Angel Eduardo Venegas Mena
Expediente 602/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Angel Eduardo Venegas Mena
- Angel Eduardo Venegas Mena y Otros.
- Orlando Poblete Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
...el oficio DGDHIGAI/1383/2021 de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, signado electrónicamente por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internaciones del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual solicita se realice un informe relacionado con el juicio de amparo 602/2014, con el objeto de hacerlo llegar a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), derivado a una petición hecha por José Luis Ramírez Hernández, quejoso en este juicio de amparo. Por lo que atento a lo solicitado y estando dentro del plazo otorgado para la emisión del informe solicitado, se procede a informar los puntos precisados en el escrito de cuenta, al tenor de lo siguiente: Antecedentes, Desarrollo procesal y estado actual del expediente de mérito, así como los datos relativos en su caso, de los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra las resoluciones emitidas. El trece de mayo de dos mil catorce, Ángel Eduardo Vanegas Mena, Orlando Poblete Acosta, José Alfredo Cuéllar Hernández, Juan Armando Castillo Alamillo, Óscar Javier Almeida Bermea y José Luis Ramírez Hernández, presentaron, por propio derecho, escrito de demanda de amparo, en la que señalaron como actos reclamados los siguientes: ".La negativa de la autoridad a ser trasladados a un lugar más cercano a nuestras causas penales (Juzgados donde tenemos el proceso esto es Saltillo Coahuila y Altiplano). La orden por la cual fuimos trasladados del Centro Federal Número Uno Altiplano Almoloya de Juárez al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente con sede en Villa Aldama, Veracruz, como consecuencia de ello el destierro que implicó dicho traslado al ser enviados al Estado de Veracruz y a la tortura psicológica y moral que sufrimos al permanecer alejados de nuestro núcleo familiar, para continuar los procesos que se instruyen en nuestra contra en este territorio jurisdiccional.". (Lo resaltado es propio de este juzgado). Como autoridades responsables señalaron a las siguientes: 1. Secretario de Gobernación; 2. Subsecretario del Sistema Penitenciario Federal; 3. Coordinador General de Centros Federales; y, 4. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, estas con sede en la Ciudad de México; 5. Director General de Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente; 6. Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente; e, 7. Integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente, todas con residencia en la Congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz. Como antecedentes de los actos reclamados manifestaron lo siguiente: "Los aquí quejosos fuimos trasladados el siete de julio de dos mil trece de las instalaciones del CEFERESO Número Uno Altiplano Almoloya de Juárez al CEFERESO Número Cinco Oriente ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz, sin previo aviso, sin nuestro consentimiento y sin los estudios clínico-criminológicos necesarios para ser trasladados a otro lugar. A lo que los aquí quejosos consideran violatorio a nuestras garantías individuales, pues primeramente somos mexicanos, segundo la negativa de ser trasladados a un lugar más cercano a nuestros procesos como lo es Saltillo Coahuila dando la explicación el Órgano Administrativo Desconcentrado que no porque existía el riesgo de que fuéramos rescatados, por parte del crimen organizado, siendo esto totalmente falso y erróneo ya que los aquí quejosos jamás hemos pertenecido a ninguna organización delictiva situación que demostramos fehacientemente en nuestros casos jurídicos en lo que concierne al Juzgado Segundo de Matamoros en donde el 10 de mayo de dos mil trece se nos decretó el auto de formal libertad por delincuencia organizada y sólo nos queda el proceso de portación de arma de fuego en el Juzgado Primero de Saltillo Coahuila. Los quejosos en sus conceptos de violación reclaman la esencia que la orden a través de la cual fueron trasladados del CEFERESO Número Uno Altiplano al diverso CEFERESO Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz y la negativa de ser trasladados a un centro cercano al Juzgado Primero de Saltillo Coahuila de Zaragoza ya que es inconstitucional porque carece de la debida motivación y fundamentación. Ya que además de no existir consentimiento de su parte para dicho traslado y de constituir una trasgresión a su derecho de acceso a una adecuada readaptación social, estiman que no cubren el perfil clínico -criminológico para ser trasladados a otro lugar alejándolos de su familia y desterrándolos del lugar donde deberían de llevar sus procesos y compurgan sus sentencias agregando que por el hecho de estar retirados de sus familiares se genera una especie de tortura psicológica y moral