Ángel Eduardo Otero Calderón
Expediente 345/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ángel Eduardo Otero Calderón
- Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, la parte quejosa sí se opuso a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto sí tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes sí entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo **********/2021-VI, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el once de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común, turnado a este juzgado en esa misma data, **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual FEM-ZN, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a la tercera interesada, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual FEM-ZN, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, lo siguiente: El acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación con número único de caso **********. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual FEM-ZN, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado; remitiendo para tal efecto copia certificada de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación con número único de caso **********. Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una funcionaria que actuó en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos por el quejoso, a la autoridad en cita. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. QUINTO.- Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto, es oportuno precisar en primer término, que el artículo 20, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución, establece expresamente lo siguiente: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: . VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y El numeral transcrito, en su fracción VI, dispone la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, y que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, en su fracción VIII, el precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales quien tenga el carácter de indiciado y su defensor, pueden tener acceso a dicha información. Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en su artículo 117, fracción IV, que una de las diversas obligaciones del defensor es analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa. Lo anterior implica que el derecho a una defensa adecuada también versa sobre el acceso que el imputado y su defensor deben tener a los datos de la investigación. A su vez, el código adjetivo aludido, en su artículo 113, fracción VIII, establece que uno de los derechos del imputado es tener acceso, junto con su defensa, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 del cuerpo normativo en cuestión. En consecuencia, toda persona a la que se le haya formulado imputación por el Ministerio Público tiene derecho a tener acceso a los datos que obran en la carpeta de investigación, en aras de proteger su derecho de defensa adecuada. Así, la importancia de garantizar dicho acceso es esencial para que el imputado pueda tener una debida defensa a lo largo de todo el procedimiento. Ahora bien, de la disposición constitucional invocada, se advierte que toda persona imputada tiene derecho a que se le garantice una defensa adecuada y técnica durante la tramitación de todas las etapas que comprende el proceso penal. Respecto a esa garantía, la Suprema Corte ha establecido diversos precedentes, en los cuales se delimitan su contenido y alcance. En ese tenor, la Primera Sala, al resolver los amparos directos **********/2008,(13) **********/2008,(14) **********/2008(15) y **********/2008,(16) determinó que el derecho a la defensa adecuada consiste en dar oportunidad a toda persona inculpada de que sea asistida por un defensor, quien, a su vez, deberá tener la posibilidad de aportar pruebas, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho y utilizar los beneficios procesales que la legislación correspondiente establezca para la defensa. Por otra parte, en el Código Nacional de Procedimiento Penales se reconoce expresamente el derecho fundamental a una defensa adecuada y técnica, la cual será proporcionada a través de un defensor que elija libremente el imputado. Dicha asistencia jurídica se debe garantizar a lo largo de todas las etapas del proceso. Asimismo, se establece que es necesario que el defensor sea licenciado en derecho, o abogado titulado con cédula profesional. De la misma forma, se establece que el contacto del imputado y su defensor no se debe obstruir, por lo que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a proporcionar los medios necesarios para que ésta se preste sin ningún tipo de intromisión. Asimismo, constituye una formalidad necesaria que el defensor esté presente en todas las audiencias que se celebren durante el proceso penal, en las cuales el imputado tendrá el derecho de entrevistarse previamente y de forma privada con éste. Respecto de las obligaciones que recaen al defensor, el Código Nacional hace un listado de deberes que éste tiene que seguir, entre los que destaca: entrevistarse con el imputado para conocer directamente su versión de los hechos, para, en su caso, planear una estrategia de defensa; asesorar al imputado sobre la naturaleza y consecuencias jurídicas de los delitos que se le acusan; analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación; comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en el que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia; mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; interponer