Ángel Efrain Díaz Cruz
Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ángel Efrain Díaz Cruz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés Ratificación. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, agréguese para que obre como corresponda la diligencia actuarial que antecede, y dadas las manifestaciones realizadas en la misma, téngase a ....ratificando la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Identificación de promovente y admisión. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ....contra actos de las siguientes autoridades responsables: No. Autoridad señalada como responsable 1.- Director del Hospital General de Cuidad Valles, San Luis Potosí. 2.- Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. A quienes les reclama:.... Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 2o, 33, fracción IV, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la presente demanda de garantías. Intervención agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XV, de la Carta Magna y 5o, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase como parte en el presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lo tanto, con copia de la demanda que se provee, désele la intervención que legalmente le corresponde. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión, toda vez que por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. Audiencia constitucional. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dos de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ello, en atención a que el periodo vacacional de este órgano jurisdiccional es del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, lo anterior conforme al artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas al calendario de las vacaciones de los juzgados de Distrito correspondiente al segundo semestre del año que transcurre. Informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables, el cual podrá ser rendido por escrito o medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 117, párrafo quinto, de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, remitan copia certificada, legible, completa y ordenada en forma secuencial, de las constancias que obran en el expediente de donde deriva el acto reclamado, atento a que son necesarias para resolver el presente asunto, o en su caso, manifiesten el impedimento legal que les asista para no hacerlo. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Sanción por incumplimiento en la rendición del informe justificado. Apercibidas que, de no rendir el informe justificado, o lo hicieren sin remitir las constancias relativas, amén de que en aquel caso se presumirá cierto el acto aquí reclamado, en términos del párrafo cuarto del citado precepto, se impondrá en su contra una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar cien veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del mismo año. Causas de sobreseimiento. Así también, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, informen a este juzgado si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en el presente juicio, esto es, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del idéntico procedimiento del que emana el acto que se reclama. De igual modo, con fundamento en lo establecido en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que así lo acrediten; apercibidos que no hacerlo, se impondrá en su contra una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos legales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar treinta veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del mismo año. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo la prueba documental que acompañó a su escrito de demanda, la cual se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, misma que será tomada en consideración al resolver el presente sumario constitucional. Notificación a las autoridades responsables. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expeditos su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. Informe suspensión e plano. Por otra parte, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el oficio signado por la Delegada de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí y Delegada del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante el cual refiere está acatando la suspensión de plano decretada en autos, toda vez que el quejoso ingresó el catorce de noviembre del dos mil veintitrés al área de urgencias, ....a consecuencia de accidente en motocicleta, el cual está siendo debidamente atendido de manera integral, además de que se encuentra hemodinámicamente estable, en espera de cirugía, la cual no se ha podido llevar a cabo debido a los tiempos quirúrgicos (quirófanos saturados), además de las urgencias médicas prioritarias que involucran riesgo de pérdida de la vida. Vista al quejoso. Atento a lo anterior y con el contenido del aludido comunicado, dese vista a la parte quejosa para su conocimiento y efectos legales a que hubiere lugar; acompañando para tal efecto copia autorizada del oficio y su anexo con que se da cuenta. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés Identificación de promoventes. Vista la demanda de amparo signada electrónicamente por ********************, según se advierte de la evidencia criptográfica correspondiente, promovida en favor del directo quejoso ********************, de quien no obra firma electrónica alguna sino que su firma únicamente aparece en el archivo digitalizado firmado electrónicamente por el citado Coronado Nieto, contra actos de las siguientes autoridades responsables: No. Autoridad señalada como responsable 1. Director del Hospital General de Cuidad Valles, San Luis Potosí. 2. Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí. No obstante lo anterior, al haberse promovido la mencionada demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, de conformidad con los artículos 3, 4 y 109 del citado ordenamiento, no resulta necesaria la firma electrónica del quejoso, por lo que este juzgado federal, se pronuncia al respecto. Regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 580/2023-IV-2. A quienes les reclama: "a) La afectación del derecho al acceso a la salud que compromete gravemente mi dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento y por el peligro a la vida. b) La omisión del otorgamiento de la atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por el no administrarse el tratamiento médico, incluyendo equipo médico, ....." Asimismo, resulta necesario transcribir los puntos medulares de los antecedentes del acto reclamado: "1.- Debido a un accidente en motocicleta sucedido el día 14 de NOVIEMBRE pasado se me diagnostico ... por parte de médicos del Hospital General de esta ciudad lugar en que me encuentro ..., siéndome indicada una cirugía por parte de traumatólogo de dicho nosocomio. 2.- Es el caso que desde esa fecha al día de hoy no se me ha efectuado la cirugía ordenada debido a una supuesta falta de recursos para comprar los materiales de osteosíntesis necesarios para su realización. 3.- Cabe mencionar que me encuentro preparado físicamente y mentalmente y he consentido recibir dicha cirugía, empero no se me programa a ésta." Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Suspensión de plano. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 517/2019, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD", precisó que: a) En la determinación de la suspensión no es posible determinar con certeza si el medicamento solicitado en la demanda de amparo consiste en el tratamiento adecuado para el quejoso, en tanto que aún no se han requerido los informes de las autoridades responsables; además, el juzgador no es perito en medicina para evaluar o modificar la prescripción del médico tratante, de manera que su determinación únicamente puede encauzar cautelarmente las medidas adecuadas y urgentes para la protección de la salud de los promoventes, sin que pueda sustituirse en el ámbito técnico de decisión que corresponde a los médicos tratantes y a la institución responsable; y, b) La urgencia no puede constituir una razón para que el juzgador ordene, de manera inmediata y sin verificación técnica alguna, el suministro del medicamento solicitado, con lo cual también puede poner en riesgo la salud del promovente, mejor dicho, esta situación exige cautela y que se dicten las medidas apropiadas en interés de la salud de la parte quejosa y para que se garantice el mejor medicamento para su padecimiento, con la debida supervisión médica. No se soslaya que en la ejecutoria indicada se hace referencia a la suspensión provisional y que el caso que nos ocupa se trata de una suspensión de plano; empero, tales razonamientos resultan aplicables por analogía y en lo conducente, en razón de que en ambos supuestos se reclama de la autoridad responsable la negativa u omisión de atención médica que resulte necesaria para que logre el más óptimo estado de salud al que le da derecho el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, dado que el quejoso reclama la afectación al derecho al acceso a la salud, así como la omisión por parte de las autoridades señaladas como responsables de brindar la atención médica oportuna e integral respecto de los padecimientos que refieren le aquejan, de conformidad con lo establecido en los numerales 4, cuarto párrafo, 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar reunidos los requisitos a que se refieren los artículos 8, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para los efectos de que, dentro del ámbito de sus atribuciones, bajo su criterio médico, de manera inmediata las autoridades responsables otorguen el tratamiento o medicinas, o bien, la (s) intervención (es) quirúrgica (s) y/o terapia (s) que resulten necesarias para el tratamiento de la enfermedad (es) que ponga en peligro la vida de la persona quejosa, así como el seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben otorgar. Lo anterior, porque al no ser una perita en medicina y no contar con los conocimientos técnicos de esa rama, corresponde a los médicos tratantes y a la institución responsable diagnosticar el padecimiento que aduzca la parte promovente del amparo, así como verificar la viabilidad del tratamiento o intervención quirúrgica que solicite. En el entendido que, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna puede someter a la parte quejosa a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que se le ubique en la situación apuntada. