Ángel Edén Rosillo Villagómez

Expediente 144/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
144/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2019

Partes del expediente

  • Ángel Edén Rosillo Villagómez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Agente de la Agencia I, Investigadora con sede en Salvatierra, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 144/2019-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En esta tesitura, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama el siguiente acto: ACTOS RECLAMADOS: LA POSIBLE ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN, PRESENTACIÓN, RETENCIÓN Y APREHENSIÓN DE MI PERSONA" Ahora bien, respecto del acto reclamado, la demanda resulta improcedente, en atención a lo establecido en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. El tratadista Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, editorial Porrúa, vigésima novena edición, página 553, define la litispendencia como: "el estado de litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. En este último caso, se dice que hay rex judicata, cosa juzgada respecto del juicio que ha de considerarse concluido en su parte declarativa aunque pendiente de ejecución de la sentencia." Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los siguientes requisitos: Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, Que ambos juicios los promueva el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Para comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualizan los anteriores requisitos exigidos por el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; se ordena traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 1025/2018-VII del índice de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los siguientes datos: I. Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, Ángel Edén Rosillo Villagómez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se especifican: -autoridades responsables- ORDENADORAS Agente I del Ministerio Publico Investigador. Agente II del Ministerio Publico Investigador. Agente de Oralidad Penal del Ministerio Publico. Juez Primero Penal de Partido. Juez de Oralidad Penal. Juez Menor Mixto. Agente del Ministerio Publico de Violencia Intrafamiliar Todos de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. EJECUTORA Primer Comandante de la Policía Ministerial de Salvatierra, Guanajuato. -acto reclamado- LA POSIBLE ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN, PRESENTACIÓN, RETENCIÓN Y APREHENSIÓN DE MI PERSONA.-" II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este Juzgado de Distrito, la que mediante auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho se registró bajo el número 1025/2018-VII; en la referida providencia se admitió la demanda, y la sentencia relativa a dicho expediente se encuentra pendiente de causar ejecutoria. En ese orden, resulta incuestionable que en la presente controversia se actualiza plenamente la causal de improcedencia arriba transcrita, toda vez que la demanda que se estudia: 1. Igualmente es promovida por Ángel Edén Rosillo Villagómez 2. El acto reclamado también se hace consistir en la orden de búsqueda, localización, presentación, retención y aprehensión del ahora promovente. 3. Son las mismas autoridades responsables. 4. El referido juicio de amparo 1025/2018-VII, se encuentra en trámite, en virtud que a la fecha no ha causado ejecutoria la sentencia dictada el veintiséis de febrero del año en curso. Por tanto, como el presente juicio lo promueve el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables, el cual se encuentra en trámite; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, al surtirse los requisitos que exige dicho motivo de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 142, Tomo 215-216, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, del rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Así como la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 35, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 Sexta parte, que establece: ACTOS MATERIA DE OTRO AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. AMPARO CONTRA. Para que se actualice la improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, es necesario que el quejoso impugne en un posterior juicio constitucional los mismos actos a las mismas autoridades, que en el amparo que se revisa; resultando intrascendente, para la operancia de la causal aludida, si la sentencia dictada en ese ulterior procedimiento causó o no estado." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora, tomando en consideración que el promovente manifesto su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Por otra parte, se le tiene como autorizado en términos amplio del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Miguel Guía García, al contar con cédula profesional número 5427753, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, a las demás personas que menciona al no encontrarse en ese supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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