Ángel Domingo López Ives

Expediente 692/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 34 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
692/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Ángel Domingo López Ives
  • Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Incidental

    En catorce de junio de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede.- Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.Así lo acordó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante la Secretaria Marseye Sánchez Bautista, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En catorce de junio de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Ángel Domingo López Ives; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinte minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 692/2020-5, promovido por Ángel Domingo López Ives. A continuación, la secretaria certifica que en cumplimiento a los proveídos de veintisiete de agosto, y dieciséis de diciembre de dos mil veinte, mediante oficios 12522/2020 y 23610/2020, se solicitó informe justificado a la Coordinación de Prestaciones Económicas y al Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, autoridades señaladas como responsables, oficios que se recibieron el uno de octubre de dos mil veinte y el diez de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, tal y como se advierte de la constancia de notificación; por tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el término para rendir informe respectivo, transcurrió del siete al veintiocho de octubre de dos mil veinte y respecto a la última autoridad, transcurrió del once de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hicieran. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las pruebas que ofreció la parte quejosa en su escrito presentado el treinta y uno de septiembre de dos mil veinte, consistentes en: 1.- Un disco versátil digital. 2.- La copia simple del carnet a nombre la parte quejosa, de citas médicas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se da cuenta con las pruebas que ofreció la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado de la Delegación Estatal Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su informe de plano, consistentes en: 1.- Copia Certificada de la Vigencia de derechos a nombre de la parte quejosa. 2.- El correo electrónico de veinte de agosto de dos mil veinte, dirigido a la parte quejosa y signado por el analista E2 de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal Tabasco, con el fin de que se presentara para presentarse a ser valorado. 3.- La presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. 4.-Copia Certificada del expediente CC.TAB.36/2020, del índice de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos y Seguridad en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5.- Copia Certificada de cuatro notas a nombre de la parte quejosa de fechas trece, catorce, dieciocho y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. 6.- Copia certificada de Solicitud de Registro de Intervención Quirúrgica a nombre de la parte quejosa de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. 7.- Copia certificada de Carta de Consentimiento Informado de Procedimientos Quirúrgicos de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia y se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 692/2020-5, promovido por Ángel Domingo López Ives contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, a través de buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recibido el mismo día en la Oficialía de Partes Común y turnado a este órgano jurisdiccional el diecinueve de agosto de dos mil veinte, Ángel Domingo López Ives solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN TABASCO. La omisión en prestarme atención médica que requiero para que se me practique procedimiento quirúrgico La omisión de la responsable en velar y proteger mis derechos humanos a la salud y sobrevivencia económica En consecuencia lo resuelto por la responsable en el oficio con folio 2615958243101, de fecha de abril de 2020, emitida por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales La omisión en Resolver el Recurso de Revisión presentado por el suscrito ante el H. Consejo Consultivo Delegacional en el Estado de Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 19 de mayo de 2020 El pago del salario que venía percibiendo bajo el concepto médico a favor del suscrito La continuación de la prestación del servicio médico a favor del suscrito por el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el momento en que se practique el procedimiento quirúrgico Se continúen contabilizando las semanas transcurridas como cotizadas DE LA DIRECCIÓN DE PRESTANCIONES ECÓNOMICAS Y SOCIALES; COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECÓNOMICAS Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL TODOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN TABASCO. Que se me haya dejado de cubrir por parte de la responsable el salario que por incapacidad medica me corresponde, y se me haya turnado a salud del trabajo, para determinar mi estado de invalidez, en donde se me negó recibir "pensión por invalidez" lo que trajo como consecuencia que desde el 20 de febrero de 2020 (fecha en que se me pagó la última incapacidad médica) el suscrito no haya percibido ingreso económico alguno En consecuencia lo resuelto por la responsable en el oficio con folio 2615958243101, de fecha de abril de 2020, emitida por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales El pago del salario que venía percibiendo bajo el concepto médico a favor del suscrito La continuación de la prestación del servicio médico a favor del suscrito por el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el momento en que se practique el procedimiento