Ángel Francisco Bautista Jiménez

Expediente 1266/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1266/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Ángel Francisco Bautista Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes en proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés (fojas 62 y 63), en el que se les dio vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional dictada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determina oficiosamente si la misma ha sido cumplida en todos sus extremos. Así, en sentencia emitida en la audiencia constitucional celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 28 a 34), se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado para que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, de forma inmediata proveyera respecto a la fecha y hora en que tuviera verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el expediente laboral ************ de su índice, lo anterior, acatando el plazo previsto en el artículo **************, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, y ordenara se realizara la notificación correspondiente. En auto de diecinueve de septiembre del año en curso (fojas 45 y 46), se tuvo al Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, informando el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio, para lo cual, remitió las constancias que consideró necesarias para demostrarlo, reservándose a proveer en relación a la remisión de tales documentales hasta en tanto la sentencia de mérito causara ejecutoria. Seguidamente, en proveído de veinticinco de septiembre de la presente anualidad (fojas 47 y 48), se declaró que dicho fallo causó ejecutoria y se dio vista a la parte quejosa con las constancias aludidas en el párrafo que antecede. Luego, en auto de tres de octubre del presente año, este órgano jurisdiccional determinó que la ejecutoria de mérito no se encontraba cumplida en su totalidad, debido a que el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por la junta responsable, y con el que pretendía dar cumplimiento a dicha ejecutoria, carecía de firmas por quienes participaron en su emisión, de ahí que al no existir la firma de los funcionaros ahí señalados, el mismo carecía de validez; por tanto se ordenó subsanar dicha circunstancia, y por ende el cabal cumplimiento a la ejecutoria. En consecuencia, en auto de trece de octubre de dos mil veintitrés (fojas 62 y 63), se tuvo al Presidente del Tribunal de Arbitraje, remitiendo entre otras constancias, el aludido auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, firmado por los funcionarios de la junta responsable que participaron en su emisión, del que se advierte lo siguiente: A] Se señalaron las diez horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en dicho sumario, respetando el término a que hace referencia el artículo 876-C de la Ley Federal del Trabajo, proveído que fue notificado a las partes. Por tanto, al haberse acatado la totalidad de los efectos señalados en la ejecutoria de amparo, se declara que ésta ha quedado cumplida, en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se cita: "Época: Décima Época Registro: 2010987 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/2016 (10a.) Página: 832 SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente."

  2. Principal

    (6) Glósense a los autos la promoción y anexo de cuenta, y, visto su contenido, téngase al 1] Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y requerimiento de tres de octubre de dos mil veintitrés (fojas 52 a 56). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la constancia de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia, apercibida que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto con base en las constancias que obren en autos.

