Ángel Gabriel González Flores
Expediente 1376/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Ángel Gabriel González Flores
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ************, hubiese recurrido el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. [...] Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por **************************, por propio derecho; contra actos del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Salvador Alvarado Ramírez, Presidente del Honorable Consejo de Honor de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1376/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ************************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta1 En efecto, el precepto legal en cita faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente2. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y sus anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa3 En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría4 Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, el último a contrario sensu, numerales que prevén: . Lo anterior es así, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama lo siguiente: . En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, su fracción XXIII prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo, entre ellos, el regulado por su fracción III que refiere a la impugnación de actos provenientes de un procedimiento que se tramite en forma de juicio ante las autoridades administrativas que no tienen el carácter de tribunales, concretamente las siguientes: a) Resoluciones definitivas por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Atendiendo a estos últimos supuestos, se obtiene que el juicio de amparo indirecto, por regla general, no es procedente en contra de aquellos actos que se emiten dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sino que ese medio de defensa debe promoverse hasta que se pronuncie la resolución que le ponga fin, pudiendo hacer valer en ese momento tanto las violaciones en las que incurra tal resolución como las que se hayan actualizado en la etapa procedimental. La prohibición legal en cuestión encuentra su origen en la necesidad de limitar la procedencia del juicio de amparo y evitar su uso desmedido, partiendo de la idea de que en ocasiones, las violaciones que se cometen en el procedimiento pueden resarcirse al momento de que se emite la resolución definitiva, máxime si no implican de por sí una transgresión a derechos sustantivos de los gobernados. Tampoco debe soslayarse que la regla general en cuestión admite excepciones que se obtienen tanto del contenido de la norma como de su interpretación efectuada por los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación. Así, se observa el reconocimiento obligatorio de las siguientes tres excepciones al principio que se analiza: 1. Tratándose de personas extrañas al procedimiento, quienes están legitimadas para impugnar aquellos actos que integran el procedimiento aun cuando no se trate de la resolución definitiva; tal como expresamente lo ordena el artículo 107, fracción VI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. 2. En aquellos supuestos en los que el acto emitido dentro del procedimiento implique una ejecución de imposible reparación, tal como prevé el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; y 3. Cuando se haga valer la inconstitucionalidad de leyes y se señale como acto concreto de aplicación a alguno de los integrantes del procedimiento, siempre que tales actos efectivamente sean de imposible reparación. Ahora bien, como se indicó, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos reclamados al Presidente del Honorable Consejo de Honor de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, consistentes en: a) el oficio de tres de septiembre de dos mil veintidós; b) el inicio e instrumentación del Consejo de Honor instaurado en contra del quejoso; y c) la negativa de proporcionarle el expediente del que derivó el inicio de Consejo de Honor en contra del quejoso. En ese contexto, cabe precisar que el quejoso es miembro del Ejército Mexicano, con el grado de soldado operario, por lo tanto conviene traer a colación el artículo 123 Apartado B, fracciones VIII, XI y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte que importa establecen: . Del artículo constitucional reproducido, esencialmente, se obtiene que cualquier persona tiene derecho a un trabajo digno, por lo que, el Estado debe promover la creación de este. Luego, de las primeras dos fracciones se deriva que de la relación burocrática que existe entre el Estado y sus trabajadores, es claro que éstos gozan de distintos derechos, entre otros, el relativo a que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad y, el diverso consistente a que sólo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la Ley. Sin embargo, a través de la fracción XIII, el constituyente permanente incluyó una salvedad o exclusión, pues expresamente dispuso que tratándose de militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales, deben regirse por sus propias leyes. Al respecto, es importante destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/94 determinó, esencialmente, que el esfuerzo por la asimilación entre los trabajadores del Apartado A y los que pertenecen al B, del artículo 123 constitucional, no puede comprender a todos los servidores públicos, pues la fracción XIII, de dicho precepto