ANGEL EDUARDO RAMIREZ SANTANA y Otros.

Expediente 1150/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1150/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • ANGEL EDUARDO RAMIREZ SANTANA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado con la firma electrónica de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1572/2022, y remite copia con firmas electrónicas del testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión civil 47/2023; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se Sobresee el juicio de amparo promovido por Kenia Torres Verástegui (1), con el carácter de Sindica Procuradora del Ayuntamiento de Arcelia, Guerrero. TERCERO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a Kenia Torres Verástegui (1), contra el acto reclamado y la autoridad responsable, precisados en el resultando primero de la sentencia que se revisa. Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en su artículo 17, fracción III, inciso a), del capítulo quinto, relativo a los expedientes conservables, se determina que este expediente es susceptible de conservación, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Por otra parte, respecto del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del presente expediente al tribunal colegiado con motivo del recurso de revisión interpuesto, tomando en consideración que cumplió su objetivo primordial, es decir, suplió al principal, desglósense las actuaciones relativas al trámite del recurso de inconformidad y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo que se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses contados a partir de que se dicte este proveído toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 19, inciso a), capítulo sexto, del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a primero de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la comunicación devuelta por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 385/2023 (con número de orden 848/2023), enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal notificará a Angel Eduardo Ramirez Santana, Muhammad Abdullah Bhatti y Muhammad Waqar, el proveído de veintisiete de agosto del año en curso, asimismo, para que hiciera entrega de los oficios generados a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, de conformidad con los artículos 26 y 74, del acuerdo general de Acuerdo General 12/2020 del Pleno de la Judicatura Federal, hágase del conocimiento mediante oficio que al efecto se gire vía interconexión al Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que el expediente electrónico completo está disponible en la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en donde podrá descargar todas las constancias de la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, a fin de provea lo que legalmente corresponda, en autos del juicio de amparo 1437/2023, de su índice, toda vez que, reservo acordar respecto a si aceptaba o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, hasta en tanto le fuera remitida la citada comunicación. Finalmente, agréguese a los autos la papeleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ya informó que le toco conocer del asunto que le fue remitido por incompetencia por este juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 1150/2023, promovido por Angel Eduardo Ramirez Santana, Muhammad Abdullah Bhatti y Muhammad Waqar; en atención a su contenido, hágasele de su conocimiento que aún no ha sido devuelto el exhorto que se envió para notificar a las autoridades responsables y a los quejosos, el proveído de veintisiete de junio del año en curso, por lo que una vez que haya sido diligenciado se le remitirá a la brevedad posible. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a efecto de que habilite el expediente, a efecto de que sea consultado en el sistema por el órgano jurisdiccional de referencia, lo que se hace de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Ángel Eduardo Ramírez Santana, en favor de Muhammad Abdullah Bhatti y Muhammad Waqar, contra actos del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, adscrito en el Aeropuerto Internacional de la citada ciudad y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 1150/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C, encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial Judicial C, responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Previo a acordar lo que en derecho proceda, en principio se establece que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En este contexto, de la lectura íntegra de la demanda, la suscrita advierte que carece de competencia para conocer de la acción de amparo que se ejercita por este medio, por las consideraciones siguientes: En efecto, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia. Así, de la demanda se advierte que se señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes. Como se ve, el promovente aduce a favor de sus representados como actos reclamados la detención, aseguramiento, alojamiento, presentación y privación de la libertad de la que los quejosos por más de treinta y seis horas que han sido objeto sin que exista mandamiento judicial que motive su detención; deportación, expulsión o repatriación; asimismo, señala como autoridades responsables al Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades residentes en la Ciudad de México. Entonces, a fin de establecer la incompetencia para conocer el asunto, a continuación se transcribe el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos transcritos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución del acto reclamado debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que se generen, pues su estudio se efectúa a partir de lo que de manera directa e inmediata se le vincula. En efecto, de conformidad con lo establecido en el citado precepto legal, para conocer de la demanda será competente el Juez de Distrito: a) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones (párrafo segundo). Así, para establecer la competencia es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas hipótesis, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver este tema competencial. Bajo esta premisa, como se anticipó, los actos que se reclaman, se hicieron consistir en la incomunicación, privación de la libertad fuera de procedimiento, posible deportación o expulsión del territorio nacional, de los que están siendo objeto los quejosos Muhammad Abdullah Bhatti y Muhammad Waqar, por parte de las