  3. Principal

    (6) Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 47 y 48), en el que se le dio vista con el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional dictada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y en atención a lo manifestado por la parte quejosa se determina si la misma ha sido cumplida en todos sus extremos. Así, en sentencia emitida en la audiencia constitucional celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 28 a 34), se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado para que el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, de forma inmediata proveyera respecto a la fecha y hora en que tuviera verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el expediente laboral ...de su índice, lo anterior, acatando el plazo previsto en el artículo 873-C, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo aplicable, y ordenara se realizara la notificación correspondiente. En auto de diecinueve de septiembre del año en curso (fojas 45 y 46), se tuvo al Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, informando el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio, para lo cual, remitió las constancias que consideró necesarias para demostrarlo, reservándose a proveer en relación a la remisión de tales documentales hasta en tanto la sentencia de mérito causara ejecutoria. Seguidamente, en proveído de veinticinco de septiembre de la presente anualidad (fojas 47 y 48), se declaró que dicho fallo causó ejecutoria y se dio vista a la parte quejosa con las constancias aludidas en el párrafo que antecede, que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte lo siguiente: El Tribunal responsable, emitió un acuerdo el once de septiembre de dos mil veintitrés, en los autos del juicio laboral ...de su índice, en el que señaló las diez horas del día veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en dicho sumario, respetando el término a que hace referencia el artículo 876-C de la Ley Federal del Trabajo. El doce siguiente, el actuario de su adscripción notificó de manera personal a las partes del contradictorio laboral de marras, el aludido proveído. Ahora, si bien se proveyó en los términos descritos en los efectos de la concesión de amparo, lo cierto es que el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, carece de firmas por quienes participaron en su emisión, máxime que incluso el secretario de amparos del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, certificó que el aludido acuerdo era una fotocopia que concordaba fiel y exactamente con su original, de ahí que al no existir la firma de los funcionaros ahí señalados, el mismo carece de validez, no pasa inadvertido que asentó la palabra "rúbricas" empero no se trata de una transcripción que realizó el referido secretario del auto en estudio o testimonio pues no lo asentó así en su certificación correspondiente, sino una fotocopia de su original, de ahí que como lo refiere la parte quejosa dicho auto carece de validez. Sustenta lo anterior los precedentes siguientes: "Registro digital: 2008788 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta información sea determinable para las partes, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto." "Registro digital: 251598 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 133-138, Sexta Parte, página 281 Tipo: Jurisprudencia FIRMA AUTOGRAFA, RESOLUCION CARENTE DE. ES INCONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que el artículo 16 constitucional no establece expresamente que las autoridades firmen su mandamientos autógrafamente, sí se desprende del citado artículo, al exigir que exista un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, que los mandamientos de autoridad ostenten la firma original. En efecto, por "firma", según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se entiende: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él se dice. El vocablo "firma" deriva del verbo "firmar" y éste del latín "firmare", cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firmar", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (Diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie de una resolución o acto escrito de autoridad, el nombre y apellido de la persona que los expide, en la forma (legible o no) en que acostumbra hacerlo, con el propósito de dar autenticidad y firmeza a la resolución así como aceptar la responsabilidad que deriva de la emisión del mandamiento. Es por ello que la firma de una resolución, para que tenga validez a la luz de la Constitución General de la República, debe ser autógrafa, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo; es decir, es la única forma en que la autoridad emitente acepta el contenido de la resolución con las consecuencias inherentes a ella y además es la única forma en que se proporciona seguridad al gobernado de que el firmante ha aceptado expresamente el contenido de la resolución y es responsable de la misma. Desde luego es irrelevante para que exista esa seguridad jurídica en beneficio del gobernante (quien firma) y el gobernado (quien recibe o se notifica de la resolución firmada), que la resolución o acto de autoridad se encuentren o no impresos, pues al firmar la autoridad emitente se responsabiliza del contenido, sea cual fuere la forma en que se escribió la resolución. Pero en cambio, no puede aceptarse que la firma se encuentre impresa, pues en estos casos no existe seguridad jurídica ni para el gobernante ni para el gobernado, de que la autoridad de manera expresa se ha responsabilizado de las consecuencias de la resolución." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a ..., encargado de la Presidencia del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, o persona a la que le haya sucedido en el cargo, para que, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos apuntados en párrafos que preceden. Con apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento del encargado de la Presidencia del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad responsable que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2007918 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19 PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En otro orden de ideas, respecto al recurso de queja por defecto en contra del cumplimiento dado por la responsable que interpone la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 97, fracción I, inciso e) a contrario sensu de la citada Ley reglamentaria, no ha lugar a tramitar el mismo, en razón de lo relatado en párrafos que preceden, pues como se advierte no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo indirecto, de ahí que será hasta que provea sobre el cumplimiento que dé la autoridad responsable en que se encontrara en aptitud de hacer valer el recurso que estime pertinente. Sustenta lo anterior el precedente siguiente: "Registro digital: 2008030 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 605 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, sin que haya lugar a requerir la constancia que refiere la parte quejosa, de igual forma por las circunstancias relatadas.

  4. Principal

    (6)...Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la mencionada ley, se declara que la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 28 a 34), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, toda vez que en auto de diecinueve de septiembre del año en curso (fojas 45 y 46) se tuvo al Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, informando el cumplimiento dado a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, para lo cual, remitió las constancias que consideró necesarias para demostrarlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la promoción 20533 (fojas 41 a 44) para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a sus interés convenga respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia, apercibida que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto con base en las constancias que obren en autos.

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