para los quejosos, sus esposas, hijos pequeños, y demás familiares quienes sufren al no verlos y al encontrarse con problemas económicos, resulta difícil trasladarse para visitarlos al grado de que son contadas las visitas que han tenido, sin ver a sus hijos pequeño, violando con esto los derechos de los niños, contraviniendo con ellos no sólo la Constitución Federal, sino el Convenio Interamericano para prevenir y sancionar la tortura; lo anterior aunado a que el órgano contesta que este Centro es el más cercano a nuestros procesos y de acuerdo a nuestra peligrosidad. Razones por las cuales se estiman que la orden de traslado y la negativa de ser acercados a Saltillo Coahuila donde tenemos el proceso penal resulta violatorio a los derechos humanos ya que además de causar perjuicio físico-psicológico y moral a los quejosos y a sus familias, la autoridad responsable activo (sic) sin existir un motivo suficiente que justificara nuestra transferencia a otro lugar que no fuera cercano a nuestro proceso como lo es Saltillo Coahuila y no al Estado de Veracruz a más de veinte horas de distancia y mucho menos fundado el proceder. Aunado a esta y para robustecer lo antes expuesto nos permitimos transcribir el siguiente comentario "La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es inconstitucional que los reos estén lejos de sus domicilios" y por consecuencia de su núcleo primario como lo es la familia, esta declaración hecha por los Ministros de este Pleno y difundido a nivel nacional e internacional en el noticiero "Primero Noticias" de Televisa, del titular Carlos Loret de Mola, en el cintillo informativo a las ocho a.m. del día once de enero de dos mil doce. Asimismo se obstaculizan los derechos fundamentales rectores del proceso penal como son celeridad, inmediatez, y su defensa plena, y al no existir esto, se encuentran en un estado de indefensión, como mucho menos, poder ver a sus abogados defensores a causa de las medidas cautelares imperantes en el Centro Federal aludido. Al caso cobra aplicación para sus consideraciones la jurisprudencia 1a/J.17/2013, (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 800, del libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESO O SENTENCIADO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUELLA, PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 FRACCIÓN II PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE AMPARO. Esta primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo afecta a través de actos de autoridad que tenga como consecuencia material, privarlos de la que disfruten en ese momento, si no también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro; por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos como lo es el de una defensa adecuada prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquél en que se sigue la causa penal o el derecho del sentenciado o purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues no implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona, de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22 fracción II párrafo segundo de la Ley de Amparo por lo que puede presentarse en cualquier tiempo". Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil catorce, se tuvo por recibida y se radicó la demanda con el registro 602/2014 del índice de este Juzgado Primero de Distrito. Asimismo, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se requirió a los promoventes para que en el acto de notificación del acuerdo o dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a que surtiera efectos la notificación, especificaran si reclamaban: La negativa de ser trasladados a un lugar más cercano a los juzgados en los que se les siguen los procesos penales respetivos (esto es, a Saltillo, Coahuila, con excepción de José Luis Ramírez Hernández cuya cusa penal se sigue en el Centro Federal número uno Altiplano) o, La orden por la cual fueron trasladados del Centro Federal número uno Altiplano, al diverso Centro Federal número cinco oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz. Ello con la finalidad de fijar la litis a la que se contraería el asunto. Con la especificación que respecto a la tortura que se adujo en la demanda, no existió algún pronunciamiento. Mediante diligencia actuarial de quince de mayo de dos mil catorce se les notificó el contenido del acuerdo mencionado en el punto anterior (de catorce de mayo de dos mil catorce). En proveído de veinte de mayo de dos mil catorce, se dio cuenta con la razón actuarial y se tuvo por precisado el acto que reclamaban, esto es, la negativa de ser trasladados a un lugar más cercano a los juzgados en los que se les siguen sus respectivos procesos. En dicho acuerdo, se admitió a trámite la demanda de amparo, no se tramitó incidente de suspensión, por considerar que no se surtía el requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, así como tampoco se configuraba ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 126 del mismo ordenamiento; se señaló fecha para la audiencia constitucional; se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio vista al Ministerio Público Federal adscrito. En acuerdo de veintisiete de mayo del dos mil catorce, se tuvo a las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama Veracruz, rindiendo informe justificado y se les tuvo por ofrecidas pruebas documentales que adjuntaron a su informe. Por autos de cuatro de junio y uno de agosto, de dos mil catorce, se tuvo por rendido los informes justificados del Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, en representación del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, así como de la Coordinadora General Centros Federales y el Comisionado de Prevención, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, se ordenó suspender comunicación con la autoridad Subsecretario del Sistema Penitenciario Federal con sede en el entonces México, Distrito Federal, dada su inexistencia. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, las autoridades responsables adscritas al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente informaron que en su estructura orgánica no existía la autoridad señalada por el quejoso como: Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco Oriente; por lo que se le tuvo por inexistente y se ordenó suspender toda comunicación con la misma. En acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil catorce, en atención a la solicitud del representante común de la parte quejosa, se ordenó dar vista con los informes justificados a los quejosos en el lugar de su reclusión. En acuerdo de uno de diciembre de dos mil catorce, se dio cuenta con la diligencia actuarial de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, por la que se notificó a los quejosos el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en el lugar de su reclusión; y en uso de la voz José Luis Ramírez Hernández se desistió del juicio de amparo. En virtud de que la manifestación que hizo José Luis Ramírez Hernández fue ante la presencia de un funcionario con fe pública, en dicho acuerdo se le tuvo desistiéndose a su entero perjuicio de la tramitación del juicio de amparo y, en consecuencia, se sobreseyó el juicio de amparo únicamente por cuanto hace al quejoso José Luis Ramírez Hernández, continuándose por cuanto hace a los demás quejosos. En diligencia actuarial de dos de diciembre del dos mil catorce, se notificó personalmente a los quejosos, en el lugar de su reclusión, el acuerdo de uno de diciembre de dos mil catorce, así como también al quejoso José Luis Ramírez Hernández el auto de desistimiento antes referido. En acuerdo de siete de enero de dos mil quince, se requirió a los quejosos para que manifestaran si el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Coahuila, fue quien les negó el traslado y en su caso, si deseaban señalarla como autoridad responsable. Mediante proveído de quince de enero de dos mil quince, se dio cuenta con la razón actuarial de nueve de enero de dos mil quince, en la que los quejosos Ángel Eduardo Vanegas Mena, Orlando Poblete Acosta, José Alfredo Cuéllar Hernández, Juan Armando Castillo Alamillo y Óscar Javier Almeida Bermea, manifestaron que era su deseo ampliar la demanda de garantías respecto de la autoridad denominada Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Coahuila; sin embargo, se consideró como hecho notorio que no existía tal autoridad. En tal virtud, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión ordenó requerir a los quejosos para que en el momento de la diligencia de notificación o en el término de tres días, a partir de que surtiera efectos, aclararan cuál es la autoridad que les negó la orden de traslado que reclaman, esto es, si deseaban ampliar la demanda por la autoridad Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, o en caso de que se tratara de una autoridad diversa indicaran su denominación correcta. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil quince, se dio cuenta con la diligencia actuarial de dieciséis de enero, de la que se advierte que los quejosos manifestaron su deseo de ampliar la demanda de garantías respecto de la autoridad Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila con sede en Saltillo; por lo tanto ordenó requerir a dicho juzgado su informe justificado; se dio vista al Ministerio Público adscrito al juzgado. En acuerdo de tres de marzo de dos mil quince, se tuvo por rendido el informe del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila con sede en Saltillo. En acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil quince, se tuvieron como pruebas del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila con sede en Saltillo, las documentales consistentes en copia certificada de la causa penal 94/2012 de su índice. Asimismo, se requirió al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que informara si