Angel Ernesto Basto Blanco
Expediente 1445/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1445/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Angel Ernesto Basto Blanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1445/2023-II-A, promovido por ****, por conducto de su apoderado legal, en contra de los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ÁNGEL ERNESTO BASTO BLANCO, por conducto de su apoderado legal, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, ambas con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento efectuado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por proveído de veintisiete del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda, precisándose a las autoridades responsables. Por tal motivo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de las terceras interesadas y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: La omisión de las responsables en desahogar la prueba ofrecida por el demandado INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN, consistente en un informe a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en autos del juicio laboral de origen 935/2018. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, pues no obstante que lo aceptó al rendir su informe justificado (promoción 17126), lo cierto es que la omisión que reclama el quejoso únicamente es atribuible al Presidente de la Junta, ya que la misma no está relacionada con un acto que corresponda realizar al actuario. Pues de conformidad con lo establecido en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a los Presidentes de las Juntas vigilar el procedimiento, así como estar al pendiente del mismo y velar porque las actuaciones y sus notificaciones se vayan realizando sin dilación, hasta llegar al dictado del laudo. Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado atribuible al actuario, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó en su informe justificado (promoción 17127). Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, aunque suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por tratarse de la parte trabajadora, motivo por el cual deberá concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. En la especie, el quejoso reclama que las responsables transgreden en su perjuicio lo preceptuado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetar los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, pues no ha cumplido con los tiempos que marca la Ley para la sustanciación del procedimiento laboral, ya que no ha dictado los actos necesarios para que se logre el perfeccionamiento de la prueba consistente en un informe que debe rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ofrecida en autos del juicio laboral 935/2018. Al respecto, debe señalarse que el proceso del derecho del trabajo, también conocido como procedimiento laboral, está regulado por las normas adjetivas que se consignan en el título XVI de la Ley Federal del Trabajo que establece para su prosecución, determinados plazos y términos, los cuales deben respetarse por la autoridad laboral que aplica la Ley, y para el caso, como se hace valer, se advierte que la autoridad responsable está conculcando en agravio del quejoso, el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que no está respetando los plazos que establece la Ley Laboral. El citado artículo 17 Constitucional, en lo conducente establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo persona o gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que las sentencias, acuerdos o resoluciones, pronunciadas por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos y los preceptos legales establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo señala la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto es, que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir ninguna clase de remuneración o percepción económica, diferente a la que la ley establece, fijándose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la venta de la justicia. Por otra parte, en el juicio natural se aplica la Ley Federal del Trabajo, en el caso los artículos 873, 880, 883, y 884, de cuya interpretación se desprende, por una parte, que la Junta dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que reciba la demanda laboral, señalará día y hora para la celebración de la audiencia trifásica, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes, y que se notificará a las partes con diez días de anticipación cuando menos la fecha en que se celebrará la misma. Asimismo se advierte, que en la etapa procesal de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas en el juicio obrero, las partes en la audiencia relativa a la de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrecerán los medios de convicción de su parte, y concluido el ofrecimiento la junta laboral deberá inmediatamente resolver sobre las pruebas que admita y las que deseche; siendo que en el acuerdo en el que se admitan las pruebas que correspondan se deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Pero cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, se considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, procurando se reciban primero las de la parte actora y después las del demandado, siendo que dicho periodo no deberá de exceder de treinta días. Que abierta la audiencia de desahogo de pruebas, se procederá a desahogar todas las que se encuentren debidamente preparadas, pero si faltare alguna prueba por desahogar, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; que en el caso de que las pruebas que falten por desahogar no estuviesen debidamente preparadas, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose efectivo uno de los medios de apremio; así desahogadas todas las pruebas, las partes en la misma audiencia podrán formular alegatos. Ahora bien, de las constancias que anexó a su informe justificado el Presidente de la Junta responsable, las cuales constituyen antecedentes del acto reclamado, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el tres de enero de dos mil veintidós, la Junta responsable se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen 935/2018, entre ellas el informe que debía rendir la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en Ciudad de México. Y no fue sino hasta el veintiséis de septiembre del año en curso, que la Junta remitió a la indicada institución el oficio correspondiente; esto es, más de veinte meses después de haber proveído la admisión de dicha prueba. De todo lo anteriormente narrado se evidencia que la Junta responsable no observó artículos 873, 880, 883, y 884 de la Ley Federal del Trabajo, ya que no respetó los términos ahí dispuestos, así como tampoco hizo uso de los medios de apremio que la ley le confiere para vigilar que el procedimiento se desarrolle de manera puntual y conseguir que se perfeccione la prueba que se ofreció en el juicio de origen, lo que desde luego se traduce en una irregularidad en la administración de justicia, violatoria del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República. En esa tesitura, si el artículo 17 constitucional, en la parte conducente, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, sea porque no desarrolla el procedimiento dentro de los tiempos establecidos para ese fin o porque omite proveer lo conducente para su buena marcha y desenvolvimiento y si una de las característica esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, es evidente que en el presente caso la autoridad laboral no ha cumplido con dichas premisas ocasionando un perjuicio a las partes. Razón por la cual lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa, para el efecto de que el Presidente de la Junta responsable, en lo sucesivo, dicte todos los actos necesarios para que de manera pronta se verifique y/o se lleve a cabo el desahogo de la prueba ofrecida en el juicio de origen relativa al informe que debe rendir la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con domicilio en Ciudad de México, y en lo sucesivo, dentro del ámbito de sus atribuciones, proceda en forma expedita a tramitar el procedimiento conforme a los plazos y términos legales, lo cual implica que realice los actos subsecuentes al reclamado, necesarios para tal fin y en su oportunidad concluya con prontitud la etapa probatoria en el juicio de origen. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, en la página 732, que es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ÁNGEL ERNESTO BASTO BLANCO, por conducto de su apoderado legal, en contra del acto que atribuyó al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ÁNGEL ERNESTO BASTO BLANCO, por conducto de su apoderado legal, en contra del acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado (17127) y actuario de su adscripción (17126), y anexo que acompaña el primero. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguense a este expediente los oficios de cuenta del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, y anexo que acompaña el primero, con los que manifiestan que rinden su correspondiente informe justificado. Al efecto, no ha lugar a tener por rendidos dichos informes, toda vez que se refieren a un acto distinto al aquí reclamado, al señalar esencialmente que sí es cierto el acto reclamado, ya que no se ha emitido el laudo correspondiente en el expediente laboral de origen; sin embargo, la omisión de dictar dicho laudo, no constituye el acto aquí reclamado. En consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y actuario de su adscripción, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, rindan su correspondiente informe justificado con relación al acto efectivamente reclamado, que lo es la omisión de desahogar la prueba ofrecida por el demandado ********************, consistente en el informe que indica la aquí quejosa en la demanda de amparo, en autos del juicio laboral de origen ********************; tal como se les requirió mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Apercibida(s) que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a estos autos los oficios signados por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con residencia en Kanasín, y anexo que acompañan, mismos que remiten con relación al requerimiento efectuado por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, y en cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de los citados informes rendidos por las autoridades responsables, relativos al cumplimiento de la ejecutoria, por el término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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