recursos o cualquier medio de defensa, entre otras. En caso de que dichas obligaciones no se cumplan, el Juez deberá certificar que el defensor esté presente en todas las audiencias, y en caso de que el imputado no cuente con un defensor le tendrá que asignar un defensor público. Asimismo, el juzgador tiene la facultad de prevenir al imputado para sustituir su defensa en los casos de que advierta que el defensor manifieste una incapacidad técnica para cumplir con el cargo. Así, se ha reconocido que los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son acordes con los parámetros establecidos en instrumentos internacionales sobre el reconocimiento y protección del derecho de defensa adecuada de las personas inculpadas en un procedimiento penal. En específico, de lo prescrito en los artículos 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la defensa, en los más recientes años, en su jurisprudencia evolutiva y progresiva, al interpretar el sentido del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal interamericano ha dicho que las personas procesadas penalmente tienen derecho a una defensa oportuna, técnica, eficaz y material. Luego, es necesario para el defensor e indiciado tener acceso a los datos que obren en la carpeta de investigación para preparar una debida defensa. Sin contar con dicha posibilidad, el último de los citados se encuentra en una situación de desventaja respecto a los demás sujetos procesales, ya que no cuenta con los elementos suficientes para ofrecer los datos de prueba que puedan desvirtuar la investigación y posible imputación realizada por la representación social, realizar argumentos de derecho que estime convenientes y de conformar una teoría del caso para el debido ejercicio del derecho en mención. De lo anterior, se desprende la importancia de que el imputado y su defensor tengan acceso a la carpeta de investigación, con el objetivo principal de tener una defensa adecuada eficiente y efectiva. Por otra parte, la investigación inicial, dentro del nuevo sistema de justicia penal, constituye una etapa en la que medularmente la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez, con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "El sigilo en la investigación inicial". Así, quien debe preservar ese sigilo o reserva de la información de la carpeta es la representación social, esto si atendemos a que la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 202/2013, señaló que, conforme al artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es la autoridad competente para ejercer la acción penal en una averiguación previa, sin que se contemplen distinciones entre personas y mucho menos entre tipos de servidores públicos. En otras palabras, el artículo 21 de la Constitución Federal no tiene una delimitación a cierto ámbito competencial y sirve como parámetro de actuación para todas las autoridades de la República. Por ende, funciona en todos los órdenes jurídicos (federal y estatal) como una garantía para la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, la libertad personal y el debido proceso. El objetivo histórico de esta disposición constitucional es asignar la facultad de investigación y persecución del delito a una sola institución, a fin de alcanzar imparcialidad, objetividad y evitar que una multiplicidad de autoridades formen parte de la indagación de los hechos que pudieran o no derivar en una conducta antijurídica. El Ministerio Público se concibe, entonces, como único órgano investigador y acusador, al igual que como consecuente representante social en el proceso penal y, por tanto, es el responsable de que las actuaciones que así lo ameriten se mantengan en sigilo o reserva. La reforma constitucional de dos mil ocho modificó o moduló parcialmente los referidos principios, pues añadió el supuesto de ejercicio de la acción penal por parte de los particulares; sin embargo, mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores del artículo 21 constitucional. El Ministerio Público conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados y para instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal y la remisión de la averiguación previa a la autoridad competente. Por lo tanto, el que al Ministerio Público Federal o Local se le asigne el poder para ejercer la acción penal, no es optativo desde el punto de vista constitucional, sino un requisito desde el texto de la Constitución de 1917 que actualmente sólo admite dos modulaciones: por una parte, la facultad que detenta la Suprema Corte para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del referido artículo 107, fracción XVI, constitucional y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por parte de particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos que se regulen en la normatividad secundaria. Así, al amparo de esta facultad, el Ministerio Público tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito y, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del ilícito o su no participación en el mismo, destruyendo las pruebas aportadas por el representante social, sin que ello implique, necesariamente, que el Ministerio Público, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación. A partir de la promulgación y entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha cuestión se reguló en los artículos 218 y 219, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo reformado DOF 17-06-2016 Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. En