ya había dado respuesta a la solicitud de traslado del quejoso Óscar Javier Almeida Bermea que le realizó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila con sede en Saltillo, el veintitrés de septiembre de dos mil trece. En acuerdo de doce de junio de dos mil quince, se giró nuevo oficio al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para que en el término de tres días, contado a partir de que se le notificara el acuerdo, informara si ya dio respuesta a la solicitud de traslado del quejoso Óscar Javier Almeida Bermea, que le realizó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila con sede en Saltillo, el veintitrés de septiembre de dos mil trece. En acuerdos de trece de julio, trece de agosto, dieciocho de septiembre, diecinueve de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil quince, se requirió nuevamente a la autoridad, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en los mismos términos que el acuerdo señalado en el punto anterior. En auto de veinticinco de noviembre, se dio cuenta con la razón actuarial de veinticuatro de noviembre, en la que el representante común de la parte quejosa realizó manifestaciones a título de alegatos. Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se tuvo al Director de Amparos y Derechos Humanos, en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, emitiendo manifestaciones a título de alegatos. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil quince, se ordenó dar vista a los quejosos con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis se celebró la audiencia constitucional, en la que, toda vez que el quejoso José Luis Ramírez Hernández no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de primero de diciembre de dos mil catorce, por medio del cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia por cuanto hace a su persona, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declaró que causó estado dicho acuerdo de sobreseimiento. En acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó enviar el juicio a la Oficina de Correspondencia común del Centro Auxiliar de a Cuarta Región con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, a efecto de que por su conducto fuera remitido al Juzgado Quinto de Distrito de citado Centro Auxiliar. La Juez Quinto de Distrito del citado Centro Auxiliar el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis dictó sentencia, en la que sobreseyó el juicio de amparo por cuanto hace a los quejosos Ángel Eduardo Vanegas Mena, Orlando Poblete Acosta, José Alfredo Cuéllar Hernández, Juan Armando Castillo Alamillo y Óscar Javier Almeida Bermea y se ordenó notificar personalmente a las partes. En acuerdo de siete de abril de dos mil dieciséis, se dio cuenta con la razón actuarial de cinco de abril del mismo año, en la que se les notificó a los quejosos Ángel Eduardo Vanegas Mena, Orlando Poblete Acosta, José Alfredo Cuéllar Hernández, Juan Armando Castillo Alamillo y Óscar Javier Almeida Bermea la sentencia emitida en el juicio, en la que manifestaron que promovían recurso de revisión por no estar de acuerdo con la misma, y se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno. En acuerdo de once de abril de dos mil dieciséis, se dio cuenta con razón actuarial de ocho de abril del mismo año, en la que se estableció la imposibilidad que existió para notificar personalmente a Ángel Eduardo Venegas Mena, en su carácter de representante común de la parte quejosa, toda vez que dicha persona egresó temporalmente del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente con sede en Villa Aldama, Veracruz, el acuerdo de siete de abril; por lo que se ordenó intentar notificar de nuevo dicha notificación en el lugar de su reclusión. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis se dio cuenta con la razón actuarial de catorce de abril de dos mil dieciséis en la que se notificó a los quejosos el proveído de siete de abril del mismo año, por lo que solicitaron copias y se ordenó su expedición. Por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" con sede en Villa Aldama, informó que personal del área jurídica hizo entrega de las copias solicitadas por los quejosos las que le fueron enviadas para su entrega. En proveído de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis se requirió al Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo para que informara si recibió los oficios 150717/2016 y 15831/2016 con los cuales se le notificó el auto de cuatro de abril de dos mil dieciséis y la sentencia dictada en este asunto y el proveído de siete de abril donde se tuvo por interpuesto el recurso de revisión. En acuerdo de treinta de junio de dos mil dieciséis, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila acusó recibo de los oficios enviados; en consecuencia, se remitió el juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos órganos colegiados. En acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informando