quirúrgico Se continúen contabilizando las semanas transcurridas como cotizadas DEL H. CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO. La omisión en Resolver el Recurso de Revisión presentado por el suscrito ante el H. Consejo Consultivo Delegacional en el Estado de Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 19 de mayo de 2020 DE LA UNIDAD MÉDICA FAMILIAR HGZ 46 DR. BARTOLOMÉ REYNÉS BEREZALUCE, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. n) El cumplimiento que pretende dar a lo ordenado por las responsables, al negarme el servicio médico que me corresponde, dejar de programar el procedimiento quirúrgico que el suscrito necesita, se me haya dejado de pagar la incapacidad médica en la forma en que se me vino realizando hasta el 20 de febrero de 2020. A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S ORDENADORAS Y EJECUTORAS: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN TABASCO. DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN TABASCO. COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN TABASCO. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL DE LA COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN TABASCO. EL H. CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO. EJECUTORA: LA UNIDAD MÉDICA FAMILIAR HGZ 46 DR. BARTOLOMÉ REYNÉS BEREZALUCE, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGUNDO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecinueve de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 692/2020-5; en la que se concedió la suspensión de plano, para que de inmediato se le otorgue asistencia médica que requiriera en relación al procedimiento quirúrgico que se dictaminó en su favor por el Instituto del seguro Social, en el brazo derecho, y cuya última fecha programada fue para el once de marzo de dos mil veinte, siempre y cuando se encontrara justificada la condición de salud que refirió y continuaran vigente los beneficios de seguridad social. Además, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe de la suspensión de plano e informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. PREVENCIÓN RESPECTO A LA CORRECTA DENOMINACIÓN DE UNA AUTORIDAD RESPONSABLE. En proveídos de uno de octubre y seis de noviembre de dos mil veinte, previa prevención realizada por este órgano jurisdiccional, la parte quejosa aclaró la correcta denominación de las autoridades Coordinador de Prestaciones Económicas y Director de Prestaciones Económicas Sociales, ambas del del Instituto Mexicano del Seguro Social. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque se reclaman actos cuyos efectos jurídicos y materiales se surten en el ámbito territorial en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: Del Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Tabasco y de la Unidad Médica Familiar HGZ 46 "Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce" del referido instituto: La omisión de atención médica, referente a realizar el procedimiento quirúrgico en el brazo derecho, dictaminado a favor del quejoso. Del Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Tabasco, del Coordinador de Prestaciones Económicas, del Director de Prestaciones Económicas Sociales y de la Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Villahermosa: La resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte, por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional. La omisión de pagarle el salario correspondiente por incapacidad médica desde el veinte de mayo de dos mil veinte; así como contabilizar las semanas transcurridas como cotizadas hasta que se le practique el procedimiento quirúrgico. Del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tabasco: La omisión de resolver el recurso de inconformidad presentado el diecinueve de mayo de dos mil veinte, en contra de la resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte, por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Director de Prestaciones Económicas y Sociales y la Coordinación de Prestaciones Económicas, ambas autoridades del del Instituto Mexicano de Seguro Social, fueron omisas en rendir su respectivo informe justificado, no obstante que se le requirió mediante oficios 23610/2020 y 12522/2020, mismos que recibieron el diez de febrero de dos mil veintiuno y uno de octubre de dos mil veinte, respectivamente; por lo que el plazo para que rindieran su informe justificado transcurrió para la primera de las autoridades señaladas del once de febrero al tres de marzo de dos mil veintiuno y para la segunda del siete al veintiocho de octubre de dos mil veinte, sin que ninguna de las citadas lo hiciera. Cabe señalar que, la titular de la División de Amparos Fiscales, en suplencia por ausencia de la Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, rindió informe previo en el que manifestó que la autoridad responsable citada se encontraba jurídica y materialmente imposibilitada para dar cumplimiento a la medida cautelar en razón de no contar con facultades para proporcionar la atención médica y determinar si la parte quejosa requería cirugía, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1.1.1. del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del referido Instituto, ya que tales atribuciones son competencia de las unidades médicas del Instituto, con fundamento en los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, para tener por acreditado un acto reclamado de naturaleza omisiva es posible advertir dos requisitos: Que la autoridad a quien se señala como responsable se encuentre legalmente obligada a emitir el acto cuya omisión se impugna; y Que, a pesar de la existencia de una norma jurídica que le obligue a ello, la autoridad responsable no emita el acto que tiene obligación a emitir. En efecto, para tener por cierta una omisión atribuida a una