ese sentido, los numerales anteriores establecen el momento procesal en el cual los registros ya no podrán mantenerse en reserva para el imputado y su defensor, los cuales son: a) cuando se encuentre detenido; b) cuando sea citado para comparecer como imputado; o, c) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Es decir, en cualquiera de los supuestos anteriores, el imputado y su defensor deben tener acceso a los datos de la investigación que obran en la carpeta de investigación. Así, el mandato legislativo consistente en la estricta reserva de la indagatoria, obedece a la protección del interés público y a la salvaguarda del derecho a la seguridad, que constituyen, indudablemente, fines legítimos, en virtud de que las actuaciones del Ministerio Público contienen hechos que, al ser del conocimiento público, ponen en peligro la investigación y eficacia en la persecución de delitos. En ese tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el Estado tiene la obligación de garantizar en la mayor medida posible, el éxito de las investigaciones y la imposición de sanciones a quienes resulten culpables, sobre la base de que el poder estatal no es ilimitado, por lo que es fundamental que actúe dentro de las directrices y procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública, como los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, ha establecido que, a efecto de respetar los derechos del imputado, el Estado tiene diversas obligaciones, como lo es el brindar el tiempo necesario a la defensa, no sólo para conocer la totalidad de las pruebas que obran en su contra, sino también para analizarlas y poder plantear los argumentos y elementos de convicción que permitan combatirlas. Por lo tanto, atendiendo a la normativa legal y constitucional aludida, el Ministerio Público debe mantener, en lo que respecta al sujeto procesal indiciado, que es el sigilo procesal que aquí interesa, en reserva los registros que obran en la carpeta de investigación, hasta en tanto no se dé alguno de los supuestos de los cuales habla el párrafo tercero del artículo 218 del código adjetivo en mención. En base a las consideraciones antes expuestas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 149/2019, determinó que a partir de que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas tanto por la norma constitucional como secundaria, el imputado y su defensor deberán tener acceso a dichos datos de investigación, con el fin de preparar una debida defensa. Por otro lado, es importante señalar que la Primera Sala, al resolver los amparos directos **********/2008 y **********/2008, se pronunció acerca de los alcances del principio de igualdad procesal. Así, se expuso -medularmente- que el principio de igualdad por virtud del cual las partes deben tener los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, deriva, a su vez, de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, la cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político. Esto es, la igualdad entre todos los seres humanos respecto a los derechos fundamentales es el resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminación y, por consiguiente, de unificaciones de todo aquello que venía reconociendo como idéntico: una naturaleza común del hombre por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etcétera. Asimismo, dentro de la garantía del debido proceso legal que permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva, está implícito la igualdad procesal, ya que ese acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos debe realizarse en condiciones de igualdad procesal. En efecto, las partes en el proceso deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar, como para probar lo que consideren oportuno. La Sala argumentó que la prohibición de que se produzca indefensión constituye una garantía que implica el respeto del esencial principio de contradicción, de modo que los contendientes en posición de igualdad dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimen conveniente, lo que significa que en todo proceso debe respetarse el derecho de defensa contradictorio de las partes contendientes, mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses. En tal virtud, se consideró que el debido proceso legal existe cuando un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables; puesto que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, y para tal fin, atiende al conjunto de actos de diversas características generalmente reunido bajo el concepto de debido proceso legal, con base en el cual, los tribunales deben dirimir los conflictos sobre los derechos de las personas mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones. Con base en ello, la garantía del debido proceso permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal. Por efectiva se debe entender que el principio de igualdad procesal sea capaz de producir las consecuencias para las cuales fue creado. En ese contexto, en el citado precedente se concluyó que en el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues debe concedérseles a éstos iguales condiciones procesales, de manera que ninguno de ellos quede en estado de indefensión. Aunado a lo anterior, la Primera Sala estimó que el principio de igualdad procesal se relaciona, a su vez, con los principios de igualdad ante la ley y entre las partes, previstos, respectivamente, en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen. De acuerdo con los citados