Ángel Enrique López Pimentel

Expediente 1028/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1028/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2017

Partes del expediente

  • Ángel Enrique López Pimentel

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO el auto que tuvo por no presentada la demanda de garantías; por tanto se ordena el archivo del expediente.

  2. Principal

    Vistos los presentes autos, de los que se advierte que en auto de tres de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la ampliación de demanda que efectuó el quejoso en contra del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, sin que se hubiera considerado respecto del Juez Primero Mercantil de esta ciudad, a quien atribuye el carácter de autoridad responsable en el capítulo de "acto reclamado"; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el efecto de correr traslado a dicha autoridad con la copia del escrito de ampliación de demanda. Al efecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso ampliando su demanda de garantías por lo que ve al Juez Primero Mercantil de esta ciudad, respecto de los actos que cita en su escrito registrado con el folio 16638 Por tanto, con copia simple del escrito de ampliación, gírese atento oficio a las autoridades responsables, a efecto de que en términos del artículo 115 y 117 de la Ley de Amparo, rindan su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda, dentro del término de QUINCE DÍAS contados a partir del siguiente en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el que expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas COMPLETAS Y LEGIBLES, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado; apercibidas que en caso de que no rindan el informe con justificación, o admitida la certeza del acto, lo hagan sin remitir las constancias que se les solicita, se harán acreedoras a una multa prevista en el artículo 260, fracción II, del propio cuerpo legal. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se señalan nuevamente para su verificativo las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, para su verificativo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********** a nombre de ********** contra actos del ********** y OTRAS AUTORIDADES. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1028/2017-III-MC. En el caso se reclaman actos que importan ataques a la libertad personal e incomunicación, supuestos de los cuales el artículo 15 de la vigente Ley de Amparo contempla que la demanda de garantías puede ser peticionada a favor del agraviado que se encuentre imposibilitado para hacerlo; por ende, con fundamento en los artículos 126, 164, 165 y 166 de la citada legislación, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen los actos de incomunicación, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir, de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, en torno al directo quejoso. Asimismo, para el caso de que se encuentre a disposición del Ministerio Público en cumplimiento de una orden de detención, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, el justiciable sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En el entendido de que si el impetrante del amparo se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición. Cabe precisar que en cualquier caso distinto de los anteriores en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado al juez. Si la detención del quejoso es efectuada por las autoridades administrativas señaladas como responsables, distintas del Ministerio Público, se concede la suspensión para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De igual forma, si la detención del quejoso es efectuada por las autoridades responsables en cumplimiento a una orden de detención del Ministerio Público u orden jurisdiccional, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto de inmediato a disposición de quien emitió la orden restrictiva de la libertad del quejoso o se deje en inmediata libertad; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se dará vista al Ministerio Público por la detención prolongada cometida. Si la detención obedece a una orden judicial, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo, deberá estarse a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, debiendo comparecer ante el juez de la causa dentro de los tres días siguientes a efecto de continuar con el proceso penal, apercibido que de incumplir quedara sin efecto esta providencia. Empero, si el directo quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de incumplir las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término IMPRORROGABLE DE VEINTICUATRO HORAS RINDAN INFORME SOBRE LA DETENCIÓN DEL QUEJOSO, en la inteligencia de que, si de dichos informes y constancias no se acredita la flagrancia o la urgencia en la detención del impetrante de amparo, o bien no se rinde el informe dentro del término concedido, se ordenará la inmediata libertad del directo quejoso, con la consiguiente responsabilidad de las autoridades. De igual manera, la autoridad responsable deberá informar la observancia que dé al presente mandato, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.". Con independencia de lo anterior, en caso de que las responsables no cumplan con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la Representación Social Federal, en términos del numeral 237, fracción III, de la vigente Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, a efecto de que DE INMEDIATO CESEN LOS ACTOS RECLAMADOS, en contra de los cuales se concedió de plano su suspensión, en los términos precisados, en el entendido que de incumplir con esta determinación, se harán acreedores a una multa equivalente a doscientas unidades de