Ángel Eduardo González Vásquez

Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
356/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Ángel Eduardo González Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con testimonio de la ejecutoria de once de mayo del año actual, dictada en el recurso de revisión ********************así como los autos originales del juicio de amparo al rubro citado; por tanto, acúsese recibo vía interconexión. Glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del expediente principal, previa depuración y conservación únicamente de las constancias que obran en original. Anotaciones En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que el Tribunal de Alzada, confirmó la sentencia recurrida, en la que se negó el amparo; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto negado, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. de éste cuando se trate de su depuración. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec; mediante el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por ***, autorizado legal del quejoso ***, mismo que quedó registrado con el toca 44/2023, se toma nota de lo anterior para los efectos legales procedentes Cúmplase

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Intégrese el escrito firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos de acuerdo a las manifestaciones que expone. Por otra parte, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término legal de treinta días otorgados a la sucesión intestamentaria o testamentaria a bienes del extinto tercero interesado ********************, para que se apersonara a este juicio y señalará domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo realizara; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista los proveídos de siete y veintitrés de julio de dos mil veintiuno, relativos a los informes justificados, para que se imponga de su contenido y haga valer lo que a su derecho convenga, en términos de lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto se encontrara integrada la Litis, circunstancia que ya aconteció, por tanto se provee: La pretensión del inconforme es aportar una prueba en el presente juicio de amparo indirecto, promovido contra una orden de aprehensión emitida bajo el sistema procesal penal acusatorio, con la finalidad de demostrar su constitucionalidad, lo cual no es permitido legalmente. En ese sentido, es necesario transcribir el artículo 75 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados". Como se ve, el numeral transcrito claramente establece que el acto reclamado será apreciado como haya aparecido probado ante la autoridad responsable y consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando el quejoso no haya podido hacerlo ante la responsable; no obstante, el párrafo segundo, in fine, del propio precepto, establece una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Bajo ese contexto, en el caso, no es procedente el desahogo de la prueba testimonial ofrecida, cuenta habida que, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 75, párrafo segundo de la Ley de Amparo, incluso, no permitiría que dicho juzgador apreciase personalmente su desahogo (principio de inmediación), ya que la prueba requeriría ser desahogada ante un juez diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio. Por otro lado, no se actualizan las excepciones que aduce se establecen en los párrafos segundo y tercero del multicitado artículo 75 de la Ley de la materia, ya que de admitirse como prueba la testimonial pretendida, se pone en riesgo el principio de oralidad que rige en el procedimiento penal acusatorio, pues de existir mayores registros que los expuestos por el Ministerio Público ante el juez de control, se estaría incorporando a la litis, de forma contraria a la ley procesal, los datos probatorios que pudieran existir. De igual forma, en cuanto al supuesto establecido en el párrafo tercero, se trata de una facultad que tiene el órgano jurisdiccional de amparo; de ahí que, si el juzgador estima necesario recabar oficiosamente pruebas rendidas ante la responsable, verbigracia, si las videograbaciones que le hayan remitido, relativas a la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión, no se encuentran completas; entonces, el juez de Distrito podrá hacer el requerimiento respectivo; pero ello no constituye una oportunidad para que las partes ofrezcan pruebas que no serán de utilidad para resolver la litis constitucional. De lo contrario, es decir, admitir pruebas de manera absoluta e indiscriminada como la citada prueba testimonial, implicaría desnaturalizar el juicio de amparo convirtiéndolo en una instancia más dentro del procedimiento ordinario, lo cual técnica y procesalmente es inadmisible. Por tanto, la regla que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, en el sentido de que "serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones.", no es una regla absoluta, sino que se debe analizar integralmente con las demás disposiciones del ordenamiento jurídico aplicables. De acuerdo con lo anterior, las vías de protección de los derechos de defensa están claramente delimitadas en la ley y deben seguir el curso ahí establecido. Aunado a lo anterior, el promovente refiere que el objeto de la prueba testimonial es acreditar la ilegalidad de la orden de aprehensión reclamada; sin embargo, no debe pasar por alto que la carga de la prueba en el juicio de amparo se distribuye entre la autoridad responsable y la parte quejosa, tocando a aquélla la de la constitucionalidad de sus actos y a éste la de su inconstitucionalidad. Dicho de otro modo, la orden de aprehensión materia del presente juicio, deberá examinarse con lo que haya considerado el juez de control, pues de admitirse en este juicio pruebas como la que ofrece con su ocurso, se llegaría al extremo de realizar un control de legalidad con datos que nunca tuvo a su alcance la responsable, lo cual implicaría una violación a las reglas del procedimiento, por la desatención al principio de limitación probatoria. Incluso, debe señalarse que la admisión de la prueba testimonial, en este juicio de amparo, implicaría una contravención al principio de contradicción previsto en el artículo 20 de la constitución federal. Se cita, por sus consideraciones, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, la cual cuenta con el registro electrónico 267524, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. Conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables están obligadas a rendir su informe y justificar sus actos, y la falta de informe establece la presunción de certidumbre de tales actos; pero dejando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determine su inconstitucionalidad, cuando no se trate de actos violatorios de garantías en si mismos, sino que, su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundado los actos. La carga de la prueba se distribuye, pues, entre autoridad y quejoso, tocando a aquélla la de la constitucionalidad de sus actos y a éste la de su inconstitucionalidad. La sola omisión de pruebas por parte de la autoridad no bastaría para la concesión del amparo, si a su vez el quejoso no rinde pruebas de la inconstitucionalidad del acto, o sea, de que se han vulnerado en perjuicio suyo las garantías constitucionales que invocó en su demanda, máxime que no se trata simplemente de que el acto haya carecido de fundamento, sino de que éste sea o no legalmente correcto." **************** Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se desecha la prueba testimonial que oferta el promovente. DIFERIMIENTO Finalmente, para dar oportunidad a que la parte quejosa y tercero interesado se impongan del contenido de la presente determinación, toda vez que se encuentra señalada para el veintiocho de noviembre del actual la audiencia constitucional, se difiere anticipadamente fijándose las once horas con quince minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presente virtualmente. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Notifíquese personalmente.

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