Ángel Erick Medina Mateos

Expediente 273/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
273/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Ángel Erick Medina Mateos

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 273/2021 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintitrés de marzo de este año, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en la determinación de veintitrés de marzo de este año se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el diecinueve de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnada a este Juzgado el veintidós siguiente, promovida por Ángel Erick Medina Mateos, por propio derecho, contra actos del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 273/2021. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa señala como autoridades responsables al 1) juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, 2) Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y 3) director del reclusorio regional o local de la Villa de Etla; de quienes reclama: "...de la primera autoridad señalada como ordenadora el ULTIMO ACUERDO DICTADO AL TURNARME O PONERME A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIONES y de la segunda autoridad señalada como ordenadora el cumplimiento de la ejecución de la pena impuesta, y de la ejecutora el cumplimiento que está dando con la privación de mi libertad personal injustamente." Sin que en diversa parte de la demanda mencione la fecha del acuerdo reclamado mediante el cual fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución Penal; no obstante, se estima innecesario requerir ese dato a la parte quejosa, a fin de evitar dilaciones innecesarias, toda vez que la fecha del acuerdo reclamado ya es conocida por este Juzgado, con motivo del trámite del diverso juicio de amparo 45/2021. En efecto, se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este Juzgado se tramita el juicio de amparo 45/2021, promovido por Ángel Erick Medina Mateos contra la omisión del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de acordar los escritos presentados el veintinueve de diciembre de dos mil veinte y cuatro de enero de este año, en el expediente 176/2013, en los que, respectivamente, solicitó su libertad bajo caución y promovió "incidente por falta de elementos para ser sentenciado". En dicho juicio, al rendir informe justificado, el juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, exhibió un cuadernillo de copias certificadas de diversas constancias deducidas de la causa penal 176/2013 de su índice, entre las que destaca el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, entre otras cuestiones: Proveyó los escritos presentados por el quejoso el veintinueve de diciembre de dos mil veinte y cuatro de enero de este año, en los que, respectivamente, solicitó su libertad bajo caución y promovió "incidente por falta de elementos para ser sentenciado". Acordó que no era procedente su libertad bajo caución ni el trámite del incidente hecho valer, debido a que por auto de quince de marzo de dos mil veinte se ordenó ponerlo a disposición del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para la ejecución de la sentencia dictada en el expediente penal 176/2013, misma que fue confirmada por la Tercera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ordenó notificar al quejoso, en el lugar de su reclusión (Centro Penitenciario Varonil de la Villa de Etla, Oaxaca), además de la determinación de veinticinco de enero de este año, la diversa de quince de marzo de dos mil veinte. Notificación que se efectuó el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, como se advierte de la copia certificada de la diligencia de notificación personal realizada por la secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la que aparece la firma de Ángel Erick Medina Mateos. Constancias que en copia certificada se ordena agregar en este expediente, para corroborar la información vertida en los párrafos precedentes. De lo expuesto, se corrobora que el acuerdo reclamado por el quejoso (referido en la demanda como "ULTIMO ACUERDO DICTADO AL TURNARME O PONERME A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIONES"), es el acuerdo de quince de marzo de dos mil veinte; por tanto, se precisa que en este juicio de amparo la parte quejosa reclama 1) del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, 2) del juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y del 3) director del reclusorio regional o local de la Villa de Etla: La orden y ejecución del acuerdo de quince de marzo de dos mil veinte, en el que, entre otras cuestiones, fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para la ejecución de la sentencia dictada en el expediente penal 176/2013, que implica la privación de su libertad. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 4.1 Caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los artículos transcritos establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); asimismo, que ese plazo debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. El inicio del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, debe partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de esas tres hipótesis; por tanto, esos supuestos son excluyentes, pues no guardan orden de prelación. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 prevén las excepciones a la regla general, esto es, cuando: a) Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) El amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) El acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, como se precisó en el apartado que antecede, el quejoso reclama la determinación de quince de marzo de dos mil veinte, en el que, entre otras cuestiones, el juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro ordenó ponerlo a disposición del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para la ejecución de la sentencia dictada en el expediente penal 176/2013, cuya privación de libertad compurga en el reclusorio de la Villa de Etla, Oaxaca; determinación que se le notificó el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, como se advierte de la copia certificada de la diligencia de notificación personal realizada por la secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la que aparece la firma de Ángel Erick Medina Mateos: Así, es posible afirmar que la demanda de amparo es extemporánea. Para evidenciarlo, debe señalarse que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción al plazo genérico previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 de la Ley de Amparo, pues el acuerdo impugnado no es a) una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; b) ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; c) tampoco es un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; d) ni menos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, para la promoción de la demanda de amparo debe atenderse la regla general de quince días señalada en el primer párrafo del citado artículo 17 de la Ley de Amparo; y si el quejoso quedó notificado del acto reclamado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se actualiza el primer supuesto del primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, que implica que el plazo para la presentación de la demanda debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto reclamado. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la notificación efectuada al quejoso el veintiséis de enero de dos mil veintiuno surtió efectos ese mismo día. Entonces, el plazo de quince días que tuvo Ángel Erick Medina Mateos para presentar la demanda de amparo transcurrió del veintisiete de enero al dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, y si de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, se aprecia que la demanda fue presentada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, es inconcuso que esa presentación se hizo fuera del plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, es evidente que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J.115/2010 y P./J.11/2017 (10ª) de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda promovida por Ángel Erick Medina Mateos, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Notificaciones. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 1/2021), se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 273/2021 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el diecinueve de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnada a este Juzgado el veintidós siguiente, promovida por Ángel Erick Medina Mateos, por propio derecho, contra actos del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 273/2021. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa señala como autoridades responsables al 1) juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, 2) Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y 3) director del reclusorio regional o local de la Villa de Etla; de quienes reclama: "...de la primera autoridad señalada como ordenadora el ULTIMO ACUERDO DICTADO AL TURNARME O PONERME A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIONES y de la segunda autoridad señalada como ordenadora el cumplimiento de la ejecución de la pena impuesta, y de la ejecutora el cumplimiento que está dando con la privación de mi libertad personal injustamente." Sin que en diversa parte de la demanda mencione la fecha del acuerdo reclamado mediante el cual fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución Penal; no obstante, se estima innecesario requerir ese dato a la parte quejosa, a fin de evitar dilaciones innecesarias, toda vez que la fecha del acuerdo reclamado ya es conocida por este Juzgado, con motivo del trámite del diverso juicio de amparo 45/2021. En efecto, se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este Juzgado se tramita el juicio de amparo 45/2021, promovido por Ángel Erick Medina Mateos contra la omisión del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, de acordar los escritos presentados el veintinueve de diciembre de dos mil veinte y cuatro de enero de este año, en el expediente 176/2013, en los que, respectivamente, solicitó su libertad bajo caución y promovió "incidente por falta de elementos para ser sentenciado". En dicho juicio, al rendir informe justificado, el juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, exhibió un cuadernillo de copias certificadas de diversas constancias deducidas de la causa penal 176/2013 de su índice, entre las que destaca el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, entre otras cuestiones: Proveyó los escritos presentados por el quejoso el veintinueve de diciembre de dos mil veinte y cuatro de enero de este año, en los que, respectivamente, solicitó su libertad bajo caución y promovió "incidente por falta de elementos para ser sentenciado". Acordó que no era procedente su libertad bajo caución ni el trámite del incidente hecho valer, debido a que por auto de quince de marzo de dos mil veinte se ordenó ponerlo a disposición del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para la ejecución de la sentencia dictada en el expediente penal 176/2013, misma que fue confirmada por la Tercera Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ordenó notificar al quejoso, en el lugar de su reclusión (Centro Penitenciario Varonil de la Villa de Etla, Oaxaca), además de la determinación de veinticinco de enero de este año, la diversa de quince de marzo de dos mil veinte. Notificación que se efectuó el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, como se advierte de la copia certificada de la diligencia de notificación personal realizada por la secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la que aparece la firma de Ángel Erick Medina Mateos. Constancias que en copia certificada se ordena agregar en este expediente, para corroborar la información vertida en los párrafos precedentes. De lo expuesto, se corrobora que el acuerdo reclamado por el quejoso (referido en la demanda como "ULTIMO ACUERDO DICTADO AL TURNARME O PONERME A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIONES"), es el acuerdo de quince de marzo de dos mil veinte; por tanto, se precisa que en este juicio de amparo la parte quejosa reclama 1) del juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, 2) del juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y del 3) director del reclusorio regional o local de la Villa de Etla: La orden y ejecución del acuerdo de quince de marzo de dos mil veinte, en el que, entre otras cuestiones, fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para la ejecución de la sentencia dictada en el expediente penal 176/2013, que implica la privación de su libertad. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 4.1 Caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los artículos transcritos establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general); asimismo, que ese plazo debe computarse a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. El inicio del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, debe partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de esas tres hipótesis; por tanto, esos supuestos son excluyentes, pues no guardan orden de prelación. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 prevén las excepciones a la regla general, esto es, cuando: a) Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) El amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) El acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, como se precisó en el apartado que antecede, el quejoso reclama la determinación de quince de marzo de dos mil veinte, en el que, entre otras cuestiones, el juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro ordenó ponerlo a disposición del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para la ejecución de la sentencia dictada en el expediente penal 176/2013, cuya privación de libertad compurga en el reclusorio de la Villa de Etla, Oaxaca; determinación que se le notificó el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, como se advierte de la copia certificada de la diligencia de notificación personal realizada por la secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la que aparece la firma de Ángel Erick Medina Mateos: Así, es posible afirmar que la demanda de amparo es extemporánea. Para evidenciarlo, debe señalarse que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis de excepción al plazo genérico previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 de la Ley de Amparo, pues el acuerdo impugnado no es a) una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; b) ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; c) tampoco es un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; d) ni menos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por ende, para la promoción de la demanda de amparo debe atenderse la regla general de quince días señalada en el primer párrafo del citado artículo 17 de la Ley de Amparo; y si el quejoso quedó notificado del acto reclamado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se actualiza el primer supuesto del primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, que implica que el plazo para la presentación de la demanda debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto reclamado. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la notificación efectuada al quejoso el veintiséis de enero de dos mil veintiuno surtió efectos ese mismo día. Entonces, el plazo de quince días que tuvo Ángel Erick Medina Mateos para presentar la demanda de amparo transcurrió del veintisiete de enero al dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, y si de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, se aprecia que la demanda fue presentada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, es inconcuso que esa presentación se hizo fuera del plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo; por tanto, es evidente que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J.115/2010 y P./J.11/2017 (10ª) de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda promovida por Ángel Erick Medina Mateos, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a la promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Notificaciones. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 1/2021), se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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