Angel Gabriel Pech Vela

Expediente 1406/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1406/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Angel Gabriel Pech Vela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído dictado en este juicio el diez de agosto de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo por el que se SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente asunto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; debiendo remitir al archivo de este juzgado por separado los cuadernos del incidente de suspensión respectivos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en esta ciudad, por ausencia del Juzgado Segundo de Control, con residencia en esta ciudad, y anexo. En atención a su contenido, agréguese únicamente como corresponda, toda vez que el diez de los corrientes, se dictó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este expediente el oficio signado por el Juez en Turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en esta ciudad, con anexo que acompaña. En atención a su contenido, se le tiene informando que en audiencia pública de veintiocho de julio de dos mil veintidós, deducida de la carpeta administrativa número 144/2022, seguida en contra del aquí quejoso Ángel Gabriel Pech Vela, por el delito de HOMICIDIO cometido por culpa, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 368 y 372, en relación con los diversos 9° y 7° del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por Jennifer Rosado Chan en su calidad de víctima indirecta y como concubina de quien en vida respondiera al nombre de Joaquín Alberto Jiménez Castellanos e imputado por la representación social, dicha autoridad aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre las citadas partes, marcado bajo el número 149/2022, firmado ante el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, el cual es de cumplimiento diferido. Motivo por el cual, decretó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fuera impuesta al aquí quejoso, ordenando su inmediata libertad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, tanto en copia certificada como en registro de audio y video de la audiencia de mérito, contenida en un disco versátil digital (DVD), se advierte que con motivo del acuerdo reparatorio que las partes llevaron a cabo, ordenó la inmediata libertad del directo quejoso Ángel Gabriel Pech Vela; lo que acreditó con las constancias que acompañó. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Constancias de las cuales se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, se advierte que en la demanda de amparo que el quejoso reclamó las resoluciones de ocho y trece de mayo de dos mil veintidós, referentes a la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, impuesta al aquí amparista por todo el tiempo que dure el proceso, dentro de la carpeta administrativa 144/2022 del índice de la autoridad responsable. Luego, con el oficio de cuenta de número 4951/2022, de veintiocho de julio de dos mil veintidós, el juez responsable adjuntó diversas constancias derivadas de la carpeta administrativa de origen, entre ellas anexó un disco versátil digital que contiene copia certificada del audio y video de la audiencia de veintiocho de julio del año en curso, la cual tiene valor probatorio pleno, pues para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, registro digital 2004362, que indica: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Así, de la reproducción del citado disco digital y de las copias certificadas del acta mínima correspondiente, se advierte que el veintiocho de julio del año en curso, se celebró la audiencia pública relativa a la aprobación del acuerdo reparatorio entre las denunciantes Jennifer Rosado Chan y Eugenia Beatriz Lizárraga Cituk, en su calidad de víctimas indirectas (aquí parte tercero interesada) y Ángel Gabriel Pech Vela (quejoso), en autos de la carpeta administrativa 144/2022, el cual consiste en la entrega de diversas cantidades a las personas agraviadas indirectas. Audiencia de la cual se observa que las partes estuvieron de acuerdo en los términos del acuerdo reparatorio, previa corroboración por parte del juez, y una vez que las agraviadas dieron su anuencia, el resolutor procedió a declarar formalmente celebrado el convenio. Como su consecuencia directa, se suspendió el procedimiento penal y se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso (26:03 del video). Sobre el tema, cabe destacar que los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues se celebran entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes pueden suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin. De esa forma, la suspensión del proceso a prueba también es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez. En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren, como presupuesto, el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad Acorde con lo expuesto, si el ahora quejoso accedió a suscribir una solución alterna, en el caso, un acuerdo reparatorio, ello trajo como consecuencia que el Juez de Control dictara su inmediata libertad, actualizando así la cesación de efectos de los actos aquí reclamados. Sin que sea óbice para concluir en la forma que se hace, que el acuerdo reparatorio de mérito, sea de plazo diferido, en el sentido de que las cantidades acordadas fueron cubiertas a las víctimas en cheques certificados bancarios, por lo que el juez de instancia otorgó como plazo diferido el pasado cinco de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, ya que con motivo de ello, decretó la suspensión del procedimiento y en consecuencia, ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso, siendo este último punto el que incide directamente en los actos reclamados, ya que el amparista combatía por este medio las resoluciones de ocho y trece de mayo de dos mil veintidós, atinentes a la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por tanto, no es necesario esperar a que se decrete la extinción de la acción penal como consecuencia del cumplimiento total del acuerdo reparatorio, en la medida que no era materia de litis constitucional el auto de vinculación correspondiente, sino sólo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que al decretarse la libertad del quejoso, conduce a tener por actualizado el motivo de improcedencia aquí invocado y analizado. En esa guisa, si el quejoso accedió a concluir el proceso penal mediante un acuerdo reparatorio el veintiocho de julio de dos mil veintidós, no existe motivo para resolver el fondo del asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio constitucional, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte amparista la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por lo que la celebración de la audiencia pública en la que se ordenó la libertad del quejoso aconteció durante la sustanciación del presente juicio de amparo, ya que la parte quejosa