Ángel Fernández Flores
Expediente 338/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/05/2015
Partes del expediente
- Ángel Fernández Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
México, Distrito Federal, veintiuno de mayo de dos mil quince. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, a veintiuno de mayo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales sin embargo, constan en autos dos tomos de pruebas remitido por la responsable; consecuentemente, devuélvanse a su lugar de origen. En el entendido de que, la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador, de la autoridad responsable, de que recibió el precitado anexo, se tomara como acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
México, Distrito Federal, siete de mayo de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable acusa de recibo el oficio 34593/2015, mediante el cual, se le informó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Javier Arturo Herrejón Cedeño que autoriza y da fe.
- Principal
México, Distrito Federal, veintiocho de abril de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obren como correspondan los INFORMES JUSTIFICADOS rendidos por LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con las documentales remitidas por la autoridad oficiante y para el mejor manejo del presente juicio de amparo, ábrase el anexo I y II, respetando el folio de origen. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la responsable, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo [.]" Lo anterior revela que el plazo genérico para la promoción del juicio de garantías es de 15 días, salvo que se trate de los casos de excepción, relativos a que se trate de alguna norma general autoaplicativa, procedimiento de extradición, sentencia definitiva, se tenga la calidad de ejidatario y que el acto atente contra sus derechos ejidales, implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo, el artículo 17 de la Ley de Amparo transcrito, señala que aparte de que el acto reclamado ataque la libertad personal, este se debe de haber dictado "fuera de procedimiento". Ahora bien, la demanda de amparo contra la resolución de 31 de octubre de 2014, es extemporánea, en razón de que no se promovió dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, ya que con independencia de que incida o no en la libertad personal del quejoso, se dictó dentro de un procedimiento, siendo éste un recurso de apelación previsto en los artículos 414 al 420 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y por tal motivo no se ubica en los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17. En efecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé una regla sobre el plazo para la presentación de la demanda de amparo y cuatro casos de excepción, a saber: 1. 15 días contra todo tipo de acto de autoridad. Casos de Excepción. a) 30 días contra normas generales autoaplicativas y procedimientos de extradición. b) 8 años contra sentencias definitivas condenatorias en un proceso penal que impongan pena de prisión. c) 7 años contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo (sin plazo) contra actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Al caso que nos ocupa, resulta relevante la última excepción en la parte que alude a los actos que ataquen la libertad personal fuera de procedimiento, pues en este supuesto, no hay plazo para presentar la demanda de amparo. Sin embargo, para aplicar la hipótesis de excepción precisada en el inciso d), es menester se actualicen dos supuestos: A. Que el acto reclamado afecte la libertad personal de manera directa o indirecta cuando modifique las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse. B. Que el acto se hubiere dictado fuera de procedimiento. Sobre este punto es importante precisar que por "procedimiento" se entiende a la coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo, por ejemplo, un procedimiento incidental o impugnativo que puede manifestarse fuera del campo procesal, esto es, en el orden administrativo o legislativo. De esto se sigue, que los elementos que caracterizan a un procedimiento son los siguientes: 1. Conjunto de Actividades. Son las acciones realizadas por las personas que intervienen para determinar la aplicación de la ley. 2. Conjunto de Preceptos. Son las reglas emanadas del Estado para regular las actividades tanto las jurisdiccionales como las no jurisdiccionales. 3. Finalidad. Es la aplicación de lo preceptuado al caso concreto. Ahora bien, como la resolución reclamada se dictó en un recurso de apelación, es necesario determinar si éste constituye o no un procedimiento en los términos descritos. Al respecto, Guillermo Colín Sánchez, en su obra Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, señala que el derecho de impugnación puede manifestarse en las diversas etapas de la secuela procesal, desde la notificación de las resoluciones judiciales, dictadas en la primera fase de la instrucción, hasta aquellas que pongan fin a la instancia e incluso en segunda instancia. También precisa, que los recursos no constituyen una nueva fase procedimental sino que se trata de todo un procedimiento al cual habrá de someterse, porque son actos, formas y formalidades previamente establecidas por el legislador las que habrán de observarse para resolver la cuestión planteada; puntualizando que es un procedimiento, dentro de otro procedimiento, independientemente de que el objeto sea el mismo. Por otra parte, la "apelación" es un recurso ordinario que se interpone ante el juez de primera instancia para que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución recurrida y la modifique