excluye expresamente cuatro grupos; entre estos, los militares. En ese sentido, consideró que dicha exclusión es coincidente con los principios de derecho internacional, pues desde que se creó la Organización Internacional del Trabajo, insistió en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, sobresaliendo su interés en tema de conservación del empleo y la sindicalización. Entonces, sostuvo, que a través de distintos convenios se instó a los miembros a tomar medidas contra el desempleo, entre otros, en los conocidos 87 y 151 en que, además de garantizar la libertad sindical de los empleados públicos y las facilidad para que éstos desempeñaran esas funciones (sin perjudicar el funcionamiento eficaz de la determinación o servicio prestado), recomendó establecer procedimientos como la conciliación y arbitraje para la solución de conflictos; empero, reconoció que éstos no incluyeron a la totalidad de los empleados públicos. Toda vez que la legislación nacional debía determinar hasta qué punto se aplicarían tales garantías convencionales a las fuerzas armadas y a la policía. En tal virtud, el Alto Tribunal determinó que esos grupos son coincidentes con los cuatro grupos previstos en la excepción del artículo 123 Apartado B, fracción XIII, constitucional, porque las atribuciones encomendadas a dichos grupos son sustanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, para su imagen, lo que requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativa. . En ese sentido, resulta patente que el Alto Tribunal consideró que el referido régimen de excepción en que se ubican, entre otros, los militares, se sostiene de las atribuciones encomendadas a éstos, las cuales son sustanciales para el orden, estabilidad y defensa de la Nación, de ahí que es necesario mantener una disciplina rígida; por ello, éstos se rigen por sus propias normas. En ese sentido, cabe precisar que los artículos 40 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 6, 7, 8, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejército y Armada Nacionales, establecen lo siguiente: . De lo anterior se advierte que el Consejo de Honor emplazará al militar de cuya conducta va a conocer, para hacerle saber la causa por la que se le juzga y oír sus descargos. Asimismo, una vez reunido el Consejo de Honor, en presencia del acusado y su defensor se procederá a llevar a cabo la audiencia respectiva y concluida el Presidente procederá a recoger la votación, entre los miembros del Consejo, para decidir si el acusado es o no culpable. Posteriormente, si el resultado de la votación es condenatorio se procederá a deliberar sobre los correctivos disciplinarios que deban imponerse, y si la falta no fuere de la competencia del Consejo, el Presidente remitirá el acta y demás constancias comprobatorias a la autoridad que corresponda, para que ésta, a su vez, haga la consignación del acusado al Tribunal competente. Conforme a lo descrito, es posible advertir que los actos que se pretenden impugnar en esta vía, consistentes en el oficio por el que se hizo del conocimiento al quejoso la hora y fecha de la audiencia pública de Consejo de Honor, el motivo de la misma y las acciones que debe realizar, la instauración de dicho Consejo, así como la negativa de correrle traslado con un expediente, constituyen violaciones procesales cuya afectación puede ser reparable, de ser el caso, mediante la resolución definitiva que se emita en el procedimiento administrativo disciplinario seguido en contra del quejoso. En efecto, los actos reclamados en este asunto son intraprocesales (no son la resolución definitiva) y fueron emitidos dentro de un procedimiento que se sigue en forma de juicio porque en él existe una contienda (vinculada con el procedimiento de disciplina del quejoso) cuya solución está condicionada a una decisión materialmente jurisdiccional de una autoridad en la que se declara un derecho y una obligación correlativa (sanción administrativa). . En ese sentido, dichos actos no le causan a la parte quejosa una afectación de imposible reparación porque no afectan materialmente los derechos sustantivos (no procesales o adjetivos) que reconocen a su favor tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, es decir, no le impide ejercerlos plenamente de forma presente y actual antes del dictado de la resolución definitiva, ya que su único efecto fue informarle el derecho de audiencia que cuenta para ejercer su derecho de defensa ante el Consejo de Honor de esa institución, respecto de las indisciplinas por las que se le acusa; y, en cambio, existe la posibilidad de que la determinación que, en su caso, se emita sea favorable a sus intereses. . Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia a que alude el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones II y III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora determina desechar la demanda de amparo presentada por ***********************. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **************************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes
- Ángel Antonio Osorio714/2022
- Ángel Brito Salcedo1346/2022
- Ángel Campiran Estrada608/2022
- Ángel Carrera Mercado2138/2023
- Ángel Cruz López308/2023
- Ángel Erik Jiménez Pérez558/2021
- Ángel González Monter115/2022
- Ángel Gonzzález León2097/2023
- Ángel Hidalgo Sánchez1895/2021
- Ángel Ildeberto Flores Molina967/2022
- Ángel Martínez Hernández762/2023
- Ángel Meza Villar1644/2021