Ángel Fabián Zamora Esquivel

Expediente 601/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 41 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
601/2017
Año
2017
Actuaciones
41
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público adscrito a la Fisaclía Central de Investigación para Delitos Financieros de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, Agencia "A" de Investigación, Unidad de Investigación Sin Detenido "A-1" de la Procuraduría G
  • Ángel Fabián Zamora Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, en virtud que no es necesaria la retención del anexo que envió la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Por sentencia de once de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 145 a 150), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa contra el acuerdo de veintiséis de julio del mismo año, que recayó al escrito presentado el catorce de marzo anterior, mediante el cual ofreció diversos medios de prueba en la averiguación previa FDF/T/T3/648/14-09. Inconforme con dicha determinación, el promovente del juicio interpuso recurso de revisión (fojas 163 a 174), que por cuestión de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien al resolver los autos del juicio de amparo en revisión 33/2018, modificó la sentencia recurrida para conceder la protección que de la Justicia Federal se solicitó, a efecto de que la autoridad ministerial responsable realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el acto reclamado; b) Dictara una nueva resolución en que se pronunciara sobre la admisión de ampliación de declaración a cargo de Samuel García Jiménez, Rigoberto Rubio Ibarra, y Juan Antonio Guerrero; y c) Notificara personalmente esa determinación al quejoso. En el entendido que la concesión del amparo se sustentó en que ".el acto reclamado es violatorio de derechos subjetivos públicos, pues la circunstancia de que no se admitan y se desahoguen las pruebas ofrecidas por el quejoso bajo una apreciación indebida de la indagatoria, le ocasiona un daño a su esfera de derechos". Así, por auto de veintisiete de abril pasado se requirió a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria (foja 193), por lo que mediante oficios presentados el siete y diez siguientes, se informó de la insubsistencia y nuevo pronunciamiento sobre el particular, adjuntándose de forma respectiva, copia certificada de las resoluciones pronunciadas el tres y cuatro anteriores, de las que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se ha restituido al justiciable en el derecho fundamental que se estimó transgredido, pues además de que se dejó insubsistente el acto reclamado, se admitieron los medios de prueba ofrecidos, y se notificó esta última determinación al amparista; de ahí que este órgano de control constitucional tenga cumplida la ejecutoria que se analiza. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. Por sentencia de once de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 145 a 150), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó la parte quejosa contra el acuerdo de veintiséis de julio del mismo año, que recayó al escrito presentado el catorce de marzo anterior, mediante el cual ofreció diversos medios de prueba en la averiguación previa FDF/T/T3/648/14-09. Inconforme con dicha determinación, el promovente del juicio interpuso recurso de revisión (fojas 163 a 174), que por cuestión de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien al resolver los autos del juicio de amparo en revisión 33/2018, modificó la sentencia recurrida para conceder la protección que de la Justicia Federal se solicitó, a efecto de que la autoridad ministerial responsable realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el acto reclamado; b) Dictara una nueva resolución en que se pronunciara sobre la admisión de ampliación de declaración a cargo de Samuel García Jiménez, Rigoberto Rubio Ibarra, y Juan Antonio Guerrero; y c) Notificara personalmente esa determinación al quejoso. En el entendido que la concesión del amparo se sustentó en que ".el acto reclamado es violatorio de derechos subjetivos públicos, pues la circunstancia de que no se admitan y se desahoguen las pruebas ofrecidas por el quejoso bajo una apreciación indebida de la indagatoria, le ocasiona un daño a su esfera de derechos". Así, por auto de veintisiete de abril pasado se requirió a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria (foja 193), por lo que mediante oficios presentados el siete y diez siguientes, se informó de la insubsistencia y nuevo pronunciamiento sobre el particular, adjuntándose de forma respectiva, copia certificada de las resoluciones pronunciadas el tres y cuatro anteriores, de las que se advierte que en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se ha restituido al justiciable en el derecho fundamental que se estimó transgredido, pues además de que se dejó insubsistente el acto reclamado, se admitieron los medios de prueba ofrecidos, y se notificó esta última determinación al amparista; de ahí que este órgano de control constitucional tenga cumplida la ejecutoria que se analiza. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

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