Ángel Gaytán Ortiz
Expediente 518/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ángel Gaytán Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del cuatro al diecisiete de agosto del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino; así como que no existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. Que no existen constancias o tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable o alguna de las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintiséis de julio del año en curso que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera, se hace la aclaración que se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión definitiva, que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su devolución o sobre su destino; así como tampoco existe recurso de revisión pendiente de resolver en el referido incidente. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE 26 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO:"V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 518/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Zacatecas, Ángel Gaytán Ortiz demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: I. Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (CECYTEZ- EMSAD). II. Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (SITCECYTEZ EMSAD). Actos reclamados: I. De la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (CECYTEZ-EMSAD), se reclama: a. La expedición y publicación de la Invitación (convocatoria) sin fecha, que emitió para participar en el "Proyecto de Mejora Institucional" para ocupar puestos de Auxiliar de Responsable de EMSaD por el ciclo escolar 2017/2018, y que distribuyeron e hicieron pública a través de los delegados sindicales de los planteles educativos CENTROS EMSaD sujetos a concurso, convocatoria que se estima directamente violatoria de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se emitió en perjuicio del suscrito quejoso. b. La ejecución de la convocatoria antes mencionada. c. El procedimiento y etapas de evaluación a que se refiere la convocatoria que se reclama. III. Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (SITCECYTEZ EMSAD), se reclama: a. La expedición y publicación de la Invitación (convocatoria) sin fecha, que emitió para participar en el "Proyecto de Mejora Institucional" para ocupar puestos de Auxiliar de Responsable de EMSaD por el ciclo escolar 2017/2018, y que distribuyeron e hicieron pública a través de los delegados sindicales de los planteles educativos CENTROS EMSaD sujetos a concurso, convocatoria que se estima directamente violatoria de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se emitió en perjuicio del suscrito quejoso. b. La ejecución de la convocatoria antes mencionada. c. El procedimiento y etapas de evaluación a que se refiere la convocatoria que se reclama. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 21-23), se registró la demanda bajo el número de expediente 518/2017 y se previno al quejoso para que, dentro del término de cinco días, precisara el acto que reclamaba, esto es, manifestara si se había registrado en el proyecto de mejora institucional para ocupar el puesto de auxiliar del responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) para el ciclo escolar 2017-2018 y entregado la documentación respectiva, para participar en la selección del concurso de la plaza que ocupaba y se puso a disposición. Luego, en proveído de dos de junio siguiente (fojas 26-27), se tuvo a la parte quejosa cumpliendo con la prevención precisada en el párrafo que antecede, por lo que se admitió a trámite la demanda referida; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tendrá ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consisten en: La expedición y publicación de la convocatoria y/o invitación que emitieron las autoridades responsables para participar en el "Proyecto de Mejora Institucional" para ocupar el puesto de Auxiliar del Responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) por el ciclo escolar 2017/2018. La ejecución de la referida convocatoria. El procedimiento y etapas de evaluación a que se refiere la convocatoria reclamada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a distancia (fojas 31-33) ni el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Zacatecas (fojas 55-58) realizaron manifestación expresa sobre la aceptación o negativa del acto que se les reclama al momento de emitir su respectivo informe justificado, pues en estos únicamente se limitaron a defender la constitucionalidad de su acto, sin embargo, del análisis de dichos documentos se advierte, esencialmente, que el siete de abril se emitió la invitación al personal de dicha institución educativa para participar en el "Proyecto de Mejora Institucional" para ocupar los puestos de auxiliar del responsable de EMSaD (Centros de Educación Media Superior a Distancia) para el ciclo escolar 2017-2017. Por tanto, al existir manifestaciones de certeza en los informes justificados en análisis debe tenerse como existente el acto reclamado a las autoridades citadas, consistentes en la convocatoria reclamada. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, del rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Aunado, a que las autoridades responsables en cita remitieron copia certificada de la aludida convocatoria y/o invitación; documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, se relataran los antecedentes de la convocatoria combatida. 1. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas otorgó a Ángel Gaytán Ortiz la orden de presentación (comisión) para incorporarse al Centro de Educación Media Superior a Distancia Ramón López Velarde en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en el puesto de auxiliar del responsable "C", durante el periodo comprendido del dieciséis de febrero al quince de agosto de dos mil diecisiete (foja 14). 