Ángel Gabriel Alvarez López
Expediente 799/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/08/2021
Partes del expediente
- Ángel Gabriel Alvarez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia de nueve de julio de dos mil veintiuno, en la que negó el amparo y sobreseyó en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil 13/07/23 12:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9a.05 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 18, inciso b)1 , se establece que el presente cuadernillo principal ES SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN durante los tres siguientes años, y de DEPURACIÓN 90 días después de transcurridos los tres años de conservación en razón de que se negó el amparo por los actos reclamados, luego, una vez terminado el proceso de depuración se procederá a su TRANSFERENCIA a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado de Distrito, y las correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma
- Principal
RESULTANDOS: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en particular, los artículos 40, 42, fracción I, 43, párrafo tercero, 45 y 47, fracción III; asimismo, el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el mismo medio, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico, el artículo 11, primer y último párrafo; normativa antes precisada, relativa al impuesto sobre adquisición de bienes inmueble. Esta constituye la norma reclamada. Luego, la parte quejosa reclama como acto de aplicación de la citada normativa, el pago contenido en el recibo oficial 022601072020008250, realizado el uno de julio de dos mil veinte, por la cantidad de $26,784.04 (veintiséis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 04/100 moneda nacional), ante la Tesorería del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, con motivo de la adquisición del bien inmueble que ampara la escritura 20,894, expedida por el Notario Público Número 28 con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Veintiuno de agosto dos mil veinte, turnada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (fojas 4 a 16). Admisión sin incidente de suspensión: Veinticinco de agosto de dos mil veinte (fojas 24 a 26). 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [32] Radicación en este órgano jurisdiccional en cumplimiento al OCC/C24/JDCATJF/47/2020: Tres de noviembre de dos mil veinte (fojas 53 a 57). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Cuatro de noviembre de dos mil veinte (foja 64), quien no formuló pedimento. Celebración de la audiencia constitucional: Treinta de abril de dos mil veintiuno (foja 70). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.18 Asimismo, de conformidad con el punto de acuerdo 82/2020, de la Comisión dé Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, notificado mediante el SECNO/STCCNO/439/2020, relativo al equilibrio de las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en el que, entre otras cosas, se determinó la remisión a este Juzgado Federal de determinados asuntos en trámite radicados en los diversos órganos jurisdiccionales de la materia en este circuito, para su continuación y dictado de la sentencia definitiva correspondiente. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las autoridades responsables y los actos reclamados son los siguientes:19 18 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 19 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [33] Juicio de amparo indirecto 799/2020-XII 1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. a) La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en particular, los artículos 40, 42, fracción I, 43, párrafo tercero, 45 y 47, fracción III, así como de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico, el artículo 11, primer y último párrafo; ambas legislaciones en lo relativo al impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y tres y veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) La expedición, promulgación y orden de publicación de la legislación del inciso a) 3. Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. c) El acto de aplicación de los preceptos señalados en el inciso a), consistente en el pago contenido en el recibo oficial 022601072020008250, realizado el uno de julio de dos mil veinte, por la cantidad de $26,784.04 (veintiséis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 04/100 moneda nacional), ante la Tesorería del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, con motivo de la adquisición del bien inmueble que ampara la escritura 20,894, expedida por el Notario Público Número 28 con sede en esta ciudad. No. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas 1 Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. El citado inciso a) Acepta 37 a 44 2 Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. El citado inciso b) Acepta promulgación Niega Expedición y orden de publicación 47 y 48 3 Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit El citado inciso c) Acepta 29 a 33 TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN LA TABLA ANTERIOR, RESPECTO A LA AUTORIDAD IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 2 (EXPEDICIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN). No es cierto el acto reclamado al (2) Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, consistentes en la expedición y orden de publicación, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en particular, los artículos 40, 42, fracción I, 43, párrafo tercero, 45 y 47, fracción III, así como de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico, el artículo 11, primer y último párrafo; ambas legislaciones en lo relativo al impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y tres y veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente. Lo anterior, toda vez que rendir su informe justificado, negó el citado acto que se le atribuye, pues adujo que dentro de sus facultades constitucionales se encuentra, entre otras, únicamente la promulgación de las leyes y reglamentos, de conformidad con el artículo 69, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.20 En ese contexto, el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: 20 "Artículo 69. Son facultades y obligaciones del Gobernador: [.] II. Sancionar, promulgar y ejecutar las leyes y decretos dados por el Poder Legislativo y formar en la parte administrativa los reglamentos necesarios para su más exacta observancia. [.]" 