Ángel Domínguez Guzmán
Expediente 190/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2022
Partes del expediente
- Ángel Domínguez Guzmán
Actuaciones
- Principal
Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de diecisiete de febrero de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Por ello, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el auto de referencia, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Juzgado en funciones de Juez Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, por medio del cual informa que requirió nuevamente al Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Villacorzo, Chiapas, lo anterior, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Téngase a la autoridad de mérito en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se toma conocimiento de lo informado. En ese orden de ideas, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad responsable para que una vez que cuente con el informe requerido al Presidente y Tesorero del Ayuntamiento de Villacorzo, con residencia en esa localidad, mediante auto de ocho de febrero de este año, dentro de los TRES DÍAS, siguientes a su recepción, deberá remitir copia certificada de lo informado por las referidas autoridades municipales y del auto que recaiga al mismo, así como de las acciones que ha realizado, tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictada en el presente juicio de garantías. Finalmente, se le hace del conocimiento que SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO decretado en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, que de no informar lo aquí solicitado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus respectivas consignaciones. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto y autoridad que indica. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 190/2022-VII, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Desechamiento. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del acto reclamado por la parte quejosa, que consiste en: El auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido dentro del expediente civil 178/2021, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, con residencia en esa localidad, en donde la autoridad responsable decretó la terminación del juicio de acción reivindicatoria por desistimiento del actor, no obstante que la parte demandada -aquí quejoso- interpuesto la reconvención. Lo anterior, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan. El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.)2 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En la especie, el accionante de los derechos fundamentales, reclama el auto pronunciado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno -el cual aduce no le fue notificado-, en el expediente civil 178/2021, en donde se decretó la terminación del juicio reivindicatorio por desistimiento del actor, que se promovió en su contra; lo anterior, bajo el argumento que al contestar la demanda, interpuso la reconvención de dicha superficie de tierra al aducir tener la posesión de la superficie de tierra que se le reclama, derivado de un contrato de compraventa, por lo que al promover en el juicio de origen, el diez de febrero del año que transcurre, se le informó que no era procedente su petición al encontrarse el asunto concluido sin que le se haya notificado lo anterior, no obstante lo establecido en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación. En efecto, debió agotar el recurso de apelación previsto por los artículos 663, 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, normatividad que rige el procedimiento de donde emana el auto combatido. De los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentran los autos que expresamente dispone el Código, y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. De ahí, que si en términos de la Ley de la materia, los actos emitidos por los tribunales judiciales son susceptibles de impugnarse mediante el recurso de apelación; medio de defensa con el cual debe inconformarse en contra del acto que pretende combatir, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya como se precisó, de los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. Así, en la categoría de autos cuya ejecución puede causar daño irreparable o de difícil reparación encuadra el proveído por el cual se decretó la terminación de la acción reivindicatoria por desistimiento de la parte actora, dentro del expediente civil 178/2021. Por otro lado, los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 del invocado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, establecen que contra las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida es procedente el incidente de nulidad de notificaciones. En la especie, el quejoso también aduce que el acto de que se duele; es decir, el emitido el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, no le fue notificado, por lo que contra dicho acto omisivo, procede de conformidad con los numerales antes invocados el incidente de nulidad de notificaciones. Es aplicable, por identidad de razón jurídica, la tesis XX. 385 C del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 1994, página 489, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE LA NOTIFICACION DE LA DEMANDA. SI SE OMITE LA RAZON DEL POR QUE EL ACTUARIO ENTENDIO EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO CON EL VECINO DE LA CASA DE ENFRENTE DEL DEMANDADO, SE ACTUALIZA LA. Las actuaciones son nulas cuando les falta alguna de las formalidades esenciales en la que se deje sin defensa a cualquiera de las partes, así como las hechas en contravención del capítulo de notificaciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, y si se trata de la notificación de la demanda y no se encuentra el demandado en su domicilio, se le dejará cita de espera, para hora fija dentro de las 24 horas, pudiendo entenderse la diligencia con el vecino más inmediato, debiendo estimar que tienen ese carácter los ocupantes de las casas adyacentes o contiguas y de la misma acera del demandado; por tanto, si el actuario entiende tal diligencia con el vecino de enfrente, omitiendo la razón del por qué entendió de esa manera la diligencia, es incuestionable que incumplió con las formalidades que debe reunir el emplazamiento a juicio, supuesto que lo que interesa en este tipo de actuaciones es que no queden en pie irregularidades procesales que lesionen los intereses de alguna de las partes, al no externar las razones o medios para lograr el convencimiento pleno de tener la certeza de que efectivamente con quien entendió la diligencia era el vecino más inmediato." Por lo que se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto los recursos ordinarios por virtud de los cuales los actos reclamados pudieron haber sido modificados, revocados o nulificados, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Apoya esta determinación la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro IUS 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, en el presente asunto no se actualizan los casos de excepción -descritos en párrafos que anteceden-, previstos en el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y finalmente, tampoco se actualiza la relativa a la ausencia de fundamentación, esto es, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto; lo anterior es así, dado que la parte quejosa no aporta medios de convicción tendentes a acreditar la existencia del referido acto reclamado -no obstante encontrarse en aptitud de allegarse del mismo-, de los cuales se pueda advertir que en efecto, sin prejuzgar sobre su legalidad, la autoridad señalada como responsable expresó o no, las normas legales como sustento de su actuar, por ende, no se actualiza la excepción de que se trata. Tampoco se advierte que se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución, ni que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, se itera, una ley de carácter formal y material, como es el Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, prevé un medio de defensa en virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto combatido. En esas condiciones, al actualizarse en forma notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. III. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. IV. Domicilio, autorizados y medios de comunicación no procesal. Téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en: Quinta Avenida Sur Poniente, Número Ochocientos Trece, Esquina con Séptima Poniente Sur, Barrio Canoita, en esta ciudad. Se tiene como autorizado en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Rodríguez Santiago, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; y en términos restringidos a que alude el citado dispositivo a Raúl Salomón Cordero Palacios, por encontrarse acreditado ante dichas autoridades. Finalmente, respecto a los correos electrónicos y número telefónicos que proporciona, únicamente tómese nota de los mismos, ya que de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, solo son un medio para entablar comunicaciones, no procesales con las partes. V. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
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