que dicho Tribunal admitió el recurso de revisión, radicándolo bajo el toca 334/2016 de su índice. En acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se recibió el oficio 9370, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, por medio del cual remitió testimonio de la resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el toca ARP 334/2016 de su índice; así como los autos originales del juicio 602/2014. En dicha sentencia el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, resolvió: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el Juicio de Amparo 602/2014 respecto de los actos reclamados por los quejosos Ángel Eduardo Vanegas Mena, José Alfredo Cuéllar Hernández, Juan Armando Castillo Alamillo y Orlando Poblete Acosta, así como por las autoridades Secretario de Gobernación, Coordinador General de Centros Generales, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México, Director General y Secretario Técnico, en su carácter de representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Cinco 'Oriente' en Villa Aldama, Veracruz, precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Óscar Javier Almeida Bermea, contra el acto reclamado al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federal, puntualizados en el resultando primero de esta resolución." Dichos efectos, fueron en el siguiente sentido: ".debe otorgarse el amparo, y protección de la Justicia Federal a Óscar Javier Almeida Bermea, para el efecto de que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, proceda a resolver el procedimiento relativo a la solicitud de traslado del quejoso, formulada en el escrito recibido por dicho órgano jurisdiccional el dieciocho de septiembre de dos mil trece, cuyo sentido deberá dictar con plenitud de jurisdicción." Hecho lo anterior, se ordenó requerir el cumplimiento del fallo protector al Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, para que en el término de tres días justificara el cumplimiento de la sentencia protectora. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, informando y remitiendo constancias relativas al cumplimiento. Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis se dio cuenta con la razón actuarial de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual el quejoso Óscar Javier Almeida Bermea desahogó la vista con el cumplimiento y realizó manifestaciones. En acuerdo de uno de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplido los efectos del fallo protector y se ordenó el archivo del asunto. El dos de noviembre de dos mil dieciséis se notificó al quejoso Óscar Javier Almeida Bermea, en el lugar de su reclusión, el acuerdo de uno de diciembre de dos mil dieciséis. Precise el sentido de las resoluciones que se hubieren emitido e indique los razonamientos jurídicos relevantes. Como se precisó en párrafos precedentes, respecto al aquí quejoso José Luis Ramírez Hernández, al haberse desistido del presente juicio de amparo, por auto de uno de diciembre de dos mil catorce se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que en su oportunidad causó estado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, al celebrarse la audiencia constitucional. Precise las fechas y forma de notificación al señor José Luis Ramírez Hernández de la resolución que haya puesto fin al juicio. Toda vez que José Luis Ramírez Hernández se desistió de la demanda de amparo en la diligencia actuarial de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, en proveído de uno de diciembre de dos mil catorce se dio cuenta con la misma y se sobreseyó el juicio respecto del citado quejoso, asimismo, se ordenó su notificación en el lugar de su reclusión. En diligencia actuarial de dos de diciembre del dos mil catorce, se notificó personalmente a los quejosos, en el lugar de su reclusión, el acuerdo de uno de diciembre de dos mil catorce, en el cual se tuvo al quejoso José Luis Ramírez Hernández desistiéndose de la demanda de amparo. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis se celebró la audiencia constitucional, en la que se hizo constar que el quejoso José Luis Ramírez Hernández no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de primero de diciembre de dos mil catorce, por medio del cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia por cuanto hace a su persona, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declaró que causó estado el acuerdo de sobreseimiento. Sin que se advierta que dicha determinación se haya notificado al quejoso José Luis Ramírez Hernández. Informe si en el expediente de mérito el peticionario manifestó o denunció vulneración a su derecho de libertad personal derivado de una posible detención arbitraria o ilegal, por parte de elementos castrenses. En su caso, la fecha y las medidas que hayan tomado al respecto, así como la calificación que se hubiere realizado sobre la detención. No existe manifestación alguna de parte de José Luis Ramírez