Angel Gabriel Fernández Galvan
Expediente 143/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Angel Gabriel Fernández Galvan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA; hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. DÉJESE SIN EFECTOS LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SE HUBIEREN DECRETADO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN QUE HUBIESE DERIVADO DEL JUICIO. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Asimismo, en su artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. Asimismo, en el diverso numeral 20, fracción II, inciso a), prevé que deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, los duplicados, siempre que se cuente con el original. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó y, fue promovido incidente de suspensión en el cual se concedió la medida precautoria. Por tanto, es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses de archivado. Asimismo, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente y depurable el original del cuaderno incidental.
- Principal
Vista la notificación personal de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la que el quejoso, ratificó el contenido y firma del escrito recibido en este Juzgado el nueve de diciembre del año en curso, mediante el cual, se desistió del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses legales.En consecuencia, este Juzgado considera que se actualiza el motivo de sobreseimiento contenido en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, y procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Dado el sentido de esta resolución, que en nada perjudica a la parte quejosa, ya que expresamente desiste de la demanda de amparo. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
gréguese a los autos el escrito de cuenta, que se dice firmado por el quejoso ******, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo por los motivos que señala. Previo a acordar respecto a su contenido, y toda vez que del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario "Aguaruto", con sede en esta ciudad, por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano de Control Constitucional, se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Aguaruto, con residencia en esta ciudad y REQUIERA al quejoso Ángel Gabriel Fernández Galván, para que al momento de la notificación del mismo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifieste si ratifica el contenido y firma del ocurso de cuenta. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacerlo no se tendrá por desistido del presente sumario, y por ende, continuará la secuela procesal hasta su culminación, de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 295, Tomo XXIV, agosto de 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 174481, que dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que en proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Director del Centro Penitenciario Aguaruto, con residencia en esta ciudad. De ahí que, no median en su recepción al menos ocho días de anticipación a esta fecha, en que se encuentra programada la audiencia constitucional. Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que según certificación de cuenta estaba programada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo, las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.
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