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [34] [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se demuestre su existencia. Así, la prueba de la no existencia de los citados actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la parte quejosa, conduce al sobreseimiento. En tales condiciones, debe decretarse el sobreseimiento respecto al acto consistente en la expedición y orden de publicación, de la norma reclamada, atribuido al (2) Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia,21 ante su inexistencia, por no ser facultad de dicha autoridad responsable el acto tribuido y no ser desvirtuada su negativa. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 4.1. (1) Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit y (2) Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit (promulgación). El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al, rendir su informe justificado aceptó expresamente la existencia del acto que se le reclama identificado en el inciso a), consistente la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en particular, los artículos 40, 42, fracción I, 43, párrafo tercero, 45 y 47, fracción III, así como de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico, el artículo 11, primer y último párrafo; ambas legislaciones en lo relativo al impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y tres y veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente. Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit acepó la existencia del acto que se le atribuye identificado en el inciso b), consistente en la promulgación de dicha legislación y sus artículos citados. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas, se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. 22 21 Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número PC.I.P. J/54 K, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, perteneciente a la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil diecinueve, con número de registro 2019326, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." 22 Tiene aplicación, Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [35] Juicio de amparo indirecto 799/2020-XII 4.2. (3) Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, pues al rendir su informe justificado aceptó expresamente el acto de aplicación de las normas legales tildadas de inconstitucionales y el cobro que reclama la parte quejosa, referente al impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, con motivo del inmueble que señala. Asimismo, la parte quejosa aportó los medios de prueba, con los cuáles acredita el interés jurídico, con el que compareció al presente juicio de amparo, copia simple del formato de pago y recibo oficial 022601072020008250, realizado el uno de julio de dos mil veinte, por la cantidad de $26,784.04 (veintiséis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 04/100 moneda nacional), ante la Tesorería del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, con motivo de la adquisición del bien inmueble que ampara la escritura 20,894, expedida por el Notario Público Número 28 con sede en esta ciudad, así como copia simple del referido instrumento público; por lo que se acredita la existencia del referido acto. Ahora, aun y cuando en el presente caso, la parte quejosa no aportó los originales o en su caso, copia certificada de los citados documentos, sino copia fotostática simple,23 situación que se aprecia a simple vista al consultar esa documental y que, por tal razón, esa copia constituye un mero indicio; lo cierto es que en el presente caso, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, al rendir su informe justificado, en lo que interesa, manifestó que es cierto el acto reclamado, consistente en el cobro por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmueble, con motivo del inmueble que señala la parte quejosa, en relación con el comprobante de pago 022601072020008250, por la cantidad de $26,784.04 (veintiséis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 04/100 moneda nacional). De lo anterior se advierte que, el recibo oficial exhibido en copia simple, es adminiculado con la afirmación contenida en el informe justificado rendido por la autoridad responsable emisora, en cuanto a la existencia del referido recibo de pago y la confesión de recibir el pago respectivo en la fecha consignada en términos del sello correspondiente en el documento. En ese sentido, se demuestra el interés jurídico de la parte quejosa para combatir la ley reclamada, si se toma en cuenta que si bien el recibo obra en copia simple, su contenido se ve corroborado ciertamente con el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable. Por lo anterior, la documental que exhibe la parte quejosa goza de valor probatorio suficiente, máxime que, conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 217, en relación con el diverso numeral 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles,24 de aplicación supletoria de la Ley de Amparo en términos del artículo 2o, su apreciación queda al prudente arbitrio del juzgador. En ese sentido, en ejercicio de dicho arbitrio, se considera que con las copias fotostáticas simples motivo de análisis, adminiculadas con el citado informe justificado, se acredita el interés jurídico de la parte quejosa para impugnar la norma legal controvertida, máxime que dicho informe es idóneo para tal fin, en tanto se proporcionan los elementos suficientes para corroborar el contenido del recibo de mérito y el pago de los derechos que contiene; por ende, se genera convicción de que Federación y su Gaceta, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". 