Angel Eduardo Royo Sanchez

Expediente 948/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
948/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Angel Eduardo Royo Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ******************** y su acumulado********************, en el que se señaló fecha y hora para la toma de protesta y aceptación del cargo del perito tercero en discordia, así como, los oficios que giró al ********************. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este auto: - Informe si el ********************, han dado cumplimiento a lo solicitado en acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, y de ser así, lo que haya acordado al respecto; o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. - Informe el resultado de la audiencia señalada para el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, relativa a la toma de protesta y aceptación del cargo del perito tercero en discordia.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por presentada la demanda de amparo promovida por ***, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que atribuye al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XVII, del Estado de Veracruz, con residencia en Veracruz, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. SUPRESIÓN DE IMPRESIÓN En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes SISE; para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional, en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 948/2023-V-A, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Desechamiento Ahora bien, atento al contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA, en virtud de que se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Del contenido del artículo anterior, se desprende que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente. Siendo que la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo con firma autógrafa o electrónica, según puede desprenderse del artículo 3º de la Ley de Amparo. De ahí que, un escrito de demanda presentado sin firma autógrafa, ni electrónica, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma de tal naturaleza, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del quejoso de presentar la demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta, autógrafa o electrónica, en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto a quién intenta la acción constitucional. En la especie, del examen exhaustivo del escrito de demanda de amparo, en sus ocho fojas que la componen, se advierte que carece de la firma autógrafa o electrónica del quejoso, circunstancia que así aparece asentada en la boleta de turno respectiva expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, en la que se destaca que la citada demanda fue presentada por el buzón judicial y además aparece en observaciones la leyenda: "SE HACE CONSTAR, QUE LA FIRMA QUE OBRA EN EL ESCRITO DE DEMANDA AL PARECER ES COPIA". Así las cosas, debe decirse que en el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. Por lo que en el caso, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, toda vez que un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma autógrafa o electrónica, es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del acto de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, mediante una prevención, pues en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo, sólo se debe prevenir al promovente en el supuesto de que no cumpla alguno de los requisitos formales que establece el artículo 108 del citado ordenamiento, tales como: omitir la designación correcta de alguna autoridad responsable, no proporcionar el domicilio del tercero interesado o no indicar el acto reclamado, entre otros. Sin embargo, la hipótesis en que la demanda de amparo carece de firma autógrafa o electrónica no está comprendida dentro de los casos en que proceda la prevención para que el promovente subsane alguna irregularidad de ese escrito inicial. Luego, como la firma constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que conforme a la fracción XXXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento, la demanda de amparo resulta improcedente, al carecer de firma autógrafa o electrónica. Es aplicable al caso, la tesis aislada XVII.7 K (10a.) del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2154, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, Registro digital: 2009142, cuyo texto y rubro es: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." También la tesis aislada VI.1o.151 K del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303, del Semanario Judicial de la Federación XV-II, febrero de 1995, Materia Común, Octava Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Considerar lo contrario, es decir, si se estimara correcto prevenir al quejoso para que acuda a firmar el escrito inicial, se estaría autorizando la práctica de presentar demandas sin firma autógrafa o electrónica, subsanando la omisión de la voluntad de promover a quien compete hacerlo desde un inicio en cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada. En consecuencia, ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia estudiado, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO promovida por Ángel Eduardo Royo Sánchez, dada la inexistencia de voluntad en la misma. Derivado de lo anterior, por única ocasión, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en los artículos 1, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 13/2020, en relación con los enunciados normativos 6 y 16 del diverso Acuerdo General Conjunto 12/2020, se autoriza al usuario para notificar vía electrónica la presente determinación, toda vez que se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se ordena realizar el trámite correspondiente a efectos de cumplir materialmente dicha autorización y a tomar las medidas conducentes, para que el expediente electrónico esté conformado con todas las constancias del expediente físico. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. En términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente al quejoso.

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