Ángel De la Rosa Sánchez

Expediente 616/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
616/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Ángel De la Rosa Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, (...) Por tanto, a fin de dar continuidad con el trámite del presente juicio de amparo, de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Toda vez que en los autos del presente juicio no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. (...) Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Alma Karina González Carrillo, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular de este órgano jurisdiccional, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, notificado mediante oficio CCJ/ST/3185/2020; asistida por el licenciado Cuauhtémoc Pineda García, secretario que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de octubre de dos mil veinte. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Para tal fin, es oportuno establecer que en la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en lo que interesa, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Ángel de la Rosa Sánchez, para el efecto de que: La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Oficina de Recaudación de Rentas, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá cobrarle al impetrante únicamente el 5% (cinco por ciento), de la tarifa total que señala el artículo impugnado, es decir, sólo deberá pagar la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble, respecto de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal con número de operación 3568727, de doce de agosto de dos mil diecinueve, expedido por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado; y Devolver al amparista, la parte que cubrió en exceso por tal concepto. Lo anterior, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual el quejoso no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Es importante enfatizar que se consideró prudente que la autoridad registral le deberá cobrar a la contribuyente por el servicio solicitado, el 5% de la tarifa inicialmente establecida $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ya que el artículo décimo cuarto, en relación con el numeral 14, del Capítulo IV, de la Tabla para el cobro de Derechos para el ejercicio Fiscal 2019, prevé un estímulo fiscal de hasta el 95% por ciento de la tarifa ordinaria, por dicho servicio. Motivo que pone en evidencia que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 5% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en la que se requirió a las autoridades responsables Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital y a la Oficina de Recaudación de Rentas, en esta ciudad, para que dentro del plazo legal diera cumplimiento al fallo protector en términos precisados. En acatamiento al fallo protector, después de diversos requerimientos, mediante oficio DJF-5403-VI/2020, el cual se tuvo por recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de septiembre último, la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua vía delegación de facultades de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, remitió copia simple con firma autógrafa de recibo por el directo quejoso, del cheque número 1143251, de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la cantidad de $9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100) moneda nacional, emitido por el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a nombre de Ángel de la Rosa Sánchez, el cual fue entregado al directo quejoso, de acuerdo a las constancias anexas con firma autógrafa y copia de identificación; con lo cual, el treinta de septiembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que, de estimarlo conveniente, expusiera lo que a sus intereses conviniera, sin que realizara pronunciamiento alguno. Ahora bien, luego de analizar los actos que llevó a cabo la autoridad mencionada en el párrafo que precede, para cumplir con la ejecutoria de amparo, se llega a la conclusión de que ésta fue acatada en sus términos, toda vez que de acuerdo a la siguiente tabla: comprobante de pago 3568727 tarifa inicialmente establecida art. 12 $ 15,000.00 estimulo aplicado al quejoso -$ 4,500.00 pago realizado por el quejoso el 12/agosto/2019,únicamente por el concepto de inscripciones relativas de dominio de propiedad de un inmueble $ 10,500.00 5% de la tarifa establecida inicialmente para su cobro de acuerdo a la ejecutoria de amparo -$ 750.00 cantidad a devolver $ 9,750.00 Por lo que, se advierte que llevó a cabo adecuadamente el procedimiento establecido, a fin de devolver al peticionario del amparo, la cantidad correcta, dando cabal cumplimiento al fallo protector. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al haberse emitido el cheque número 1143251, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la cantidad de $9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100) moneda nacional, mismo que fue recibido en este juzgado el veintinueve de septiembre último, pone de manifiesto que la autoridad dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente, por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital estatal, en el que solicita copias certificadas de la demanda de garantías y anexos de los que se advierte el número de operación materia de los efectos de la concesión del amparo y de la sentencia, para estar en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, es de indicar que no obstante que la oficiante no fue señalada como autoridad responsable dentro del presente juicio de garantías, sin embargo en sentencia emitida el veintinueve de octubre del presente año, se determinó que es a dicha autoridad a quien se debe solicitar el acatamiento correspondiente a la ejecutoria de amparo, es decir, fue llamada para el efecto de tal cumplimiento. Por tanto, con apoyo en el numeral 278 del código adjetivo invocado, remítanse las constancias solicitadas, para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Ángel de la Rosa Sánchez; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución causa ejecutoria. Ahora bien, conviene precisar que en la sentencia dictada por este órgano de control de la constitucionalidad, específicamente en el último considerando, se precisaron los efectos del fallo protector, a saber: ".Por todo lo anterior, como se adelantó, resulta fundado lo alegado por la quejosa, por lo que se concede el amparo solicitado, contra los actos que reclamó al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad capital. Por lo anterior, es innecesario examinar los argumentos relativos a la violación de los artículos 1, 14, 16, 28 y 115, de la Carta Magna, porque