Angel Gerardo Ruiz Velazquez
Expediente 1303/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1303/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Angel Gerardo Ruiz Velazquez
Actuaciones
- Principal
MESA II A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ÁNGEL GERARDO RUIZ VELÁZQUEZ, contra actos del Dirección General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1303/2017. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. (...) Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por ÁNGEL GERARDO RUIZ VELÁZQUEZ, contra actos del Dirección General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez y otras autoridades; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1303/2017. Se instruye a la secretaria a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio se hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, CENTRO HISTÓRICO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN LA CUAL ´ACUERDA´ EN EL SEGUNDO PUNTO ´SE DESECHA POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN´". Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado y de los anexos exhibidos con la demanda de amparo, se advierte los siguientes datos: 1) Que mediante acuerdo de sanción DGDUCHE/DL/DVCO/MULTA/059/2017, de seis de septiembre de dos mil diecisiete, la Directora General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, determinó imponer multa al ahora quejoso por las razones ahí expuestas. 2) Contra dicho acuerdo promovió recurso de reconsideración, mismo que presentó ante la responsable el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, según se advierte del sello receptor. 3) El cinco de octubre de dos mil diecisiete, la responsable resolvió desechar el recurso de reconsideración por extemporáneo. Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Por su parte el artículo 107 Constitucional dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión." Del texto de los numerales transcritos se llega al conocimiento de que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual, pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo, examinado por la doctrina, adoptado en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por la parte promovente del juicio de amparo, y en el caso, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. En esa tesitura, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, ya que en el caso, el transcrito acto reclamado, pueden combatirse a través del juicio contencioso administrativo, previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, cuyo artículo 82, fracción IV, de dicho ordenamiento legal prevé: "Artículo 82.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: (.) IV. Entre los particulares y la administración pública municipal, en los casos a que se refiere el primer párrafo del artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca." [Lo resaltado no es de origen] A su vez, el artículo 125, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dispone: "Articulo 125.- La Justicia Administrativa en el Estado, se impartirá por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá a su cargo resolver las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares. Así como las que se susciten entre los Municipios entre sí o entre éstos y el Gobierno del Estado, como Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 93 consecuencia de los convenios que celebren para el ejercicio de funciones, de ejecución de obras o prestación de servicios públicos municipales; la Ley de Justicia Administrativa establecerá las normas para su organización y funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Será competente para conocer de las controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública Municipal, cuando no haya organismos o disposiciones de carácter municipal que diriman dichas controversias. Estas disposiciones deberán ser aprobadas por el Congreso del Estado. El Tribunal Contencioso Administrativo, será revisor en segunda instancia de las determinaciones que dicten los Juzgados de primera instancia que se formen con arreglo en esas leyes." [Lo resaltado no es de origen] En razón de la naturaleza administrativa de los actos reclamados, del cual se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo, al provenir dichos actos de una resolución de carácter fiscal, se estima que encuadran en lo previsto por el artículo 82, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; por lo que, contra ellos procede el Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ello es así, debido a que los actos reclamados por parte del peticionaria de amparo, constituyen una controversia entre la parte aquí quejosa y la Administración Pública Municipal. Además de que, la Ley citada establece la suspensión de los actos impugnados, en el artículo 185, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncie la sentencia definitiva, toda vez que establece: "ARTICULO 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento." No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio evidente al interés social, si contravienen disposiciones de orden público o si se deja sin materia el juicio. Salvo que esta se otorgue para efectos." En esa tesitura, al no observarse el principio de definitividad, que hace procedente al juicio constitucional, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, lo que motiva a desechar la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas aprobadas por la por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a páginas quinientos treinta y quinientos veinticinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, CCLXXI/2012 y CCLXXV/2012, ambos del tomo I, materias constitucional y común, cuyos contenidos son los siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
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