2. El siete de abril siguiente, la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a Distancia y el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de dicha institución educativa emitieron la convocatoria y/o invitación interna a fin de que los interesados en ella participaran en el "Proyecto de Mejora Institucional para ocupar puestos de Auxiliar del Responsable de EMSaD por el ciclo escolar 2017/2018 en diversos centros educativos de la entidad (fojas 34-40). La convocatoria anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. En el caso, las autoridades responsables en sus informes justificados, respectivamente, solicitan que se decrete el sobreseimiento del presente juicio, toda vez que acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por tanto, se actualiza, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo (foja 83) El alegato anterior resulta fundado, dado que no se reclaman actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, del referido ordenamiento legal disponen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte... "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de derechos se encuentra supeditada al hecho de que las normas generales, actos u omisiones que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, el concepto de autoridad implica la facultad de decisión por parte de a quien se atribuya dicho carácter. En ese contexto, en términos de la fracción II del artículo 5° citado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De manera que para que un particular pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo debe realizar un acto con las notas distintivas destacadas y con base en el ejercicio de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimoprimer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, Página: 3823: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". Luego, no basta que los particulares actúen de manera unilateral en perjuicio de los gobernados, sino que el factor principal para considerar que se trata de un acto de autoridad radica en el hecho de que sus funciones deben estar determinadas por una norma general. De ahí que para establecer si la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a distancia y el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Zacatecas, autoridades señaladas como responsables, tienen tal carácter, sus actos deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación, para ser considerados equivalentes a los de autoridad y, por ende, ser reclamables mediante el juicio constitucional. Lo que implica que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, es que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, que el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; por lo que, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual), que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Entendiéndose por estos tipos de relaciones, lo siguiente: Relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. Relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Lo anterior con apoyo, en lo conducente, en la tesis I.15o.A.36 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. " Conforme a lo anterior, esta juzgadora estima que ni a la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a Distancia, ni al Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Zacatecas, les asiste el carácter de autoridades responsables. Ello es así, pues para ser consideradas autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deben emitir y ejecutar el acto en un plano de supra a subordinación en relación con otro particular. Como se dijo, de las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. En ese contexto, los artículos 1°, 4°, fracción V, 14, fracción IX y 24 del acuerdo de creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas establecen lo siguiente: "Art. 1°. Se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en lo sucesivo se le denominará «El CECyTE». (.) Art. 4º Para el cumplimiento de su objeto, «El CECyTE» tendrá las siguientes funciones: (.) V. Organizar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico, conforme a lo previsto en este Acuerdo; (.) Art. 14. Son facultades del director general: (.) IX. Nombrar y remover al personal académico, técnico y administrativo de «El CECyTE», de conformidad con las disposiciones aplicables; (.) Art. 24. Las relaciones laborales entre el «El CECyTE» y su personal académico, técnico de apoyo, administrativo y de servicios, se regularán según el caso, por la Ley de Servicios Civil, por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y demás disposiciones aplicables. Todos los servidores públicos de «El CECyTE» gozarán de la seguridad social, que instituye a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los que quedarán incorporados a dicho régimen.". De los normativos anteriores se desprende lo siguiente: El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Zacatecas, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Entre las funciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas se encuentra, entre otras, la organización de los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico. El director general de dicha institución tendrá la facultad, entre otras, de nombrar y remover al personal académico, técnico y administrativo de los centros educativos de referencia. Las relaciones laborales que se susciten entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y su personal académico, técnico de apoyo, administrativo y de servicios, se regularán según el caso, por la Ley de Servicios Civil, por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y demás disposiciones aplicables. De lo expuesto, se advierte que el mencionado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas es un organismo público descentralizado del gobierno del Zacatecas con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior; por tanto, conforme al artículo 3o, fracción VII de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. En esa línea, los artículos 1, 2, fracción I, y 3 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 1 La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio. Artículo 3. Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. De los anteriores preceptos se advierte que la referida ley regula la relación laboral entre los Poderes del Estado y sus trabajadores. En ese sentido, se establece por trabajadores del Estado debe entenderse todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. Por tanto, la ley anterior constituye el ordenamiento que regula las relaciones de los trabajadores del Estado, en particular, los que desempeñan una función subordinada y remunerada para los municipios, en virtud de un nombramiento expedido. En consecuencia, por regla general, la relación de los servidores estatales dependientes a la Secretaría de Educación Estatal, es de naturaleza laboral, ya que en esos casos el estado actúa como un patrón sui generis, tal como se advierte de la fracción I del artículo 2 de la ley en comento; con excepción de los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, debido a que su relación es administrativa, por disposición constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, por las razones que informa, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 24/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Novena Época, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página cuarenta y tres, que dispone: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito". Luego, la relación existente entre los empleados pertenecientes a alguna dependencia pública del Estado de Zacatecas y sus servidores públicos es de naturaleza laboral. En concordancia con lo anterior, en el Título Octavo denominado Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, los artículos 146 y 158, fracción I, de la ley burocrática citada establecen: "Artículo 146 Los conflictos de trabajo de su competencia serán resueltos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje". "Artículo 158 El Tribunal será competente para: I. Conocer y resolver de los conflictos individuales o colectivos que se susciten: a. Entre titulares de una entidad pública y sus trabajadoras y trabajadores". Del normativo anterior se desprende que para resolver los conflictos laborales relacionados con los trabajadores estatales se encuentra establecido el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En particular, son competencia del tribunal citado, los conflictos individuales que se susciten entre los funcionarios públicos y las entidades públicas en comento. Sobre esa base, en principio, todo acto de molestia realizado por alguna dependencia pública estatal a sus servidores públicos es de naturaleza laboral, por realizarse por éstos en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran como servidores públicos, de conformidad con los artículos 115, fracción VIII, y 123 constitucionales. Lo anterior, salvo los casos en que se trate de una sanción firme derivada de una responsabilidad en el ejercicio del servicio público, pues únicamente en este supuesto puede considerarse que el acto es de naturaleza administrativa. Es ilustrativa de lo considerado, por las razones que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Novena Época, julio de dos mil diez, página trescientos catorce, que dispone: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento". Entonces, las convocatorias y/o invitaciones emitidas por la dirección del plantel educativo responsable, a efecto de concursar por una plaza vacante en dicho centro, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, generan un conflicto entre el funcionario público que se encuentre ocupando la plaza como trabajador y la institución como patrón. De ahí que los nombramientos, destituciones y requerimientos realizados por las instituciones en referencia en su calidad de patrones y al formar parte de la administración pública estatal, no pueden constituir un acto de autoridad, dado que en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes; esto último, dado que se encuentran en un plano de igualdad, al ser un tercero ajeno a la controversia a quien corresponde resolver lo conducente de manera imparcial. Lo anterior tiene como consecuencia que las determinaciones de los entes públicos estatales en las que se modifiquen las condiciones laborales de sus trabajadores están sujetas a la jurisdicción del tribunal de arbitraje del Estado de Zacatecas. En consecuencia, cualquier cuestión que surja con motivo de tales actos debe ser ventilada ante el tribunal referido. Es sustento de lo determinado, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 97/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, noviembre de dos mil tres, página ciento cincuenta y dos, que dispone: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto". En esta instancia constitucional, como se precisó, el reclamo constitucional se centra en la afectación de la relación laboral derivada del cargo de auxiliar del responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) que el quejoso desempeña para dicha institución, con motivo de la convocatoria y/o invitación que las autoridades responsables lanzaron para ocupar dicha plaza para el ciclo escolar siguiente. La inconformidad toral radica en el hecho de que, a juicio del quejoso, es inminente que con la convocatoria reclamada se afectarán los derechos adquiridos respecto del nombramiento que le otorgó. De lo anterior se advierte que la materia del acto reclamado, se integra por la afectación de la relación derivada del carácter de trabajador estatal del quejoso, pues la legitimación la hace descansar en el nombramiento de auxiliar del responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) que tiene en esa institución educativa y de su inminente terminación. Luego, es evidente que la relación jurídica subyacente es de carácter laboral, es decir, se trata de un trabajador del Estado, lo que conlleva que el vínculo entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables es de coordinación (patrón-trabajador) y no de supra a subordinación. Lo anterior, pues, como se expuso, las cuestiones relativas a las condiciones laborales de los trabajadores del Estado deben plantarse ante el tribunal burocrático de dicha entidad. Sin que en el caso se reclame la imposición de una sanción de carácter administrativa que implique una determinación unilateral por parte del Estado. En consecuencia, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional, pues la reclamación base de la demanda de derechos, se insiste, involucra únicamente una cuestión laboral, por lo que el quejoso se encuentra en una relación de coordinación con las autoridades señaladas como responsables. Por otra parte, no se soslaya, de que la citada dependencia educativa, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Zacatecas, pueden considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Así, la convocatoria emitida por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas invitando al personal a participar en el proceso de selección para ingresar a éste y ocupar las plazas disponibles en ella, no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues dicho acto únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en concursar por las vacantes disponibles. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 78/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXIX, Junio de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 296 del rubro y texto siguiente: "ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA INVITANDO A LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A AQUÉLLAS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO. Es cierto que la citada Secretaría, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, puede considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Así, la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación invitando a los egresados del bachillerato a participar en el proceso de selección para ingresar a las escuelas normales del Estado de Jalisco no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, pues únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en cursar las licenciaturas impartidas en las indicadas escuelas normales." En suma, las convocatorias y/o invitaciones por las cuales se invita al personal adscrito al plantel educativo responsable, a fin de que concursen por las plazas que se encuentren vacantes no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, ya que al tratarse de una cuestión laboral, la relación subyacente es de coordinación y no de subordinación. En ese orden de ideas, se insiste la convocatoria reclamada y el proceso de selección no constituyen actos de autoridad reclamables en el juicio de amparo, pues no tienen más alcance que invitar al personal de la institución responsable a participar en el concurso de selección para ocupar una plaza vacante. Lo anterior, porque si bien, la convocatoria por la que se dan a conocer las bases para participar en el proceso de selección para ocupar una vacante en el puesto de auxiliar del responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) para el ciclo escolar 2017/2018 (puesto que el quejoso ocupaba al momento de presentar la demanda de amparo que originó el presente juicio) fue de emitido de forma unilateral, lo cierto es que del contenido de la convocatoria de mérito, no se advierte que tenga una actuación coercitiva, de imperio, u obligatoriedad, entendiéndose ésta como la posibilidad de emplear los medios de apremio para ejecutarlas aun en contra de la voluntad del que pudiera considerarse afectado, ni se advierte que el requerimiento realizado, implique que se esté actuando con imperio, característica que identifica a las relaciones de supra a subordinación. Por ello, se sostiene que en este caso, el acto reclamado no debe ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, máxime que, según lo manifestado por el quejoso, éste no concursó en el referido proceso para obtener la vacante disponible y con ello, en caso de resultar vencedor, siguiera desempañando la labor que realizaba, aunado que no existe constancia alguna que ponga en evidencia que se haya realizado apercibimiento alguno al quejoso para no concursar en el proceso de selección o atender la convocatoria reclamada. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Lo anterior, sin que pase inadvertido de que las autoridades responsables hicieron valer diversas causales de improcedencia en el presente juicio, no obstante, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, resulta innecesario el análisis de éstas, pues en caso de que alguna resultara fundada o no, no cambiaría el sentido de la presente sentencia. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J25498, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, agosto de 1998, página 414, de ubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Entonces, con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el quejoso, tendentes a demostrar la violación de derechos. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Gaytan Ortiz, contra los actos reclamados a la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a Distancia y Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia, ambos del Estado de Zacatecas; por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia." SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
- Principal
Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Secretario General del Sindicatos de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (fojas 31-33 y 55-58) y de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a la juez con la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda (fojas 12-20), así como con la presuncional en su doble aspecto legal y humana; y, con la diversas documentales que remitieron en apoyo a su informe con justificación las autoridades responsables (fojas 34-53, 59-66 y 89-101) A lo que la Juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por las partes procesales citadas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. La secretaria da cuenta con los vertidos por la autoridad responsable, por conducto de su apoderada, a través de sus escritos registrados con los números de folio 8994 y 8995 presentados en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de junio de la presente anualidad (fojas 82-88 y 102-108). A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones de la autoridad responsable y se da por concluida la presente etapa, por lo que, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a emitir la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 518/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Zacatecas, Ángel Gaytán Ortiz demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: "I. Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (CECYTEZ- EMSAD). II. Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (SITCECYTEZ EMSAD).". Actos reclamados: "I. De la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (CECYTEZ-EMSAD), se reclama: a. La expedición y publicación de la Invitación (convocatoria) sin fecha, que emitió para participar en el "Proyecto de Mejora Institucional" para ocupar puestos de Auxiliar de Responsable de EMSaD por el ciclo escolar 2017/2018, y que distribuyeron e hicieron pública a través de los delegados sindicales de los planteles educativos CENTROS EMSaD sujetos a concurso, convocatoria que se estima directamente violatoria de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se emitió en perjuicio del suscrito quejoso. b. La ejecución de la convocatoria antes mencionada. c. El procedimiento y etapas de evaluación a que se refiere la convocatoria que se reclama. III. Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (SITCECYTEZ EMSAD), se reclama: a. La expedición y publicación de la Invitación (convocatoria) sin fecha, que emitió para participar en el "Proyecto de Mejora Institucional" para ocupar puestos de Auxiliar de Responsable de EMSaD por el ciclo escolar 2017/2018, y que distribuyeron e hicieron pública a través de los delegados sindicales de los planteles educativos CENTROS EMSaD sujetos a concurso, convocatoria que se estima directamente violatoria de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que se emitió en perjuicio del suscrito quejoso. b. La ejecución de la convocatoria antes mencionada. c. El procedimiento y etapas de evaluación a que se refiere la convocatoria que se reclama." Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 21-23), se registró la demanda bajo el número de expediente 518/2017 y se previno al quejoso para que, dentro del término de cinco días, precisara el acto que reclamaba, esto es, manifestara si se había registrado en el proyecto de mejora institucional para ocupar el puesto de auxiliar del responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) para el ciclo escolar 2017-2018 y entregado la documentación respectiva, para participar en la selección del concurso de la plaza que ocupaba y se puso a disposición. Luego, en proveído de dos de junio siguiente (fojas 26-27), se tuvo a la parte quejosa cumpliendo con la prevención precisada en el párrafo que antecede, por lo que se admitió a trámite la demanda referida; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tendrá ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consisten en: La expedición y publicación de la convocatoria y/o invitación que emitieron las autoridades responsables para participar en el "Proyecto de Mejora Institucional" para ocupar el puesto de Auxiliar del Responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) por el ciclo escolar 2017/2018. La ejecución de la referida convocatoria. El procedimiento y etapas de evaluación a que se refiere la convocatoria reclamada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a distancia (fojas 31-33) ni el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Zacatecas (fojas 55-58) realizaron manifestación expresa sobre la aceptación o negativa del acto que se les reclama al momento de emitir su respectivo informe justificado, pues en estos únicamente se limitaron a defender la constitucionalidad de su acto, sin embargo, del análisis de dichos documentos se advierte, esencialmente, que el siete de abril se emitió la invitación al personal de dicha institución educativa para participar en el "Proyecto de Mejora Institucional" para ocupar los puestos de auxiliar del responsable de EMSaD (Centros de Educación Media Superior a Distancia) para el ciclo escolar 2017-2017. Por tanto, al existir manifestaciones de certeza en los informes justificados en análisis debe tenerse como existente el acto reclamado a las autoridades citadas, consistentes en la convocatoria reclamada. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Octava Época, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, del rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Aunado, a que las autoridades responsables en cita remitieron copia certificada de la aludida convocatoria y/o invitación; documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, se relataran los antecedentes de la convocatoria combatida. 1. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas otorgó a Ángel Gaytán Ortiz la orden de presentación (comisión) para incorporarse al Centro de Educación Media Superior a Distancia Ramón López Velarde en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en el puesto de auxiliar del responsable "C", durante el periodo comprendido del dieciséis de febrero al quince de agosto de dos mil diecisiete (foja 14). 2. El siete de abril siguiente, la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a Distancia y el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de dicha institución educativa emitieron la convocatoria y/o invitación interna a fin de que los interesados en ella participaran en el "Proyecto de Mejora Institucional para ocupar puestos de Auxiliar del Responsable de EMSaD por el ciclo escolar 2017/2018 en diversos centros educativos de la entidad (fojas 34-40). La convocatoria anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, las autoridades responsables en sus informes justificados, respectivamente, solicitan que se decrete el sobreseimiento del presente juicio, toda vez que acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por tanto, se actualiza, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo (foja 83) El alegato anterior resulta fundado, dado que no se reclaman actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, del referido ordenamiento legal disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de derechos se encuentra supeditada al hecho de que las normas