autoridad, debe existir previamente la obligación correlativa para lo que, en principio, es necesario acudir a las normas legales que prevén su competencia, a efecto de verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta o no. Así, para demostrar la existencia de los actos reclamados cuando se alega una omisión, primero debe existir una conducta que debe ser cumplida, derivada de alguna norma jurídica y que el deber de hacer no sea satisfecho por la autoridad obligada para ello. Lo anterior, encuentra su sustento en la tesis 1a.XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VII, Materia Común-Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Con las consideraciones precisadas, se procede a analizar las facultades de las citadas autoridades responsables Director de Prestaciones Económicas y Sociales y la Coordinación de Prestaciones Económicas, ambas autoridades del del Instituto Mexicano de Seguro Social, a fin de comprobar la certeza o inexistencia de los actos reclamados por la quejosa referentes a: La resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte, por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional. La omisión de pagarle el salario correspondiente por incapacidad médica desde el veinte de mayo de dos mil veinte; así como contabilizar las semanas transcurridas como cotizadas hasta que se le practique el procedimiento quirúrgico. Así las facultades de las referidas autoridades Director de Prestaciones Económicas y Sociales y la Coordinación de Prestaciones Económicas, ambas autoridades del del Instituto Mexicano de Seguro Social, se encuentran en el artículo los artículos 8.1 y 8.1.1.1. del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del referido Instituto Mexicano del Seguro Social, que disponen: 8.1. Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales Autorizar la normatividad para el otorgamiento de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, así como para el otorgamiento de las prestaciones en dinero, prestaciones sociales institucionales, el servicio de guardería y los servicios de centros vacacionales, velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas IMSS-SNTSS en apego a lo establecido en la Ley del Seguro Social, sus Reglamentos, el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás normatividad aplicable a la materia. Autorizar y someter a consideración de la Dirección General los proyectos de iniciativas o reformas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos para el otorgamiento de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, las prestaciones en dinero, las prestaciones sociales institucionales y el servicio de guardería, en materia de su competencia. Autorizar las disposiciones y lineamientos de observancia general y obligatoria para los órganos de operación administrativa desconcentrada y unidades operativas de salud y seguridad en el trabajo, de prestaciones económicas, de prestaciones sociales institucionales y del servicio de guardería, así como regular la recopilación, evaluación y sistematización de la información que al respecto se genere. Establecer los criterios y lineamientos institucionales para regular la administración de los ingresos y recursos que se generen en las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales. Aprobar y someter para su autorización, el anteproyecto de presupuesto anual en materia de su competencia. Determinar las acciones para el otorgamiento y entrega a los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social (1973) de los recursos acumulados en la Subcuenta de Retiro SAR 92/97 (cuenta concentradora). Celebrar convenios de colaboración y concertación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad de México, Municipal y Organismos Constitucionales Autónomos, con instituciones de los sectores social y privado; así como con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de programas e intercambio de información y asistencia técnica, en materia de salud y seguridad en el trabajo, prestaciones económicas, prestaciones sociales institucionales y servicio de guardería, en los términos previstos en la Ley del Seguro Social, bajo el principio de reciprocidad. Concertar reuniones multilaterales con dependencias y entidades del sector público y organismos nacionales e internacionales para el intercambio de experiencias y el desarrollo de programas en materia de salud y seguridad en el trabajo, prestaciones en dinero, prestaciones sociales institucionales y servicio de guardería. Autorizar los programas e instrumentos metodológicos para la supervisión y evaluación de la adecuada aplicación de las normas, política lineamientos emitidos para la operación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, prestaciones económicas, prestaciones sociales institucionales y servicio de guardería. Autorizar los programas de mejora continua en coordinación con los Órganos Normativos competentes, que permitan adoptar las medidas preventivas y correctivas en los procesos de salud y seguridad en el trabajo, prestaciones económicas, prestaciones sociales institucionales y servicio de guardería; así como los programas de capacitación dirigidos al personal en los niveles normativo, de operación administrativa desconcentrada y operativo. Establecer en coordinación con las Direcciones Normativas correspondientes, Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Operativos, las acciones y los programas que permitan realizar la construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de las áreas de salud y seguridad en el trabajo, prestaciones económicas, guarderías, centros de seguridad social, centros culturales, unidades deportivas, centros de artesanías, auditorios al aire libre, teatros, centros vacacionales, velatorios, la Unidad de Congresos Centro Cultural para los Trabajadores