Ángel Eduardo Núñez Herrera
Expediente 943/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ángel Eduardo Núñez Herrera
- Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 21, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke Garcia, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 943/********************-VII, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de garantías y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual se advierte que ninguna de las partes ofreció medio de convicción alguno; asimismo se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, por lo que, al no haber pruebas pendientes de desahogar, se cierra dicho periodo. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que únicamente la parte quejosa hizo uso de este derecho y que el Agente del Ministerio Público de la Federación sí realizó pedimento. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.Visto para resolver el juicio de amparo 943/********************-VII, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos que reclamó del Juez de Primera Instancia en Materia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el veintiuno de octubre del presente año, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quienes reclamó la omisión de dar trámite conforme a los artículos 474 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, contra el auto de apertura a juicio oral de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal ********************/********************. Segundo. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, quedando registrada con el expediente 943/********************-VII, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien sí presentó pedimento; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; al tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido contra actos reclamados a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión de las autoridades responsables de dar trámite conforme a los artículos 474 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, contra el auto de apertura a juicio oral, respecto a la exclusión de pruebas de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************/********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Magistrados de la Primera, Segunda y Cuarta Salas Penales Regionales del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron categóricamente el acto materia de reclamo. Al respecto, ante la negativa especifica externada por las precitadas autoridades responsables al rendir su informe justificado en torno a tal acto reclamado, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por las autoridades responsables en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en materia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y Magistrado de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, ambos con sede en esta ciudad, pues si bien es cierto, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, posteriormente hacen manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la autoridad responsable, anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las diversas constancias en las que informa que en catorce de noviembre del presente año, se recibió el oficio ********************/******************** en la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el cual derivó de la Causa Penal ********************/********************, instruida contra ********************; se procedió a trámite del Toca ********************/******************** del índice de dicha Sala, asimismo, manifiesta que a las doce horas del día diecisiete de noviembre del presente año, tuvo verificativo la audiencia de debate dentro del Toca ********************/********************, dictando sentencia, mediante la cual, revocó la decisión tomada por la operadora de justicia responsable en la audiencia intermedia, en la que se excluyeron los medios de convicción enunciados, y se ordenó que las mismas deberán ser incluidas en el auto de apertura a juicio oral. Documentales que, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia ********************6, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y al ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, y sin oponerse a la nueva Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Se aplica como apoyo a esta conclusión, la Jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió el Magistrado de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que efectivamente en fecha catorce de noviembre del presente año, se recibió el oficio ********************/******************** en la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el cual derivó de la Causa Penal ********************/********************, instruida en contra de ********************; se procedió a trámite del Toca ********************/******************** del índice de dicha Sala, asimismo, manifiesta que a las doce horas del día diecisiete de noviembre del presente año, tuvo verificativo la audiencia de debate dentro del Toca ********************/********************, dictando sentencia que revocó la decisión tomada en la Audiencia intermedia, mediante la cual se excluyeron los medios de convicción enunciados, y se ordenó que las mismas deberán ser incluidas en el auto de apertura a Juicio Oral. De lo anterior, se colige que, en el presente caso, sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues bien, para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, la autoridad responsable, había sido omisa en dar trámite conforme a los artículos 474 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en contra del auto de apertura a Juicio Oral, respecto a la exclusión de pruebas, del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************/********************; sin embargo, en catorce de noviembre del presente año, se recibió el oficio ********************/******************** en la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el cual derivó de la Causa Penal ********************/********************, instruida en contra de ********************; se procedió a trámite del Toca ********************/******************** del índice de dicha Sala, asimismo, a las doce horas del día diecisiete de noviembre del presente año, tuvo verificativo la audiencia de debate dentro del Toca ********************/********************, dictando sentencia que revocó la decisión tomada en la audiencia intermedia, mediante la cual se excluyeron los medios de convicción enunciados, y se ordenó que las mismas deberán ser incluidas en el auto de apertura a Juicio Oral; por tanto, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del acto reclamado. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que en fecha catorce de noviembre del presente año, se recibió el oficio ********************/******************** en la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el cual derivó de la Causa Penal ********************/********************, instruida en contra de ********************; se procedió a trámite y resolvió el recurso de apelación de mérito, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos del acto reclamado de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque la autoridad responsable al dar trámite al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en contra del auto de apertura a Juicio Oral, respecto a la exclusión de pruebas, del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************/********************, restableció así las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte quejosa, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De ahí, que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos que reclamó al Juez de Primera Instancia en Materia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, agréguese a sus autos para que obre como corresponda por medio del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior, al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vistos los oficios de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Atento al contenido de los oficios de cuenta, se tiene a las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Penal Regional Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, y el Encargado del Despacho de la Cuarta Sala Penal Regional, todas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, rindiendo sus respectivos informes justificados, los cuales se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, presentando la intervención ministerial 320/2022, y con ello esgrimiendo alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, por lo que hace a la solicitud de la copia autorizada de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, expídase una vez que se emita, previa toma de razón de su recibo quede en autos, para debida constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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