generales, actos u omisiones que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, el concepto de autoridad implica la facultad de decisión por parte de a quien se atribuya dicho carácter. En ese contexto, en términos de la fracción II del artículo 5° citado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De manera que para que un particular pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo debe realizar un acto con las notas distintivas destacadas y con base en el ejercicio de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimoprimer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, Página: 3823: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". Luego, no basta que los particulares actúen de manera unilateral en perjuicio de los gobernados, sino que el factor principal para considerar que se trata de un acto de autoridad radica en el hecho de que sus funciones deben estar determinadas por una norma general. De ahí que para establecer si la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a distancia y el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Zacatecas, autoridades señaladas como responsables, tienen tal carácter, sus actos deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación, para ser considerados equivalentes a los de autoridad y, por ende, ser reclamables mediante el juicio constitucional. Lo que implica que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, es que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, que el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; por lo que, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual), que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Entendiéndose por estos tipos de relaciones, lo siguiente: Relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. Relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Lo anterior con apoyo, en lo conducente, en la tesis I.15o.A.36 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. " Conforme a lo anterior, esta juzgadora estima que ni a la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a Distancia, ni al Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Zacatecas, les asiste el carácter de autoridades responsables. Ello es así, pues para ser consideradas autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deben emitir y ejecutar el acto en un plano de supra a subordinación en relación con otro particular. Como se dijo, de las consideraciones anteriores, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra vinculado con las relaciones jurídicas denominadas de supra o subordinación, entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. En ese contexto, los artículos 1°, 4°, fracción V, 14, fracción IX y 24 del acuerdo de creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas establecen lo siguiente: "Art. 1°. Se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en lo sucesivo se le denominará «El CECyTE». (.) Art. 4º Para el cumplimiento de su objeto, «El CECyTE» tendrá las siguientes funciones: (.) V. Organizar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico, conforme a lo previsto en este Acuerdo; (.) Art. 14. Son facultades del director general: (.) IX. Nombrar y remover al personal académico, técnico y administrativo de «El CECyTE», de conformidad con las disposiciones aplicables; (.) Art. 24. Las relaciones laborales entre el «El CECyTE» y su personal académico, técnico de apoyo, administrativo y de servicios, se regularán según el caso, por la Ley de Servicios Civil, por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y demás disposiciones aplicables. Todos los servidores públicos de «El CECyTE» gozarán de la seguridad social, que instituye a Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los que quedarán incorporados a dicho régimen.". De los normativos anteriores se desprende lo siguiente: El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Zacatecas, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Entre las funciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas se encuentra, entre otras, la organización de los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico. El director general de dicha institución tendrá la facultad, entre otras, de nombrar y remover al personal académico, técnico y administrativo de los centros educativos de referencia. Las relaciones laborales que se susciten entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y su personal académico, técnico de apoyo, administrativo y de servicios, se regularán según el caso, por la Ley de Servicios Civil, por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y demás disposiciones aplicables. De lo expuesto, se advierte que el mencionado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas es un organismo público descentralizado del gobierno del Zacatecas con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior; por tanto, conforme al artículo 3o, fracción VII de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. En esa línea, los artículos 1, 2, fracción I, y 3 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas disponen: "Artículo 1 La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores. Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio. Artículo 3. Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. De los anteriores preceptos se advierte que la referida ley regula la relación laboral entre los Poderes del Estado y sus trabajadores. En ese sentido, se establece por trabajadores del Estado debe entenderse todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. Por tanto, la ley anterior constituye el ordenamiento que regula las relaciones de los trabajadores del Estado, en particular, los que desempeñan una función subordinada y remunerada para los municipios, en virtud de un nombramiento expedido. En consecuencia, por regla general, la relación de los servidores estatales dependientes a la Secretaría de Educación Estatal, es de naturaleza laboral, ya que en esos casos el estado actúa como un patrón sui generis, tal como se advierte de la fracción I del artículo 2 de la ley en comento; con excepción de los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, debido a que su relación es administrativa, por disposición constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, por las razones que informa, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 24/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Novena Época, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página cuarenta y tres, que dispone: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito". Luego, la relación existente entre los empleados pertenecientes a alguna dependencia pública del Estado de Zacatecas y sus servidores públicos es de naturaleza laboral. En concordancia con lo anterior, en el Título Octavo denominado Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, los artículos 146 y 158, fracción I, de la ley burocrática citada establecen: "Artículo 146 Los conflictos de trabajo de su competencia serán resueltos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje". "Artículo 158 El Tribunal será competente para: I. Conocer y resolver de los conflictos individuales o colectivos que se susciten: a. Entre titulares de una entidad pública y sus trabajadoras y trabajadores". Del normativo anterior se desprende que para resolver los conflictos laborales relacionados con los trabajadores estatales se encuentra establecido el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En particular, son competencia del tribunal citado, los conflictos individuales que se susciten entre los funcionarios públicos y las entidades públicas en comento. Sobre esa base, en principio, todo acto de molestia realizado por alguna dependencia pública estatal a sus servidores públicos es de naturaleza laboral, por realizarse por éstos en su calidad de patrón equiparado de los trabajadores que laboran como servidores públicos, de conformidad con los artículos 115, fracción VIII, y 123 constitucionales. Lo anterior, salvo los casos en que se trate de una sanción firme derivada de una responsabilidad en el ejercicio del servicio público, pues únicamente en este supuesto puede considerarse que el acto es de naturaleza administrativa. Es ilustrativa de lo considerado, por las razones que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Novena Época, julio de dos mil diez, página trescientos catorce, que dispone: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento". Entonces, las convocatorias y/o invitaciones emitidas por la dirección del plantel educativo responsable, a efecto de concursar por una plaza vacante en dicho centro, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en todo caso, generan un conflicto entre el funcionario público que se encuentre ocupando la plaza como trabajador y la institución como patrón. De ahí que los nombramientos, destituciones y requerimientos realizados por las instituciones en referencia en su calidad de patrones y al formar parte de la administración pública estatal, no pueden constituir un acto de autoridad, dado que en este caso no existe una relación de supra a subordinación con un particular, sino que la relación es de coordinación entre las partes; esto último, dado que se encuentran en un plano de igualdad, al ser un tercero ajeno a la controversia a quien corresponde resolver lo conducente de manera imparcial. Lo anterior tiene como consecuencia que las determinaciones de los entes públicos estatales en las que se modifiquen las condiciones laborales de sus trabajadores están sujetas a la jurisdicción del tribunal de arbitraje del Estado de Zacatecas. En consecuencia, cualquier cuestión que surja con motivo de tales actos debe ser ventilada ante el tribunal referido. Es sustento de lo determinado, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 97/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Novena Época, noviembre de dos mil tres, página ciento cincuenta y dos, que dispone: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto". En esta instancia constitucional, como se precisó, el reclamo constitucional se centra en la afectación de la relación laboral derivada del cargo de auxiliar del responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) que el quejoso desempeña para dicha institución, con motivo de la convocatoria y/o invitación que las autoridades responsables lanzaron para ocupar dicha plaza para el ciclo escolar siguiente. La inconformidad toral radica en el hecho de que, a juicio del quejoso, es inminente que con la convocatoria reclamada se afectarán los derechos adquiridos respecto del nombramiento que le otorgó. De lo anterior se advierte que la materia del acto reclamado, se integra por la afectación de la relación derivada del carácter de trabajador estatal del quejoso, pues la legitimación la hace descansar en el nombramiento de auxiliar del responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) que tiene en esa institución educativa y de su inminente terminación. Luego, es evidente que la relación jurídica subyacente es de carácter laboral, es decir, se trata de un trabajador del Estado, lo que conlleva que el vínculo entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables es de coordinación (patrón-trabajador) y no de supra a subordinación. Lo anterior, pues, como se expuso, las cuestiones relativas a las condiciones laborales de los trabajadores del Estado deben plantarse ante el tribunal burocrático de dicha entidad. Sin que en el caso se reclame la imposición de una sanción de carácter administrativa que implique una determinación unilateral por parte del Estado. En consecuencia, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional, pues la reclamación base de la demanda de derechos, se insiste, involucra únicamente una cuestión laboral, por lo que el quejoso se encuentra en una relación de coordinación con las autoridades señaladas como responsables. Por otra parte, no se soslaya, de que la citada dependencia educativa, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Zacatecas, pueden considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Así, la convocatoria emitida por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas invitando al personal a participar en el proceso de selección para ingresar a éste y ocupar las plazas disponibles en ella, no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues dicho acto únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en concursar por las vacantes disponibles. