Ángel Esteban Juárez Ureña

Expediente 515/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
515/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Ángel Esteban Juárez Ureña

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos; el recurso de queja1 no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de uno de junio de dos mil veintiuno; por ende, causó estado2. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general3 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo . En conformidad con lo establecido en el artículo 356, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello.

  2. Principal

    ... Con la demanda de amparo demanda de Ángel Estaban Juárez Ureña o Ángel Esteban Juárez Ureña, fórmese y regístrese el cuaderno de amparo 515/2021. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado examina el escrito de demanda de amparo indirecto que propone el quejoso y advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia que impone desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se observa que el quejoso reclama al Juez Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, la durabilidad de la medida cautelar de prisión preventiva por más de dos años dentro de la causa penal 240/2018/PUEBLA que se instruye en contra del inconforme por los hechos clasificados como robo calificado. De los antecedentes que el quejoso expresa bajo protesta de decir verdad, se sabe que con motivo de la medida cautelar citada ingresó al Centro Penitenciario de Puebla desde el cuatro de marzo de dos mil dieciocho, lugar en el que actualmente se encuentra sin que se haya dictado la sentencia en juicio oral después de tres años, dos meses y veintisiete días, pese a que esa prolongación no se debe a al ejercicio del derecho de defensa. Con base en lo anterior, se determina que de manera notoria y manifiesta se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por el quejoso, infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba deben hacerse de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción que consiste en el derecho de las partes de conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Esto es, en el sistema penal acusatorio, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. Incluso, la tramitación, sustanciación y solución del juicio de amparo no permite soslayar esos principios. Como ejemplo de ello se observa que en la Ley de Amparo que rige el juicio que intenta el quejoso, el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión no implique violación a los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. Por ello, ningún sentido práctico tiene tramitar el juicio de amparo cuando la revisión de los actos reclamados implica soslayar alguno de los principios del sistema penal acusatorio. En el caso, la parte quejosa reclama la durabilidad de la prisión preventiva que dice lo mantiene privado de la libertad más allá de los dos años previstos en la Constitución para ser enjuiciado, sin que haya recibido sentencia. Sin embargo, los dos años a que se refiere, no están identificados en la Carta Fundamental como un derecho absoluto, sino que está sujeto a que se verifique que esa dilación sea ajena al ejercicio del derecho de defensa, tal como se lee en su artículo 20, apartado B, fracciones VII y IX: ... La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Por tanto, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva es un aspecto que está sujeto a los principio de contradicción y de igualdad entre las partes, en donde el quejoso y su defensa debe formular sus planteamientos para dar oportunidad de que sus contrarias -Ministerio Público, así como la víctima u ofendido-, puedan ejercer sus derechos y contraargumentar la pretensión del inconforme. De ahí que lo reclamado por el quejoso no se puede analizar en el juicio de amparo de manera autónoma e independiente al proceso penal acusatorio al que está sujeto el quejoso, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa del detenido. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado de manera directa, implicaría soslayar los principio que rigen al proceso penal acusatorio y se impediría que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75 de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión a la parte inconforme, porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que la parte quejosa pueda formular su planteamiento y pretensión en cuanto a que alega que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que le fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la ley invocada en último término. Cabe mencionar que en un asunto similar, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito confirmo el criterio con el que aquí se resuelve, ello dentro del recurso de queja 49/2020. SEÑALAMIENTO DE AUTORIZADOS Como lo solicita, se tiene autorizado a Raymundo Cervantes Samaniego en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque cuentan con el registro de su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho; y en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la ley en cita, a Jonás Arturo García Jarillas, es decir, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones de su parte. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene señalado el que indica en la demanda. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 29 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente auto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y en el domicilio que señaló para recibir notificaciones, para lo cual se deberá entregar impresión de este acuerdo con la evidencia criptográfica, que hace las veces de copia certificada.

  3. Principal

    ... Con la demanda de amparo demanda de Ángel Estaban Juárez Ureña o Ángel Esteban Juárez Ureña, fórmese y regístrese el cuaderno de amparo 515/2021. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado examina el escrito de demanda de amparo indirecto que propone el quejoso y advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia que impone desecharla de plano. De la lectura integral de la demanda se observa que el quejoso reclama al Juez Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, la durabilidad de la medida cautelar de prisión preventiva por más de dos años dentro de la causa penal 240/2018/PUEBLA que se instruye en contra del inconforme por los hechos clasificados como robo calificado. De los antecedentes que el quejoso expresa bajo protesta de decir verdad, se sabe que con motivo de la medida cautelar citada ingresó al Centro Penitenciario de Puebla desde el cuatro de marzo de dos mil dieciocho, lugar en el que actualmente se encuentra sin que se haya dictado la sentencia en juicio oral después de tres años, dos meses y veintisiete días, pese a que esa prolongación no se debe a al ejercicio del derecho de defensa. Con base en lo anterior, se determina que de manera notoria y manifiesta se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque si este órgano jurisdiccional analizara el acto planteado por el quejoso, infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba deben hacerse de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción que consiste en el derecho de las partes de conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Esto es, en el sistema penal acusatorio, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. Incluso, la tramitación, sustanciación y solución del juicio de amparo no permite soslayar esos principios. Como ejemplo de ello se observa que en la Ley de Amparo que rige el juicio que intenta el quejoso, el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión no implique violación a los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. Por ello, ningún sentido práctico tiene tramitar el juicio de amparo cuando la revisión de los actos reclamados implica soslayar alguno de los principios del sistema penal acusatorio. En el caso, la parte quejosa reclama la durabilidad de la prisión preventiva que dice lo mantiene privado de la libertad más allá de los dos años previstos en la Constitución para ser enjuiciado, sin que haya recibido sentencia. Sin embargo, los dos años a que se refiere, no están identificados en la Carta Fundamental como un derecho absoluto, sino que está sujeto a que se verifique que esa dilación sea ajena al ejercicio del derecho de defensa, tal como se lee en su artículo 20, apartado B, fracciones VII y IX: ... La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Por tanto, el cuestionamiento de la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva es un aspecto que está sujeto a los principio de contradicción y de igualdad entre las partes, en donde el quejoso y su defensa debe formular sus planteamientos para dar oportunidad de que sus contrarias -Ministerio Público, así como la víctima u ofendido-, puedan ejercer sus derechos y contraargumentar la pretensión del inconforme. De ahí que lo reclamado por el quejoso no se puede analizar en el juicio de amparo de manera autónoma e independiente al proceso penal acusatorio al que está sujeto el quejoso, sino que es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa del detenido. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado de manera directa, implicaría soslayar los principio que rigen al proceso penal acusatorio y se impediría que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75 de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Con esta consideración no se deja en indefensión a la parte inconforme, porque el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que la parte quejosa pueda formular su planteamiento y pretensión en cuanto a que alega que cambiaron las condiciones objetivas de la prisión preventiva que le fue impuesta de tal manera que la misma carece de justificación. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 75 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la ley invocada en último término. Cabe mencionar que en un asunto similar, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito confirmo el criterio con el que aquí se resuelve, ello dentro del recurso de queja 49/2020. SEÑALAMIENTO DE AUTORIZADOS Como lo solicita, se tiene autorizado a Raymundo Cervantes Samaniego en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque cuentan con el registro de su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho; y en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la ley en cita, a Jonás Arturo García Jarillas, es decir, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones de su parte. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene señalado el que indica en la demanda. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno citado y 29 del acuerdo general 21/2020 invocado, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente auto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y en el domicilio que señaló para recibir notificaciones, para lo cual se deberá entregar impresión de este acuerdo con la evidencia criptográfica, que hace las veces de copia certificada.

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