o revoque. Recurso cuya tramitación está regulada por lo dispuesto en el "CAPITULO III" "De la Apelación" , artículos 414 al 434 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, de cuyo contenido se advierte que sus características corresponden con las de los procedimientos propiamente dichos, en tanto que otorgan la posibilidad de someter al arbitrio judicial de segunda instancia todas aquellas consideraciones de derecho, respecto de cuestiones que las partes recurrentes estiman contrarias a la ley y que se materializaron precisamente en el acuerdo o resolución emitido por el juez de primera instancia; prevé un trámite especial, en tanto que es factible que la autoridad judicial puede desecharlo de plano o lo admitirá si procediera; caso en el que, lo remitirá al Tribunal Superior, quien mandará citar a las partes a audiencia de vista para que hagan valer lo que a su derecho convenga y cerrado el debate, el magistrado ponente presentará su proyecto en un plazo de quince días. Por otra parte, es importante destacar que la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, constituye un caso de excepción a una regla común, es decir, aplicable a cualquier materia de las que integra nuestro sistema jurídico nacional (civil, laboral, penal o administrativo), por lo que la interpretación del concepto "procedimiento" debe también ser común y general, sin limitarlo a una sola rama del derecho como la penal y tampoco restringir su aplicación a actos judiciales, pues precisamente esa parte cambió de la anterior a la nueva Ley de Amparo, revelando que la intención del legislador fue incluir en el concepto procedimiento a todo aquel seguido ante autoridades administrativas además de las judiciales. En la especie, se reclama el auto de 31 de octubre de 2014, ordenado dentro del toca penal 1104/2014, de lo que se advierte que fue dictado dentro de un procedimiento. Por lo tanto, dicho acto, no se encuentra en alguna de los casos de excepción para la presentación de la demanda, por lo que se deberá de estar al plazo genérico de 15 días. Por su parte, el numeral 18 de la ley en cita, señala: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del anterior artículo se advierten tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de 15 días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sustentándose en el conocimiento real del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación. En el asunto en particular, se actualiza la primera de las opciones apuntadas; es decir, al día siguiente en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En este orden, la resolución reclamada, fue notificada al impetrante de amparo el 4 de noviembre de 2014, como se demuestra de las copias certificadas que acompañó a su informe la responsable. En este sentido, el término de 15 días para la promoción del juicio de garantías inició a partir del siguiente al en que surtió efectos la notificación conforme a la ley del acto; por lo que es necesario conocer cuándo surten efectos las notificaciones en este tipo de procedimientos. El artículo 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, textualmente dispone: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o proceso o libertad." De la transcripción anterior, se advierte que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos en el momento en que se practican. Entonces, en el caso, la notificación de la resolución que constituye el acto reclamado surtió efectos el 4 de noviembre de 2014 y el plazo para la presentación de la demanda comenzó a contar a partir del 5 de noviembre de 2014 y venció el 27 del mismo mes y año, conforme a la siguiente tabla: Noviembre 2014 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 NOTIFICACIÓN 5 DIA 1 6 DÍA 2 7 DÍA 3 8 9 10 DÍA 4 11 DÍA 5 12 DÍA 6 13 DÍA 7 14 DÍA 8 15 16 17 18 DÍA 9 19 DÍA 10 20 21 DÍA 11 22 23 24 DÍA 12 25 DÍA 13 26 DÍA 14 27 DÍA 15 28 29 30 Derivado de lo anterior, se concluye que el peticionario de garantías consintió de manera tácita el acto que reclama, toda vez que no promovió el juicio de garantías dentro del término de 15 días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, al haber transcurrido del 5 al 27 de noviembre de 2014. La demanda de garantías fue presentada el 10 de abril de este año, en la oficialía de partes común a los juzgados de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, siendo turnada al Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, declarándose éste incompetente, y por razón de turno le tocó conocer el presente juicio de amparo a este órgano de control constitucional, aceptando la competencia planteada; mediando entre ambas fechas más de 15 días, por lo que se comprueba que la demanda de amparo fue presentada extemporáneamente; lo anterior, descontando los días inhábiles 8, 9, 15, 16, 17, 20, 22 y 23 de noviembre de 2014. Así, al actualizarse en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, los motivos de improcedencia antes analizados, existe imposibilidad para realizar pronunciamiento alguno en torno a las violaciones de forma o fondo, que como conceptos de violación hace valer el peticionario de garantías por dichos actos, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Efectos de la Audiencia Constitucional. Por las consideraciones precisadas se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las 9:00 horas del 12 de mayo de 2015. Sise. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma José Alfonso Montalvo Martínez , Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el Secretario Javier Arturo Herrejón Cedeño que autoriza y da fe.
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