principios, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. En ese tenor, corresponde a las autoridades que intervengan en el procedimiento penal, emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar la igualdad de las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen. Asimismo, el principio de igualdad ante la ley impone un mandato de no discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas; y, en el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis 149/2019, determinó que la observancia de los principios de igualdad ante la ley y entre las partes implica, asimismo, que durante el procedimiento penal los Jueces están obligados a proporcionar a las partes un trato digno e idéntico; de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de igualdad procesal. Corrobora lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, octubre de 2019, Tomo I, página 994, cuyo tenor literal es siguiente: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido. En el caso, de las constancias que obran en el presente asunto se desprende que el quejoso Ángel Eduardo Otero Calderón, mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, solicitó a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual FEM-ZN, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, entre otras cosas, copia simple de la totalidad de constancias que integran la carpeta de investigación 37-2021-0013116. Ante ello, la responsable a través del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación con número único de caso **********, acordó lo siguiente: ACUERDO ___ En ciudad de JUÁREZ, Chihuahua, siendo las 18:00 horas del día 26 de abril de 2021. - _ _ -Téngase por recibido escrito de fecha 23 de abril de 2021, signado por ANGEL EDUARDO OTERO CALDERON, mediante el cual manifiesta:------------------ 1).- Que señala como sus defensores a los CC. ********** y al pasante en derecho Daniel Álvarez Correa. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 2).- Que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle **********, en esta ciudad, asi como el correo electrónico **********@legalestudio.net.------------------------------- 3).- Se expida copia simple de lo actuado dentro de los autos de la Carpeta de Investigación al rubro señalada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------- En razón de lo anterior, en termino del articulo 129 párrafo 3° del Código Nacional de Procedimientos Penales es de acordarse y se acuerda: - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Téngase por nombrados a los CC. M**********, en términos de los artículos 20 apartado B fracción VIII Constitucional y 113 fracción XI del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que hace a los diversos defensores señalados en el escrito de referencia así mismo se anexo al escrito copia de la cédula profesional que los acredita como licenciado en derecho o abogado titulado. - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Téngase por señalado el domicilio y correo electrónico, señalado por el solicitante a efecto de que pueda recibir notificaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Dígasele, se niega la petición de la copia de los autos que integran la carpeta de investigación, en razón de que dicha investigación se encuentra aún en la etapa inicial, por lo que no se ha dado ninguna de la hipótesis establecidas en eI articulo 20 Constitucional en su inciso B) fracción VI, el artículo 109.fraccion XXVI, 218 en relación al artículo 266 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es facultad de la Representación Social, poder reservarse los actos de investigación, en términos del citado numeral. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- Época: Décima Época Registro: 2019292 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 15 de febrero de 2019 10:17 h Materia(s): (Constitucional, Penal) Tesis: PC.1.P.. J/53 P (10a.) ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACION EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIASI, O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCIClO DE UNA DEFENSA ADECUADA. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos renales, dispone que el imputado y su defensor podrán tener "acceso" a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter (imputado), o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, no es dable señalar que el "acceso" a los registros de la investigación se limite a permitir que el imputado o su defensor los tengan a la vista, pues ello resulta insuficiente para garantizar una defensa adecuada, toda vez que para el goce efectivo de ese derecho fundamental debe permitirseles obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico, lo que es acorde con los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, relativos a la igualdad y al equilibrio procesal de las partes. Además, eI artículo 219 del código mencionado establece que el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia de ella cuando sean citados a la audiencia inicial, lo cual debe interpretarse como una garantía más en favor de aquél, a efecto de gozar de una defensa adecuada, dada la especial trascendencia de dicha audiencia y, en consecuencia, no debe interpretarse como una regla restrictiva del momento a partir del cual pueden obtener las copias, pues el propio numeral, inmediatamente después, dispone que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, se podrá acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Por tanto, debe entenderse que la palabra "acceso" conlleva