Ángel de Miguel Chan Euán

Expediente 1365/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1365/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Ángel de Miguel Chan Euán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por José Alio Díaz Canto quien se ostenta apoderado de Ángel de Miguel Chan Euan mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada en proveído de cinco de agosto del año en curso. Ahora bien, lo procedente es desechar la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113 todos de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 107. ..El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Por su parte, el artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley ". De lo anterior se puede colegir, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que solo producen afectaciones adjetivas reparables en sentencia definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. En la especie, el acto reclamado consiste en el desechamiento de la prueba superviniente consistente en cuatro placas fotográficas en autos del juicio reclamatorio laboral de origen. En ese contexto, debe señalarse que contra dicho acto no procede el amparo indirecto, toda vez que constituye un acto intraprocesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que no afecta de manera directa o inmediata alguno de los derechos humanos garantizados por la Carta Magna, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal, que pudiera ser reparada si la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento del que emana, resultara favorable a la parte quejosa y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, pues se insiste, el acto reclamado solo se refiere al desahogo de pruebas. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 61, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el epígrafe: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por José Alio Díaz Canto quien se ostenta apoderado de Ángel de Miguel Chan Euan, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Sin que sea el caso requerir a la autoridad responsable, las constancias relativas a la personalidad con la que se ostenta el citado Chan Euan, en virtud del sentido en el que se resolvió en lo párrafos antecedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Alio Díaz Canto quien se ostenta apoderado de Ángel de Miguel Chan Euan, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad, exhibida con cuatro copias y dos anexos. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V, en relación con el numeral 114, fracción I, II y III ambos de la Ley de Amparo aplicable, se requiere a la parte quejosa para que en el término de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Acredite con documento idóneo la representación con la que se ostenta; toda vez que la documental que acompañó a su demanda se trata de una copia simple. Precise cuál es el acto reclamado en este juicio de amparo, en virtud que no es claro en señalarlo, en virtud que hace mención al desechamiento de la prueba superviniente y a una omisión genérica de las autoridades, de ahí que sea necesario que precise con claridad el acto reclamado. Con el apercibimiento a la parte quejosa que de no cumplir dentro del término y forma señalados, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que relaciona en el mismo, en razón de que la parte quejosa es parte obrera en el juicio laboral. Asimismo, se tiene por señalado como correo electrónico del citado promovente el que menciona, el cual únicamente se utilizará en caso de ser pertinente y con fines de localización, esto si no se puede realizar las notificaciones por las vías legales ordinarias. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los presente autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1920/2021 suscrito por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, mediante el cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento la ejecutoria de amparo; en virtud que mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/1946/2021 de tres de agosto de dos mil veintiuno, solicitó nuevamente al Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, informara el estado que guarda el trámite de inscripción del título de propiedad 1004548, sin que hasta la presente fecha se haya realizado dicho trámite. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe este acuerdo, informe respecto de las medidas que se encuentran realizando para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de amparo, esto es, los trámites que se encuentra realizando para la inscripción del título de propiedad 1004548, que le fue solicitado mediante oficio RAN/YUC/ST/TCD/046/2021 presentado el nueve de febrero de dos mil veintiuno y requerido nuevamente a través del oficio RAN/YUC/SR/DJ/1946/2021 de tres de agosto de dos mil veintiuno, por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que al rubro dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que sea un obstáculo que en el caso el Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, no fue señalado como autoridad responsable, pues lo cierto es que se encuentra vinculado por ley y conforme a sus atribuciones a dar cumplimiento a la sentencia, lo anterior es así ya que las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por todas las autoridades que tengan conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deban intervenir en su ejecución. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 144, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.

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