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 78/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXIX, Junio de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 296 del rubro y texto siguiente: "ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE JALISCO. LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA INVITANDO A LOS EGRESADOS DEL BACHILLERATO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESAR A AQUÉLLAS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN AMPARO. Es cierto que la citada Secretaría, en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Ley de Educación, ambas del Estado de Jalisco, puede considerarse, en principio, una autoridad, en la medida que sus atribuciones están previstas en la legislación y, en consecuencia, puede emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir su voluntad; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emita necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Así, la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación invitando a los egresados del bachillerato a participar en el proceso de selección para ingresar a las escuelas normales del Estado de Jalisco no es un acto de autoridad impugnable a través del juicio de garantías, pues únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que dicha convocatoria no está dirigida a una persona en particular, sino a la colectividad interesada en cursar las licenciaturas impartidas en las indicadas escuelas normales." En suma, las convocatorias y/o invitaciones por las cuales se invita al personal adscrito al plantel educativo responsable, a fin de que concursen por las plazas que se encuentren vacantes no constituyen actos de autoridad para efectos del amparo, ya que al tratarse de una cuestión laboral, la relación subyacente es de coordinación y no de subordinación. En ese orden de ideas, se insiste la convocatoria reclamada y el proceso de selección no constituyen actos de autoridad reclamables en el juicio de amparo, pues no tienen más alcance que invitar al personal de la institución responsable a participar en el concurso de selección para ocupar una plaza vacante. Lo anterior, porque si bien, la convocatoria por la que se dan a conocer las bases para participar en el proceso de selección para ocupar una vacante en el puesto de auxiliar del responsable de educación media superior a distancia (EMSaD) para el ciclo escolar 2017/2018 (puesto que el quejoso ocupaba al momento de presentar la demanda de amparo que originó el presente juicio) fue de emitido de forma unilateral, lo cierto es que del contenido de la convocatoria de mérito, no se advierte que tenga una actuación coercitiva, de imperio, u obligatoriedad, entendiéndose ésta como la posibilidad de emplear los medios de apremio para ejecutarlas aun en contra de la voluntad del que pudiera considerarse afectado, ni se advierte que el requerimiento realizado, implique que se esté actuando con imperio, característica que identifica a las relaciones de supra a subordinación. Por ello, se sostiene que en este caso, el acto reclamado no debe ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, máxime que, según lo manifestado por el quejoso, éste no concursó en el referido proceso para obtener la vacante disponible y con ello, en caso de resultar vencedor, siguiera desempañando la labor que realizaba, aunado que no existe constancia alguna que ponga en evidencia que se haya realizado apercibimiento alguno al quejoso para no concursar en el proceso de selección o atender la convocatoria reclamada. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Lo anterior, sin que pase inadvertido de que las autoridades responsables hicieron valer diversas causales de improcedencia en el presente juicio, no obstante, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, resulta innecesario el análisis de éstas, pues en caso de que alguna resultara fundada o no, no cambiaría el sentido de la presente sentencia. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J25498, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, agosto de 1998, página 414, de ubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Entonces, con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el quejoso, tendentes a demostrar la violación de derechos. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Gaytan Ortiz, contra los actos reclamados a la Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y Educación Media Superior a Distancia y Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y Centros de Educación Media Superior a Distancia, ambos del Estado de Zacatecas; por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
El tres de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con dos escritos registrados bajo el folios 8994 y 8995. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de julio de dos mil diecisiete. Agréguense al sumario para que obren como corresponda los escritos de cuenta signados por María Elena Guerrero Candelas, apoderada general para pleitos y cobranzas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (personalidad que acredita con el instrumento notarial número 19,617 (diecinueve mil seiscientos diecisiete, expedido por el Notario Público número 30 del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad); en atención a su contenido téngase por hechas las manifestaciones que esgrime en su libelo a manera de alegatos; los que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional. Por último, con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la promovente ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que adjunta al oficio que se provee; las que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa legalmente asistida con el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, que autoriza y da fe. Ángeles
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