Ángel Gabriel Huchim Ucan

Expediente 421/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
421/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Ángel Gabriel Huchim Ucan

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que el promovente de amparo pudo recurrir en queja el proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento e en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Por otra parte, toda vez que se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, el cual carece de relevancia documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente, deberá ser DESTRUIDO una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de Alejandro Quan Kiu Melgar, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, trece de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por presentada la demanda de amparo de ******************, en contra de actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, consistentes en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad señalada como responsable se reclama el acuerdo de INCOMPETENCIA mediante el acuerdo de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por el cual decidió declinar su competencia a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México." (Sic) Con fundamento en los artículos 9 y 10 del del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible lasconstancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 421/2023-VI-B, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. DESECHAMIENTO. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Con relación al tema, cabe mencionar que la imposibilidad de reclamar determinados actos a través del juicio de amparo ha sido determinada por el legislador atendiendo a múltiples criterios, tales como: el órgano que emite la resolución, su naturaleza, o bien, la etapa o fase del procedimiento contencioso en que fue dictada, entre otras. En ese sentido, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción VIII, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario, porque la resolución de incompetencia no es definitiva, y en esa medida, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ahora, como lo establece el último de los numerales transcritos, para la procedencia de la acción constitucional, es necesario que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Seguidamente, se estima que, en la especie, se actualiza la citada causal de improcedencia citada, toda vez que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad señalada como responsable se reclama el acuerdo de INCOMPETENCIA mediante el acuerdo de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por el cual decidió declinar su competencia a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México." (Sic) Esto es así, toda vez que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que si bien acorde con el artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, procedía el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinaban inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto era que no se podía entender en su literalidad, ya que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurrirá una vez que el órgano a favor del que se declinaba, aceptaba la incompetencia planteada; o bien, cuando se inhibía el conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y una afectación personal y directa al agraviado. Entonces, si el proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, por el cual se declaró incompetente para conocer y resolver del procedimiento paraprocesal planteado por el quejoso, y por tanto, lo turnó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; ello no es la última determinación de competencia, pues ésta será aquella que emita dicho Tribunal, en donde acepte la competencia que le fue planteada; o bien, podrá plantear alguna hipótesis de incompetencia (impedimento o excusa), razón por la cual el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de la resolución final que acepte o inhiba la competencia que se le plantea. En efecto, la resolución reclamada es un planteamiento de incompetencia de la cual la autoridad a favor de quien se declinó no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, no es plenamente decisivo, dado que el órgano puede aceptarla o no hacerlo, razón de más para determinar que la resolución de la responsable aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de garantías. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó, no es el definitivo, pues está sometido a la determinación que en su caso y en su momento emita la autoridad a la cual se le planteó la competencia, no altera las cuestiones que dieron origen a la controversia, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto de este, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio al quejoso pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Conviene dejar claro que el juicio de amparo es procedente contra la determinación de competencia, siempre y cuando sea la última, es decir, aquella resolución que acepte o reciba la competencia que le fue planteada, lo que en la especie, aún no ha acontece, pues se requiere de la aceptación de competencia de otra Fiscalía, para que produzca contra el peticionario de amparo una afectación personal y directa en sus derechos sustantivos, esto es, que el acto reclamado ha producido todos sus efectos. Apoya la decisión anterior, la jurisprudencia 17/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 5, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, materia común, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1380, registro 2003073, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico". De igual modo, sirve de apoyo la tesis pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia Común, Laboral, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1663, registro 2008820, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN) 5o.18 L (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión 234/2014 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, emitió la tesis (V Región)5o.18 L (10a.), en la que sostuvo que aun cuando el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria que declara improcedente la excepción de incompetencia planteada en un juicio laboral, no encuadra en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstas en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, atinentes a actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo cierto es que se ubica en la fracción V de dicho precepto, relativa a actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la incompetencia planteada involucra a órganos jurisdiccionales de distinto régimen, como lo son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a abandonar ese criterio y a sostener que, tratándose de la resolución de una cuestión de competencia, como lo es aquella que determina que el juzgador de origen sí es competente para conocer la acción ejercida ante él y dilucidar el juicio correspondiente y no el órgano perteneciente a un régimen distinto, el amparo indirecto es improcedente, ya que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, independientemente de que la cuestión de incompetencia planteada comprenda órganos jurisdiccionales de regímenes distintos y que, al resolverse dicha cuestión, implícitamente se determine cuál es la legislación aplicable conforme a la cual será analizada y resuelta la litis, atendiendo precisamente al régimen al que se encuentre sujeto el órgano declarado competente, reflejándose, de esa manera, en las cuestiones de fondo, dado que ello no representa un impedimento en el libre ejercicio de alguno de los derechos sustantivos a la libertad, propiedad, posesión u otros semejantes, como los derechos de familia o los que nacen de las relaciones de trabajo, entre otros y, por lo mismo, no involucran su afectación material, sino que la resolución indicada sólo tiene el efecto de someter a las partes a las determinaciones que se tomen dentro de un procedimiento jurisdiccional para dilucidar el juicio y resolver la controversia, lo que significa una afectación a derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, por lo que la asunción de la competencia sólo podrá controvertirse al promoverse el amparo directo". Por tanto, se concluye que el acto reclamado no puede ser calificado como definitivo para el solicitante del amparo, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atribuirle dicho calificativo. En este sentido, se estima inadmisible la demanda de amparo formulada por ******************, ante la actualización de la causal de improcedencia, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción VIII, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio alterno de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a quien señala en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en los artículos 1, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 13/2020, en relación con los enunciados normativos 6 y 16 del diverso Acuerdo General Conjunto 12/2020, se autoriza al usuario ******************, para consultar el expediente electrónico, toda vez que se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se ordena realizar el trámite correspondiente a efectos de cumplir materialmente dicha autorización y a tomar las medidas conducentes, para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico. ANOTACIÓN SISE De conformidad con el Acuerdo General 29/20071 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, de conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública2 , difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de Alejandro Quan Kiu Melgar, Secretario que autoriza y da fe