medidas y actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, lo que deberá acreditar ante este juzgado federal, sin perjuicio de que se realice la denuncia correspondiente al Fiscal de la adscripción por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la invocada ley. A fin de lograr la comparecencia del agraviado se dictan las medidas siguientes: se ordena al personal autorizado de la sección de actuaría de este órgano judicial, que se constituya en el lugar donde refiere la promovente que se encuentra recluido el directo quejoso, a quien deberá notificar este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. Asimismo, conforme al "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos" se ordena al Actuario Judicial, que en la propia diligencia, asiente en el acta si el directo quejoso presenta alguna lesión visible, asimismo, interrogará a dicho impetrante en el propio sentido, esto es, si ha sido objeto de tortura, golpes, malos tratos, etcétera, asentando con precisión lo que al efecto responda. Por otro lado, si el Actuario no logra localizar al directo agraviado, se le ordena se constituya en el domicilio del promovente y lo requiera para que proporcione mayores datos que permitan la localización del directo quejoso; lo anterior con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por conducto del Actuario Judicial de la adscripción, requiérase al personal de guardia (Agente del Ministerio Público, Comandante o persona encargada de los separos) que se encuentre en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, para que manifieste la autoridad ante la cual se encuentre a disposición el directo quejoso, debiendo recabar nombre completo y cargo que desempeña la persona que proporciona la información; apercíbase a la autoridad con la que atienda el requerimiento que en caso de incumplir con lo anterior, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a diez unidades de medida y actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, se faculta al Actuario para que, en el caso que advierta que el directo quejoso se encuentra a disposición de una autoridad diversa a la señalada por el promovente de amparo, emplace a dicha autoridad sin perjuicio de que posteriormente, se llame formalmente a juicio a aquélla; ello en beneficio del reo acorde con los principios de impartición de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en caso de que el actuario judicial se percate que no fue localizado el quejoso detenido ante alguna de las autoridades de las señaladas como responsables y ante la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, al margen del requerimiento formulado al suscriptor de la demanda de garantías; con fundamento en el artículo 15, último párrafo de la ley de la materia, se requerirá a las siguientes autoridades: ******************************************************** Ello con el fin de que, dentro del plazo de doce horas, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente informen si ellos o alguno de sus subordinados detuvieron al directo quejoso, o bien si ante ellos fue puesto a disposición, o en su caso, si en los separos de esas instituciones se encuentra detenido o que haya sido remitido ante las Agencias del Ministerio Público o investigadora que comprenden todo el Estado de Colima, debiendo exhibir al respecto las constancias recabadas al efecto, apercibidos que en caso de no hacerlo, se les impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, la que se hará efectiva por los conductos debidos, de conformidad con lo que establece el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de las sanciones a que puede hacerse acreedores en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, debido a que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco, en cambio, al resto de los autorizados con las limitantes de dicho numeral, por no contar con dicho registro. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal el que indica en su demanda de amparo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo. En otro aspecto, es preciso señalar que el arábigo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, contempla, entre otras, la obligación de los promoventes en el sentido de señalar las autoridades responsables, lo que de suyo se traduce en una designación precisa de manera que sea posible llamar a juicio a la o las que hayan sido señaladas con tal calidad, debiéndose aclarar, además, que tocante a este tema no opera la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja a que alude el precepto 79 de la norma en comento, puesto que esta última versa respecto a los conceptos de violación o agravios. Bajo esta perspectiva, se apercibe a la parte quejosa de que en caso de que alguna o algunas de las autoridades a las que les atribuya el carácter de responsables no exista con la denominación que indica en su escrito de demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación al respecto y en su oportunidad se resolverá como proceda conforme tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento del nombre de dicha o dichas responsables. Todo lo anterior encuentra justificación en el hecho de que corresponde a la parte accionante de amparo estar al pendiente tanto de que su escrito de demanda colme las exigencias del mencionado precepto 108, como del trámite del proceso de amparo, lo cual además guarda armonía con lo contemplado en el párrafo segundo del dispositivo 17 de la Ley Fundamental, que postula la impartición de justicia pronta y acorde con el principio de celeridad procesal. Finalmente, se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore el envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción.

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