Angel Efrain Quintal Rosado
Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Angel Efrain Quintal Rosado
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se realizó a la parte quejosa por notificación electrónica, el día tres de julio siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno incidental respectivo, adjuntándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia personal de las partes ni represente legítimo de ellas.********************Acto continuo, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que obra glosado a estos autos. ********************A lo anterior el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, por rendido en tiempo y forma el informe justificado de cuenta, el que se ordenó agregar con conocimiento de las partes.********************Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las constancias remitidas por la responsable, junto con su informe justificado.********************A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las citadas probanzas, mismas que en atención a su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas para todos los efectos legales correspondientes.********************Seguidamente al no existir pruebas pendientes por desahogar, el Juez declara cerrado el período de pruebas. ********************Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace que las partes no hicieron uso de ese derecho.********************A lo anterior, el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, se declara cerrado el periodo de alegatos.********************Seguidamente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución:********************VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en lo siguiente:********************La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral de origen ********************.********************TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no obstante lo hubiese afirmado su Presidenta, al rendir el informe justificado (registrado con el número de promoción 9276); toda vez que como se analizará con posterioridad y de las constancias remitidas con el informe de ley, se desprende que el acto combatido no existe.********************En efecto, por lo que se refiere al acto reclamado, relativo a la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen ********************, de las constancias que remitió la Junta responsable por conducto de su Presidenta, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ello obedeció a que en los autos del expediente de origen no se había abierto el periodo de alegatos, ni había declarado cerrada la instrucción. ********************Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo.********************Pues resulta que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda, es decir, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, no existía el acto de omisión que ahora reclama, como se aprecia de las constancias que integran el presente juicio, ya que la Junta responsable se encontraba imposibilitada procesalmente para fallar en definitiva el juicio laboral ********************, pues no se había declarado cerrado el período de instrucción, y por ende, menos puede estimarse que se encontraba en posibilidad de dictar el laudo, puesto que procesalmente primero tiene que existir el cierre correspondiente, así como la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia planteada.********************Es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes:********************"ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." (Época: Décima Época, Registro: 2018110, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) y página: 926). ****************************************En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.********************Lo anterior conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente como ya se vio; de ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio.********************Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: ********************"AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y ****************************************"JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías."****************************************Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó.********************Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece:********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."****************************************CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. ********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. ********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro:********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". ****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. ********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************SEXTO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se********************RESUELVE********************PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto reclamado de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma.********************SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública. ********************CUARTO. Como está ordenado en el considerando sexto, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y Regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio SSP/DJ/ME/22648/2023, del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, así como el anexo que al mismo acompaña, mediante el cual informa que mediante misiva SSP/DJ/ME-16304/2023, de seis de abril del año en curso, ha solicitado al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán, la publicación del acuerdo SSP 008/2023, por el que se deja sin efecto del diverso SSP 004/2021. Ahora bien, por cuanto dicha información se trata de la misma que ya había aportado dicha responsable desde el treinta y uno de marzo último, por tanto, SE ACUERDA: A fin de que la sentencia ejecutoria se cumpla a cabalidad, no obstante que el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Yucatán no fue señalado como autoridad responsable en el presente asunto, en atención a lo informado por la autoridad oficiante, requiérasele para que dentro del ámbito de sus funciones, cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. Esto es, para que proceda a realizar los trámites correspondientes en los términos solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lo que deberá informar a este Juzgado Federal dentro del plazo de cinco días, remitiendo para tal efecto las copias certificadas completas y legibles de los documentos que apoyen su dicho. Se apercibe a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese y cúmplase.
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