23 Toda vez que la parte quejosa no manifestó bajo protesta de decir verdad que los documentos electrónicos que exhibió con su demanda de forma electrónica, son copia íntegra e inalterada de sus originales, por lo que tiene valor probatorio de copia simple, de conformidad con el numeral 12, primer y segundo párrafos, inciso f), del Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece. 24 "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial. "Artículo 207. Las copias hacen fe de la existencia de los originales, conformes a las reglas precedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron." 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [36] realizó el pago referido ante la institución correspondiente, por los conceptos que reclama y la existencia del acto reclamado.25 QUINTO. PROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. 5.1. Causa de improcedencia hecha valer por el Gobernador del Estado de Nayarit. La autoridad responsable Gobernador del Estado de Nayarit, aduce que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo,26 dado que considera que la parte quejosa omitió exponer conceptos de violación respecto de los actos reclamados que le son atribuidos, porque no son combatidos por vicios propios; lo cual, debe desestimarse en razón de lo siguiente. De conformidad con la citada normativa, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, como en el caso, lo es el Gobernador del Estado de Nayarit, por lo que, resulta un requisito su señalamiento como autoridad responsable, dado que la parte quejosa reclama una norma general. Por su parte, dicha normativa, refiere que en caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, la parte quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. No obstante, contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa no está señalando como autoridad responsable al Gobernador del Estado de Nayarit, como la autoridad que intervino en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación; sino como la propia autoridad que emitió el decreto promulgatorio y, no así, se itera, el refrendo del mismo; por lo que no se está en el supuesto al que alude la autoridad responsable, que el acto que se le reclama tiene que ser por vicios propios. Asimismo, de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de ciertos argumentos que contienen razonamientos jurídicos concretos, la precisión del agravio o lesión, así como los motivos que los generan que incluyen la causa de pedir respecto del acto atribuido al Gobernador del Estado de Nayarit, consistente en la promulgación de las normas tildadas de inconstitucionales. En consecuencia, se itera, la causa de improcedencia en estudio es desestimada. 5.2. Causa de improcedencia 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit. 25 Al respecto, resulta aplicable, a contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 21/98, registro 196457, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso" 26 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.] VIII. Los conceptos de violación." 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [37] Juicio de amparo indirecto 799/2020-XII Este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que el juicio se torna improcedente en cuanto a los artículos 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en virtud de que la parte quejosa se abstuvo de formular conceptos de violación al respecto, acorde al numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, establecen que el juicio de garantías es improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación, entendiéndose por aquéllos la expresión de la lesión o agravio que la norma le ocasiona en alguna de sus garantías individuales, lo que en el caso no aconteció. En la especie, se actualiza la referida hipótesis normativa ya que la quejosa se abstuvo de dar cumplimiento a la obligación procesal impuesta por el legislador, en tanto que no expuso argumentos tendentes a evidenciar la contravención a la Constitución Federal respecto de los dispositivos 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal de Nayarit, sino que se constriñó a citarlos como acto reclamado y sostener dogmáticamente que son inconstitucionales, pero sin formular conceptos en los que pondere la violación, siendo esto último un requisito esencial en el juicio de amparo para determinar si dicho acto resulta o no contrario al orden constitucional y ello resulta indispensable, ya que al gozar toda ley de la presunción de constitucionalidad, traslada al gobernado la carga de demostrar, mediante sus argumentos, por qué los ordenamientos que impugna son contrarios a la norma fundamental, lo cual no aconteció por las razones antes apuntadas. Sin que obste, el que nuestro Máximo Tribunal haya establecido que para el estudio de los conceptos de violación es necesaria únicamente la expresión de la causa de pedir y con ello eliminó el tecnicismo