autoridades señaladas como responsables en el lugar en que se encuentran detenidos, es decir, en la Estación Migratoria de la Ciudad de México, del aeropuerto internacional de esa ciudad en la oficina administrativa del referido Instituto terminal 1, oficina 78. Por tanto, los actos se están ejecutando fuera de residencia y jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito la jurisdicción, por autoridades que tampoco pertenecen a esta jurisdicción, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, esta juzgadora de amparo, como se anticipó, es incompetente para conocer del presente juicio de garantías. Máxime que sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." La norma constitucional transcrita establece que la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, es a favor de quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo. Esta norma pretende facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma constitucional y a la Ley de Amparo vigente, se prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, declina competencia y SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. De conformidad con la circular DGGJ/002/2020, de diez de julio de dos mil veinte, de la Dirección General de Gestión Judicial de la Judicatura Federal, mediante oficio que se envíe al correo institucional, remítase copia simple de la papeleta de turno y de la demanda de amparo al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, para que realice el turno correspondiente del juicio de amparo que se promueve y haga llegar a este juzgado Federal, la boleta de turno con el fin de conocer el órgano al que le fue asignado el asunto. Hágase del conocimiento al Jefe de la Oficina que conforme al punto 2, de la referida circular, la papeleta de turno no deberá remitirla al Juzgado de Distrito correspondiente, sino sólo a este órgano de control jurisdiccional requirente, para que una vez que el asunto se envíe a quien haya sido turnado. En otro tenor, a fin de proveer en relación con la suspensión de plano que se solicita, se toma en cuenta que se reclama la privación de la libertad de manera indefinida fuera de todo procedimiento; la prolongada e injustificada detención de los directos quejosos, la incomunicación, posible deportación y otros actos prohibidos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere el promovente están siendo objeto los directos quejosos Muhammad Abdullah Bhatti y Muhammad Waqar, toda vez que contra su voluntad, las autoridades señaladas como responsables los tiene alojados en la oficina administrativa del Instituto Nacional de Migración, oficina número 78, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esto al parecer desde las 7:20 horas del día veintiséis de agosto del presente año, según se narra en la demanda. Al respecto, cabe establecer que el artículo 126 de la Ley de Amparo, prevé que la medida cautelar prevista en este numeral, se otorgará cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales); o bien, cuando se trate de un acto que si se llegara a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano reclamado. Por su parte el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que de ser procedente la suspensión y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan y, de ser posible material y jurídicamente, restablecerá provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado en tanto se falla el juicio en lo principal. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, así como en los numerales antes transcritos, se concede a la parte quejosa la suspensión de plano para que de inmediato cese todo acto de deportación y expulsión, o por cualquier aspecto a los que se refiere el artículo 1 Constitucional; golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier otro que sea cruel, inhumano, degradante o que atente contra la vida e integridad de dicha parte y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y los instrumentos internacionales mencionados. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier acto que implique lo anterior. Así también, mientras los directos quejosos estén alojados en la estancia migratoria que refieren se les garanticen los derechos previstos en el artículo 109 de la Ley de Migración, a fin de que les sean comunicados todos los derechos que tienen en su calidad de migrantes, inclusive de solicitar refugio y se garantice que reciban asesoría jurídica, en razón que ello constituye un derecho fundamental de las personas que reúnen esa condición, conforme a los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención; en el entendido de que la autoridad deberá proporcionar los medios para que se comuniquen con gente de su confianza, abogado particular y sus familiares, de lo cual también deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten las facilidades que se le otorgaron a la parte quejosa para dicha comunicación. Ello, con el único fin de salvaguardar los derechos humanos de los directos quejosos, y dado que en el presente asunto se trata de personas extranjeras, su detención no es un acto restrictivo de libertad con efecto de una sanción de carácter punitivo, sino un acto de naturaleza administrativa regulada por la Ley de Migración que persigue el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional, de ahí que de conformidad con el artículo 106 del citado ordenamiento en ninguna circunstancia se podrá establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, o reclusión. Asimismo, no se pierde de vista que la finalidad del alojamiento temporal de los extranjeros que no acreditan su situación migratoria es con la intención de regularizar su estancia en el país o la asistencia para su retorno; por lo que su detención no implica la comisión de alguna conducta antijurídica, pues de ser así, la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a dar a conocer la filiación del extranjero que se está sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien que cuente con una orden de presentación, aprehensión o vinculación a proceso en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables, lo cual se encuentra previsto en los artículos 99, 100 y 103 de la Ley de Migración. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de conformidad con los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, los cuales tienen como fin, proteger su dignidad humana. Por tanto, deben cumplir con el diverso artículo 5º, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, entre ellos: "Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminará, así como que se prohíbe cualquier distinción exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos." Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales. Salud en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; así como tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad, así como a productos básicos de higiene personal y agua para aseo personal. Por lo que se conmina a las autoridades responsables que deberán respetar las condiciones inherentes a la dignidad humana, así como la integridad personal a que tienen derecho las personas privadas de su libertad. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis P.LXIV/2010, en materia constitucional penal, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de enero de dos mil once, pagina 26, con registro digital 163167, que dice: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." De la privación de la libertad, detención en la estación migratoria de donde se encuentran alojados. Al no existir elementos objetivos que permitan establecer la razón de la privación de la libertad de los quejosos, se concede la suspensión de plano, para que las autoridades responsables en los casos siguientes realicen lo que se precisa a continuación: En caso de que los quejosos se encuentren detenidos por la posible comisión de un delito, bajo su más estricta responsabilidad, deberán ponerlos sin demora alguna a disposición del Ministerio Público que corresponda. En el supuesto de que la parte quejosa no se encuentren detenidos por la posible comisión de un delito ni estén sujetos a un procedimiento migratorio, deberá ordenar su inmediata libertad. En el escenario de que la parte quejosa se encuentre en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, deberán respetarse los términos establecidos por el artículo 111 de la Ley de Migración; transcurridos dichos términos, sin que se resuelva la situación migratoria, deberá ordenar que la parte quejosa sea puesta en libertad, previo dictado de las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces le sea exigido. Sin que en ningún caso pueda imponerse como requisito o medida la garantía económica o fianza, atendiendo a la presunción de vulnerabilidad de amplio espectro de que gozan los migrantes y a que dicha medida no está regulada. Lo que se estima conforme con el principio de excepcionalidad, por lo que las autoridades administrativas quedan constreñidas, con la información que tiene de las personas migrantes de primera mano, a verificar si procede su libertad en forma condicionada y responsable, o bien, a través del establecimiento de un domicilio dentro de la circunscripción del órgano de amparo donde la parte quejosa pueda ser localizada mientras se determina lo relacionado a su estancia en este país, o bien, si es que lo que hubiere, con un familiar que se haga responsable de la parte quejosa mientras se resuelve lo pertinente con su estatus migratorio, con la prohibición de ausentarse de dicho lugar y la obligación de presentarse las veces que sea requerida por la autoridad administrativa. Ello, partiendo de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique solo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Por las razones que la sustenta se cita la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 170578, Novena Época, Materias(s): Administrativa, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Apoya también esta determinación la Jurisprudencia PC.X. J/15 k (10ª), en Materia Común, emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, con registro digital 2022090, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En el entendido de que en caso de que consideren que la detención está justificada, están obligadas a exponer cuál es el fundamento jurídico razonado y objetivo sobre la procedencia y necesidad de dicha medida, toda vez que el mero listado de todas las normas que podrían ser aplicables no satisface el requisito de motivación suficiente que permita evaluar si la medida resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos; lo que deberá realizarse en estricto apego al artículo 16 Constitucional, a fin de que sea posible analizar en sede judicial si las circunstancias que en un caso concreto justifican la detención han sido señaladas de manera expresa por la autoridad y si están sustentadas por datos objetivos que muestren el riesgo de incomparecencia de la persona migrante al procedimiento o que éste pueda ser obstaculizado de alguna otra manera. Lo que no impide que las autoridades con competencia legal dicten las medidas que aseguren que los quejosos Muhammad Abdullah Bhatti y Muhammad Waqar, no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella y ante quien concedió la suspensión cuantas veces les sea exigido, sin que ello deba condicionarse para efectos de la concesión de esta suspensión. En apoyo se cita el criterio de contradicción PR.A.CN. J/14 A (11a.), emitido por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad de México, registro digital: 2027060, Undécima Época, Materias(s): Común, Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto que dicen: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU OTORGAMIENTO CONTRA LA DETENCIÓN O RETENCIÓN DE UNA PERSONA EXTRANJERA EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA, NO DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE LA SOLICITUD CON RESPONSIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias sobre si procede o no exigir, como requisito de efectividad de la suspensión concedida contra la detención o retención de una persona extranjera en una estación migratoria, la exhibición de la solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración, no debe exigirse como requisito de efectividad de la suspensión concedida contra la detención o retención de una persona extranjera en una estación migratoria. Justificación: Del análisis de los artículos 147, 162 y 164 de la Ley de Amparo, 102 de la Ley de Migración y 215 de su reglamento, a la luz de los principios de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, se estima que, no obstante el ámbito de apreciación del juzgador, que le permite elegir el requisito de efectividad de la suspensión que resulte más idóneo para lograr el equilibrio entre los dos factores en juego tratándose de actos privativos de la libertad, consistentes en la libertad de la persona y la continuidad del procedimiento administrativo, tal requisito no puede consistir, en el supuesto de que se trata, en