los gobernados, proporcionaran datos sobre el lugar en que se pudiera localizar tanto al quejoso como los promoventes, tal como se advierte de las actuaciones que integran el presente sumario, obteniendo un resultado negativo, pues dichas responsables adujeron: 1. No tener privado de la libertad al quejoso. 2. No contar con facultades para retener o privar de la libertad a persona alguna. 3. Que en su base de datos no contaban con domicilio de las personas. También cabe precisar que algunas autoridades si proporcionaron datos del lugar en que se podía encontrar tanto al promovente como al quejoso, pero al acudir a los mismos se obtuvo como respuesta el que no se conocía a los buscados. Lo anterior evidencia como ya se dijo que este juzgador efectuó todas las diligencias necesarias a fin de dar con el paradero del quejoso. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, la citada Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido; en este contexto, el derecho a conocer la verdad en casos de desaparición forzada de personas, implica el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos; el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento. Bajo lo cual, los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses; dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. Para lo cual, el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la víctima u ofendido de un delito, tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Así, el requisito de la ratificación de la demanda en estos casos no es una formalidad que impida ejercer el derecho humano a la verdad, pues se insiste los familiares o personas que resientan perjuicio con los actos precisados en el ocurso derechos humanos tienen expedito su derecho para realizar las denuncias correspondientes. En ese orden, en el caso no obstante la investigación emprendida por este juzgador no se logró localizar a los quejosos, a las personas que promovieron a su favor ni se tiene dato alguno de familiar que pudiera dar noticia del promovente, además de que, según informe de la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no existe denuncia en cuanto a los hechos materia del presente juicio de amparo. De lo anterior, se concluye que en el caso no se actualiza la figura desaparición forzada, pues como ya se expuso no existe dato de la existencia del quejoso, del promovente ni de algún familiar, pues lo lógico es que, ante los hechos que se precisaron en la demanda, los familiares del quejoso estuvieran al pendiente de la misma o en su defecto hubiesen realizado la denuncia respectiva y hasta la fecha de la emisión de la presente determinación ninguna persona ha comparecido para aportar datos ni para preguntar por el trámite del presente sumario. En ese orden, se estima que en el caso no se está en la hipótesis establecida en los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es suspender el procedimiento y esperar a que transcurra un año para tener por no interpuesta la demanda, pues como ya se precisó no existe dato real que conduzca a evidenciar que en la especie se trata de una desaparición forzada. En razón de lo anterior, como lo peticiona la representación social se ordenada levantar la suspensión del procedimiento decretada y se tiene por no interpuesta la demanda de amparo.

  2. Principal

    II. Se tiene por recibido el telegrama enviado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, por ausencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, mediante el cual informa que después de realizar una búsqueda en el libro de gobierno del área de detenidos, no se localizó antecedente o dato alguno del quejoso. ... Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que se han agotado los medios de localización del quejoso, sin que se obtuviera dato alguno de su paradero y lograr la ratificación de la demanda promovida a su favor por José Antonio González González, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafos cuarto y quinto de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento del presente asunto y se da vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, para que exponga lo que a esa representación social competente.

  3. Principal

    I.Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo 1804/2014-I y copias certificadas de la causa penal ******************** en siete tomos, así como testimonio de la resolución pronunciada el cinco de los actuales, en el amparo en revisión 82/2016, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee respecto al Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan entonces Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en términos del considerando tercero de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, para los efectos precisados en la sentencia recurrida." Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo al tribunal revisor, glósense al expediente las actuaciones originales que obran en el cuadernillo de antecedentes y procédase a la destrucción de las copias del mismo. Ahora bien, los efectos de la sentencia concesora son para que el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra en la que: 1. Excluya del proceso, por ser ilícita, la declaración ministerial de ********************, emitida el veintidós de junio de dos mil once; en la inteligencia que por las razones y fundamentos dados al principio del análisis de este asunto, debe considerarse válida esa parte en la que negó los hechos que le imputaron e incluso agregó su versión defensiva. 2. Analice con libertad de jurisdicción el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del hoy quejoso respecto de las conductas ilícitas que se le imputan, considerando que los testimonios que obran en copia certificada y que no fueron expresados dentro de la averiguación previa de donde deriva la causa penal de origen, deben ser valorados como documentales. 3. Con libertad de jurisdicción analice de nueva cuenta lo referente a la probable responsabilidad (vinculación) de ******************** al grupo delictivo, considerando los medios de prueba que tenga a su alcance, funde y motive su determinación, señale los preceptos con los cuales valoró las pruebas recabadas en lo individual y en su conjunto, el valor que le adjudique (plano, indiciario o ninguna eficacia); y precise con qué medios de prueba de la averiguación previa le son útiles para acreditar cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, plasmando los razonamientos adecuados al caso. 4. Con libertad de jurisdicción y considerando los medios de prueba a su alcance de manera fundada y motivada de nueva cuenta se pronuncie en lo relativo al cuerpo del delito y en su caso la probable responsabilidad referente a los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, imputados a ********************. La concesión del amparo se hace extensiva por lo que hace a la autoridad responsable señalada como ejecutora, Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente "Puente Grande". En ese tenor, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo y remitan las constancias que así lo acrediten. Se les apercibe que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como segundo y tercero transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se les hace saber que las penas a las que se harán acreedoras en caso de incumplimiento, serán las previstas en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo e injustificado a la ejecutoria de amparo, no las exime de responsabilidad, como lo prevé el artículo 195 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." Hágase saber a las autoridades constreñidas a acatar la sentencia de amparo, que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se situarían en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y el diverso 192, de la Ley de Amparo, relativos a las responsabilidades en que incurren las autoridades ante la desobediencia cometida al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y que aun cuando dejen el cargo que actualmente ostentan, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuviera al frente de él, de manera que podrán ser consignadas, aunque dejen de ser titulares obligados. Finalmente, devuélvase al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, las copias certificadas de la causa penal ******************** en siete tomos; solicitándole el acuse de recibo respectivo.

  4. Principal

    II.-SE AGREGAN PIEZAS POSTALES. Vistas las piezas postales devueltas por la Administradora de Correos del Módulo de Servicios Postales del Palacio de Justicia Federal, las cuales contienen los oficios 6059 y 6060, del índice de este Juzgado Federal enviados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y a la Procuraduría General de la República, con las leyendas "Es titular o Subprocurador" y "Dirigirlo como titular o procu. Gral. De la Rep."; atento a ello, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. SE REENVIAN OFICIOS. Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales reenvíense dichos oficios, a los domicilios y denominaciones actuales y correctas.

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