Ángel Fortanell Martínez
Expediente 193/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2019
Partes del expediente
- Ángel Fortanell Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 193/2019-III; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la quejosa, se procede al estudio de dicha demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Bajo ese contexto, se estima que en el presente asunto la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. En principio, debe destacarse que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, los cuales de acuerdo con lo estipulado por el diverso artículo 18, serán contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Por otra parte, resulta conveniente precisar que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la Ley General de Salud, en específico los artículos 234, 235, 237, 245, 247, 248, 368 y 479, materializados en el oficio número ****, de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, expedido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por el cual dio contestación a la petición elevada por el aquí quejoso el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Documento al que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al ordinal 2º de esta última legislación, toda vez que se trata de una reproducción fotostática de documento público, expedido por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Se invoca al caso la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, debe resaltarse que de lo manifestado por la parte promovente del amparo, en su escrito de demanda se colige que éste atribuye a los ordenamientos legales impugnados el carácter de heteroaplicativas o de individualización condicionada, lo cual se constata en función al contenido de dichos preceptos. Para una mayor claridad, debe establecerse que la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, distingue entre leyes que por su sola vigencia causan perjuicio al quejoso y aquellas que para que irroguen dicho perjuicio se requiere de un acto posterior de aplicación. Las primeras se conocen como autoaplicativas, mientras que las segundas son las llamadas heteroaplicativas, estas últimas, se reitera, requieren de un acto concreto de aplicación que interfiera en la esfera jurídica de la parte quejosa. En este segundo supuesto, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece que para impugnar una ley en un juicio constitucional el interesado tiene la opción de ejercer la acción de amparo en su contra, ya a través de su primer acto de aplicación, ya en contra de la resolución correspondiente recaída al recurso o medio de defensa ordinario que, en su caso, se hubiese interpuesto en contra de dicho acto. Es de puntual aplicación la tesis establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Tesis P./J. 55/97, Página 5, que prescribe: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En esa tesitura, al ser considerados de carácter heteroaplicativo, los ordenamientos legales reclamados por la parte quejosa en el presente juicio biinstancial y atendiendo al contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, transcrito con antelación, se concluye que el término con que contaba la parte quejosa para la interposición de la demanda de amparo, era de quince días contado a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación. Luego, si de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende la manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho recibió la respuesta a su escrito mediante oficio número ****, de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, expedido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dio contestación a la petición elevada por el aquí quejoso el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho; documento que exhibió como prueba documental, ubicándose con ello el acto de aplicación de las normas aquí combatidas; por tanto, es incuestionable que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición del juicio de amparo, comenzó a transcurrir el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, al día siguiente en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación. En este punto debe destacarse que los antecedentes que proporciona el quejoso bajo protesta de decir verdad, constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La afirmación anterior se sustenta en que si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Al respecto, conviene mencionar que el citado ordenamiento adjetivo, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida ésta como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. Dice así ese precepto: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." El texto del precepto transcrito permite distinguir los distintos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa cuando deriva de la absolución de posiciones, a la que se refiere exclusivamente la prohibición consignada en el artículo 119 de la Ley de Amparo. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Y si en el caso, es la propia parte quejosa quien de forma unilateral externa en su demanda inicial un hecho que es perjudicial para sus intereses en juicio (como lo es la fecha en que tuvo ejecución el acto de aplicación, que a su vez propicia el consentimiento tácito de este, y la extemporaneidad de su instancia de amparo), a dicha confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena de conformidad con los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de sustento a lo expuesto, las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 34/96, que derivó en la jurisprudencia 28/96, visible en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. En tales condiciones, se arriba a la conclusión que el término con que contaba la parte quejosa para la interposición de la demanda de amparo indirecto en contra de las normas legales combatidas, inició el veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho y feneció el dieciocho de diciembre del mismo año, ello sin tener en cuenta los días inhábiles que median en dicho periodo, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; de ahí que si la demanda de amparo en estudio, fue presentada por la parte quejosa ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, el día doce de febrero de la presente anualidad, según se desprende del sello de recibo, resulta inconcuso que su reclamo se considera extemporáneo en razón de que el plazo con el que contaba para interponer la demanda de amparo, feneció el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, actualizándose, por tanto, la causa de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que en el caso a estudio, no se advierte que el primer acto de aplicación que refiere la parte quejosa le haya sido notificada a través de alguna normatividad procesal específica, por lo que el plazo para la interposición del presente juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación, tal como lo expresó bajo protesta de decir verdad. Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 17 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por su notoria e indudable improcedencia, dado que operó el consentimiento tácito tanto de las normas generales reclamadas como heteroaplicativas, así como respecto del señalado acto concreto de aplicación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***** y en términos restringidos a las personas restantes, ello en virtud de que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredite ejercer la profesión de licenciada en derecho. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO. En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. CAPTURA DE PROVEÍDO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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