presentó la demanda constitucional el tres de junio de dos mil veintidós, y la responsable comunicó que el veintiocho de julio del año en curso decretó la inmediata libertad del quejoso, al haber celebrado un acuerdo reparatorio en la carpeta administrativa de origen; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS; para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este expediente el oficio signado por el Juez en Turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en esta ciudad, con anexo que acompaña. En atención a su contenido, se le tiene informando que en audiencia pública de veintiocho de julio de dos mil veintidós, deducida de la carpeta administrativa número 144/2022, seguida en contra del aquí quejoso Ángel Gabriel Pech Vela, por el delito de HOMICIDIO cometido por culpa, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 368 y 372, en relación con los diversos 9° y 7° del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por Jennifer Rosado Chan en su calidad de víctima indirecta y como concubina de quien en vida respondiera al nombre de Joaquín Alberto Jiménez Castellanos e imputado por la representación social, dicha autoridad aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre las citadas partes, marcado bajo el número 149/2022, firmado ante el Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, el cual es de cumplimiento diferido. Motivo por el cual, decretó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fuera impuesta al aquí quejoso, ordenando su inmediata libertad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, tanto en copia certificada como en registro de audio y video de la audiencia de mérito, contenida en un disco versátil digital (DVD), se advierte que con motivo del acuerdo reparatorio que las partes llevaron a cabo, ordenó la inmediata libertad del directo quejoso Ángel Gabriel Pech Vela; lo que acreditó con las constancias que acompañó. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Constancias de las cuales se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, se advierte que en la demanda de amparo que el quejoso reclamó las resoluciones de ocho y trece de mayo de dos mil veintidós, referentes a la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, impuesta al aquí amparista por todo el tiempo que dure el proceso, dentro de la carpeta administrativa 144/2022 del índice de la autoridad responsable. Luego, con el oficio de cuenta de número 4951/2022, de veintiocho de julio de dos mil veintidós, el juez responsable adjuntó diversas constancias derivadas de la carpeta administrativa de origen, entre ellas anexó un disco versátil digital que contiene copia certificada del audio y video de la audiencia de veintiocho de julio del año en curso, la cual tiene valor probatorio pleno, pues para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, registro digital 2004362, que indica: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Así, de la reproducción del citado disco digital y de las copias certificadas del acta mínima correspondiente, se advierte que el veintiocho de julio del año en curso, se celebró la audiencia pública relativa a la aprobación del acuerdo reparatorio entre las denunciantes Jennifer Rosado Chan y Eugenia Beatriz Lizárraga Cituk, en su calidad de víctimas indirectas (aquí parte tercero interesada) y Ángel Gabriel Pech Vela (quejoso), en autos de la carpeta administrativa 144/2022, el cual consiste en la entrega de diversas cantidades a las personas agraviadas indirectas. Audiencia de la cual se observa que las partes estuvieron de acuerdo en los términos del acuerdo reparatorio, previa corroboración por parte del juez, y una vez que las agraviadas dieron su anuencia, el resolutor procedió a declarar formalmente celebrado el convenio. Como su consecuencia directa, se suspendió el procedimiento penal y se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso (26:03 del video). Sobre el tema, cabe destacar que los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues se celebran entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes pueden suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin. De esa forma, la suspensión del proceso a prueba también es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez. En ese sentido, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren, como presupuesto, el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad Acorde con lo expuesto, si el ahora quejoso accedió a suscribir una solución alterna, en el caso, un acuerdo reparatorio, ello trajo como consecuencia que el Juez de Control dictara su inmediata libertad, actualizando así la cesación de efectos de los actos aquí reclamados. Sin que sea óbice para concluir en la forma que se hace, que el acuerdo reparatorio de mérito, sea de plazo diferido, en el sentido de que las cantidades acordadas fueron cubiertas a las víctimas en cheques certificados bancarios, por lo que el juez de instancia otorgó como plazo diferido el pasado cinco de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, ya que con motivo de ello, decretó la suspensión del procedimiento y en consecuencia, ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso, siendo este último punto el que incide directamente en los actos reclamados, ya que el amparista combatía por este medio las resoluciones de ocho y trece de mayo de dos mil veintidós, atinentes a la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por tanto, no es necesario esperar a que se decrete la extinción de la acción penal como consecuencia del cumplimiento total del acuerdo reparatorio, en la medida que no era materia de litis constitucional el auto de vinculación correspondiente, sino sólo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que al decretarse la libertad del quejoso, conduce a tener por actualizado el motivo de improcedencia aquí invocado y analizado. En esa guisa, si el quejoso accedió a concluir el proceso penal mediante un acuerdo reparatorio el veintiocho de julio de dos mil veintidós, no existe motivo para resolver el fondo del asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio constitucional, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte amparista la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Por lo que la celebración de la audiencia pública en la que se ordenó la libertad del quejoso aconteció durante la sustanciación del presente juicio de amparo, ya que la parte quejosa presentó la demanda constitucional el tres de junio de dos mil veintidós, y la responsable comunicó que el veintiocho de julio del año en curso decretó la inmediata libertad del quejoso, al haber celebrado un acuerdo reparatorio en la carpeta administrativa de origen; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario del amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS; para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

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