Dr. Ignacio Morones Prieto y Tiendas IMSS-SNTSS. Autorizar los programas para la difusión de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, de las prestaciones en dinero, las prestaciones sociales institucionales, el servicio de guardería y otros servicios y prestaciones a su cargo. Establecer los programas para el otorgamiento de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, prestaciones sociales institucionales y de guardería con enfoque preventivo y de fomento al autocuidado de la salud y de acciones de rehabilitación, en vinculación con los programas de salud de prestaciones médicas. Autorizar las estrategias y acciones para la expansión y/o extensión de los servicios de las prestaciones sociales institucionales y el servicio de guardería, que para tal efecto someta a su consideración el Órgano Normativo competente. Autorizar los proyectos estratégicos que permitan impulsar el desarrollo de nuevos modelos de atención infantil en el servicio de guardería que para tal efecto someta a su consideración el Órgano Normativo competente. Autorizar los estudios de factibilidad que le presenten las personas titulares de las unidades o coordinaciones de su adscripción, para sustentar los proyectos de inversión, expansión y modernización de las unidades operativas de los servicios a su cargo, conforme a los proyectos, documentación e información que para tal efecto le presenten los Órganos Normativos competentes. Suscribir, en su caso, los instrumentos jurídicos con entidades financieras a que se refiere el Artículo Vigésimo Noveno Transitorio de la Ley, relacionados con los préstamos a cuenta de pensión a las personas pensionadas que opten por acogerse al beneficio de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. Certificar documentos y expedir las constancias correspondientes que se requieran, en materia de su competencia. Representar a la Dirección General del IMSS ante dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, de la Ciudad de México, Municipal, Organismos Constitucionales Autónomos, instituciones de los sectores sociales y privado, así como ante organismos nacionales e internacionales relacionados con salud y seguridad en el trabajo, las prestaciones económicas, las prestaciones sociales institucionales y el servicio de guardería. Nombrar y remover a los trabajadores de confianza de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, previo acuerdo delegatorio de la Dirección General, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Establecer los mecanismos para la atención y seguimiento de las observaciones generadas por las diversas instancias fiscalizadoras, en el ámbito de su competencia. Dirigir las acciones para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en el ámbito de su competencia. Expedir previa propuesta de las Delegaciones y aprobación de la Unidad correspondiente, las declaratorias de prescripción de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez a favor del Instituto, en los términos previstos en la Ley. Ejercer las demás que le señalen la Ley, sus reglamentos y acuerdos del Consejo Técnico, así como las que le encomiende la Dirección General. 8.1.1.1. Coordinación de Prestaciones Económicas Elaborar y actualizar la normatividad de las prestaciones en dinero que comprenden los subsidios, pensiones, rentas vitalicias, asignaciones familiares, ayuda asistencial, para gastos de matrimonio y de funeral, préstamos institucionales a cuenta de pensión, que establece la Ley del Seguro Social y someterla a consideración de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Instrumentar y difundir a las áreas de prestaciones económicas delegacionales, la normatividad institucional de la materia, así como el uso de los mecanismos de control y administración de las prestaciones en dinero, para la aplicación y el registro correspondiente. Aprobar la creación o actualización de sistemas de información para el registro, control y administración de las prestaciones en dinero. Validar las acciones de mejora a los procesos de registro, control y pago de las prestaciones en dinero, a implementar en los servicios delegacionales de prestaciones económicas, para su autorización. Validar las propuestas de mejora regulatoria sobre los trámites, servicios y procesos en materia de prestaciones en dinero. Validar los contenidos de información sobre los trámites y servicios en materia de prestaciones en dinero. Proponer estrategias y acciones para la difusión en materia de prestaciones en dinero a la población derechohabiente. Establecer coordinación con las áreas institucionales competentes para permitir el intercambio de información que coadyuve en el ejercicio de las atribuciones de los servicios de prestaciones económicas. Integrar la nómina de pensiones a nivel nacional para el fondeo, dispersión y pago correspondiente. Verificar y aprobar las transferencias de las sumas aseguradas para el pago de las rentas vitalicias hacia el sector asegurador. Instrumentar acciones necesarias para la entrega de los recursos acumulados en la Subcuenta de Retiro SAR 92/97 (cuenta concentradora), así como los inherentes a la cuenta individual en relación con el Artículo 193 de la Ley del Seguro Social. Validar y presentar a su superior jerárquico las declaratorias de prescripción a favor del Instituto, de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en los términos previstos en la Ley, que presenten las Delegaciones. Suscribir conjunta o separadamente con su superior jerárquico, los convenios con entidades financieras a que se refiere el Artículo Vigésimo Noveno Transitorio de la Ley, relacionados con los préstamos a cuenta de pensión a las personas pensionadas que opten por acogerse al beneficio de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. Aprobar los indicadores para