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Constitucional, página 112, que dice: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. De igual forma ilustra a lo determinado la tesis aislada 2a. LVII/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 420, Materias Constitucional y Administrativa, que dice: DERECHO A LA SALUD. EN MATERIA DE SALUD MENTAL, EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DEBE GARANTIZARSE SIN DISCRIMINACIÓN. En atención a los deberes previstos por el artículo 1o., párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los más altos estándares internacionales, se advierte que la obligación progresiva del derecho a la salud relativa al suministro de medicamentos implica, por lo menos, otorgarlos sin discriminación para todas las personas en general y, en particular, a los grupos vulnerables. Esta obligación no conlleva que cualquier medicamento que se solicite deba ser suministrado, sino que una vez que se decide que un medicamento es parte del cuadro básico, el Estado no puede negar de manera regresiva estos medicamentos a quien los requiera ni otorgarlos de forma discriminatoria. Por otro lado, derivado del deber de otorgarlos sin discriminación, para que una autoridad pueda válidamente excluir a un grupo de personas de la prestación de un servicio fundamental para la debida protección de la salud, no basta con que refiriera a preceptos jurídicos genéricos, sino que debe evidenciar en forma contundente que tal distinción tiene fundamento legal o que la diferencia en el trato y el servicio tiene un sustento objetivo y racional, pues de lo contrario es discriminatoria. También, apoya lo expuesto por las razones que la informan, la tesis aislada I.18o.A.33 K (10a.), sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el cinco de julio de 2019, registro digital 2020283 que dice: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud. Informe a la suspensión de plano. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito dentro del término de cuarenta y ocho horas las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx Infórmese lo anterior a la responsable Director General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí a través del correo electrónico ssslpsub.juridica2@gmail.com, asiéntese razón de ello en autos. Sanción por incumplimiento a la suspensión de plano decretada. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades responsables que la trasgresión de este mandamiento, traerá como consecuencia la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se precisa que el informe que hagan respecto de la medida de plano concedida, no sustituye al informe justificado que, en su caso, se solicitará eventualmente. Requerimiento al directo quejoso para ratificar la demanda de amparo. Ahora, toda vez que la demanda se presentó de manera electrónica (en el buzón en línea), en un archivo digitalizado -escaneado- del que se aprecia una firma autógrafa al parecer del promovente; sin embargo, no es el escrito original, por lo que no se cuenta con la certeza de la voluntad del quejoso para promoverla, aunado a que el mismo se encuentra firmado electrónicamente por ********************; por tanto, requiérase al quejoso ******************** para que en el acto de la notificación manifieste si ratifica la demanda de cuenta, o bien, en el término de tres días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente determinación, comparezca con identificación vigente ante este Juzgado Federal para el mismo efecto, esto es, a ratificar el ocurso que se provee; apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Notificación al quejoso. Dado que en la demanda inicial se señala que el agraviado ********************, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital General de esta Ciudad, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que se constituyan y notifiquen al quejoso de mérito el presente proveído y lo requieran en los términos precisados en el párrafo que antecede, para lo cual remítase copia de la demanda de amparo. Reserva de providencias. Se reserva acordar lo relativo a la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, solicitar informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, así como fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se provea respecto de la admisión de la demanda de que se trata. Domicilio y autorizado. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la misma ley a ********************, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico relativo al juicio que nos ocupa a través del usuario "********************", de conformidad con los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Oficial Judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se precisa que la parte quejosa se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. Dato de contacto. Téngasele señalando como números telefónicos y correo electrónico de contacto los señalados en el ocurso que se provee. Uso de medios electrónicos. De igual modo, como lo peticiona el promovente y de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al signante a reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberá solicitar autorización a la Secretaria de Acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Juicio en línea. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órgano jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Integración. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Copia. Finalmente, atento al contenido del artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se establece que las constancias que integran los expedientes electrónicos, cuando incluyen la evidencia criptográfica se consideran copias certificadas electrónicamente, pues el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables; dígase al promovente que las copias del presente acuerdo que solicita quedan a su disposición en el expediente electrónico, por lo que del mismo podrá obtenerlas para su impresión correspondiente, dado que tales actuaciones se encuentran integradas en su totalidad al expediente electrónico que conforman. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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