de tener que elaborar un argumento a manera de silogismo, también estableció, por conducto de la Primera Sala, que en tratándose del amparo contra leyes no rige tal principio, pues en esos casos se parte de la premisa de que los ordenamientos legales expedidos por los entes legislativos son constitucionales en sí mismos. Lo anterior es así, toda vez que en lo que al caso interesa, el artículo 45, indicado, señala que las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los Notarios, Jueces, corredores y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, lo que harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio, en los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la oficina autorizada que corresponda a su domicilio fiscal; siendo que el enajenante responde solidariamente del impuesto que debe pagar el adquirente. Por su parte, el citado artículo 47, fracción III, establece la forma en que se realizará la deducción contenidas en la Ley de Ingresos de los Municipios, en el caso, que se considerará como un solo bien inmueble que sean o resulten colindantes, adquiridos por la misma persona en un periodo de veinticuatro meses; por lo que la suma de los precios o valores de los predios únicamente se tendrá derecho a hacer una sola vez la deducción, la que se calculará al momento en que se realice la primera adquisición, siendo el adquirente quien deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, al fedatario ante quién se formalice toda adquisición, si el predio objeto de la operación colinda con otro que hubiere adquirido con anterioridad, para que se ajuste el monto de la deducción y pagarse en su caso, las diferencias de impuesto que corresponda. De ahí que es menester, que quien combata una norma por su inconstitucionalidad exponga los argumentos mínimos suficientes encaminados a demostrar la trasgresión, en su perjuicio, de garantías individuales; acorde a la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.". 27 Por ende, al no satisfacer la parte quejosa el requisito señalado en el artículo antes transcrito, este juzgado no está en posibilidad de analizar su reclamo, puesto que, al no existir en los conceptos de violación las expresiones en las que dicha parte señale razonadamente el por qué estima inconstitucional los ordenamientos combatidos, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia en mención. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional específicamente respecto de los artículos 45 y 47, fracción III, de la Ley de Hacienda Municipal 27 Registro digital: 177264, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 121/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 143, Tipo: Jurisprudencia 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [38] de Nayarit, en términos del arábigo 63, fracción V, en relación con los dispositivos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo.28 Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes, o que este juzgador advierta de oficio, lo que procede es entrar al estudio de los conceptos de violación que alega la parte quejosa en su escrito de demanda. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El solicitante del amparo manifiesta de forma toral en sus conceptos de violación, que la Ley de Hacienda municipal del Estado de Nayarit, en particular los artículos 40, 42, fracción I, y 43, párrafo tercero; asimismo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente el arábigo 11, primero y último párrafo, así como la aplicación del cobro del impuesto sobre la adquisición de un bien inmueble, transgreden sus derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 13 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal. En ese sentido, señala en su concepto de violación básicamente, que conforme a lo contenido en las tesis 2a. XCV/2004 de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. OPERA NO SÓLO EN RELACIÓN CON LOS SUJETOS PASIVOS DEL TRIBUTO, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SITUACIONES QUE SI SON IGUALES DEBEN RECIBIR EL MISMO TRATAMIENTO"; P./J. 41/97, y P./J. 42/97, con los rubros: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS" y "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.", que los citados numerales transgreden el principio de equidad tributaria, pues se establece una reducción en la base gravable del 50% (cincuenta por ciento), cuando se trate de enajenaciones entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, donaciones, constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, sin que exista justificación objetiva y razonable respecto a esa distinción, a pesar de que son contribuyentes que se encuentran en la misma situación de hecho al adquirir un inmueble y, al tratarse de un tributo real no debe tomarse en cuenta las condiciones personales del contribuyente, sino únicamente la manifestación objetiva y aislada de riqueza o capacidad contributiva, que en el caso resulta ser el valor del inmueble adquirido. Por lo que dicha distinción no se encuentra justificada, además de que en la Ley de Hacienda Municipal, tampoco se encuentra precisado algún fin de naturaleza extrafiscal, resultando inconstitucional que se otorguen beneficios a ciertos contribuyentes atendiendo a cuestiones que en nada se relacionan con el hecho imponible, tales como el acto jurídico que dio lugar a la adquisición, invocando como apoyo de su argumento la jurisprudencia 2a./J. 114/2005, de rubro: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN 2003 Y 2004, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LOS TRABAJADORES A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.". Dichos conceptos de violación resultan infundados en atención a las siguientes consideraciones. En principio, para una mejor precisión se transcriben los dispositivos 40, 42 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, invocados por la quejosa, que en lo que interesa, establecen: "Artículo 40. Están obligadas al pago del Impuesto sobre adquisición de Inmuebles establecido en este Capítulo, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Estado de Nayarit; así como los derechos relacionados con los mismos, a que este Capítulo se refiere. "El impuesto se causará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble y conforme lo establezcan las leyes de Ingresos de los Municipios". "Artículo 42. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que 28 Sustenta lo anterior, el criterio con Registro digital: 206488, Instancia: Segunda Sala, Octava Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 171, Tipo: Aislada, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porque se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo.".. 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [39] Juicio de amparo indirecto 799/2020-XII realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges. [.]" "Artículo 43. El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 40 será el que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, o el avalúo comercial; o el avalúo que formula la autoridad catastral. Los avalúos comerciales que se practiquen para efectos del cálculo de este impuesto deberán llevarse a cabo por instituciones de crédito, el Instituto de Administración de Bienes Nacionales, por Corredor Público o personas que cuenten con cédula profesional de valuadores expedida por la Secretaría de Educación Pública registrados ante el Ayuntamiento y tendrán vigencia durante seis meses contados a partir de la fecha en que se efectúen. En caso de adquisición de inmuebles por donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, o constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad; la base gravable determinada de conformidad a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo se reducirá en un 50% [...]" Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, prevé: "Artículo 11. El Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles se causará con la tasa del 2% sobre la base gravable, que será el valor que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, el avalúo bancario o comercial, debidamente certificado por la autoridad catastral y el valor determinado con la aplicación de los valores catastrales unitarios vigentes. El adquirente es el sujeto obligado a pagar el Impuesto sobre la adquisición del bien Inmueble. Tratándose de viviendas de interés social o popular, o de terreno para vivienda de tipo social progresivo; auspiciados por organismos o dependencias públicas, federales, estatales o municipales, que desarrollen viviendas, se deducirá de la base gravable determinada conforme al párrafo anterior, una cantidad equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), siempre y cuando sea adquirida por persona física que acredite no ser propietaria de otro bien inmueble en el municipio, la cual nunca podrá ser menor a la cuota mínima que establece el presente artículo. El impuesto que por este concepto se cause, nunca será menor a $906.00 pesos. La Dirección de Catastro e Impuesto Predial podrá recibir los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles en aquellas operaciones contractuales que de manera particular celebren las empresas inmobiliarias con los particulares, extendiendo el recibo y constancia respectiva. En caso de adquisición de inmuebles donde se transmite la propiedad plena, por actos de donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente se deducirá de la base el 50% del valor catastral, siempre y cuando dicha operación no exceda del monto de $1'500,000.00, el excedente deberá de calcular su impuesto con la tasa establecida en el presente artículo. En casos de constitución, adquisición, reserva o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, la base gravable determinada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 primer párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, se deducirá solamente en un 50% del valor que resulte más alto, siempre y cuando dicha operación no exceda el monto de un $1'500,000.00, el excedente de esa cantidad deberá de calcular su impuesto con la tasa establecida en el presente artículo." De los dispositivos legales antes citados se obtiene, que están obligados al pago del impuesto sobre la adquisición de inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Estado de Nayarit, así como los derechos relacionados, para lo cual se aplicará la tasa del dos por ciento, al valor del inmueble, conforme lo establezcan las leyes de ingresos de los municipios, que para el caso de Tepic, lo será el valor que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, el avalúo bancario o precio pactado, estos últimos debidamente certificados por la autoridad catastral y el valor determinado con la aplicación de los valores catastrales unitarios vigentes. Para ello, la ley indica que se entiende por adquisición, consistente en la trasmisión de una propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges. En ese sentido, el valor del inmueble se considerará para efectos del impuesto antes citado, el que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, o el avalúo comercial; o el avalúo que formula la autoridad catastral, siendo el caso de adquisición de inmuebles por donación, sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, o constitución, adquisición o existencia de usufructo o de la nuda propiedad; la base gravable determinada de conformidad a lo antes citado, se reducirá en un cincuenta por ciento. Reiterándose para ello, que la deducción por usufructo o de la nuda propiedad, tendrá derecho al cincuenta por ciento de la deducción por cada uno de ellos. 