Angel Gavilan Torres
Expediente 1376/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angel Gavilan Torres
Actuaciones
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que este día tendría verificativo la audiencia incidental dentro del presente juicio; sin embargo, a la fecha no se cuenta con el informe previo de las autoridades responsables, ni constancia de notificación del oficio por el que se les requirió el informe previo. En consecuencia, para dar oportunidad a que las autoridades responsables rindan su informe previo, lo procedente es diferir la audiencia incidental señalada para este día; y, en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que este día tendría verificativo la audiencia incidental dentro del presente juicio; sin embargo, a la fecha no se cuenta con el informe previo de las autoridades responsables, ni constancia de notificación del oficio por el que se les requirió el informe previo. En consecuencia, para dar oportunidad a que las autoridades responsables rindan su informe previo, lo procedente es diferir la audiencia incidental señalada para este día; y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otra parte, agréguense a los autos los escritos firmados por el quejoso Ángel Gavilán Torres, mediante los cuales con el primero ofrece pruebas, realiza diversas manifestaciones referentes a la ampliación de medidas de provisionales y formula alegatos; y con el segundo solicita el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa y la práctica de notificaciones por el mismo medio. Por lo que hace al primer escrito se reserva proveer respecto a su contenido, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe previo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con base en el usuario "********************", toda vez que de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho usuario sí se encuentra registrado y autorizado para realizar la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo al nombre de la promovente, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A", a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Notificaciones electrónicas. De conformidad con los artículos 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el considerando octavo, fracciones III y IV, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones electrónica siempre y cuando se realice con base al usuario "********************", y se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se precisa al promovente que está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema dentro de los plazos señalados, este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. De igual forma se precisa que las notificaciones realizadas por esta vía -electrónica-, surtirá efectos cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado físicamente por ********************, mediante el cual subsana la prevención efectuada por auto de trece de octubre de dos mil veintitrés; en tales condiciones, este juzgado de Distrito al respecto provee: Admisión de demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, respecto de las autoridades y acto siguiente: Presidente Municipal de Axochiapan, Morelos. Director de Catastro Municipal de Axochiapan, Morelos. Director (a) de Impuesto Predial e I.S.A.B.I. del Municipio de Axochiapan, Morelos. Secretario General del Ayuntamiento del Municipio d Axochiapan, Morelos. Síndico del Ayuntamiento del Municipio d Axochiapan, Morelos: La negación administrativa a seguir pagando y haciendo tramites de actualización de la documentación bajo el número de cuenta catastral ********************, relativo al predio ********************. Del incidente de suspensión Se ordena formar el incidente de suspensión de conformidad con los artículos 110 y 128 de la ley de la materia. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente referido, pues de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dicho cuaderno se encuentra conformado por las constancias digitalizadas que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de informe justificado De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remita copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se le impondrá a la omisa en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De las pruebas Conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar" Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1376/2023-II, promovido por Ángel Gavilán Torres, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Axochiapan, Morelos y otras. Requerimiento del informe previo. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, el cual deberán rendirlo dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándosele para tal efecto copia de la demanda, en el que se deberá concretar a expresar si es cierto o no el acto reclamado que se le atribuye, podrá manifestar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, en caso de que el acto reclamado sea cierto, deberán remitir copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obren en su poder, relacionadas con los actos reclamados, y apercíbase que de no hacerlo, en el plazo indicado, se le impondrá a la omisa una multa, por el importe de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 260 de la Ley de Amparo. De la audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Precisión del acto reclamado. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: Presidente Municipal de Axochiapan, Morelos. Director de Catastro Municipal de Axochiapan, Morelos. Director (a) de Impuesto Predial e I.S.A.B.I. del Municipio de Axochiapan, Morelos. Secretario General del Ayuntamiento del Municipio d Axochiapan, Morelos. Síndico del Ayuntamiento del Municipio d Axochiapan, Morelos: La negación administrativa a seguir pagando y haciendo tramites de actualización de la documentación bajo el número de cuenta catastral 7210-01-003-001, relativo al predio urbano ubicado en calle Juárez sin número, colonia los Gavilanes del Poblado de Tlalayo del Municipio de Axochiapan, Morelos. Negativa de la suspensión provisional. Ahora bien, en atención a lo dispuesto por los artículos 128, 138, fracción I, y 147, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto precisado consistente en la negación administrativa a seguir pagando y haciendo tramites de actualización de la documentación bajo el número de cuenta catastral 7210-01-003-001, relativo al predio urbano ubicado en calle Juárez sin número, colonia los Gavilanes del Poblado de Tlalayo del Municipio de Axochiapan, Morelos. Lo anterior es así, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotó a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Se precisó que el último supuesto, se trata de un amparo provisorio, identificado como adelanto provisional, en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo. Las consideraciones anteriores, se encuentran contenidas en la tesis aislada 2a. LXXI/2017 (10a.), con registro 2014400, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, Materias Constitucional y Administrativa, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1436, que dice: "JUEGOS CON APUESTAS O SORTEOS. EL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo el legislador estableció como regla general la improcedencia de la suspensión en el juicio de amparo cuando se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; por su parte, el artículo 129 de la misma ley señala diversos supuestos en los que la afectación se entiende presupuesta; en el caso de su fracción I, cuando continúe el funcionamiento de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos. Sin embargo, en cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 129 citado también dispone que el órgano jurisdiccional de amparo, excepcionalmente, podrá conceder la suspensión si, a su juicio, con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Así, mediante esta disposición, el legislador permite al juzgador realizar en cada caso un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Con ese propósito y en atención a la naturaleza de la violación alegada, que no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación considerando sus características y su trascendencia, el juzgador debe analizar tanto la apariencia de buen derecho, como el peligro en la demora. En ese sentido, si bien en todos los supuestos normativos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo están presupuestas una afectación al interés social y una contravención a disposiciones de orden público y, en consecuencia, es improcedente conceder la suspensión, excepcionalmente, a partir de la naturaleza de la violación alegada, mediante un ejercicio de ponderación y de acuerdo con el marco constitucional y legal que rige para la suspensión del acto reclamado, el Juez podrá concederla cuando, de no otorgarse, pueda causarse mayor afectación al interés social. En consideración a lo anterior, el artículo 129, fracción I, de la Ley de Amparo, no sólo participa de la condición de generalidad que es exigible para satisfacer el principio constitucional de igualdad y no discriminación, sino que en la medida en la que este supuesto constituye una regla que puede ser excepcionada, al punto de otorgarse la suspensión previa valoración judicial, también satisface el derecho de acceso a la justicia." De igual manera es aplicable al caso, en lo conducente, la 1a./J. 21/2016 (10a.), con registro 2011829, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, Materias Común y Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 672, de rubro y texto siguientes: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." Ahora bien, de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia citada, la Primera Sala sostuvo que con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión de un acto, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora. Además, tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afectan derechos de terceros. Desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el órgano jurisdiccional de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a efectos de resolver sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado. El análisis de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el juez al resolver sobre la suspensión. De lo dicho, se aprecia que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto o norma reclamada, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria. En ese sentido, es que en la nueva regulación del juicio de amparo se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento. Asimismo, el Máximo Tribunal del país señaló que el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, no deviene de la naturaleza del acto reclamado, sino que dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Aquí es donde entra en juego la naturaleza de los actos reclamados, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. En ese sentido, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de la naturaleza del acto reclamado, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter. Lo anterior, significa que las consecuencias que caso a caso puedan producir, serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza del acto reclamado. Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En ese sentido, si en el presente caso, el acto reclamado consiste en la negación administrativa a seguir pagando y haciendo tramites de actualización de la documentación bajo el número de cuenta catastral 7210-01-003-001, relativo al predio urbano ubicado en calle Juárez sin número, colonia los Gavilanes del Poblado de Tlalayo del Municipio de Axochiapan, Morelos, es IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL ya que ello equivaldría a que la suspensión coincidiera exactamente con una eventual sentencia estimatoria del amparo. Notifíquese.
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