Angel Eduardo Gonzalez Rivera

Expediente 186/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
186/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
31/03/2017

Partes del expediente

  • Angel Eduardo Gonzalez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Causa estado auto... archívese el presente asunto como definitivamente concluido...

  2. Principal

    Agréguense únicamente para que obren como correspondan los oficios de cuenta, a través de los cuales el director general y presidente del Comité Técnico, así como el encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número doce "CPS-Guanajuato", rinden sus informes justificados; ello es así, cuenta habida que en proveído de veinticuatro de febrero del presente año, se sobreseyó en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    QUEJOSO SE DESISTE DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO; SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO... EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VENTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

  4. Incidental

    ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 186/2017. OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES 4365 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE "CPS-GUANAJUATO" 4366 COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE "CPS-GUANAJUATO" 4367 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE "CPS-GUANAJUATO" EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 186/2017, PROMOVIDO POR Ángel Eduardo González Rivera, SE DICTÓ EL AUTO SIGUIENTE: "VISTOS los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 186/2017; y RESULTANDO: PRIMERO. Ángel Eduardo González Rivera promovió juicio de amparo indirecto y solicitó la suspensión del acto que reclama de las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: NO. DE ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO FOJAS 1 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NÚMERO DOCE "CPS-GUANAJUATO", EN OCAMPO, GUANAJUATO. NO ES CIERTO 12 y 13 2 COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE "CPS-GUANAJUATO", EN OCAMPO, GUANAJUATO. NO ES CIERTO 12 y 13 3 ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOCE "CPS-GUANAJUATO", EN OCAMPO, GUANAJUATO. NO ES CIERTO 14 PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 19, visible en la página 17 del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio de que el libelo de amparo debe considerarse un todo. Además, el juzgador de amparo al fijar el acto reclamado deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Tal como lo prescribe la tesis P. VI/2004, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese contexto, del análisis integral de la demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de las autoridades en dar respuesta a su solicitud para que sea reubicado del módulo (dormitorio) en el que actualmente se encuentra. SEGUNDO. Mediante auto de quince de febrero de la presente anualidad, se ordenó abrir este incidente de suspensión; seguido por todos sus trámites, se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: ÚNICO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir sus informes previos, negaron la existencia del acto reclamado (fojas 12, 13 y 14). Negativa que no fue desvirtuada por el quejoso siendo que ante manifestaciones de tal naturaleza, le corresponde la carga demostrativa de lo contrario, es decir, exhibir por lo menos el acuse de las peticiones que, según, dirigió a las autoridad responsables. En efecto, el derecho de petición, está consagrado como derecho humano en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consiste en la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente. En tal virtud, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir a cualquiera autoridad, formulando una solicitud o instancia escritas que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o de cualquier índole; y ante ese escrito que el gobernado les eleve, el Estado y sus autoridades, en virtud de la relación jurídica consignada en el artículo 8o. constitucional, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud. Ese acuerdo constituye el parecer del órgano estatal sobre la petición formulada, mas no implica necesariamente que deba resolver de conformidad con los términos de la instancia. Por ende, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental al dictar un acuerdo congruente, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Debe considerarse también que de los artículos 13 de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados; y 33.4 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión, adoptada y proclamada en la 76 sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/43/173, de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; consagran el derecho de petición con el que cuentan los internos y, desde luego, la correlativa obligación de las autoridades responsables para atenderlos. En el caso, las autoridades responsables negaron los actos consistentes en la omisión por parte de las autoridades en dar respuesta a su solicitud para que sea reubicado del módulo (dormitorio) en el que actualmente se encuentra. Sin embargo, atento a la negativa de las responsables, corresponde al quejoso exhibir, por lo menos, el acuse de las peticiones que, según, dirigió a las autoridades responsables. En el caso, el solicitante de la medida cautelar fue omiso en acreditar: a) que elevó la petición en comento en los términos que ya han sido especificados; y b) que dichas peticiones fueron recibidas por las autoridades del centro penitenciario en el que se encuentra recluido. De ahí que si no obra constancia alguna de que el peticionario formuló las peticiones de mérito y que éstas fueron recibidas por las autoridades responsables, se estima que éstas carecían de la obligación para atender su pretensión, y por tanto, se impone negar la medida cautelar solicitada. Cobra aplicación la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en la página 366, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Diciembre de 1997, de la Novena Época, que es del tenor siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." De igual modo, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, CXXII, de la Sexta Época, que dispone: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Por tanto, procede negar la suspensión definitiva solicitada, al no existir materia sobre la cual decretarla. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a Ángel Eduardo González Rivera, la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma Carlos Ernesto Farías Flores, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistido de Salvador López Espinoza, secretario que da fe. Doy fe." Rúbricas ilegibles. Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales procedentes. LEÓN, GUANAJUATO, 21 DE FEBRERO DE 2017. A T E N T A M E N T E. SALVADOR LÓPEZ ESPINOZA. SECRETARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.

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