  3. Principal

    SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE TRECE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CUYA SÍNTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, trece de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por presentada la demanda de amparo de ******************, en contra de actos del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, consistentes en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad señalada como responsable se reclama el acuerdo de INCOMPETENCIA mediante el acuerdo de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por el cual decidió declinar su competencia a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México." (Sic) Con fundamento en los artículos 9 y 10 del del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible lasconstancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 421/2023-VI-B, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. DESECHAMIENTO. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Con relación al tema, cabe mencionar que la imposibilidad de reclamar determinados actos a través del juicio de amparo ha sido determinada por el legislador atendiendo a múltiples criterios, tales como: el órgano que emite la resolución, su naturaleza, o bien, la etapa o fase del procedimiento contencioso en que fue dictada, entre otras. En ese sentido, del análisis efectuado a la demanda de amparo, se estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción VIII, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario, porque la resolución de incompetencia no es definitiva, y en esa medida, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ahora, como lo establece el último de los numerales transcritos, para la procedencia de la acción constitucional, es necesario que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta un agravio. Seguidamente, se estima que, en la especie, se actualiza la citada causal de improcedencia citada, toda vez que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la autoridad señalada como responsable se reclama el acuerdo de INCOMPETENCIA mediante el acuerdo de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por el cual decidió declinar su competencia a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México." (Sic) Esto es así, toda vez que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que si bien acorde con el artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, procedía el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinaban inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto era que no se podía entender en su literalidad, ya que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurrirá una vez que el órgano a favor del que se declinaba, aceptaba la incompetencia planteada; o bien, cuando se inhibía el conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y una afectación personal y directa al agraviado. Entonces, si el proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, por el cual se declaró incompetente para conocer y resolver del procedimiento paraprocesal planteado por el quejoso, y por tanto, lo turnó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; ello no es la última determinación de competencia, pues ésta será aquella que emita dicho Tribunal, en donde acepte la competencia que le fue planteada; o bien, podrá plantear alguna hipótesis de incompetencia (impedimento o excusa), razón por la cual el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de la resolución final que acepte o inhiba la competencia que se le plantea. En efecto, la resolución reclamada es un planteamiento de incompetencia de la cual la autoridad a favor de quien se declinó no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, no es plenamente decisivo, dado que el órgano puede aceptarla o no hacerlo, razón de más para determinar que la resolución de la responsable aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de garantías. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó, no es el definitivo, pues está sometido a la determinación que en su caso y en su momento emita la autoridad a la cual se le planteó la competencia, no altera las cuestiones que dieron origen a la controversia, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto de este, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio al quejoso pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Conviene dejar claro que el juicio de amparo es procedente contra la determinación de competencia, siempre y cuando sea la última, es decir, aquella resolución que acepte o reciba la competencia que le fue planteada, lo que en la especie, aún no ha acontece, pues se requiere de la aceptación de competencia de otra Fiscalía, para que produzca contra el peticionario de amparo una afectación personal y directa en sus derechos sustantivos, esto es, que el acto reclamado ha producido todos sus efectos. Apoya la decisión anterior, la jurisprudencia 17/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 5, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, materia común, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1380, registro 2003073, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico". De igual modo, sirve de apoyo la tesis pronunciada por el Quinto Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia Común, Laboral, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1663, registro 2008820, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN) 5o.18 L (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión 234/2014 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, emitió la tesis (V Región)5o.18 L (10a.), en la que sostuvo que aun cuando el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria que declara improcedente la excepción de incompetencia planteada en un juicio laboral, no encuadra en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstas en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, atinentes a actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo cierto es que se ubica en la fracción V de dicho precepto, relativa a actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la incompetencia planteada involucra a órganos jurisdiccionales de distinto régimen, como lo son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a abandonar ese criterio y a sostener que, tratándose de la resolución de una cuestión de competencia, como lo es aquella que determina que el juzgador de origen sí es competente para conocer la acción ejercida ante él y dilucidar el juicio correspondiente y no el órgano perteneciente a un régimen distinto, el amparo indirecto es improcedente, ya que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, independientemente de que la cuestión de incompetencia planteada comprenda órganos jurisdiccionales de regímenes distintos y que, al resolverse dicha cuestión, implícitamente se determine cuál es la legislación aplicable conforme a la cual será analizada y resuelta la litis, atendiendo precisamente al régimen al que se encuentre sujeto el órgano declarado competente, reflejándose, de esa manera, en las cuestiones de fondo, dado que ello no representa un impedimento en el libre ejercicio de alguno de los derechos sustantivos a la libertad, propiedad, posesión u otros semejantes, como los derechos de familia o los que nacen de las relaciones de trabajo, entre otros y, por lo mismo, no involucran su afectación material, sino que la resolución indicada sólo tiene el efecto de someter a las partes a las determinaciones que se tomen dentro de un procedimiento jurisdiccional para dilucidar el juicio y resolver la controversia, lo que significa una afectación a derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, por lo que la asunción de la competencia sólo podrá controvertirse al promoverse el amparo directo". Por tanto, se concluye que el acto reclamado no puede ser calificado como definitivo para el solicitante del amparo, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para atribuirle dicho calificativo. En este sentido, se estima inadmisible la demanda de amparo formulada por ******************, ante la actualización de la causal de improcedencia, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción VIII, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio alterno de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a quien señala en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en los artículos 1, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 13/2020, en relación con los enunciados normativos 6 y 16 del diverso Acuerdo General Conjunto 12/2020, se autoriza al usuario ******************, para consultar el expediente electrónico, toda vez que se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se ordena realizar el trámite correspondiente a efectos de cumplir materialmente dicha autorización y a tomar las medidas conducentes, para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico. ANOTACIÓN SISE De conformidad con el Acuerdo General 29/20071 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, de conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública2 , difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese personalmente.

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