evaluar los procesos sustantivos de las prestaciones en dinero. Validar la información del comportamiento de las prestaciones en dinero en los informes y documentos institucionales que se requiera, así como, validar y generar los estudios técnicos relacionados con las mismas. Presentar los resultados de análisis e interpretación de datos estadísticos presupuestarios, de control interno y del comportamiento del gasto derivados de la administración de las prestaciones económicas, que arrojen los sistemas de información para la toma de decisiones. Validar el anteproyecto de presupuesto anual del gasto de las prestaciones en dinero y someterlo para su autorización a la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo. Establecer y ejecutar el programa de visitas de apoyo a las áreas de prestaciones económicas delegacionales considerando el comportamiento de los índices de medición de los servicios y trámites de las prestaciones en dinero. Establecer recomendaciones generales para que las delegaciones determinen su programa anual de supervisión, considerando los índices de oportunidad, las quejas y sugerencias registradas, resultados de auditoría, así como estrategias de mejora en el otorgamiento de las prestaciones en dinero. Validar programas, cursos y esquemas de capacitación en materia de prestaciones en dinero, que de nivel normativo se otorguen a las áreas de prestaciones económicas de los órganos de operación administrativa desconcentrada y operativa, así como los de nivel central. Coordinar y convocar la capacitación normativa en materia de prestaciones en dinero dirigida a las Unidades Administrativas Centrales, así como proponer la relativa a las áreas operativas delegacionales. Lo anterior, sin menoscabo de la capacitación que brinden las Delegaciones y las Unidades de Medicina de Alta Especialidad. Validar la aplicación de las medidas preventivas y/o correctivas, derivadas de las auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores, relacionadas con las prestaciones en dinero. Aprobar los proyectos de respuesta para atender las solicitudes de información, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Aprobar estrategias para la atención de consultas, quejas y sugerencias relacionadas con el otorgamiento de las prestaciones en dinero. Ahora bien, de las facultades de las autoridades responsables, se desprenden diversas facultades administrativas; sin embargo, no se advierte que la obligación de pagarle el salario correspondiente por incapacidad médica desde el veinte de mayo de dos mil veinte; así como contabilizar las semanas transcurridas como cotizadas hasta que se le practique el procedimiento quirúrgico. Asimismo, tampoco resolvieron la resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte, pues fue determinada por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional -a quien también señala como autoridad responsable-. En efecto de las citadas normas, es posible determinar la inexistencia del acto reclamado, respecto de las autoridades señaladas como responsables. Sirve de apoyo a lo expuesto, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados a las señaladas autoridades responsables anteriormente señaladas. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada de la Delegación Estatal Tabasco, unidad encargada de la defensa jurídica de dicha institución, rindió informe justificado en representación de las autoridades responsables Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Tabasco, Unidad Médica Familiar HGZ 46 "Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce", Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Villahermosa y Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tabasco, señaló que no eran ciertos los actos reclamados, sin embargo, del propio informe justificado se desprende la certeza del mismo, por lo que los actos reclamados son ciertos. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio la parte quejosa reclama: a) La omisión de atención médica, referente a realizar el procedimiento quirúrgico en el brazo derecho, dictaminado a favor del quejoso. b) La omisión de resolver el recurso de inconformidad presentado el diecinueve de mayo de dos mil veinte, en contra de la resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte, por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional. Ahora bien, respecto el punto a) La omisión de atención médica, referente a realizar el procedimiento quirúrgico en el brazo derecho, de las documentales que remitieron las autoridades responsables mediante oficio presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, consistentes en las siguientes constancias: Copia Certificada de cuatro notas a nombre de la parte quejosa de fechas trece, catorce, dieciocho y veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Copia certificada de Solicitud de Registro de Intervención Quirúrgica a nombre de la parte quejosa de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Copia certificada de Carta de Consentimiento Informado de Procedimientos Quirúrgicos de veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Y, de las referidas constancias se advierte que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la intervención quirúrgica toma de injerto de perone mas osteosíntesis a cubito con placa, prescrita para la atención médica de la parte quejosa; asimismo, se advierte la nota de atención y valoración posoperatoria del mismo día. Entonces, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el dieciocho de agosto de dos mil veinte, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable consistente en la omisión de brindar la atención médica adecuada a la parte quejosa, pues de las constancias se advierte que fue hasta el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno que