Ángel García Padilla y Otros.

Expediente 20/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 39 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
20/2017
Año
2017
Actuaciones
39
Última actuación
09/08/2018

Partes del expediente

  • Ángel García Padilla y Otros.
  • Ángel García Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Incidental

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 20/2017, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el dieciocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 356 a 359), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la causa penal 85/2016 de su registro (foja 80). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el plazo de veinte días que en proveído de trece de junio de la presente anualidad, se concedió a la parte quejosa, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación a efecto de realizar el emplazamiento de la tercera interesada ************, sin que lo hubiese hecho; por lo que se procede a proveer lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, de las constancias que obran en autos, se advierte que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis (folios 15 a 17), se tuvo a ***************, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y otras autoridades; luego, se conoce que en proveído de veinticuatro de mayo del presente año (foja 320), ante la imposibilidad de lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada ***********; de conformidad en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, en horas hábiles compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos respectivos. Situación que aconteció en diligencia de veintinueve de mayo siguiente (foja 325); sin embargo en atención a la solicitud del autorizado de la parte quejosa, en el sentido de extraviaron los edictos antes de su entrega para la publicación, nuevamente mediante determinación de trece de junio de dos mil dieciocho (foja 329), se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, en horas hábiles compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos respectivos, los cuales debería publicar por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, conforme a lo establecido en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el entendido que en caso de no acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, se sobreseería en el amparo, en términos de la última parte del párrafo segundo, del inciso b), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo (foja 160). Por tanto, dado que ha fenecido el plazo que le fue otorgado a la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y en el caso se aplicará la causa de sobreseimiento prevista el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable". En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resultare inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y, si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, imponer a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En esta hipótesis, se advierte que a pesar de haber realizado la investigación del domicilio de la tercera interesada con diversas autoridades, a fin de que informaran a este Juzgado si en los archivos de las oficinas a su cargo obraba algún domicilio de *************, no se obtuvo resultado favorable; de igual manera se tomaron diferentes medidas para lograr dicho emplazamiento. Tomando en cuenta lo anterior, en auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la citada parte procesal, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndolo para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger, pagar su publicación y acreditarlo, dentro del plazo de veinte días. Luego, en atención a la solicitud del autorizado de la parte quejosa, en el sentido de extraviaron los edictos antes de su entrega para la publicación, nuevamente mediante determinación de trece de junio de dos mil dieciocho (foja 329), se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación, mismos que fueron puestos a su disposición por conducto de su autorizado en términos amplios en actuación de catorce de junio siguiente (folio 338), sin que lo hubieren hecho, como se le requirió en el citado auto, determinación del cual quedó notificada el quince de junio de pasado. De lo anterior, es evidente que el emplazamiento de la tercera interesada que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la parte quejosa acudiera a este Juzgado a recoger los edictos, a fin de que, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, recogiera los edictos, realizara su publicación y acreditara tal circunstancia; sin embargo, no obstante el requerimiento efectuado y del cual quedó debidamente notificado, no acreditó haber entregado los edictos para su publicación. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que en el caso en específico podría acudir a deducir sus derechos como víctima u ofendido, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento a juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa por la falta de comparecer a recoger los edictos y por consiguiente al de acreditar su publicación, o bien, su imposibilidad para acatar esa determinación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio impetrante del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es importante precisar que no pasa inadvertido el criterio sostenido en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo" Se dice lo anterior, pues la parte quejosa no realizo manifestación alguna respecto a su imposibilidad de cubrir los gastos del medio de comunicación oficial ni de los elementos de prueba que se encuentran en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un gasto semejante. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 353). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI-B. Notificación personal por lista. (Quejoso) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el plazo de veinte días que en proveído de trece de junio de la presente anualidad, se concedió a la parte quejosa, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación a efecto de realizar el emplazamiento de la tercera interesada ************, sin que lo hubiese hecho; por lo que se procede a proveer lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, de las constancias que obran en autos, se advierte que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis (folios 15 a 17), se tuvo a ***************, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, y otras autoridades; luego, se conoce que en proveído de veinticuatro de mayo del presente año (foja 320), ante la imposibilidad de lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada ***********; de conformidad en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, en horas hábiles compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos respectivos. Situación que aconteció en diligencia de veintinueve de mayo siguiente (foja 325); sin embargo en atención a la solicitud del autorizado de la parte quejosa, en el sentido de extraviaron los edictos antes de su entrega para la publicación, nuevamente mediante determinación de trece de junio de dos mil dieciocho (foja 329), se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, en horas hábiles compareciera al despacho de este juzgado a recoger los edictos respectivos, los cuales debería publicar por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, conforme a lo establecido en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el entendido que en caso de no acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, se sobreseería en el amparo, en términos de la última parte del párrafo segundo, del inciso b), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo (foja 160). Por tanto, dado que ha fenecido el plazo que le fue otorgado a la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y en el caso se aplicará la causa de sobreseimiento prevista el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable". En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resultare inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y, si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, imponer a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. En esta hipótesis, se advierte que a pesar de haber realizado la investigación del domicilio de la tercera interesada con diversas autoridades, a fin de que informaran a este Juzgado si en los archivos de las oficinas a su cargo obraba algún domicilio de *************, no se obtuvo resultado favorable; de igual manera se tomaron diferentes medidas para lograr dicho emplazamiento. Tomando en cuenta lo anterior, en auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la citada parte procesal, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriéndolo para que compareciera al despacho de este juzgado a recoger, pagar su publicación y acreditarlo, dentro del plazo de veinte días. Luego, en atención a la solicitud del autorizado de la parte quejosa, en el sentido de extraviaron los edictos antes de su entrega para la publicación, nuevamente mediante determinación de trece de junio de dos mil dieciocho (foja 329), se requirió a la parte quejosa para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación, mismos que fueron puestos a su disposición por conducto de su autorizado en términos amplios en actuación de catorce de junio siguiente (folio 338), sin que lo hubieren hecho, como se le requirió en el citado auto, determinación del cual quedó notificada el quince de junio de pasado. De lo anterior, es evidente que el emplazamiento de la tercera interesada que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que la parte quejosa acudiera a este Juzgado a recoger los edictos, a fin de que, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieran a su disposición, recogiera los edictos, realizara su publicación y acreditara tal circunstancia; sin embargo, no obstante el requerimiento efectuado y del cual quedó debidamente notificado, no acreditó haber entregado los edictos para su publicación. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que en el caso en específico podría acudir a deducir sus derechos como víctima u ofendido, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento a juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa por la falta de comparecer a recoger los edictos y por consiguiente al de acreditar su publicación, o bien, su imposibilidad para acatar esa determinación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio impetrante del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es importante precisar que no pasa inadvertido el criterio sostenido en la Jurisprudencia 2a./J. 108/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo" Se dice lo anterior, pues la parte quejosa no realizo manifestación alguna respecto a su imposibilidad de cubrir los gastos del medio de comunicación oficial ni de los elementos de prueba que se encuentran en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un gasto semejante. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 353). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

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