la posibilidad de que se obtenga una copia o el registro fotográfico de los registros de la investigación en la etapa de investigación inicial ante el Ministerio Público, excluyendo siempre los registros no vinculados directamente con la imputación formulada, salvaguardando también la reserva contenida en el artículo 109, fracción XXVI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de la identidad y los datos personales de la víctima u ofendido, en los supuestos previstos por dicho numeral. PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 17/2018. Entre las sustentadas por el Segundo y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 23 de octubre de 2018. Mayoría de seis votos de los Magistrados **********-Presidente-, **********. Ponente: **********. Secretario: Manuel Antonio Correa Dip. Tesis y criterio contendientes: Tesis 1.70.P.92 I:P (10a.), de título y subtítulo: "ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DIE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL.", aprobada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Tomo III, septiembre de 2017, página 1821, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********/2018. Esta tesis se publicó el viernes 15 de febrero de 2019 a la 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de febrero de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario **********/2013.---------- QUINTO.- Notifíquese lo aquí resuelto al solicitante vía correo electrónico a la dirección electrónica proporcionada por el mismo.----------- -----Así lo acordó y firma la Agente del Ministerio Público, adscirta a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual.----------- ATENTAMENTE (rúbrica ilegible) LIC. ********** AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA U.E.I.D CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL FEM-ZN. Determinación la anterior que constituye el acto reclamado ante esta instancia, y a través del cual la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual FEM-ZN, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 apartado B, fracción VIII, Constitucional y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros, negó al indiciado ********** (quejoso), acceso a los registros de la investigación. Ahora, de las constancias que obran en los presentes autos también se advierte que efectivamente el quejoso, al momento de la emisión del impugnado acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, no se encontraba detenido; ni había sido citado para comparecer como imputado; así como tampoco se encontraba sujeto a un acto de molestia y ni se pretendía recibir su entrevista. Por tanto, si no se actualizaba ninguna de las hipótesis previstas por la norma constitucional y secundaria analizadas con antelación; resulta inconcuso que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual FEM-ZN, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, le negara al quejoso, acceso a los registros de la investigación, a través de la expedición de copias de los autos que integran la carpeta **********, solicitadas mediante escrito presentado ante la responsable, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Ahora, no se soslaya que de las constancias remitidas por la responsable se desprende que el catorce de mayo de dos mil veintiuno, con motivo de la investigación **********, se libró orden de aprehensión en contra del quejoso, sin embargo, dicho supuesto tampoco encuadra en alguna de las siguientes hipótesis: a) Que se encuentre detenido; b) Que sea citado para comparecer como imputado (modo de conducción del imputado distinto a la orden de aprehensión); o, c) Que sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Dado que la orden de aprehensión constituye en rigor la captura del inculpado para ser presentado ante el Juez de Control, hipótesis en la que tampoco es factible proporcionar copias de la carpeta de investigación, considerando que el imputado se encuentra sustraído de la acción de la justicia. Máxime, que en el caso específico, dicha orden de captura se libró con posterioridad a la emisión del acto que aquí se reclama, consistente en el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación con número único de caso **********; y de la presentación de la demanda de amparo (once de mayo de dos mil veintiuno); razón por la cual es un acto de autoridad que resulta ajeno a la Litis constitucional. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a **********, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no se ha llamado al presente juicio de amparo a quien le reviste el carácter de tercera interesada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5º fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, por conducto de la Actuaria Judicial de la adscripción, emplácese al presente asunto a la tercera interesada de iniciales *******, por conducto de *******. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia constitucional fijada para el día de hoy, señalándose para su verificativo las once horas con diez minutos del tres de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de siete de julio pasado, remite las constancias necesarias para apoyar su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, en atención a que remite información en sobre cerrado, de conformidad con los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resguárdense en la secretaría de este Juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.ahn
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