Ángel Fermín Rodríguez Sánchez

Expediente 1288/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1288/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Ángel Fermín Rodríguez Sánchez
  • Graciela Sánchez Monroy
  • GRACIELA SÁNCHEZ MONROY y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que, por una parte se tuvo no presentada la demanda y por otra se desechó la misma; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por una parte se tuvo no presentada la demanda y por otra se desechó la misma, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a Ángel Fermín Rodríguez Sánchez, quien se ostenta albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Fermín Rodríguez Martínez, para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda respecto de los actos reclamados por el citado Ángel Fermín Rodríguez Sánchez. Por otra parte, respecto del acto que reclama la diversa promovente Graciela Sánchez Monroy, al Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad; consistente en la interlocutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1374/2021, relativa al recurso de revocación interpuesto contra la determinación de veintitrés de septiembre del año próximo pasado, por la que se negó proveer de conformidad la petición realizada en el sentido de que se citara para resolver el juicio, dictándose sentencia de la declaración de herederos y designación de albacea definitiva. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece:"61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictados dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", que no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante.Luego, se considera que la determinación aquí reclamada no constituye un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que ello no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo. En efecto, el acto reclamado consistente en la interlocutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1374/2021, relativa al recurso de revocación interpuesto contra la determinación de veintitrés de septiembre del año próximo pasado, por la que se negó proveer de conformidad la petición realizada en el sentido de que se citara para resolver el juicio, dictándose sentencia de la declaración de herederos y designación de albacea definitiva, el cual es un acto dentro del procedimiento que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que únicamente conlleva que se siga el juicio por su etapas hasta el dictado de la sentencia. Esto es, que en el caso no se da el requisito de imposible reparación si se tiene en cuenta que el acto reclamado sólo tiene efectos intraprocesales, pues no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa a la parte quejosa, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, pues al respecto debe decirse que es factible que la parte quejosa obtenga con posterioridad sentencia favorable, lo que conlleva a determinar que no afecta los derechos sustantivos de la parte promovente; y, en caso contrario, estará en aptitud de impugnarla a través de los medios ordinarios de defensa e incluso del amparo directo que en su oportunidad promueva, en el que podrá hacerse valer como violación procesal la referida resolución. Así, queda de manifiesto que la resolución reclamada no tiene sobre la solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial. Ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó.Por ende, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito, Graciela Sánchez Monroy; y, como consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a Ángel Fermín Rodríguez Sánchez, quien se ostenta albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Fermín Rodríguez Martínez, para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda respecto de los actos reclamados por el citado Ángel Fermín Rodríguez Sánchez. Por otra parte, respecto del acto que reclama la diversa promovente Graciela Sánchez Monroy, al Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad; consistente en la interlocutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1374/2021, relativa al recurso de revocación interpuesto contra la determinación de veintitrés de septiembre del año próximo pasado, por la que se negó proveer de conformidad la petición realizada en el sentido de que se citara para resolver el juicio, dictándose sentencia de la declaración de herederos y designación de albacea definitiva. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece:"61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictados dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", que no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante.Luego, se considera que la determinación aquí reclamada no constituye un acto de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que ello no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo. En efecto, el acto reclamado consistente en la interlocutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1374/2021, relativa al recurso de revocación interpuesto contra la determinación de veintitrés de septiembre del año próximo pasado, por la que se negó proveer de conformidad la petición realizada en el sentido de que se citara para resolver el juicio, dictándose sentencia de la declaración de herederos y designación de albacea definitiva, el cual es un acto dentro del procedimiento que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que únicamente conlleva que se siga el juicio por su etapas hasta el dictado de la sentencia. Esto es, que en el caso no se da el requisito de imposible reparación si se tiene en cuenta que el acto reclamado sólo tiene efectos intraprocesales, pues no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa a la parte quejosa, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, pues al respecto debe decirse que es factible que la parte quejosa obtenga con posterioridad sentencia favorable, lo que conlleva a determinar que no afecta los derechos sustantivos de la parte promovente; y, en caso contrario, estará en aptitud de impugnarla a través de los medios ordinarios de defensa e incluso del amparo directo que en su oportunidad promueva, en el que podrá hacerse valer como violación procesal la referida resolución. Así, queda de manifiesto que la resolución reclamada no tiene sobre la solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial. Ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó.Por ende, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito, Graciela Sánchez Monroy; y, como consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente".

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, de la que se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de catorce del mes y año en curso, por los motivos que asentó; en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de la materia, notifíquesele dicho auto, y los subsecuentes de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO QUE ANTECEDE, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Graciela Sánchez Monroy, por propio derecho, así como por Ángel Fermín Rodríguez Sánchez, quien se ostenta albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Fermín Rodríguez Martínez, contra actos del Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad; que estiman violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1288/2021-VIII. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y con las copias necesarias del mismo, esto es, una para la autoridad responsable, una para la parte tercero interesada y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, acredite con documento idóneo el carácter con el que Ángel Fermín Rodríguez Sánchez promueve el presente juicio, pues si bien es cierto que exhibe un ocurso del que se advierte que el veintiocho de septiembre del presente año, él y Graciela Sánchez Monroy, comparecieron ante el Juzgado Primero de lo Familiar, a interponer recurso de revocación contra la determinación de veinticuatro del citado mes y año, dictada dentro del expediente 1374/2016; igualmente resulta cierto que, del mismo no se desprende que el mencionado Rodríguez Sánchez tenga acreditada en el juicio de origen su personería como albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Fermín Rodríguez Martínez. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.1/96, tomo III, enero de 1996, Novena Época, publicada en la página cuarenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo.". Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda respecto a los actos reclamados por Ángel Fermín Rodríguez Sánchez, quien se ostenta albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de Fermín Rodríguez Martínez; y se proveerá lo conducente en relación a la diversa quejosa Graciela Sánchez Monroy. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, a la persona que menciona, toda vez que no proporciona los datos de los que se advierta que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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