Angel Emmanuel Ancheyta Villafuerte
Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/05/2018
Partes del expediente
- Angel Emmanuel Ancheyta Villafuerte
- Angel Emmanuel Ancheyta Villafuerte y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos, toda vez que en autos consta un documento original exhibido por la parte quejosa como anexo de su escrito inicial de demanda, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a las trece horas en día hábil. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho (foja 66), se tuvo a la autoridad responsable 1. Coordinador Estatal de la Dirección General de Operación Regional Sur, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, residente en esta ciudad, remitiendo copia certificada de diversas constancias. Asimismo, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de contestación a las peticiones formuladas mediante escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 1. Coordinador Estatal de la Dirección General de Operación Regional Sur, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, residente en esta ciudad, de falta de contestación a las peticiones formuladas mediante escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho. Ahora, se observa que la autoridad 1. Coordinador Estatal de la Dirección General de Operación Regional Sur, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, residente en esta ciudad, adjunto a su oficio de dieciocho de abril del año en curso, original del acuse relativo al diverso 1308.7/185/2018 INEGI.OPR1.03 de once de abril del mismo año, mediante el cual dio respuesta al escrito presentado por el quejoso, el nueve de febrero de dos mil dieciocho, así como la cédula de notificación de trece de abril de la anualidad que transcurre y notificación vía correo electrónico de esa misma fecha (fojas 54 a 265), subsanando así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo dio contestación a la petición formulada, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de a su derecho de petición, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en no dar respuesta al escrito presentado el nueve de febrero del año en curso, lo que en el caso se subsana con el dictado del oficio 1308.7/185/2018 INEGI.OPR1.03 de once de abril de la presente anualidad. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuatro minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 35 a 37), a efecto de que manifestara si era o no su deseo de señalar como autoridad responsable al 2. Director General de Estadísticas Sociodemográficas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, residente en Aguascalientes, Aguas Calientes, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se ordena continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, únicamente respecto a la autoridad señalada como responsables en el escrito inicial de demanda. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable 1. Coordinador Estatal de la Dirección General de Operación Regional Sur, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que ha sobrevenido una causal de sobreseimiento y remite copia certificada de diversas constancias a efecto de acreditar su dicho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguense las documentales que anexa la autoridad responsable, a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales serán valoradas al momento de resolver sobre el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en el numeral 117 de la ley de la materia, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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