la obligación de exhibir una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana, toda vez que impone una carga desproporcional a la persona solicitante de la medida cautelar considerando que, de acuerdo con los instrumentos y criterios internacionales y nacionales en materia migratoria, las personas en situación de movilidad se hallan en condición de vulnerabilidad, lo que frecuentemente les impide establecer vínculos legales o sociales que les permitan hacer contacto con algún nacional que acepte su custodia, máxime que la satisfacción del requisito en análisis está sujeta a la voluntad de este tercero, con todas las consecuencias del compromiso que deba asumir, incluso la exhibición de garantía bastante a juicio de la autoridad migratoria; si se concluyera de otra manera, se correría el riesgo de que la suspensión deje de surtir efectos y, así, el juicio de amparo pierda eficacia." La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por el promovente del amparo, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridad diversa a las designadas como responsables en la demanda de amparo. Esto es, si la detención no tiene como causa alguna facultad prevista en la Ley de Migración, la autoridad deberá ajustarse al contenido del artículo 164 de la Ley de Amparo. La suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las responsables se abstengan de trasladar a los quejosos a diversas instalaciones de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida de los peticionarios de amparo, lo cual deberán informar y justificar de manera inmediata ante el Juzgado de Distrito competente. En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el cumplimiento que den a cada punto de la suspensión de plano que se concede Hágase del conocimiento de las partes que de materializarse una violación a este mandato por algún servidor público en su carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se le impondrá pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al funcionario público que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que se incurra. Informes que podrán rendir a través del siguiente correo electrónico: 10jdo21cto@correo.cjf.gob.mx. En ese tenor, toda vez que de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos Muhammad Abdullah Bhatti y Muhammad Waqar, se encuentran alojados en la Estación Migratoria de la Ciudad de México, del aeropuerto internacional de esa ciudad en la oficina administrativa del referido Instituto terminal 1, oficina 78, la cual se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional, con apoyo en los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al actuario judicial de su adscripción a efecto de que de inmediato se constituya en las instalaciones de la oficina ya mencionada, y lleve a cabo la búsqueda y localización de los quejosos Muhammad Abdullah Bhatti y Muhammad Waqar, y realice lo siguiente: -Notifique la suspensión de plano concedida y de conformidad con el numeral 15 de la Ley de Amparo, los requiera personalmente para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo o no, ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Ángel Eduardo Ramírez Santana. Apercibidos, que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las providencias decretadas en el presente juicio. - Dé fe en el acto de la diligencia de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. - Dé fe del estado físico de la parte quejosa al momento en que se desahogue la diligencia y las interrogue sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico, además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentren, y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y, en su caso, utilizar un medio electrónico grafico (fotografía), en donde puedan quedar registradas las lesiones. - Entregue los oficios dirigidos a las autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, así como con copia de la demanda, que para tal efecto se adjunta. - Dé cuenta de inmediato para que ese juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato en contra de la parte quejosa. Se haga del conocimiento a las autoridades responsables que están obligadas a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia, por lo cual deberán de respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o realizar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior constituirá una obstaculización a la justicia federal por lo que se actuara en términos del artículo 169 de la Ley de Amparo, y solicitar el apoyo de la fuerza pública que están obligas a rendir las autoridades civiles o militares. Una vez que el actuario tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la parte quejosa, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirlas para que ordene a quien corresponda, se dé atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en ellas, para lo cual deberá informar la autoridad en el plazo de veinticuatro horas las medidas adoptadas. Con el apercibimiento, que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio del delito en que se puede incurrir por el desacato a este mandato judicial. Por lo que, a fin lograr tal encomienda, se faculta al Juzgado exhortado, en caso de ser necesario, habilite los días y horas inhábiles, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, una vez que sea diligenciado el exhorto, lo devuelva con todo lo actuado vía electrónica. Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel Eduardo Ramírez Santana, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales no así a Sandra Nava Jiménez y toda vez que no señala domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de éste órgano de control constitucional. Con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza consultar el presente expediente electrónicamente, ello, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica, siendo los usuarios "********************" y "********************" que corresponden a ******************** lo que se verificó en la base de datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Lo anterior, sin perjuicio de que, por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley. Ante ello, dicha parte procesal deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA OFICIAL JUDICIAL A, ENCARGADA DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.), A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J.176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente por exhorto a los quejosos.

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