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [40] Estableciéndose de igual forma, que en caso de constitución, adquisición, reserva o extinción de usufructo o de la nuda propiedad, la base gravable se reducirá solamente en un cincuenta por ciento del valor que resulte más alto, siempre y cuando dicha operación no exceda el monto de un millón quinientos mil pesos, por lo que el excedente de esa cantidad, deberá de calcular su impuesto con la tasa antes mencionada. Precisado lo anterior, cabe señalar que la exención parcial contenida en el párrafo tercero del artículo 43 del invocado ordenamiento reclamado, no vulnera el principio de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los numerales 1o. y 13 de la Carta Magna. Al respecto, el numeral citado en primer término establece, que en caso de adquisición de inmuebles por donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% (cincuenta por ciento), de la base gravable; sin embargo, ello no transgrede los principios antes citados, en virtud de que el otorgamiento de la reducción en esos supuestos, tiene una base objetiva y razonable si se toma en consideración que la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación, como ocurre con la donación, sucesión, división de copropiedad o extinción de usufructo, entre otros supuestos. Así lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2006, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 35/2006,29 bajo el rubro "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DE AQUEL IMPUESTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", de la cual en lo que al caso interesa dice: ". pues la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas, que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, como la donación, la prescripción adquisitiva, la sucesión, la división de la propiedad o la extinción del usufructo.", en la que analizó la constitucionalidad del artículo 138 del Código Financiero del entonces Distrito Federal (numeral similar al que aquí se analiza), que establece el sistema para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a partir del valor de la operación, sin atender a las características propias del sujeto pasivo de la relación tributaria, pues no se desconocía que en muchos supuestos la transmisión de la propiedad ocurría a través de diferentes vías jurídicas que no suponían necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, como en el caso de la donación, la prescripción adquisitiva, la sucesión, entre otras. En esa tesitura, el tratamiento diferente se justifica por sí mismo, en virtud de la situación dispar de los adquirentes de inmuebles respecto de los cuales no se erogó una cantidad como contraprestación, a diferencia de los que sí erogaron una cantidad como contraprestación, no siendo posible dar los mismos efectos a personas que se encuentran en situaciones dispares. De ahí que, se encuentra objetivamente justificado el trato diferenciado que confiere la norma, el que dada su finalidad no requiere ser justificado, en términos de la jurisprudencia P./J. 36/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,30 de rubro: "NORMA TRIBUTARIA. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE NO SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD EMISORA EXPONGA LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL TRATO DIFERENCIADO QUE AQUÉLLA CONFIERE.", de la cual se obtiene en la parte que interesa: ".la práctica judicial demuestra que existen casos excepcionales en los que el órgano de control constitucional puede advertir claramente que la disposición legal que establece un trato desigual entre quienes se encuentran en supuestos similares, está dirigida a proteger o ayudar a las clases débiles o menos favorecidas, o a alcanzar cualquier otro fin extrafiscal fácilmente identificable, es decir, existen casos en los que las razones que sustentan el trato diferenciado son evidentes por constituir hechos notorios.". Además, contrariamente a lo pretendido por la parte quejosa, el legislador no se encuentra obligado a justificar en la legislación fiscal, que de suyo tiene vocación de generalidad, algún beneficio o exención en favor de determinados sectores de la población; lo anterior, porque la naturaleza jurídica de los tratamientos preferentes, en su caso, estímulos fiscales, constituye la de un instrumento con que cuenta el legislador para normar la política fiscal, tarea en la cual actúa con potestades soberanas, no sujetas por tanto al control judicial, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo estableció al interpretar los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución 29 Registro digital: 175387, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a./J. 35/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 176, Tipo: Jurisprudencia 30 Registro digital: 164751, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Tesis: P./J. 36/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 5, Tipo: Jurisprudencia. 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [41] Juicio de amparo indirecto 799/2020-XII Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 105/2011, que dice: "ESTÍMULOS FISCALES. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA DETERMINARLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."31 En efecto, no le es exigible al legislador justificar alguna decisión de política fiscal, porque cuenta con facultades soberanas para hacerlo; lo que no implica que, cuando decide ejercerlas, ciertamente debe ajustarse a los estándares constitucionales, aspecto en el cual el Poder Judicial de la Federación tiene la posibilidad de revisar su ejercicio; pero eso no ocurre en el caso contrario, es decir, que cuando el poder legislativo, en ejercicio de su potestad soberana de implementar la política fiscal, no considera necesario o pertinente moderar la vocación general de la ley, no es posible pretender obligarle a hacerlo a través del juicio de amparo. Dentro de ese marco, en el caso concreto se observa, que el legislador ejerció su facultad constitucional de otorgar una reducción en la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles respecto de adquisiciones de inmuebles por donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, o constitución, o adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, sin que ello vulnere en perjuicio de la quejosa el principio de equidad tributaria, ya que está facultado para organizar y conducir el desarrollo nacional; aspectos que corresponde ponderar exclusivamente a ese Poder, dado que la propia Constitución prevé a su favor la facultad para elegir los medios encaminados a la consecución de esos fines. De ahí que, si el legislador decidió reducir al cincuenta por ciento la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI), esa situación no vulnera el principio de equidad tributaria, al encontrarse sustento en razones objetivas y razonables, habida cuenta que, de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias obedece a un deber de solidaridad, es decir, la recaudación está orientada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Así se encuentra establecido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que examina el tópico de proporcionalidad tributaria y el margen de libertad configurativa para definir la determinación de la base gravable, como en el caso del impuesto en estudio (ISABI), donde establece que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función de sus respectivas capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud o capacidad reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, específicamente, en mayor medida. No obstante, los principios constitucionales de la materia tributaria no permiten asumir que exista un sistema de tasas o tarifas justas per se. Lo anterior, porque la determinación de la justicia en la tributación debe considerar los siguientes elementos: a) Que la determinación de la tasa máxima forma parte del ámbito amplio de configuración política que el Tribunal Constitucional debe reconocer al legislador tributario; b) Que dicha determinación puede ser tomada considerando al sistema tributario en lo general, de tal manera que la tasa o tarifa máxima del impuesto sobre la renta puede obedecer a la definición de la tasa aplicable en otros gravámenes; c) Que el fenómeno financiero público no se agota en la propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar también el aspecto relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, finalmente; d) Que el 'sacrificio' que la tributación puede significar en cada caso es un elemento eminentemente subjetivo, con base en el cual podrían llegar a desprenderse postulados generales, mas no estructuras técnicas ni parámetros de medición que pretendan ser objetivos y aplicables en la práctica. Luego, en atención al principio de generalidad tributaria cuando, como en la especie, las personas físicas reúnen las condiciones relativas para situarse en la hipótesis de causación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, es inconcuso que debe asumir la obligación de contribuir al gasto público; es decir, debe tributar sin importar sus condiciones particulares, pues la causa que 31 Registro digital: 161085, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 105/2011, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 374, Tipo: Jurisprudencia. 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [42] legitima esa obligación reconocida en el citado artículo 31, fracción IV, Constitucional, es la existencia de capacidad idónea para tal fin, en tanto ello tiene como presupuesto el principio de solidaridad. Así, dada la importancia del deber de contribuir al sostenimiento del Estado, resulta perfectamente válido que la legislación -y la administración tributaria en el ámbito competencial que le corresponda- prevea los mecanismos que permitan combatir las actuaciones de los particulares que pudieran encaminarse a eludir el cumplimiento de dicha obligación, así como a eliminar beneficios fiscales por cuestiones de política fiscal, en el entendido de que la misma se encuentra indisolublemente ligada a un principio de responsabilidad social para la consecución de los fines a los que la propia Constitución aspira. En tal virtud, se destaca el deber social de contribuir al gasto público, a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o a un interés social, concluyendo que la obligación de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos. Tal y como se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 65/2009,32 sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la República, con el rubro: "OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD.", a más de que el legislador cuenta con amplia libertad de configuración legislativa para gravar cualquier manifestación de riqueza, así como las tasas impositivas, en tanto es fruto de una valoración discrecional del órgano democrático referido, esto es, el legislador, en uso de la potestad que le fue concebida para imponer contribuciones puede incrementarlas o disminuirlas para ajustarlas a la tributación