Hernández en este sentido. Señale si el peticionario denunció haber sido víctima de posibles actos de tortura, así como amenazas y malos tratos con la finalidad de que firmara documentos, o bien para autoincriminarse al momento de su detención por los elementos castrenses y, previo a presentarlo ante la autoridad ministerial. En su caso la fecha y las medidas que se hayan tomado al respecto. Si se le realizaron pruebas conforme a la aplicación del protocolo de Estambul, de ser así cuál fue el resultado y en un supuesto negativo las razones por las que no se le aplicó. No existe manifestación alguna de parte de José Luis Ramírez Hernández en este sentido; con la especificación que la tortura que alegó fue con motivo del traslado de un centro penitenciario a otro y en razón a que no se encontraba cerca de su familia. No se realizaron las pruebas relativas al protocolo de Estambul. Especifique si el señor Ramírez Hernández manifestó transgresiones a sus derechos humanos en virtud de ser objeto de medidas de arraigo, su eventual ampliación y ratificación, así como los motivos y fundamentos por los que éste se decretó y, en su caso, si fue interpuesto algún recurso en contra de tal determinación. O bien, si tiene conocimiento del órgano que decretó el arraigo y los datos de identificación del expediente respectivo a dicha medida cautelar. No existe manifestación alguna de parte de José Luis Ramírez Hernández en este sentido. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del estado mexicano en el presente asunto y que esté relacionada con las transgresiones mencionadas. Es preciso mencionar en este sentido, que en el escrito de amparo, el quejoso José Luis Ramírez Hernández, a más de otros, reclamaron en esencia la negativa de parte de la autoridad competente a trasladarlos al lugar más cercano a donde se llevaba su proceso penal, con lo que consideraron se empleaba en su contra tortura psicológica y moral al mantenerlos lejos de su familia. Lo anterior se hace de su conocimiento en cumplimiento a lo solicitado, para todos los efectos legales correspondientes. Finalmente, atento a la solicitud de copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de amparo 602/2014; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítanse las mismas por vía electrónica a la autoridad oficiante, para los efectos procedentes. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante el Secretario de Juzgado, Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe.
- Principal
... Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión...
- Principal
... agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, la razón actuarial de cuenta, suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, a través de la cual el quejoso Óscar Javier Almeida Bermea, desahoga la vista otorgada mediante proveído de veintidós de noviembre último, y en atención a ello, realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector emitido en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, cuando este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre si se encuentra o no cabalmente cumplida la sentencia amparadora.
- Principal
... el oficio número 9370, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta los autos originales del juicio de amparo indirecto número 602/2014. Acúsese recibo vía fax... Asimismo, ese órgano colegiado remite testimonio de la resolución de seis de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el toca A.R.P. 334/2016 de su índice, de la que se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. SE MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 602/2014 respecto de los actos reclamados por los quejosos Ángel Eduardo Vanegas Mena, José Alfredo Cuéllar Hernández, Juan Armando Castillo Alamillo y Orlando Poblete Acosta, así como por las autoridades, Secretario de Gobernación, Coordinador General de Centros Generales, Comisionado del Órgano Administrativo, Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, residentes en la ciudad de México, Director General y Secretario Técnico en su carácter de representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Cinco "Oriente", en Villa Aldama, Veracruz, precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ÓSCAR JAVIER ALMEIDA BERMEA, contra el acto reclamado al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federal en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, puntualizados en el resultando primero de esta resolución." Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes, para los efectos legales procedentes. Ahora, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, acate en sus términos el fallo amparador, o bien, comunique las medidas que decrete para tal efecto, debiendo en tal caso, mantener informado a este Juzgado de Distrito de todos los acuerdos u oficios que emita o reciba tendentes al cumplimiento del fallo...
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