se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico prescrito para la recuperación del brazo derecho. Asimismo, el acto reclamado consistente en la omisión de resolver el recurso de inconformidad presentado el diecinueve de mayo de dos mil veinte, en contra de la resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte, por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional, ya cesó toda vez que, de las constancias remitidas mediante oficio presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, de las que se advierte que la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tabasco, el cinco de octubre de dos mil veinte resolvió el referido recurso de inconformidad. Por lo tanto, también resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el dieciocho de agosto de dos mil veinte, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable consistente en la omisión de resolver el recurso de inconformidad presentado el diecinueve de mayo de dos mil veinte, en contra de la resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, pues de las constancias se advierte que fue hasta el cinco de octubre de dos mil veinte que se resolvió la referida determinación. Asimismo, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de pagarle el salario correspondiente por incapacidad médica desde el veinte de mayo de dos mil veinte; así como contabilizar las semanas transcurridas como cotizadas hasta que se le practique el procedimiento quirúrgico, al ser consecuencia de la resolución de la resolución reclamada negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte; toda vez que los mismos fueron materia del recurso de reclamación que resolvió el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tabasco, el cinco de octubre de dos mil veinte. Cabe señalar que, con los informes se dio vista a la parte quejosa sin que la parte quejosa haya manifestado inconformidad con las constancias que remitió la autoridad. Por lo que, como se anticipó, procede sobreseer en el presente juicio constitucional al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados a las autoridades Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Tabasco, Unidad Médica Familiar HGZ 46 "Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce" y Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tabasco. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Por otra parte, se considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, en virtud de que existe un cambio de situación jurídica respecto al acto reclamado consistente en la resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte, por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional. Para corroborar lo anterior es necesario tener presente el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;. De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. El primer requisito se cumple porque el procedimiento administrativo del que deriva el acto reclamado es un procedimiento administrativo en forma de juicio. Respecto al segundo supuesto también se cubre porque la demanda se presentó el dieciocho de octubre de dos mil veinte, contra la resolución negativa de pensión, seguro invalidez y vida, determinada el catorce de abril de dos mil veinte, por la Jefa del Departamento de Pensiones Subdelegacional y, posteriormente, el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tabasco el resolvió el recurso de inconformidad presentado en contra de la anterior determinación el cinco de octubre de dos mil veinte. También se ajusta al tercer supuesto porque la parte quejosa se encuentra sujeta a lo resuelto en el recurso de inconformidad el cinco de octubre de dos mil veinte, por el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tabasco. Igualmente, se advierte colmada la última de la hipótesis porque el acto reclamado y la resolución del recurso de inconformidad fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento administrativo, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que la citada resolución puede subsistir con independencia de que los actos aquí reclamados sean o no inconstitucionales; lo que implica que este órgano jurisdiccional no puede estudiar el acto anterior, objeto del presente juicio de amparo, sin afectar la posterior resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, sobre la que no pidió el amparo y por ende no es objeto de estudio. En ese sentido, las violaciones del procedimiento que se pudieran haber cometido en el primer acto quedaron consumadas irreparablemente, por no poder decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Al respecto, sirve de apoyo por analogía la tesis XXI.1o.48 P, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 1024, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo. En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Ahora, con motivo de la anterior determinación, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Domingo López Ives, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el informe complementario rendido por José Pablo Broca Camas, Apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado de la Delegación Estatal Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Encargada de la Defensa Jurídica de los intereses de dicha Institución, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexos que acompaña, consistentes en copia certificadas de las siguientes contancias: Cuatro notas medicas a nombre del quejoso Ángel Domingo López Ives. Solicitud de registro de intervención quirúrgica a nombre del citado quejoso. Carta de consentimiento informado de procedimientos quirúrgicos. Asimismo, ofrece como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. En tal razón, con el contenido de éstos, se da vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

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