o simplemente para recaudar mayores ingresos públicos en función de la necesidad de cumplir con los gastos públicos del Estado. En ese sentido, se corrobora el margen de libertad configurativa de la materia impositiva y, por ello, es aplicable la tesis 1a. CCL/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS."33; y, por todo lo expuesto, se concluye que no se vulnera el principio de equidad tributaria. En consecuencia, no resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN 2003 Y 2004, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, ÚNICAMENTE POR CUÁNTO HACE A LOS TRABAJADORES A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.", porque atiende a un supuesto distinto, como es la violación al principio de equidad tributaria respecto a la adquisición de inmuebles que realicen los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios, por cuanto no comprendían a los trabajadores a que se refiere el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, en el caso, la distinción de que se trata no se refiere a los sujetos, sino a las diferentes vías jurídicas por las que se lleva a cabo una adquisición en las que no necesariamente se supone una erogación como contraprestación, como ocurre con la donación, sucesión, división de copropiedad o extinción de usufructo, entre otros supuestos, en cuyo caso ese tratamiento diferenciado se justifica por sí mismo, en virtud de la situación dispar de los adquirentes de inmuebles respecto de los cuales no se erogó una cantidad como contraprestación, a diferencia de los que sí erogaron una cantidad como contraprestación, no siendo posible dar los mismos efectos a personas que se encuentran en situaciones dispares. En este orden, al haber resultado infundado el concepto de violación aducido y sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo y la protección de la justicia federal, a la parte quejosa, por las razones plasmadas en el presente considerando, respecto a la Ley de Hacienda municipal del Estado de Nayarit, en particular los artículos 40, 42, fracción I, y 43, párrafo tercero, así como la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente el arábigo 11, primero y último párrafo, relativas al impuesto sobre la adquisición de un bien inmueble. 32 Registro digital: 166907, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 65/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, página 284, Tipo: Jurisprudencia. 33 Registro digital: 161233, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 77/2011, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 118, Tipo: Jurisprudencia. 07/01/23 13:31:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR Juicio de Amparo Indirecto 799/2020-XII [43] Juicio de amparo indirecto 799/2020-XII Negativa que se hace extensiva al acto de aplicación reclamado al Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, toda vez que los actos que se le atribuyen, no se reclaman por vicios propios, sino en vía de consecuencia.34 SÉPTIMO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente; RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Ángel Gabriel Álvarez López, por derecho propio, respecto de los actos reclamados y las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los diversos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Ángel Gabriel Álvarez López, por derecho propio, respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente a las partes; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo proveyó y firma
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con doce minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 799/2020-XII, promovido por Ángel Gabriel Álvarez López, por derecho propio. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Julio César Sarmiento Hernández, secretario quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de veinticinco de agosto de dos mil veinte; constancias de notificación de las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que los suscriben, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el Secretario certifica que la parte quejosa ofreció pruebas documentales dentro del presente procedimiento y las demás partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales aludidas en el apartado precedente y por precluido el derecho de las demás partes para ello. Se cierra el período de pruebas. 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ A continuación, procede a abrir el período de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede; por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni promoción que acordar, se declara cerrada la presente audiencia y se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda.
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El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, catorce de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada para su verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; asimismo, que revisados los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que no obra constancia de notificación a las autoridades responsables del proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, a fin de que tuvieran oportunidad de acudir a la diligencia constitucional y formular los alegatos que consideren, si así lo estiman pertinente; motivo por el cual, lo procedente es diferir la audiencia que nos ocupa. En tal virtud, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con doce minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese. 18/07/21 13:58:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9c.80 JULIO CESAR SARMIENTO HERNANDEZ Así lo proveyó y firma
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