con el analizado, respecto del precepto 31, fracción IV, de la Ley Suprema, es suficiente para otorgar el amparo, en términos del dispositivo 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo, aplicado analógicamente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, al concederse la protección constitucional, se realiza para efecto de que las responsables: a) La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Oficina de Recaudación de Rentas, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá cobrarle al impetrante únicamente el 5% (cinco por ciento), de la tarifa total que señala el artículo impugnado, es decir, sólo deberá pagar la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble, respecto de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal con número de operación 3568727, de doce de agosto de dos mil diecinueve, expedido por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado; y b) Devolver al amparista, la parte que cubrió en exceso por tal concepto. Lo anterior, toda vez que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual el quejoso no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Es importante enfatizar que se consideró prudente que la autoridad registral le deberá cobrar a la contribuyente por el servicio solicitado, el 5% de la tarifa inicialmente establecida $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ya que el artículo décimo cuarto, en relación con el numeral 14, del Capítulo IV, de la Tabla para el cobro de Derechos para el ejercicio Fiscal 2019, prevé un estímulo fiscal de hasta el 95% por ciento de la tarifa ordinaria, por dicho servicio. Motivo que pone en evidencia que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 5% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Lo anterior tiene sustento por identidad de razonamientos, en la jurisprudencia 2a./J. 26/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia Constitucional, Administrativa, Novena Época, registro 165028, página 1032, que establece: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto". Además, destaca que la presente sentencia, es exclusivamente por lo que respecta al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y por el acto de aplicación que dio origen al presente juicio, pues lo que se consideró violatorio de los principios proporcionalidad y equidad tributaria, fue la tarifa aplicable a dicho ejercicio fiscal. Por lo cual, es evidente que dicha legislación tiene un periodo fijo de un año, al final del cual deja de tener vigencia, y si es reiterada aquella situación en la ley de ingresos del próximo año, ello constituye un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación, de ser el caso, a través de un nuevo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 89/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 197244, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO." En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la promulgación, discusión, aprobación y expedición del DECRETO LXVI/APLIE/0259/2018 IP.O. de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, específicamente en cuanto al numeral 12 que contienen la Tarifa Anexa inconstitucional de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, en su capítulo IV denominado por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Cabe precisar que para hacer efectivos los derechos derivados de la sentencia protectora, la accionante deberá ajustarse a la normatividad que rige los procedimientos para la devolución de contribuciones, con el beneficio de tener una declaratoria de inconstitucionalidad en su favor, que el fisco deberá reconocer, a riesgo de incumplir con una sentencia de amparo. Finalmente, no se inadvierte que por lo que ve a la oficina Recaudadora de Rentas, así como la Secretaría de Hacienda Estatal, a pesar de que no fueron llamadas a juicio; sin embargo, ello no impide, en virtud de la protección otorgada, vincularlas al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, ya que en esos casos, al constatarse la intervención de una autoridad ajena al acto reclamado, pero que de alguna manera está dentro de sus funciones participar para el debido cumplimiento de las ejecutorias; es inconcuso que eso hace posible exigirle su cumplimiento, al ser éste de orden público. Apoya lo anterior, la tesis 368, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA." No obstante lo anterior, no es el caso requerir el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este proceso constitucional al Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa; pues congruente con el principio de relatividad de las sentencias, que rige en el juicio constitucional, de acuerdo al precepto 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que los efectos de dichas resoluciones sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, que de suyo, excluye la posibilidad de requerir a aquellos organismos partícipes en el proceso de creación de la ley, hasta su entrada en vigor, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dicha autoridad a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente. Ilustra lo anterior, por las razones que informa, la tesis 2a. CXV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente a octubre de 1997, Novena época, de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS". En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere el cumplimiento del fallo protector a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital y a la Oficina de Recaudación de Rentas, en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al de la notificación que de este acuerdo se les haga, informen el cumplimiento dado, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, debiendo acompañar copia certificada de las constancias con que así lo acredite. Apercibidas que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, o bien, de no informar a este órgano judicial los trámites que realicen al respecto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el nueve de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 262, primer párrafo, fracción V, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente, atendiendo lo establecido en el Acuerdo General Número 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las Atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al Ejercer la Competencia Delegada para Conocer de los Incidentes de Inejecución de Sentencia y de Repetición del Acto Reclamado. Notifíquese, personalmente al quejoso y por oficio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Alma Karina González Carrillo, Secretaria, que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano